Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos



Descargar 2.08 Mb.
Página7/28
Fecha de conversión04.02.2019
Tamaño2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Estado y su aparato militar en la Revolución Bolivariana. La unión cívico-militar y el nacionalismo petrolero130.


“Una potencia verdadera necesita una potente Fuerza Armada, sigamos pues, uniendo a la Fuerza Armada, condición indispensable para convertirla en una potente Fuerza Armada, como la estamos convirtiendo, uniéndola, aclarando cada día más el rumbo, la nueva Doctrina Militar Bolivariana” 131



Presidente Hugo Chávez

1. Introducción

En las distintas tradiciones del pensamiento marxista se denota el carácter represivo y coercitivo del Estado burgués, en algunos casos entendido en tanto instrumento de las clases dominantes para garantizar de modo directo sus intereses materiales y en otros como parte analítica constitutiva de las relaciones sociales de producción capitalistas que en su objetivación en forma de aparato estatal interviene activamente en su reproducción procesando las situaciones de fuerza derivadas de la lucha entre las clases antagónicas y las fracciones de clase con tensiones, por lo tanto - en mayor o menor medida – esa característica esencial se constituye en un problema de estudio en la inmensa mayoría de los autores adscritos parcial o completamente a la llamada filosofía de la praxis por Antonio Gramsci.

En el caso específico de una región como América Latina, periférica y dependiente de la economía global capitalista, que fue incorporada violentamente al naciente sistema-mundo a través de la conquista y colonización ibérica, en la que además en el siglo XIX y principios del XX la concreción de las independencias formales y la consolidación de los armazones institucionales de los Estados tuvo como una institución fundamental a los aparatos estatales militares, entre otras particularidades se caracteriza por mantener una sobre-representación de las diferentes Fuerzas Armadas Nacionales producto de su evidente centralidad en la conservación cotidiana y en momentos de crisis de hegemonía tanto de las relaciones sociales de producción capitalistas como de la condición subordinada de las formaciones económico-sociales latinoamericanas al proceso de acumulación de capital mundial.

En ese marco, en el presente capítulo del libro, analizaremos los cambios y las continuidades que acontecen en el aparato militar del Estado venezolano en medio de la llamada Revolución Bolivariana (1999-2016), denotando a través de un recorrido analítico e histórico el proceso que permitió la transición desde la Doctrina de Seguridad Nacional a la vigente Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, a partir de transformaciones constitucionales, políticas estatales y sobre todo agudos conflictos entre el bloque político emergente y el tradicional que se reflejaron en divisiones internas de la ahora denominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Modificaciones en el aparato estatal que permitieron el redimensionamiento de la participación de los militares activos en la conservación del orden imperante, mientras antes entre los años 1959 y 1998 su actuación se restringió casi de manera exclusiva a la represión generalizada en coyunturas precisas o permanente de focos insurgentes, ahora en los últimos 16 años sin desestimar sus actividades represivas y coercitivas al mismo tiempo se involucraron directamente en la construcción de consenso y en la subordinación de las clases populares al armazón institucional del Estado extractivista.



2. Formas de Estado y aparatos militares en América Latina.

Los Estados capitalistas en determinados períodos históricos y territorios nacionales asumen distintas “formas de Estado”, que implican características particulares en la institucionalidad que componen los aparatos estatales y en los modos concretos a través de los cuales participan en la constitución-reproducción de las relaciones sociales dominantes. Entonces, las modificaciones progresivas o regresivas que ocurren en las diferentes formas de Estado suponen modificaciones parciales en las relaciones de explotación y dominación propias de las sociedades capitalistas, que se cristalizan en los aparatos estatales a partir del procesamiento histórico de los contextos reproductivos de la economía mundial que condicionan a los diversos espacios valorización (países) y de las diferentes situaciones de fuerzas derivadas de las luchas antagónicas entre las clases fundamentales y de las disputas que desarrollan fracciones de las clases dominantes y otros sectores sociales.

En ese sentido, las cualidades específicas de las configuraciones institucionales e ideológicas de los aparatos militares dependen de las diversas formas de Estado, por ello se encuentran condicionadas al mismo tiempo por las características de las diferentes modalidades hegemónicas del capital y de los distintos contextos históricos del sistema-mundo. La caracterización del origen, desarrollo y crisis de las doctrinas de los aparatos militares de los Estados en concreto, requiere entonces precisar en un período temporal determinado por un lado su manera de relacionarse con el proceso de acumulación y las clases sociales antagónicas, en el otro lado su tipo de inserción como parte de un Estado particular en la geopolítica y geoeconomía del sistema-mundo. En consecuencia, puntualmente las llamadas Fuerzas Armadas Nacionales se encuentran condicionadas por su modo de imbricación con la reproducción de las relaciones sociales dominantes y la posición de su Estado en la jerarquía estatal del sistema-mundo.

En el caso específico de una región como América Latina que hasta en la segunda mitad del siglo XX siempre tuvo en los aparatos militares a las instituciones que a través de la violencia directa organizaron y reprodujeron tanto las formas políticas coloniales y republicanas, como los regímenes de acumulación primario exportadores y desarrollistas sustituidores de importaciones, es perentorio identificar la génesis y la continuidad de la referida centralidad de las Fuerzas Armadas Nacionales en los armazones institucionales de los Estados latinoamericanos (Sandoval Rodríguez, 1976). Los autores vinculados al pensamiento conservador de estirpe positivista señalan que el llamado “militarismo” en América Latina, tiene su origen en la condición latina de nuestras sociedades en las que existe una frágil cultura democrática que permite e incluso hace necesario fenómenos históricos como el caudillismo y el autoritarismo militar para garantizar el orden político y el progreso económico. De manera imbricada, los académicos liberales sostienen que el denominado “pretorianismo” en la región es causa de la ausencia de un proceso acabado de profesionalización de los aparatos militares que concluya en el establecimiento de un conjunto de procedimientos que institucionalicen el control civil de las Fuerzas Armadas Nacionales (Buttó, Irwin y Langue, 2006). Respuestas que presentan una posición conceptual eurocéntrica que ocultando experiencias políticas europeas como el nazismo, fascismo, falangismo y gaullismo naturalizan la centralidad de los aparatos militares en América Latina, mientras a su vez desconocen la importancia de factores políticos y económicos propios de la ubicación de la región en el sistema-mundo y su división internacional del trabajo que originan la sobrerepresentación estatal de las FAN. Nosotros, al contrario, siguiendo con nuestro planteamiento imbricado a la tradición marxista creemos que la condición periférica de las formaciones económico-sociales de la región, provoca entre otras consecuencias el llamado “déficit hegemónico” que constituye a la violencia directa ejercida por los aparatos militares de los Estados como la garantía del orden imperante de modo permanente y en las permanentes crisis de la dirección consensual de las sociedades en su conjunto por parte de las clases dominantes (Kohan, 2007). Por lo tanto, aquello que genera la continuidad de la centralidad de los militares en América Latina es la reproducción y la interpelación de la subordinación de los aparatos estatales y de las economías de Latinoamérica al proceso de acumulación mundial y a los intereses geopolíticos de los centros estatales de poder mundial (imperios coloniales o potencias imperialistas).



Dicha característica unificadora de la estatalidad de América Latina que en la actualidad (2016), cuando no hay ninguna dictadura militar como gobierno en la región, aparece modificada y relativamente encubierta en Estados que con regímenes políticos democráticos representativos al mismo tiempo incorporan en sus legislaciones normas jurídicas que son abiertamente represivas como las llamadas leyes antiterroristas que criminalizan las luchas de las clases populares y complementan desde la ilegalidad la represión estatal utilizando la violencia directa de organizaciones paraestatales denominadas de forma tradicional como grupos paramilitares. Aunque el caso más conocido y emblemático es el colombiano, donde la violencia paraestatal es responsable de millones de campesinos e indígenas asesinados y desplazados de sus tierras con la complicidad del aparato del Estado nacional y la injerencia estatal de los Estados Unidos, creando las condiciones concretas que mantienen el conflicto social y armado que acontece en Colombia (Vega Cantor, 2015). En realidad, en la inmensa mayoría de los otros países latinoamericanos existen organizaciones paraestatales constantes o contingentes que mediante la violencia directa participan de la conservación del orden capitalista, dependiente y extractivista imperante en Nuestra América. Los mencionados grupos paramilitares que son financiados con recursos provenientes del narcotráfico y/o de aportes de las clases dominantes internacionales y locales encarnadas en empresas transnacionales y grandes terratenientes, en la mayoría de las oportunidades se encuentran involucrados en los procesos de defensa y aumento de la concentración de la propiedad de la tierra, combatiendo a las organizaciones campesinas e indígenas que se movilizan en rescates de tierras para su distribución democrática y despojando a campesinos e indígenas de sus tierras para incorporarlas al agronegocio y a la extracción minera. Por ejemplo, con diferencias en el uso más directo o atenuado de la violencia paraestatal tenemos en la Argentina a las llamadas “patotas sindicales”, en Brasil a las denominadas “milicias” que atacan los asentamientos agrícolas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Chile el Movimiento Antimarxista Húsar que asume la responsabilidad de acciones paramilitares que sufren en la Araucanía el pueblo Mapuche, en Guatemala las Juntas Locales de Seguridad que son la instancia orgánica que reorganizó y remozó a los antiguos integrantes de los grupos paramilitares que participaron en el conflicto social y armado guatemalteco (1960-1996), en México entre muchas expresiones paramilitares en el caso específico de Chiapas la organización paraestatal Paz y Justicia creada para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Paraguay los Justicieros de la Frontera que efectúan operaciones armadas para amedrentar al campesinado paraguayo y combatir la insurgencia del Ejército del Pueblo de Paraguay (EPP) y en Venezuela bandas coyunturales de policías locales y delincuentes comunes que realizan acciones de sicariato asesinando campesinos, indígenas y dirigentes sindicales.

Más allá de la continuidad de la centralidad de la violencia estatal y paraestatal en América Latina, en lo concreto las configuraciones institucionales e ideológicas de los aparatos militares de los Estados de la región, que se cristalizan en las doctrinas de las FAN, sufren en términos históricos modificaciones producto de la forma en la cual participan en la reproducción de las relaciones sociales imperantes y del tipo de inserción en los intereses geopolíticos de las potencias estatales del sistema-mundo. De modo puntual, el aparato militar del Estado en el caso del Puntofijismo (1959-1998), enmarcado en la Doctrina de Seguridad Nacional, se involucraba en la garantía del orden dominante de manera permanente y en coyunturas precisas a través casi exclusivamente de la violencia estatal y la coerción, mientras se subordinaba a la llamada estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos en el conflicto bipolar con la Unión República Socialista y Soviética, que se anclaba por ende en la contrainsurgencia y el anticomunismo. En cambio, el aparato militar en la denominada Revolución Bolivariana a partir de la concreción de su Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, se inserta en la recuperación de las capacidades estatales interviniendo en la organización y reproducción de las relaciones sociales capitalistas mediante su esencia que es la represión e incorporando en sus operaciones la construcción de consenso, mientras en lo internacional ejecuta una estrategia de defensa nacional más autónoma que supone la diversificación de sus relaciones militares, estableciendo alianzas de carácter multipolares con centros de poder mundial y aliados políticos como por ejemplo Rusia y Cuba respectivamente.



3. La doctrina del aparato militar del Estado venezolano en la Revolución Bolivariana (1999-2016).

3.1. La Revolución Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.

En medio de significativos conflictos políticos y sociales que expresaban las disputas a lo interno del bloque de clases en el poder, en el año 1999 comienza la conformación de una forma de Estado que restaura con una orientación más progresiva las capacidades estatales para construir consenso alrededor de las relaciones sociales capitalistas, en ese sentido ocurre un proceso paralelo de reordenamiento institucional y de retorno al llamado por nosotros nacionalismo petrolero, que implicó a través de la re-estatización parcial de la industria petrolera el aumento de los ingresos del aparato estatal extractivista para mediante su distribución mejorar aunque de modo contingente las condiciones de vida de las clases subalternas. En ese contexto histórico, caracterizado por la lucha de las clases fundamentales y las fracciones de las clases dominantes en torno a la definición de las características de la nueva modalidad hegemónica del capital, las Fuerzas Armadas Nacionales a partir de las modificaciones doctrinarias son constituidas como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En tanto cristalización institucional del aparato militar del Estado venezolano, la FANB se involucra en la recomposición de las capacidades estatales para la organización de consenso alrededor del orden dominante estableciendo en su nueva Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación de modo concomitante: un redimensionamiento de su estructura institucional y la incorporación en sus orientaciones ideológicas de las premisas del nacionalismo petrolero. Entonces, en términos programáticos la FANB se autodefine desde una perspectiva puntual como bolivariana, cuando se autocaracteriza como supuestamente “el pueblo en armas” y “antiimperialista”, por lo tanto en su concepción es junto a la sociedad corresponsable de la defensa y el desarrollo de la patria. En palabras escritas en 1973 para su campaña presidencial José Vicente Rangel132 planteaba que “para los países subdesarrollados la defensa no tiene las características de los países altamente desarrollados e industrializados”, en realidad “la defensa está unida a la idea de crear los mecanismos propios de desarrollo, de combatir la miseria, la dependencia, los factores foráneos del capital monopolista que remachan esa dependencia”. Por ello, “defensa nacional y desarrollo independiente son factores de una misma política, al margen de la cual no puede estar el Ejército” (1973: 112). Además, según el propio Hugo Chávez, en palabras expresadas el 23 de julio de 2009 en el acto de cierre del III curso de Estado Mayor Conjunto de la FANB, es “una Fuerza Armada popular, porque viene del pueblo, es parte del pueblo, es el pueblo mismo armado y uniformado; una Fuerza Armada antiimperialista, porque nacimos desde hace 200 años para enfrentar los imperios” (Chávez, 2009: 8).

De la autodeclaración de la FANB como “popular” y “antiimperialista” a su caracterización por nosotros existe una brecha considerable, que se inserta en la reproducción en la realidad concreta del carácter de clase del Estado burgués en la llamada Revolución Bolivariana. En resumen, a pesar de la retórica inflamada del bloque político chavista y su líder histórico, es imposible que un aparato militar popular y antiimperialista constituya parte de un Estado burgués, mucho menos en una formación económico-social dependiente y extractivista. En las últimas seis décadas del siglo XX y en los años transcurridos en el siglo XXI, la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en su inmensa mayoría se compone de oficiales que tienen su origen en las clases subalternas, es objeto de un trabajo político desarrollado de modo clandestino o directo por parte de distintos partidos de izquierda y nacional-populistas a través de la incorporación de jóvenes en la Academia Militar y con el acercamiento permanente con militares activos y, por último, recibe la influencia ideológica del ideario del Libertador Simón Bolívar que aunque bastante adaptable tiene un núcleo anticolonial esencial que es re-significado por el nacionalismo petrolero venezolano. Circunstancias que han creado las condiciones de posibilidad para el surgimiento en varias coyunturas históricas de una fracción nacional-populista y progresista a lo interno de la FAN venezolana, por ejemplo los participantes en las sublevaciones militares ocurridas en el año 1962 y el 4 de febrero de 1992, sin embargo eso no supone una supuesta condición popular y antiimperialista del aparato militar del Estado extractivista de Venezuela.

En realidad, la autodefinición de la FANB en tanto “popular” y “antiimperialista” expresa como el aparato militar del Estado en la denominada Revolución Bolivariana, desarrollando la represión y coerción como su esencia a su vez participó en la recomposición de las capacidades estatales para construir consenso alrededor de las relaciones sociales capitalistas, a través de un reordenamiento institucional y el retorno al nacionalismo petrolero. Primero, la ejecución operativa de la llamada unión cívico-militar implicó modificaciones institucionales en el aparato militar del Estado venezolano, por un lado oficiales activos asumen cargos de alta jerarquía en la administración estatal desarrollando en términos generales programas sociales y de infraestructura, en el otro lado la movilización de una fracción significativa de los núcleos organizados de las clases populares sufre un proceso de estatización mediante su transformación en funcionarios del orden dominante, al incorporarlos de modo voluntario y subordinado en la FANB a partir de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana. Segundo, la FANB se declaró bolivariana al considerarse una institución estatal que es responsable de defender el patrimonio heredado por el Libertador Simón Bolívar: el territorio nacional (Müller Rojas, 1992). Un territorio que en su subsuelo tiene los yacimientos petroleros, que la FANB los significó como recursos naturales que se requieren para constituir un poder nacional que permitiera el surgimiento de la Venezuela potencia, pero que al mismo tiempo son codiciados por el “imperialismo” personificado en los gobiernos nacionales de EEUU (Chávez, 2009). La FANB por ende asumió el nacionalismo petrolero cuando respaldó la recuperación del control parcial de la industria petrolera por el armazón institucional del Estado extractivista entre los años 2001 y 2007, que supuso en medio de importantes conflictos históricos redimensionar la alianza estatal con el capital transnacional petrolero a través de la asociación en las empresas mixtas que operan entre otros yacimientos en los ubicados en la Faja Petrolera del Orinoco. Situación que en un contexto reproductivo del mercado mundial caracterizado por el incremento vertical del precio del petróleo, garantizó el incremento de los ingresos estatales provenientes de las exportaciones de petroleras, que al menos en una porción fueron distribuidos mediante un conjunto de programas sociales que de forma coyuntural y parcial lograron satisfacer necesidades materiales y culturales de las clases subalternas del país.

Como ya vimos, en el proceso de recomposición de las capacidades estatales para organizar consenso en torno al sentido dominante del orden, que fueron resquebrajadas por las clases populares venezolanas en los años 90 del siglo XX desplegando una resistencia antineoliberal, el bloque político bolivariano estableció al nacionalismo petrolero como orientación ideológica del aparato del Estado extractivista, provocando el surgimiento de las condiciones de posibilidad que desembocaron en sucesos concretos que develaron conflictos con el capital transnacional petrolero y los gobiernos de EEUU, por ejemplo el golpe de Estado de abril del año 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003. Por lo tanto, la FANB establece como sus hipótesis de conflicto a los aparatos militares de los Estados de EEUU y de la vecina Colombia por su condición de aliado militar en la región de la principal potencia imperialista de Occidente. En un cuestionamiento a las bases militares que en el año 2009 EEUU acordó con el gobierno colombiano instalar en Colombia, el propio Presidente Hugo Chávez planteaba “los yanquis quieren convertir a Colombia en el Israel de América Latina” (2009: 8). Definiendo como parte de la doctrina militar una estrategia de operaciones practicada incluso en ejercicio militares denominada “guerra popular de resistencia”, que supondría un posible conflicto convencional con la FAN colombiana y una guerra asimétrica contra la FAN de EEUU por su superioridad militar (Garrido, 2006). Finalmente, en el marco de la política exterior ejecutada por el aparato estatal en la llamada Revolución Bolivariana que se proponía la creación de un mundo multipolar, la FANB orientada por su Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación cambió sus alianzas militares constituyéndose en aliada de Cuba, incentivó la fundación del Consejo de Defensa Sudamericano como órgano de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y efectuó compras de equipamiento militar principalmente a Rusia y en menor medida a China.



4. Estado y aparato militar en la Revolución Bolivariana (1999-2016). Un recorrido histórico.

4.1. Disputas internas y consolidación doctrinaria (1999-2004).

La transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación propia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se enmarca en el proceso de constitución de una nueva modalidad hegemónica del capital y por ende en las modificaciones en la forma de Estado en Venezuela en la llamada Revolución Bolivariana. El referido cambio en el aparato militar del Estado extractivista provoca importantes conflictos internos, que son abiertos y públicos en el período comprendido entre el año 1999 y 2003. En ese lapso temporal ocurren sucesos como el impasse presidencial con el Ministro de la Defensa General de División Raúl Salazar por su aceptación de la ayuda militar proveniente de EEUU en medio de la tragedia de Vargas en 1999, los pronunciamientos de militares disidentes en 2002, el golpe de Estado del 2002 y la manifestación de rechazo al gobierno nacional por parte de oficiales activos y retirados uniformados en la Plaza Altamira en 2002. Un conjunto de acontecimientos históricos que desembocan paulatinamente en la consolidación de la unidad de mando del aparato militar estatal en torno a la figura del Presidente Hugo Chávez, pero en los que se divulgaron diferentes cuestionamientos alrededor de la nueva orientación de la FANB, en los que se criticaba desde los nuevos objetivos asumidos hasta el cambio en los aliados militares. Entonces, en esos conflictivos años, el Presidente Hugo Chávez logra consolidar las modificaciones doctrinarias estableciendo como dilema del aparato militar del Estado: la defensa del control estatal de los “recursos naturales” necesarios para el desarrollo nacional o la entrega de los “recursos naturales” de la nación al capital transnacional petrolero personificado en el gobierno de EEUU, a partir de la privatización total de la industria petrolera defendida por la fracción tradicional de las clases dominantes locales y los partidos de conservadores.

Ya antes mencionamos que en términos generales la principal modificación que sufre el aparato militar del Estado extractivista es su inclusión activa en el proceso de organización de consenso alrededor de las relaciones sociales propias del orden dominante, en ese sentido la FANB es involucrada en tareas distintas a las relacionadas estrictamente con la denominada seguridad y defensa nacional. Por ejemplo, ejecutando políticas asistenciales como el llamado Plan Bolívar-2000 y participando en diferentes misiones sociales entre ellas la Misión Alimentación, Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Gran Misión Vivienda, entre otras. Una condición que generó críticas de sectores de la sociedad que recelaban una posible militarización del país y fracciones de las FANB que manifestaban una distorsión en su objetivo primario que es la defensa nacional (Blanco Muñoz, 2007). El Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández planteó que “las Fuerzas Armadas sienten que no son albañiles, que tienen que estar por allí pintando casas”, en realidad “su rol en la paz, (es) entrenarse para la guerra” (Blanco Muñoz, 2003: 153 y 287). Asimismo, el Capitán en situación de retiro Otto Gebauer, involucrado en la custodia del Presidente Hugo Chávez el 12 de abril de 2002, esgrime que “cuando Chávez llega al poder, las FAN son distraídas con el Plan Bolívar 2000”, en consecuencia “los miembros de las FAN abandonaron las operaciones en las fronteras” (Blanco Muñoz, 2009: 87). Concluyendo que “el militar no es que no esté preparado y capacitado, pero tiene una función muy específica dentro de la institución militar que tiene que ver con la seguridad y defensa de la nación” (Blanco Muñoz, 2009: 623). Por último, el General de Brigada en situación de retiro Francisco Usón, Ministro de Finanzas de Hugo Chávez y a partir del golpe de Estado de abril de 2002 su opositor, sostuvo que “Chávez tiene una concepción muy particular del papel de las Fan juegan en el contexto de la sociedad. La participación activa de la institución en el desarrollo nacional”, “pero él interpreta como que las FAN son el motor impulsor de ese proceso de desarrollo”, por lo tanto “utilizamos un soldado para cuestiones tan simples como es la venta de mercancías alimenticia y ese oficial no se entrena para la misión principal que es la defensa, o sea, trastocamos completamente su función” (Blanco Muñoz, 2007: 380-381).

La inclusión del aparato militar en el proceso de construcción de consenso en torno el orden imperante implica una relación orgánica más estrecha con el gobierno nacional, buscando en el discurso oficialista el desarrollo nacional, ocasionando que se denuncie la supuesta “polarización” y “partidización” de las FANB que por ende se estaría incumpliendo lo estipulado en términos normativos en el artículo 328 de la Constitución de 1999. El Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández hablando del Presidente Hugo Chávez esgrime que “él ha querido partidizar las FAN”, por eso “hoy en día ellos (los militares) están molestos por la forma como él los ha irrespetado, mal utilizado y desjerarquizado” (Blanco Muñoz, 2003: 143). En ese mismo sentido el General Francisco Usón de manera tajante afirmó que “las FAN son el partido político de Chávez” (Blanco Muñoz, 2007: 306), igualmente el Capitán Otto Gebauer expresó “ya veo que la política ha penetrado mucho a los miembros de las FAN (Blanco Muñoz, 2009: 438). Un cuestionamiento que surge de una idea totalmente falsa acerca del aparato militar de un Estado, que lo caracterizan como apolítico y neutral desde una perspectiva partidista. Sin embargo, es claro que la función represiva de los militares tiene una imbricación con los intereses de las clases dominantes, garantizando constitutivamente y en coyunturas de crisis de hegemonía la propiedad privada de los medios de producción y el intercambio mercantil como forma que asume el lazo social en las sociedades capitalistas. Además, incluso los oficiales citados, así como otros autores han reconocido que entre los mecanismos de control de las FAN en la modalidad hegemónica del capital estuvo la afiliación de los militares a los partidos AD y Copei (Müller Rojas, 1992) (Caballero, 2007).

Las críticas efectuadas por la supuesta “politización” o “partidización” de las ahora FANB, se relacionan con los cuestionamientos que realizan algunos oficiales opositores ante lo que consideraron una reorientación ideológica de las FANB, que tiene nuevos aliados políticos y militares como la República de Cuba y se define neutral en el conflicto social y armado colombiano evitando combates en la frontera con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como vimos la subordinación del aparato militar a las autoridades civiles propias del régimen político democrático representativo en la forma de Estado del “Puntofijismo” implicó la organización de un perfil de oficial profesional, supuestamente apolítico, que su principal misión era la seguridad nacional ante la amenaza comunista externa e interna; en cambio, los militares opositores señalan como muestra determinante de “politización” y “desprofesionalización” en la llamada Revolución Bolivariana el acercamiento estatal con Cuba y la modificación de la relación con la insurgencia colombiana. En pocas palabras, se desdibuja al menos en lo programático y retórico la diatriba entre democracia o comunismo, pero en lo concreto la FANB conserva su rol como aparato represivo y disciplinador de los sectores de las clases subalternas que se movilizan de manera autónoma. El Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández fue directo “Chávez traiciona a Venezuela, a la patria cuando abraza a la guerrillera que mata venezolanos y a los soldados venezolanos. Chávez traiciona a la patria cuando le regale el petróleo a Cuba”, rememorando la lucha contrainsurgente de los años 60 y 70 del siglo XX considera que “ese acercamiento hacia Fidel Castro ¿cómo lo vamos a entender? Nosotros vivimos la invasión castrocomunista y fue enfrentada por nuestra FAN” (Blanco Muñoz, 2003: 236 y 356). Igualmente, el General Francisco Usón hablando de sus antiguos compañeros de armas indicó que “esas personas actualmente apoyan la penetración castrocomunista o castrochavista dentro de las FAN y son quienes, o lo aceptan o la promueven. Verdaderamente los desconozco” (Blanco Muñoz, 2007: 304). Profundizando esa posición, el Capitán Otto Gebauer planteó que el redimensionamiento ideológico de las FAN se observa en la imbricación con organizaciones político-militares como los Tupamaros, afirmando que “cuántas veces nosotros no combatimos o estábamos detrás de los Tupamaros en el 23 de enero. ¿Y quiénes son hoy los Tupamaros? Son materialmente una de las manos derechas del Presidente” (Blanco Muñoz, 2009: 58).

Las últimas situaciones que provocaron reacciones adversas en sectores de las FAN, que mayoritariamente terminaron involucrados en un conjunto de acontecimientos concretos en los cuales se define el horizonte de los cambios en el armazón estatal en general y en su aparato militar en particular, son más operativas y expresaron en forma puntual la disputa por el control de las FANB. La intervención de militares en la ejecución del Plan Bolívar 2000, así como en otros cargos estatales, genera entre sus consecuencias un conjunto de hechos de corrupción, que en ningún caso son perseguidos penalmente. En palabras del Capitán Otto Gebauer “la primera decepción que tuve en ese sentido, fue con el surgimiento del Plan Bolívar 2000, cuando comenzaron a verse esa cantidad de robos, la sobrefacturación y la desviación de presupuestos” (Blanco Muñoz, 2009: 90). Una situación que según el Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández era una estrategia del Presidente Hugo Chávez: “él quiere corromper a las FAN. ¿Cómo? Dándole cantidades de dinero para que administren” (Blanco Muñoz, 2003: 154). Otra circunstancia provocadora de molestia en los oficiales opositores fue el uso del uniforme militar por parte del Presidente Hugo Chávez, en tanto su condición de Teniente Coronel en situación de retiro. Su anterior compañero de armas y miembro fundador del MBR-200 Jesús Urdaneta Hernández señaló que “Chávez es el presidente de la República y comandante en Jefe de las FAN, pero no como militar, sino como civil. Él es el del Estado civil, porque la población, la ciudadanía le dio ese privilegio”, entonces “que se ponga el uniforme de teniente coronel para estar comandando a generales de división, eso es una locura, algo que no tiene ningún sentido” (Blanco Muñoz, 2009: 153). Por último, en una institución jerárquica como las FAN los ascensos se transforman en un procedimiento siempre en discusión por la violación de la llamada meritocracia, en ese sentido el General Francisco Usón cuestionó que “Chávez ahora tiene una capacidad adicional que no tenían los presidentes anteriores: decide de manera libre, sin ningún tipo de ataduras, quiénes ascienden y quiénes no lo hacen” (Blanco Muñoz, 2007: 489).

Los cuestionamientos indicados aunque se mantienen y continúan divulgando después del proceso de transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, fueron esenciales en el período entre los años 1999 y 2003 al convertirse en las justificaciones o excusas en las que se enmarcó la intervención de una fracción de las FANB que podríamos caracterizar como conservadora, en un conjunto de acontecimientos históricos en los cuales se disputa la orientación del aparato del Estado extractivista. En términos concretos, el primer suceso donde se develaron las tensiones al interior del aparato militar estatal ocurre finalizando el año 1999, con la desautorización del Presidente Hugo Chávez a la decisión asumida de manera inconsulta por el Ministro de la Defensa, el General Raúl Salazar, en la que aceptó la ayuda ofrecida por la Fuerza Armada de los Estados Unidos para supuestamente enfrentar las consecuencias de la llamada Tragedia de Vargas. En palabras del General Francisco Usón la tensión que se produce entre el Presidente Hugo Chávez y los militares de mayor antigüedad entre ellos el General Raúl Salazar, tiene en parte un carácter generacional porque son de promociones anteriores y según la “concepción militarista” “lo veían como el muchacho, el cadete”, “habían sido superiores de Chávez toda la vida” (Blanco Muñoz, 2007: 316). Probablemente el General Raúl Salazar le era incomodo solicitar la autorización de un Teniente Coronel como Hugo Chávez, que siempre fue su subalterno, sin embargo también en las causas del impasse Chávez-Salazar se encuentra la incipiente reorientación de las alianzas internacionales de las FANB. Las FAN en la denominada Guerra Fría fueron un apéndice de la estrategia de seguridad hemisférica de EEUU, algo que no se trastocó con la implosión de la URSS al establecer nuevas amenazas regionales como el narcotráfico, entonces era natural la aceptación de la ayuda ofrecida por el aparato militar de EEUU. Pero, aunque de modo germinal ya en 1999 el Presidente Hugo Chávez intentaba desarrollar una política exterior dirigida a la organización del llamado mundo multipolar, promoviendo la reducción de la influencia militar de EEUU en Venezuela (Garrido, 2005). En ese sentido, diez años después del evento, en el 2010, el Presidente Hugo Chávez sostuvo que el General Raúl Salazar era agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), porque según su evaluación intentó utilizar la Tragedia de Vargas para que EEUU estableciera una “cabeza de playa” en el litoral central del país.

Los siguientes acontecimientos en los cuales se denota la fractura interna del aparato militar del Estado son los pronunciamientos públicos de militares de alto rango efectuados en el año 2002 en la víspera del golpe de Estado del 11 de abril, en términos específicos las alocuciones del Coronel Pedro Soto el 7 de febrero, el Vicealmirante Carlos Molina Tamayo el 18 de febrero y el General Néstor González González ya en medio del plan conspirativo el 10 de abril. Las declaraciones de los oficiales se imbricaron con la lucha hegemónica iniciada por la alianza conservadora con el paro patronal del 10 de diciembre de 2001 en el que solicitaban la derogación de los decretos con rango, valor y fuerza de ley que promulga el Presidente Hugo Chávez en noviembre de ese año. Evidenciando por un lado la intervención activa de EEUU en las acciones que culminan en abril de 2002 con el secuestro del Presidente Hugo Chávez por parte de un grupo de militares sublevados. EEUU a través de su Misión Militar en Venezuela realiza la labor operativa de unificación de las acciones civiles y militares de la alianza conservadora (Golinger, 2005). En el otro lado demuestra que incluso antes del mismo 11 de abril el gobierno de Hugo Chávez había logrado identificar al menos un sector de los oficiales inmersos en la conspiración cívico-militar, por ello se encontraban en la FANB en cargos administrativos sin comando de tropas. Sin embargo, la alianza conservadora mediante esos pronunciamientos de oficiales de alto rango de la FANB logró construir un escenario de agitación antigubernamental, que les permitió motivar y acompañar las movilizaciones de los manifestantes opositores que finalmente el 11 de abril de 2002 crearon las condiciones para la asonada militar.



Los sucesos históricos que sucedieron entre el 9 y el 13 de abril del año 2002 son caracterizados de distinta manera por varios personajes políticos involucrados y autores académicos, independientemente de su adscripción política al bloque político bolivariano o a la alianza conservadora. Algunos considera que fue un “vacío de poder” (Urbaneja, 2013), otros un “autogolpe” (Blanco Muñoz, 2003; 2006; 2007 y 2009) y la mayoría un golpe de Estado (Golinger, 2005) (Ramos Jiménez, 2009). Nosotros, adscribimos a la tesis del golpe de Estado ya que identificamos la ejecución de un plan que tenía como objetivo evitar la materialización de un conjunto de reformas progresivas mediante la destitución del Presidente Hugo Chávez, a través de la amenaza de la utilización de la capacidad de fuego controlada por el aparato militar del Estado. El golpe de Estado de abril del año 2002 nos permite detallar que al menos una buena parte de los oficiales sublevados se encontraban desprovistos de comando de tropas, es decir, estaban asignados en cargos administrativos o relegados a sus casas. Tesis afirmada entre otros por el General en Jefe en situación de retiro Raúl Isaías Baduel el cual consideró que “lo que ocurrió fue que una clase de la graduación más alta de los oficiales se apartó de su deber y tomó esa posición”, en cambio “los mandos operacionales directos, los mandos medios y subalternos, tuvieron siempre claro que tenían que defender la Constitución” (Harnecker, 2004: 129). Circunstancia que les impuso a los golpistas deslegitimar al Presidente Hugo Chávez ante las oficiales con puestos de comando de tropas en la FANB planificando el resultado de la movilización convocada el 11 de abril para la antigua sede de PDVSA en Chuao, pero re-direccionada al centro de la ciudad de Caracas: una importante cantidad de fallecidos y heridos (Villegas Poljak, 2012). Entonces, el proceso de desplazamiento del comando de tropas de los militares vinculados con EEUU y la alianza conservadora es al menos parcialmente previo al golpe de Estado de 2002. La ausencia de comando de tropas por parte de oficiales participantes en la conspiración provocó que la asonada militar dependiera de las posiciones de los comandantes de los batallones del Fuerte Tiuna y a su vez que no tenga unidad de mando, algunos proponían expulsar del país al Presidente Hugo Chávez y otros juzgarlo por su supuesta responsabilidad en los crímenes cometidos el 11 de abril en las adyacencias del Palacios de Miraflores (Blanco Muñoz, 2007). La dependencia de los comandantes de los batallones del Fuerte Tiuna y la ausencia de unidad de mando son los dos factores militares que de modo articulado generan el fracaso del golpe de Estado; lo primero, dificulta la designación de Pedro Carmona Estanga como Presidente de la República y, lo segundo, permite que los oficiales comprometidos con el bloque político bolivariano retomen el control de la situación militar. Los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna ante los fallecidos en el centro de Caracas asumen la alocución del oficial de más alta graduación, el General en Jefe Lucas Rincón, donde afirmaba la solicitud de la renuncia al Presidente Hugo Chávez y su aceptación de la misma. Sin embargo, al ocurrir la auto-juramentación del empresario Pedro Carmona Estanga exigen el cumplimiento de los procedimientos constitucionales, o sea, la designación temporal del Vicepresidente de la República Diosdado Cabello y la posterior convocatoria de unas elecciones presidenciales (Blanco Muñoz, 2007). En palabras del General de División en situación de retiro Wilfredo Ramón Silva “de los 19 comandantes de batallones del Fuerte Tiuna, solamente uno se había puesto a la orden de la conspiración, el resto estuvo confuso y después se pusieron a la orden de García Carneiro y mía”, en consecuencia “hicimos una reunión en el Batallón Ayala, ahí se redactó un documento donde se manifestó que no apoyábamos un golpe de Estado y se le pidió al comandante del Ejército que se pronunciara a favor de la restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Harnecker, 2004: 35-36). En ese sentido, se corrobora la sedimentación de larga duración en la mayoría de los miembros de las FANB de la creencia que parte esencial de su rol es la defensa de los mecanismos legales y electorales para el cambio gubernamental: la denominada constitucionalidad como supuesta expresión principal de la democracia. Según el General Francisco Usón “nos domesticaron y fuimos verdaderamente inoculados con la vacuna de la democracia como forma de gobierno” (Blanco Muñoz, 2007: 369). La posición de los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna y la recuperación del control del Palacio de Miraflores por la Guardia de Honor Presidencial permite que desde la Brigada de Paracaidista de Maracay, comandada por el General Raúl Isaías Baduel, se despliegue una operación para buscar al Presidente de la República que se encontraba detenido en el puesto naval de la Orchila y regresarlo a la ciudad de Caracas donde pudo retomar el control del gobierno nacional.

El primer resultado de los sucesos acontecidos entre el 9 y13 de abril de 2002 a lo interno de las FANB es el inicio de la depuración de los oficiales que asumieron abiertamente mediante su actuación en el golpe de Estado una postura crítica ante los cambios concretados en el aparato estatal. Comienzan un conjunto de procesos penales y administrativos en los tribunales militares y en los consejos de investigación que provocan la expulsión o la solicitud de la baja de los oficiales opositores. En palabras del Capitán Otto Gebauer “Chávez fue haciendo las purgas. Al comienzo sacó una cantidad de profesionales, después del 11 de abril tiró la podadora hasta donde daba” (Blanco Muñoz, 2009: 506). Sin embargo, más allá de la caracterización de “purga” de un oficial opositor que incluso estuvo detenido varios años por su participación en los hechos de abril de 2002, es natural que el Presidente Hugo Chávez después de sufrir un golpe de Estado desarrolle un conjunto de estrategias para acentuar la subordinación del aparato militar del Estado a las autoridades electas a través del sufragio universal, directo y secreto. En ese sentido, también designa en los puestos que implican el comando de tropas a los oficiales vinculados con el bloque político bolivariano. Según el Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández “después del 11 de abril, Chávez se dedicó a cambiar comandantes de batallones, y a colocar en ellos a gente que él piensa que pueden ser irrestricta de él” (Blanco Muñoz, 2003: 360). Nada diferente a lo efectuado por Rómulo Betancourt entre 1959 y 1963, entre otras cosas porque los oficiales y suboficiales de las FAN o la FANB no fueron nunca ni ahora tampoco son apolíticos ni neutrales en términos partidistas, por lo tanto cualquiera requiere para consolidar la unidad de mando del aparato militar el control del comando de las tropas.

El fracaso del golpe de Estado de abril de 2002 genera una división en la alianza conservadora, por un lado sectores minoritarios que plantean solicitar de manera extemporánea un referéndum para consultar la permanencia en el gobierno del Presidente Hugo Chávez, en el otro lado la mayoría logra imponer que se continúe la lucha antigubernamental mediante vías inconstitucionales. En consecuencia, un grupo de oficiales de alto rango y uniformados inician una manifestación de rechazo al gobierno nacional el 22 de octubre de 2002 en la Plaza Altamira en el este de la ciudad de Caracas. Una acción comandada por el General de División en situación de retiro Enrique Medina Gómez, que demostró entre otras cosas la perdida de presencia militar a lo interno de las FANB de la alianza conservadora. En pocas palabras ante la falta de tropas solo les quedaba de modo individual asumir un pronunciamiento en una plaza pública, con la finalidad de mantener la agitación política necesaria para el paro petrolero de finales de año. En palabras del General de División en situación de retiro Virgilio Lameda fue un acto que evidenciaba nuevamente la tensión generacional “pienso que los generales de una promoción anterior a Chávez nunca lograron verlo como presidente, lo siguieron viendo como un teniente coronel que había sido subalterno de ellos y se equivocaron”, por ello “a esas promociones anteriores pertenecen muchos de los generales que se fueron para la Plaza Altamira” (Harnecker, 2004: 54). Sin negar que el conflicto generacional atraviesa todas las disputas internas en las FANB en el período 1999 y 2003, también se involucran otros oficiales de los rangos medios como capitanes y mayores que estaba inmersos en investigaciones penales y administrativas por el golpe de Estado de abril de 2002. La llamada “toma” de la Plaza Altamira detona el aislamiento de los oficiales opositores y lo termina de profundizar totalmente, garantizando el control operativo de las FANB por parte de Hugo Chávez y el bloque político bolivariano. Según el General Francisco Usón “el evento del 22 de octubre del año 2002, cuando varios militares van a la Plaza Altamira, si bien fue trascendental en términos emocionales para la sociedad venezolana en general, fue traumático para el sector militar”, porque “éste consideraba inconcebible que unos militares uniformados estuviesen planteando una lucha política a partir de la toma, secuestro o conversión de una plaza pública en cuartel” (Blanco Muñoz, 2007: 238). Con una mirada autocrítica el Capitán Otto Gebauer, participante en esa acción política, señala que “lamentablemente, con el tiempo el gran beneficiado fue el gobierno, mientras nosotros nos debilitamos” (Blanco Muñoz, 2009: 376).

La denominada “toma” de la Plaza Altamira al provocar el aislamiento de los militares opositores de sus compañeros de armas en los cuarteles es central en el proceso de control operativo de las FANB por parte del Presidente Hugo Chávez y los oficiales miembros del bloque político bolivariano, pero el acontecimiento histórico que crea las condiciones para el cierre de la conflictiva transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral es el paro petrolero ocurrido entre diciembre de 2002 y enero de 2003. La paralización de la industria petrolera por la alta y mediana gerencia de Pdvsa, integrante de la alianza conservadora, permite que sea identificada claramente en tanto una amenaza interna para la seguridad de la nación que bloquea el desarrollo nacional por su subordinación al enemigo externo (EEUU) que desea apropiarse de las riquezas petroleras de la patria. El General Virgilio Lameda caracteriza esos eventos como un “sabotaje petrolero”, porque “los paros en una democracia tienen que ser legales, deben ser de tipo laboral y movidos por reivindicaciones específicas”, pero “ellos decidieron hacer un paro para obligar al Presidente a renunciar. Eso no tiene asidero legal ni aquí ni en ninguna parte del mundo” (Harnecker, 2004: 56). Igualmente, a pesar de su condición de opositor, el General Francisco Usón afirmó que “cuando ellos llevan un problema laboral a un problema de seguridad nacional como fue el caso del paro petrolero de diciembre, se estaban adentrando en un área que no dominaban”, por lo tanto “cruzaron una línea que estaba completamente reservada a los militares” (Blanco Muñoz, 2007: 115). Por eso, la FANB al analizar al paro petrolero como amenaza a la seguridad nacional respalda totalmente a su Comandante en Jefe, el Presidente de la República Hugo Chávez, en las acciones de recuperación de las actividades de extracción, refinación y distribución del petróleo. En ese sentido, las FANB junto a la clase obrera petrolera se involucran actividad en la reactivación de la industria petrolera, en términos emblemáticos los militares participan en el abordaje del tanquero petrolero “Pilín León” que obstruía el transito naval en el lago de Maracaibo. Esa imbricación FANB y clase obrera petrolera es evaluada por los militares oficialistas como una muestra de la unión cívico-militar en defensa de los intereses estratégicos de la nación. En palabras del General Virgilio Lameda “con el sabotaje del petróleo comienza otra etapa. Se produce esa integración cívico-militar que permite hacerse de PDVSA. Se hace una trilogía: PDVSA, el pueblo y la Fuerza Armada” (Harnecker, 2004: 56). En conclusión, la respuesta del aparato militar del Estado en el paro petrolero termina de sedimentar el control doctrinario de las FANB por parte del bloque político bolivariana, se institucionaliza la llamada unión cívico-militar.

Por último, como colofón al proceso de disputas provocadas al menos a lo interno de las FANB producto de la transición de la Doctrina de Seguridad Nacional a la Doctrina de Defensa y Desarrollo Integral de la Nación, en mayo del año 2004 es desalojada la Misión Militar de los Estados Unidos de su sede ubicada en el Fuerte Tiuna. El Presidente Hugo Chávez se preguntaba retóricamente “¿qué hace una misión militar norteamericana en el mismo corazón del Fuerte Tiuna?”, mientras informaba que “he ordenado, por otra parte, que la misión militar norteamericana salga de Fuerte Tiuna, ya era hora” (2005a: 257). Reconociendo entre líneas que se demoró en una decisión que le permitió debilitar la influencia ideológica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el aparato militar de Venezuela, creando las condiciones necesarias para el establecimiento doctrinario del gobierno de los Estados Unidos como personificación del principal obstáculo para el desarrollo del poder nacional: el imperialismo (Chávez, 2009).



Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal