Eje 14: defensa, seguridad y derechos humanos



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De jueces y periodistas: el flagelo de la prisión preventiva como violación de derechos humanos




Alan Diego Vogelfanger

Abogado (Universidad de Buenos Aires)
Introducción

En los últimos años, por las orientaciones de “mano dura” en las discusiones sobre seguridad, se puso en discusión un principio que parecía consolidado en los años de democracia, que sostiene una separación tajante entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional354. A raíz de un contexto en el que priman la lucha contra el narcotráfico, la criminalización de la protesta social y las campañas mediáticas tendenciosas, existe una línea regional en América Latina que impulsa involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna355, cuestión que no ha contribuido a solucionar la problemática356 sino más bien lo contrario357.

Tal como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), se ha producido "una progresiva militarización de la policía y sus operativos, y una atribución de competencias en materia de seguridad ciudadana al ejército, especialmente en los países más afectados por la violencia y el actuar del crimen organizado"358. Más aún, agregó que, en general, esta estrategia no redujo el clima de inseguridad sino que, por el contrario, "muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado"359. En definitiva, el común denominador de las estrategias de seguridad en la región incluye la atribución de mayores competencias a las fuerzas de seguridad del Estado (policía y ejército)360.

Ahora bien, por más de que se pretenda reivindicar el principio de demarcación y lograr que las fuerzas armadas no intervengan en asuntos locales, eso no significa en absoluto que la policía estatal funcione correctamente: la preeminencia de la prisión preventiva, las pésimas condiciones carcelarias y los abusos que allí se cometen lo acreditan al representar una de las mayores vulneraciones de derechos humanos en nuestro país y en nuestro continente.

El objetivo del presente artículo es involucrar en este análisis a las actuaciones de los jueces y de los medios de comunicación, más allá del funcionamiento de los cuerpos militares y policiales, que suelen ser los protagonistas principales al momento de hablar de seguridad, defensa y derechos humanos. En este sentido, se comenzará con un estudio de la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, que incluirá los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estadísticas sobre el uso del encarcelamiento preventivo. Asimismo, se focalizará en un caso puntual, trabajado por la Clínica Jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Finalmente, se expondrán las conclusiones a fin de concientizar acerca las posibles razones que generaron la situación actual y la necesidad de revertir esta tendencia, apoyándose en el derecho internacional de los derechos humanos.

La prisión preventiva: naturaleza jurídica, uso y abuso

La prisión preventiva puede definirse técnicamente como el encarcelamiento del imputado mientras se sustancia el proceso penal que determinará su culpabilidad o no. Vale destacar que se trata de una medida cautelar, no punitiva361, que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad362. Tal como lo sostuvo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “la prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible”363. Esto es así porque se trata de la medida más severa que se le puede aplicar al acusado de un delito y la regla general debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal364. Solamente se puede restringir la libertad del detenido para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia365, debiéndose fundar el riesgo en circunstancias objetivas366. En caso contrario, la prisión preventiva equivaldría a anticipar la pena a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido todavía determinada367, lo que significaría violar la presunción de inocencia. Más aún, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva368.

Además, según los estándares internacionales, las personas bajo prisión preventiva tienen derecho a una revisión judicial periódica de los fundamentos para su detención, de conformidad con las garantías al debido proceso. Al respecto, la CIDH ha establecido que el riesgo procesal tiende a disminuir con el paso del tiempo; o dicho de otra manera, la explicación que ofrezca el Estado de la necesidad de mantener a una persona en prisión preventiva debe ser más convincente y mejor sustentada a medida que pasa el tiempo369.

Asimismo, en un informe de 2011, la CIDH recomendó a los Estados latinoamericanos realizar reformas legislativas e institucionales para asegurar un uso más racional de la prisión preventiva y pidió que realmente se recurra a esta medida de forma excepcional, que se promueva el uso de medidas alternativas o sustitutivas y que se observen los plazos máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva370.

Para finalizar esta cuestión, si bien es cierto que, al analizar la obligación de los Estados de proteger la seguridad de sus ciudadanos, la propia CIDH ha reconocido que razones de seguridad pública pueden justificar restricciones a la libertad o la extensión de los períodos normales de detención preventiva o administrativa371, debe aclararse que lo ha hecho específicamente en el marco de un análisis sobre terrorismo y también respetando las garantías del debido proceso. Es decir, por un lado, no se hacía referencia a cualquier crimen sino que se apunta a uno de los flagelos más grandes en el contexto internacional, y por otro lado, ello tampoco quiere decir que el Estado puede vulnerar todo tipo de garantías de la persona detenida, independientemente del delito del que se la acusa.

Como se puede presuponer, en Argentina -y en América Latina en general- la prisión preventiva está muy lejos de ser la excepción y de ninguna manera todos los detenidos bajo este régimen están acusados de terrorismo: esta medida se aplica casi automáticamente y abarca la mayoría de los delitos que llegan a judicializarse. En términos de Alberto Bovino, “el abuso del encarcelamiento preventivo de nuestros sistemas de justicia penal constituye una vulneración grave del principio de inocencia, que es otro de los pilares fundamentales del esquema de derechos humanos que protege a toda persona sometida a persecución penal”372.

Según los datos del Registro Único de Detenidos (RUD) de la Procuración General de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del total de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires sólo el 39,6 % se encuentra condenado con sentencia firme373. El CELS también coincidió en que más del 60% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal no tienen condena firme374 y Amnistía Internacional, al hablar de la perspectiva regional en América, afirmó que “decenas de miles de personas permanecían recluidas en espera de juicio durante largos periodos debido a las demoras en los sistemas de justicia penal”375.

Por último, quedan por destacar dos cuestiones. En primer lugar, el hecho de que la persona detenida haya recibido una sentencia condenatoria en primera instancia no quiere decir que se revierta terminantemente su presunción de inocencia y que su encarcelamiento deje de enmarcarse en este régimen de prisión preventiva. En otras palabras, mientras exista una posibilidad real de que un tribunal superior revierta la sentencia, la persona no puede ser considerada culpable, no corresponde sostener que por contar con sentencias de primera instancia y/o de casación disminuye o se atenúa su presunción de inocencia y su detención seguirá constituyendo una medida cautelar376. Y en segundo lugar, los Estados no pueden alegar su excesiva carga de trabajo, la cantidad de causas judiciales que tienen o el “colapso” de sus tribunales como excusa para no cumplir con los tiempos correspondientes en el juzgamiento de los delitos377; incluso, las personas que se encuentran detenidas deberían tener prioridad en el tratamiento de sus expedientes y éstos deberían ser conducidos con mayor celeridad378.



La responsabilidad de los medios de comunicación y de los jueces y juezas

Quizás una de las preguntas más interesantes y complejas de responder ante esta situación es ¿por qué? ¿a qué se debe esta preeminencia de la prisión preventiva cuando casi todas las normas, sentencias judiciales y estándares internacionales nos dirigen hacia el camino contrario? Como se mencionó anteriormente, una posible hipótesis -aunque lejos de pretender dar una respuesta final a esta cuestión- indicaría que la desidia judicial y la presión mediática/popular pueden ser los grandes responsables.

Es casi indudable que las campañas mediáticas muchas veces distorsionan la magnitud y el sentido del problema de la inseguridad379 y que las prácticas del sistema penal son permeables a los mensajes de endurecimiento que llegan desde los actores políticos y periodísticos380. Proliferan en diarios, radio y televisión discursos sobre “jueces garantistas”, frases del estilo de “dejan en libertad a personas que vuelven a robar, matar o violar”, “las leyes están hechas para favorecer a los delincuentes” o “los derechos humanos son solamente para los chorros”, y pedidos relacionados con penas más duras, bajar la edad de punibilidad, restricciones en las excarcelaciones; en definitiva: más policía, más vigilancia, más castigo y más cárcel. A todo esto, el CELS lo ha calificado como “propuestas de medidas de inflexibilidad penal, inútiles para reducir el delito y con graves consecuencias para los derechos humanos”381; entre ellas, que la prisión preventiva sea uno de los dispositivos centrales de la política de seguridad382. ¿Por qué se recurre a esta medida? Porque permite demostrar un resultado concreto: se encarcela al principal acusado del delito (o a veces, ni siquiera eso) y se pretende brindar una sensación de que ya está resuelto el problema y que no volverá a suceder. Más aún, por ejemplo, la metáfora de la “puerta giratoria”, un diagnóstico repetido hasta el cansancio en los medios masivos de comunicación y en el discurso político, también oculta e impide un debate serio sobre el negativo impacto de lo carcelario en la vida de las miles de familias que transitan por esta experiencia383. Y ni hace falta mencionar las consecuencias en cuanto a sobrepoblación carcelaria, violencia institucional, hacinamiento, pésimas condiciones de salud, etcétera.

Si bien puede sostenerse en algunas ocasiones que existe una “debilidad de las distintas fuerzas políticas para afrontar esta agenda con independencia de las presiones de los poderes corporativos mediáticos o de las propias policías”384, por otro lado, también debe aclararse que esto sucede en el mejor de los casos, y desde una postura optimista: muchas veces, los gobiernos están alineados con estas posturas de demagogia punitiva. Asimismo, los índices de criminalidad, el retardo en las causas, la débil capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a los procesos en juzgados pendientes y la falta de confianza de la ciudadanía en general hacia este sistema también concurren como factores que inciden sobre jueces y fiscales para optar por la prisión preventiva casi de forma automática, sacrificando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad385. Aunque, igualmente, muchas veces son los propios jueces los que fomentan posiciones restrictivas sobre la libertad durante el proceso386, como se verá a continuación.



El caso de D.M.: un ejemplo de hasta dónde puede llegar el absurdo de la prisión preventiva

La práctica profesional en la carrera de abogacía es obligatoria para todos los estudiantes y consiste en asistir jurídicamente, por un año, a personas que no pueden acceder a un abogado particular, ya sea desde la recepción de consultas directamente en el Palacio de Tribunales o a través de la colaboración con organizaciones no gubernamentales avocadas a esta tarea. Durante el año 2013, en el CELS, una de las asociaciones donde se puede realizar esta práctica profesional, se recibió un caso que demuestra empíricamente la problemática de la prisión preventiva.

D.M. se encontraba detenido desde hacía más de 10 años, a pesar de no tener en su contra una sentencia de carácter firme y definitiva. La persona había sido condenada a 18 años de prisión por homicidio agravado por alevosía y codicia en grado de tentativa y luego la Cámara de Casación Penal redujo la condena a 16 años. Esta decisión fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero todavía estaba pendiente la resolución del recurso extraordinario presentado para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se analizarán dos cuestiones en particular: 1) el argumento de la “pena en expectativa” y 2) el principio que consagra que ningún imputado puede tener un trato más desfavorable al de un condenado.

En primer lugar, a D.M. se le negaron todos los pedidos de beneficios (excarcelación, salidas transitorias, libertad condicional, etcétera) por un supuesto peligro de fuga -una de las razones válidas para justificar la prisión preventiva- basado únicamente en lo que se conoce como “pena en expectativa”. De forma sistemática, y no solamente en este caso en particular, varios jueces sostienen la prisión preventiva sin analizar el caso concreto y basándose exclusivamente en que los imputados (detenidos sin condena firme por más de 7 u 8 años) eludirán la acción de la justicia simplemente por el mero hecho de que existe una posibilidad de que sean condenados a varios años de prisión. Esto es claramente contrario a lo sostenido anteriormente, donde se determinó que el riesgo supuesto debe ser sometido a verificación concreta que permita afirmar fundadamente la existencia de peligro procesal y que la posibilidad de ordenar la detención se encuentra supeditada a la condición de que el peligro concreto no pueda ser neutralizado con medidas cautelares menos graves387. En términos jurídicos, se termina imponiendo una presunción que no puede ser desvirtuada y que no admite prueba en contrario (iuris et de iure) puesto que no se analizan los distintos factores en concreto: si la pena es mayor a siete años, se presume un peligro de fuga y se condena al imputado a prisión preventiva automáticamente. Es decir, no se utiliza a la prisión preventiva como medida excepcional, se atenúa el principio de inocencia por condenas preliminares, se presume un peligro de fuga en abstracto sin considerar las particularidades de cada situación, se rechazan medidas de coerción personal alternativas y no se respeta el principio de proporcionalidad.

En segundo lugar, el uso del argumento del peligro de fuga para negar la libertad condicional u otras medidas implica una vulneración al principio que consagra que ningún imputado puede tener un trato más desfavorable al de un condenado. Si el rechazo de este beneficio se sustenta únicamente en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia, su situación se torna absurdamente más gravosa que si hubiese sido condenado, ya que en esta última circunstancia no se podría utilizar dicho argumento. En otras palabras, se utilizan fundamentos para negarle un beneficio a un imputado que no podrían usarse para negarle el mismo derecho a un condenado. La posibilidad de aplicar ciertos institutos (salidas transitorias, prisión domiciliaria, libertad asistida y libertad condicional) al procesado en prisión preventiva es directa consecuencia de la observancia del principio de proporcionalidad del encarcelamiento procesal, según el cual, como medida cautelar, no puede ser más gravoso que la propia pena388. Es decir, la situación de un procesado nunca puede ser peor que la de un condenado389.

En definitiva, todo esto constituye una vulneración de los derechos fundamentales: se ven afectados los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, se supera la razonabilidad de su duración y se coloca al imputado en una situación más gravosa que si hubiese sido condenado.



Conclusión

Los desafíos que se presentan al hablar de seguridad, defensa y derechos humanos no competen únicamente a las fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, ejército y todas sus variables) o a los políticos. Existen otros grupos de poder que tienen, por lo menos, las mismas responsabilidades que quienes ejecutan las medidas.

En Argentina, y generalmente en América Latina, las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores de preocupación que, en muchas ocasiones, conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas390. Su impulso, muchas veces, proviene de la prensa, y los responsables de tolerarlo y actuar de conformidad son los jueces y juezas. Las respuestas de los Estados ante estos contextos se basan primordialmente en políticas fuertemente centradas en los aspectos de control coercitivo y de represión punitiva391. Es decir, se prioriza el sistema penal y la privación de la libertad, en detrimento de programas de rehabilitación y reinserción social392. El motivo es que se propaga una “noción de que entre el sistema penal y la seguridad existe una relación directa que se podría resumir en la fórmula a más dureza penal, más seguridad393. Experiencias empíricas en distintos países, incluido el nuestro, han demostrado que no es así e incluso que el endurecimiento penal trae asociada mayor violencia394. Estas políticas buscan mostrar resultados a corto plazo pero no logran abordar adecuadamente las causas subyacentes ni se enfocan suficientemente en las causas estructurales, en la prevención ni en programas de inversión social y promoción de derechos395.

La influencia de los medios de comunicación, como formadores de opinión, en la determinación de políticas públicas y cursos de acción resulta innegable. El abordaje de una gran parte de los diarios y programas de radio y televisión sobre el crimen y el delito impulsa un clima propicio para la vulneración de derechos humanos, que luego los jueces se encargan de confirmar a través de vericuetos legales inconstitucionales, tal como se demuestra, por ejemplo, en el caso de D.M. Es decir, podríamos estar hablando prácticamente del primer y del último eslabón de la cadena, aunque a veces suelen pasar desapercibidos en esta discusión. Por supuesto que no se propone desde acá un ejercicio de censura previa o una revolución judicial, sino advertir la existencia de ciertos factores relevantes para la discusión y exigir que sean debidamente tenidos en cuenta a la hora de analizar posibles soluciones ante este panorama. Por ejemplo, a través de capacitaciones y de concientizar acerca de lo fundamental que resulta su trabajo en este contexto. Las herramientas jurídicas en la materia son abundantes y accesibles, lo necesario es reconocer el papel fundamental que cumplen estos actores, abstraerse de los discursos de moda y, en definitiva, adecuarse a los estándares internacionales en derechos humanos.



Bibliografía

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- Tribunal Oral en lo Criminal N°14. Causa n° 2253 “Carrera, Fernando Ariel” -incidente de excarcelación-, 6 de junio de 2012.




1 Tesista de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Facultad de Ciencias Humanas, Tandil.

Diplomatura en Defensa y Geopolítica Latinoamericanas (PLED-CCC y UBA). Mariano.delpopolo@gmail.com



2Ver http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/

3 Ver “Contributors to United Nations peacekeeping operations. January 2016” http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2016/jan16_1.pdf

4 Ver “Panetta reitera asociación y amistad con Chile” http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/04/201204304807.html#axzz3wJHksIjx

5 Ver http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS

6 Ver “U.S. Army's Top Pacific Commander Visits Chile”. 17 de Abril, 2015. http://www.pacom.mil/Media/News/tabid/5693/Article/585425/us-armys-top-pacific-commander-visits-chile.aspx


7 Ver XII Reunión del Comité Consultivo de Defensa entre Estados Unidos y Chile. http://chiledefensa.blogspot.com.ar/2012/06/xii-reunion-del-comite-consultivo-de.html

8 Ver “Subsecretario Robledo co-preside XV Reunión del Comité Consultivo de Defensa Chile-Estados Unidos” http://www.defensa.cl/noticias/robledo-preside-comite-consultivo-chile-eeuu/

9 Ver http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/Jets-from-USS-George-Wasington-train-with-Chilean-Air-Force-in-%27Blue-Sky-V%27-exercise.aspx


10 Ver http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/US-Marines,-multinational-troops-conduct-urban-ops-training-in-Chile.aspx

11 Ver http://www.lanacion.cl/armada-base-en-concon-es-el-centro-de-entrenamiento-para-cascos-azules/noticias/2012-04-17/212341.html

12 Ver http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/Army-South-Builds-Peacekeeping-Training-MOUT-Site-in-Chile.aspx

13 Perón, Juan D., conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, 10 de junio de 1944.

14 Perón, Juan D., Acta de Santiago, 21 de febrero de 1953.

15 Perón, Juan D., Acta de Santiago, 21 de febrero de 1953.

16 Perón, Juan D., Escuela Nacional de Guerra, 11 de noviembre de 1953.

17 ABC fue un ambicioso proyecto que nucleaba a los países Argentina, Brasil y Chile con miras a un mercado común e integración política, en los inicios de la década del 50.

18BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.


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