Edgardo villamil portilla



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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de abril de 2008, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario adelantado por Álvaro Cardozo Trujillo, Alfonso Bahamón Tovar y José Félix Calceto Ortiz frente a la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P., hoy Emgesa S.A., actuación dentro de la cual fue llamada en garantía la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.


Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Liquídense.
Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

(Ausencia justificada)

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

(Con impedimento aceptado)

WILLIAM NAMÉN VARGAS
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

ACLARACIÓN DE VOTO

Referencia: 73319-3103-002-2001-00161-01

No obstante compartir la decisión final, consigno nuestro respetuoso disenso en torno al tratamiento de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, y en particular, a su estructuración “a partir de la presunción de culpa”.

A este propósito, la concepción mayoritaria de la Sala al respecto, es decir, la responsabilidad por culpa presunta, no ha variado, por cuanto la rectificación doctrinaria contenida en la sentencia de casación de 24 agosto de 2009, expediente 01054-01, atañe a la doctrina adoptada por el Tribunal en la providencia impugnada, o sea, la aplicación del régimen de la culpa probada a las actividades peligrosas concurrentes, mientras en relación a la postura de la “responsabilidad objetiva”, se presentó un empate.


En nuestra opinión, deducir “la culpa de la demandada por ejercer una actividad de suyo peligrosa”, o más precisamente, la responsabilidad por “culpa presunta”, carece de soporte normativo y contiene per se una contradicción insuperable:
1. Ejercer una actividad peligrosa, nunca encarna de suyo una culpa, ni permite deducirla, inferirla o presumirla.
Contrario sensu, de ordinario, estas actividades se ejercen con la mayor diligencia y cuidado; ad exemplum, la generación, comercialización, distribución, aprovechamiento o prestación del servicio de energía o, la conducción de un automotor, jamás comportan, por sí y ante sí, culpa alguna.
El sólo planteamiento, esto es, la deducción, suposición o presunción de culpa por el simple ejercicio de una actividad peligrosa, contradice elementales reglas de experiencia, lógica y sentido común.
Distinto a presumir la culpa por sólo ejercer una actividad de esta especie, es la hipótesis concerniente a su ejercicio con culpa, es decir, en su desarrollo, el agente podrá incurrir o no en culpa, esto es, el daño derivado de tales actividades podrá ocasionarse con o sin culpa.
2. El artículo 2356 del Código Civil, en el cual la Corte, sustenta in abstracto la responsabilidad civil por actividades peligrosas, en parte alguna menciona, enuncia, consagra o dispone expressis verbis (art. 66, ejusdem) presunción alguna, menos de culpa, ni tampoco permite inferirla per se.
Aún más, la redacción del precepto, sin presunción ninguna, si bien sugiere una “regla general”, de reparar el daño “que pueda imputarse a malicia o negligencia”, desde luego, disciplina por excepción la reparación cuando así no acontezca, pues como precisó esta Corporación setenta y dos años atrás, la norma “que mal puede reputarse como repetición de aquél [artículo 2341] ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde.” (XLVI, pág. 215), “[e]xige, pues, tan sólo que el daño pueda imputarse (…) única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que enseguida pasa a imponer” (sentencia de 14 de marzo de 1938, XLVI, 211-217).
En consecuencia, tanto el legislador cuanto la inalterada jurisprudencia de la Corte, parte de la posibilidad de actividades peligrosas culposas y de actividades peligrosas no culposas, esto es, que en su ejercicio, el autor podrá actuar con o sin culpa, sólo que no es menester demostrar culpa alguna para estructurar la responsabilidad, ni su ausencia probada ostenta relevancia jurídica ninguna para exonerarse.
3. La postura de la presunción de culpa, además, de caer en el vacío, encuentra un escollo insalvable en la exigencia del elemento extraño exclusivo, o sea, fuerza mayor o caso fortuito, intervención de la víctima o de un tercero, para exonerar de responsabilidad, porque presumida la culpa, en términos lógicos, la prueba contraria eximiría de responsabilidad, pero la jurisprudencia con acierto, no la admite.
Obsérvese que, en la redacción literal del artículo 2356 del Código Civil, si el daño no se imputa a “malicia o negligencia”, no brotaría el deber de repararlo, y por ende, demostrada ausencia de “malicia o negligencia”, no habría lugar a la responsabilidad.
Luego, en qué se apoya la invariable jurisprudencia para sostener que la probanza de la diligencia y cuidado no exime de responsabilidad, ni es necesario acreditar la culpa para configurarla?.
Por supuesto, en la naturaleza, fundamento y ratio legis de esta especie singular, el riesgo o peligro que dichas actividades entrañan.
4. Como corolario y en obsequio de la brevedad, la tesis que la Corte ha postulado, así no lo diga ni reconozca literalmente, estricto sensu y en rigor, se aproxima más a una concepción “objetiva” aunque agregando la contradictoria e insostenible supuesta “presunción de culpa”, además carente de toda utilidad probatoria.
A no dudarlo, esta Corporación de ataño, en forma constante, invariable, uniforme y reiterada ha dicho que, es suficiente para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas, probarla con el daño y la relación de causalidad, y para exonerarse no basta acreditar diligencia y cuidado, o sea, ausencia de culpa, sino el elemento extraño exclusivo (sentencias de febrero 28/1956, LXXXII, 107; 5 de abril de 1962, XCVIII, págs. 341-344; 13 de febrero y 8 de mayo de 1969, CXXIX, 112-118 y CXXX, 98-107; 17 de abril y 28 de julio de 1970, CXXXIV, 36-48 y CXXXV, 54-59; 16 y 17 de julio de 1985, CLXXX, 138-151y 152-159; 29 de agosto de 1986, CLXXXIV, 222-238; 18 de septiembre de 1990; 5 de mayo (Exp. Núm. 4978) y 25 de octubre de 1999 (CCLXI, 874-885), 14 de marzo de 2000 (Exp. Núm. 5177), 7 de septiembre de 2001 (6171), 23 de octubre de 2001 (LIX, pág. 1101), exp. 6315, no publicada oficialmente), 30 de septiembre de 2002 (Exp. Núm. 7069), 3 de marzo de 2004 (Exp. Núm. 7623), 30 de junio de 2005 (Exp. Núm. 1998-00650-01), 19 de diciembre de 2006 (Exp. Núm. 2000-00011-01) y 2 de mayo de 2007 (Exp. Núm. 1997-03001-01), entre otras).
Y, tal aserto, quiérase o no, es lo que se conoce en la doctrina universal con el nomen de responsabilidad objetiva en sentido relativo.
En cualquier caso, la responsabilidad civil por actividades peligrosas es especial y está sujeta a un régimen jurídico propio, singular y concreto en cuanto hace a sus presupuestos estructurales, razón de ser y fundamento.
Así, para su constitución, a la víctima, es suficiente acreditar la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad.
Del mismo modo, en línea de principio, para exonerarse de responsabilidad, a quien se imputa el daño, únicamente es admisible comprobar el elemento extraño, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, participación de la víctima o la intervención de un tercero, cuya verificación rompe la relación de causalidad e impide la imputación causal, siempre que sea una causa extraña exclusiva.
Por tanto, el agente no se exime de responsabilidad probando ausencia de culpa o haber empleado la diligencia y cuidado exigible, por cuanto la responsabilidad radica en quien ejerce una actividad calificada como peligrosa por su potencialidad dañosa, es decir, generadora de riesgos o peligros para la comunidad más allá de los que son usuales, ordinarios o corrientes en la vida de relación.
WILLIAM NAMÉN VARGAS

Magistrado



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


ACLARACIÓN DE VOTO


Ref.: 73319-3103-002-2001-00161-01

Expongo a continuación, de manera breve, las razones por las cuales he considerado pertinente aclarar mi voto en relación con la sentencia de casación proferida en el proceso de la referencia, cuya parte resolutiva comparto plenamente.


1. Se indica en la referida sentencia de casación que siendo la actividad de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica una actividad de las que tradicionalmente se han estimado como peligrosas, corresponde al juzgador, para efectos de establecer si concurren los requisitos para declarar la responsabilidad civil derivada de los daños que en virtud de ella se hayan causado, considerar que el factor de imputación de dicha responsabilidad es de naturaleza subjetiva –culpa- y que por aplicación de la preceptiva contenida en el artículo 2356 del Código Civil hay lugar a presumir dicha culpa. Por otra parte, en la sentencia se hace alusión en diversos apartes a circunstancias que serían demostrativas de la imprudencia con la que habría actuado la electrificadora demandada –fls.108 a 110- y que, por ende, servirían para apuntalar la atribución de la responsabilidad que contra ella se ha realizado.

2. Es suficientemente conocido que en nuestro ámbito el criterio de atribución de la responsabilidad corresponde de manera general a un factor eminentemente “subjetivo”, particularmente el relacionado con la culpa de aquel a quien se pretende imputar la responsabilidad, por cuanto se considera que su comportamiento no corresponde a los estándares de conducta que la sociedad espera de él. Sin embargo, no se puede desconocer que, en eventos ciertamente excepcionales, el ordenamiento ha consagrado situaciones o actividades en las que la atribución de la responsabilidad se realiza de manera estrictamente objetiva, como ocurre cuando con determinadas actividades se introducen factores extraordinarios de riesgo frente a los que son usuales en la vida en comunidad, mas aún cuando de los mismos se obtienen importantes ganancias o beneficios.


3. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación, al abordar la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, estructurada a partir de 1938 y con estribo en el artículo 2356 del Código Civil (Cas. Civil., sentencias de 14 de marzo, G. J. t. XLVI, pág. 216; y mayo 31, G. J. t. XLVI, pág. 561), de manera constante ha considerado que una vez acreditados el daño y la relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio, corresponde imputar la respectiva obligación indemnizatoria a aquel que se pueda considerar como guardián de la cosa o de la actividad riesgosa generadora del daño, al paso que éste, en su defensa, sólo puede esgrimir el acaecimiento de un factor extraño como causa de los perjuicios sufridos por la víctima, es decir, que el demandado debe situar su defensa en el campo de la causalidad y no en el de la imputación subjetiva.
4. La Corte ha considerado tradicionalmente que en el mencionado sistema de responsabilidad civil se aplica una presunción de culpa, según la cual el guardián de la actividad peligrosa, por el hecho de serlo, se presume responsable –o culpable, según los diversos matices existentes al respecto-. Sin embargo, dicha presunción no puede ser desvirtuada por el sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad, como quiera que el sistema no le permite probar su propia diligencia. Esto significa que aunque se observara diligencia y cuidado en su comportamiento, para todos los efectos legales se le considera culpable y, por ende, responsable. Se trata, en últimas, de una presunción de derecho de que él ha obrado culpablemente.
Es decir, en el entendimiento tradicional de este sistema de responsabilidad civil no hay lugar a acreditar ni desvirtuar la culpa, pero, aún así, al guardián de la cosa o actividad peligrosa siempre se lo considerará como un sujeto cuyo comportamiento no ha superado los niveles de diligencia que deben observarse en la vida en sociedad, aun cuando tal inferencia no tenga correspondencia con lo que en realidad haya acontecido.
5. Dadas las inconsistencias advertidas en el numeral anterior, y sin que se requiera tomar partido respecto de las diversas controversias semánticas que sobre este tema se han planteado, estimo que, de conformidad con el inciso 2° del artículo 2356 del Código Civil, quien en la vida en sociedad desarrolla una actividad peligrosa se considera por el ordenamiento como especialmente responsable de los daños que haya ocasionado, sin que en tales eventos se necesite acreditar, debatir o desvirtuar la culpa en que hubiera podido incurrir, por cuanto en el sistema de que se trata se responde más allá de la culpa, es decir, se responde ultra culpa, según acertada expresión de la doctrina especializada.
6. En concordancia con lo anteriormente señalado, y en relación con el asunto sub examine, debo manifestar que no comparto las alusiones que se realizan en la sentencia a la presunción de culpa que se establecería en contra de la Central Hidroeléctrica de Betania S. A. E.S.P –hoy Emgesa S.A.- por el hecho de adelantar una actividad peligrosa como lo es la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, ni tampoco las referencias que se hacen en algunos apartes de las consideraciones a la imprudencia o al descuido de la electrificadora, pues, al tratarse de una actividad peligrosa, la imputación de la responsabilidad civil a quien ejerza el control de tales actividades no se debe realizar con fundamento en factores o criterios de naturaleza subjetiva, probados o presuntos, pues, en opinión del suscrito, en tales eventos la responsabilidad civil se imputa de manera especial a quien con su conducta o comportamiento haya incrementado de manera extraordinaria los riesgos o peligros que las personas deben asumir en la vida social.

Fecha ut supra




ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ

Magistrado


1Roberto M. López Cabana. La indexación de las deudas dinerarias; en Indexación en el Derecho Argentino y Comparado. Buenos Aires. Depalma. 1979. Pág. 76.

2


 Jorge Bustamante Alsina. Indexación de deudas de dinero. En Responsabilidad civil y otros estudios. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 1984. Pág. 166.



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