Derecho Procesal – Profesor Alberto Balbontín Introducción



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Derecho Procesal – Profesor Alberto Balbontín


Introducción.
Todos sabemos que somos titulares de Derechos, cuando vendemos algo, sabemos que tenemos derecho a que se nos pague el precio, tenemos Derecho a que no nos roben.

El Derecho es un conjunto de normas que nos impone el Estado a la sociedad para tener una mejor convivencia.

Todos necesitamos vivir en sociedad, y necesitamos estar con otros individuos para satisfacer necesidades.

De pronto surgen problemas, conflictos, se establecen normas de conducta para que podamos vivir en forma ordenada. Y así conocemos que Derechos y obligaciones tenemos respecto de nuestros semejantes, relaciones entre el Estado y nuestros particulares, hay también normas de conducta.

Ocurre que las personas no cumplen estas normas de comportamiento, y no necesariamente de mala fe, y hay que determinar quién es el que va a pagar, quién se va a hacer cargo.

El primer rol del Derecho es establecer normas de conducta. Y la otra función o Rol, es cuando surge el conflicto, organizar la manera de resolver ese conflicto, de manera pacífica y ordenada, que se organice adecuadamente, y que se va a restablecer el orden jurídico. Y para esta función el Derecho tiene una rama llamada Derecho Procesal.

Si no existieran estas normas, volveríamos a la ley de la selva, donde no existen mecanismos de solución de conflictos, que nos dicen organizadamente, pacíficamente, cómo debemos reaccionar, sino que reaccionamos individualmente.

Defensa Privada, si yo veo que se me priva de un Derecho, yo reacciono, con mi familia o población.

El Derecho Procesal nos dice que frente a una infracción debemos recurrir a uno de los mecanismos de solución de conflictos, el principal es los tribunales de justicia, para que a través de un método de discusión denominado por ley el proceso, resolvamos el conflicto, castigando al infractor.

La rama del Derecho, que es el Derecho Procesal es una rama destinada a organizar la estructura judicial del Estado a través del establecimiento de órganos encargados de tomar conocimiento de los hechos, del conflicto, con el objeto de resolverlos mediante la aplicación de las normas de Derecho sustantivo, y señala además ésta rama del Derecho, aquel conjunto de normas, principios y preceptos legales que nos dicen como deben comportarse esos órganos jurisdiccionales y las personas, para que el conflicto quede resuelto.

El Derecho Procesal también se ocupa de cuales son las reglas del juego de la discusión de las partes litigantes, solución que queda en la sentencia definitiva que se va a pronunciar al final del proceso.

El Derecho Procesal contiene normas de Derecho Procesal Orgánico, que son las normas que regulan cuales son los órganos que deben ejercer la función jurisdiccional del Estado, las leyes que crean los tribunales y también las normas que le dan atribuciones a estos órganos para saber si vamos a tener que ir a un tribunal de familia, trabajo, etc. Lo que tiene que ver con las competencias de estos respectivos órganos, lo que nos va a permitir saber si para discutir un determinado conflicto vamos a tener que ir a un tribunal civil, laboral, penal, etc.

Se reconoce otra categoría, como Derecho Procesal Funcional, que se refiere al modo en que debemos actuar, las diligencias que debemos hacer, para que el conflicto que hemos llevado ante ese tribunal de justicia, sea conocido por el tribunal, que yo pueda contar mi versión, que el tribunal pueda oír la versión de la otra persona contra quien estoy reclamando mi derecho para que ese tribunal emita un fallo, dicte su sentencia. Todo esto corresponde al proceso jurisdiccional, cuales son las reglas del juego de esta discusión. Nos va a decir este Derecho si tenemos que ir a una audiencia, como se prueba en el proceso, etc.

En los Procesos Jurisdiccionales se suele debatir tanto cuestiones de Derecho como cuestiones de hecho.



Las cuestiones de hecho: van a tener que ver con las versiones de cada una de las partes, porque cada parte tiene su versión de los hechos. Cada uno tiene su propia forma de apreciar su entorno. Cada uno tiene su propia versión y las va a conocer ambas el tribunal. Y luego para que el tribunal pueda tener convicción, existe la actividad probatoria, testigos, peritos, fotos, inspección, todo esto, destinado a que el juez pueda comprobar la descripción de cada uno, comparando con la realidad los hechos.
Cuestiones de derecho: Que normas jurídicas son aplicables a este caso determinado.

Por otra parte, frente a esta situación, que preceptos legales son aplicables, que es una discusión meramente jurisdiccional. Donde se pueden aplicar la: Argumentación Jurídica, Interpretaciones Doctrinarias.

Cuando el juez emite un fallo, primero debe establecer los hechos. Y decir entonces, cuales fueron las versiones que se le presentaron, las pruebas, etc. Y decir por ejemplo que le cree al demandante.

El Derecho Procesal nos va a servir tanto si nosotros queremos trabajar como abogados litigantes o como jueces, porque obviamente se tiene que conocer el proceso, la tramitación, los jueces son los primeros interesados en conocer el Derecho Procesal. Cumple una función muy especial.

La Función Jurisdiccional es aquella función del Estado que tiene por objeto permitir la solución de los conflictos jurídicos que ocurren dentro de la sociedad.
Concepto-> “Derecho Procesal” de Valentín Cortés.
El Derecho Procesal regula la aplicación jurisdiccional del Derecho. Esto es disciplina como se produce, desarrolla y concluye la actividad necesaria para actualizar en el caso concreto de que se trate la eficacia imperativa de las normas jurídicas mediante el mandato determinado y específico de la sentencia judicial.”


  • El Derecho Procesal regula la aplicación jurisdiccional del Derecho.

¿Quién aplica el Derecho?


Los jueces, legisladores, los abogados, particulares, poder ejecutivo, etc. Todos aplicamos el Derecho.

Cuando una de las personas no cumple con el contrato que contrajo, surge el conflicto, entonces es necesario resolver ese conflicto. Tengo que recurrir a un tribunal para definir quién tiene la razón y quién no. El cumplimiento de la ley se produce mediante los jueces.

Precisamente, la función, el propósito del Derecho Procesal es establecer de que manera los jueces hacen cumplir el Derecho, cómo se debe hacer cumplir el Derecho a través de la actividad jurisdiccional del Estado. El Derecho Procesal indica que juez es el que debe intervenir en ese conflicto y luego como debe actuar ese juez, que procedimiento debe seguir.


  • Esto es, disciplina de cómo se produce, desarrolla y concluye la actividad necesaria.

Es una consecuencia directa el proceso que debe seguirse para discutir y resolver un conflicto jurisdiccional ante los órganos jurisdiccionales. Cómo se produce. En definitiva el Derecho Procesal le dice a uno que si quiere obtener el castigo de una persona que me estafó, que me robó, lo que yo tengo que hacer es presentar una querella, y esta se debe presentar ante el juez de garantía de la ciudad donde ocurrió el hecho.

O si no me pagaron el arriendo, presentar una demanda en juzgado civil, o en su lugar a las Cortes de Apelaciones, para que ésta la remita al juzgado civil correspondiente, mediante el trámite de “Distribución”.

Cómo se desarrolla, una vez que se ejerció la acción, se ha iniciado el proceso, que es lo que viene después, una audiencia, comparendo, etc.

Cómo concluye, la forma normal de conclusión de un juicio o proceso jurisdiccional es mediante la sentencia definitiva. El Derecho Procesal dice que es lo que debe decir el juez en esa sentencia definitiva. Pero no siempre concluye con la sentencia definitiva un proceso. Lo normal es que sea necesario seguir con una etapa siguiente, que es la de Ejecución. Donde es necesario cumplir forzadamente esa sentencia, incluso mediante la fuerza pública, ese mandato establecido por la sentencia. Ej: eventualmente se puede llegar a un embargo para que el defendido pueda obtener su indemnización.

La solución jurídica no siempre se agota con la sola dictación de la sentencia definitiva.




  • Para actualizar en el caso concreto de que se trata la eficacia imperativa de las

Normas jurídicas.

Las normas jurídicas son hipótesis de hechos a los que se le atribuyen consecuencias jurídicas. Ej: Contrato de Compraventa, la obligación del comprador es pagar el precio. Pero esos preceptos establecidos en la ley son abstractos y generales. Todas las compraventas están supeditadas a la misma norma.

Cuando surge un conflicto, convierte en concreta la situación de la hipótesis genérica y abstracta, que se considera en el ordenamiento jurídico.

El Derecho Procesal lo que hace es permitir que aquello que el legislador previó en abstracto que podía ocurrir, como que el comprador no pagara el precio de la cosa, se actualiza para que hoy que tenemos el conflicto, el juez actualice la norma y establezca que el comprador debe pagar el precio.




  • Mediante el mandato determinado y específico de las sentencias judiciales.

Lo que hace la sentencia judicial es señalar específicamente para ese caso concreto y determinado cual debe ser la conducta a la cual se deben adecuar su comportamiento las partes litigantes. Complementa el trabajo del legislador.


Benaventes

Derecho procesal: Aquella rama del derecho que regula la forma solemne en que se proponen, discuten y resuelven las cuestiones sometidas a los tribunales. Este concepto tan sintético lo da Darío Benavente y no cubre todo lo que es la rama del derecho procesal que también fija los procedimientos y atribuciones de los tribunales de justicia. Determina la organización que se da el Estado para atender los problemas de justicia (tribunales) y las atribuciones de estos órganos. Benavente define una de las subramas del derecho procesal que es el derecho procesal funcional, es decir, aquella que se ocupa del modo en que deben tramitarse los juicios, los procesos jurisdiccionales.
Fernando Alessandri

Derecho procesal : Conjunto de reglas referentes a la organización y atribuciones de los tribunales. A la forma de hacer valer las acciones en los juicios y a la manera de solicitar a los tribunales sus intervención en los actos de jurisdicción voluntaria.

Describe de manera más completa los distintos ámbitos de los que se ocupa el derecho procesal.


La jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no resuelve conflictos entre partes. Ej.: un cambio de nombre en una persona, posesión efectiva en ciertos casos, petición para enajenar bienes de una persona incapaz 8autorización).

Este concepto cubre lo orgánico, lo funcional y lo voluntario del derecho procesal.


Derecho procesal orgánico: conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto regular la organización y atribuciones que tiene los órganos que cumplen la función jurisdiccional del Estado.
Derecho procesal funcional: regula la forma en que los tribunales y los justiciables (personas que recurren a los tribunales) deben comportarse en el desarrollo de la actividad procesal)
15/03/
Los juristas han creado el instituto iberoamericano de derecho procesal, institución de carácter académico en la cual se reúnen todos los años para aunar criterios que sirven para que las legislaciones de los distintos países se vayan equiparando.

No se trata de tener un solo código, sino que sus códigos sean parecidos. Ellos crearon un código modelo iberoamericano para orientar a los países en su legislación penal. Es el código procesal penal moderno. Nuestro código procesal penal tomó ese como modelo. También se tomaron otros modelos de otros códigos.

El autor del libro “Teoría general del proceso” fue uno de los redactores del código procesal iberoamericano modelo.
(Lectura obligatoria del Capítulo I de “Teoría general del proceso”, Enrique Vescovi)
La doctrina reconoce como temas básicos del derecho procesal: La jurisdicción y el proceso, cuyo estudio va a formar parte muy importante de este curso.
Los Temas Fundamentales del Derecho Procesal.
La Jurisdicción, la Acción y el Proceso.


La Jurisdicción

Héctor Fix Zamudio



“Es la función pública que tiene por objeto resolver las controversias jurídicas que se plantean entre dos partes contrapuestas y que deben someterse al conocimiento de un órgano del Estado, el cual decide dichas controversias de manera imperativa, y desde una posición imparcial.”


  1. Es una función pública en cuanto el Estado despliega su actividad en 3 ámbitos: Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional.

Es una Función que pone en relación a los individuos con el Estado, situándose este en una posición de autoridad frente a los sujetos.

También el Estado se sitúa en posición de semejante con los sujetos, como cuando a través de sus órganos contrata servicios, etc.


  1. Resolver las controversias que se producen entre las personas.

El Estado crea normas de conductas, y se pone en la hipótesis de que ocurran discrepancias con ellas. Por lo que crea ésta estructura judicial, para que se resuelva pacíficamente, civilizadamente estos conflictos.

A veces también surgen conflictos entre los sujetos y el Estado, aquí el Estado toma un doble rol, donde toma parte de un juicio como parte o litigante, y como juez.


  1. La solución que viene dada por el ejercicio de la función jurisdiccional, tiene un carácter imperativo.

La sentencia se impone, debe cumplirse necesariamente, y si no se cumple, el tribunal tiene atribuciones para recurrir a la fuerza pública, la facultad de imperio.




  1. La actividad jurisdiccional supone una solución heterocompositiva de los sujetos, la solución viene adoptada por un sujeto ajeno a las partes, un tercero es el que señala la solución del conflicto. No es cambio una solución autocompositiva donde uno mismo es el que soluciona el conflicto.



  1. La Imparcialidad.

Es uno de los principios básicos de la función jurisdiccional. En el sentido de que el juez encargado de dar una solución al conflicto debe situarse en una posición de equidistancia anímica.

En aquellos sistemas procesales, donde el juez se pone en la posición de querer condenar a una de las partes, no existe proceso judicial.

Un proceso jurisdiccional donde el juez no es imparcial, no es tal.


La Acción
El derecho o la facultad que el derecho le reconoce a toda persona para requerir del estado su intervención a través de los órganos jurisdiccionales en cualquier conflicto jurídico que le afecte.

En definitiva, se pude representar como la llave o el instrumento jurídico que tiene cada uno de nosotros para ir a los tribunales y reclamar el reconocimiento y tutela de nuestros derechos.

El autor Eduardo Couture señala que la acción es una de las formas de expresión del derecho constitucional de petición a la autoridad. Todos tenemos entre nuestros derechos esenciales el derecho de petición, es decir, de dirigirse a la autoridad para que le brinde reconocimiento, protección y tutela d nuestro derecho.

La constitución española en el art. 24 señala que toda persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos.

Cuando se organiza la sociedad, y surge el Estado, lo que se hizo fue proscribir (prohibir) la autotutela.

No está permitida, pero a cambio de ello el Estado asume la tutela de nuestros derechos.


Tutela Efectiva

Puede suceder que yo entable una demanda y de que reclamando un derecho, el juez puede decidir no a mi favor.

Lo único que impone la tutela es que el Estado escuche a las partes. La obligación del Estado es tomar conocimiento de lo que digan las partes y resolver conforma a lo anterior, el iniciar el proceso.

El concepto d tutela efectiva es necesario matizarlo porque este concepto lo único que le impone al estado es que comience a hacerse cargo del conflicto, que conozca las versiones de cada una de las partes y no a concederle la demanda sólo al demandante por defender sus derechos.


El Proceso
Es el instrumento formal de que se sirve el estado para al ejercicio de la función jurisdiccional. Consiste en el conjunto de actos jurídicos procesales ejecutados, en post de llegar a una sentencia definitiva, que es lo que pone fin al proceso.

El proceso es una sucesión de eventos que se van encadenando unas a otras. En un conjunto sucesivo de actos jurídicos procesales que se suceden para llegar al acto final, que es la sentencia definitiva donde el juez va a decir cual es el comportamiento que deberán adoptar los sujetos.
El proceso jurisdiccional es entonces un conjunto de actos jurídicos procesales que se suceden para llegar finalmente a la sentencia que es la solución del conflicto.

La sentencia es una norma jurídica que se diferencia de la ley en que se refiere a un caso en particular y concreto.


Ejemplo: Un proceso civil (cobro indemnización, etc.) se inicia normalmente con la interposición de una demanda, luego el tribunal emite una resolución, que es la respuesta a la demanda, donde puede decir, que se traslade al demandado para contestar a la demanda. Esa resolución aún desconocida por el demandado, debe ser notificada al demandado, entregarle una copia de la demanda.

El demandado contesta la demanda, presenta otro escrito, frente a esta contesta, el tribunal emite otra resolución y se la notifica al demandado, luego vienen las pruebas, etc. Y finaliza con la sentencia definitiva.

Las Demandas, Resoluciones Judiciales, etc.

El proceso es el instrumento formal de que se sirve el Estado para resolver los conflictos entre los justiciables.


Los tres conceptos anteriores son los pilares del derecho procesal, son sus fundamentos. Se puede agregar un cuarto elemento:
La Cosa Juzgada

Aquello que ya fue resuelto por el tribunal. La acción jurisdiccional esta encargada por el Estado, a quién pone en movimiento el proceso.


Unidad y Diversidad del Derecho Procesal.
El Derecho Procesal cumple la función de que los derechos que el otorga el Estado a las personas sean protegidos, de manera que cuando sean transgredidos, estos recurran al Estado.

El Derecho Procesal tiene una característica particular y es que es instrumental. Porque es el instrumento a través del cual las personas recurren al Estado para proteger sus derechos.

Cada Rama del Derecho tiene sus características propias, entonces el Derecho Procesal debe crear los procesos idóneos para que las personas en conflicto hagan valer sus derechos de la mejor forma, dentro de cada una de estas ramas del Derecho.

Todo lo que no es Procesal es material o sustantivo. Por lo que esto ha llevado a algunos autores a decir que no existe una rama del Derecho Procesal General, sino que hay tantos Derechos Procesales como ramas del Derecho existen.


20/03/07
El derecho procesal no puede concebirse como una rama única del derecho, es necesario estudiar el Derecho Procesal a partir de los diversos Derechos Sustantivos, a los cuales sirve de instrumento de aplicación. Por Ej: en Derecho Laboral la idea es hacer que la relación entre el trabajador y el empleador se equilibre. En cambio, la situación en materia comercial ya es más igualitaria, por tanto aquí no interesa favorecer a las partes.

El Derecho Penal regula las relaciones entre el Estado y las personas, quienes cometen un hecho delictual, y el Derecho establece bajo que condiciones el Estado está legitimado para ejercer el castigo y bajo que condiciones se realizará la investigación pertinente.

El Derecho Procesal, el Derecho que regula la forma en que deben desarrollarse, relacionarse los conflictos en Derecho Laboral, Comercial, Penal, debe ser idóneo respecto de cada rama del Derecho.

Los que han establecido esta idea de que el Derecho Procesal no es uno sólo, han sido los cultores del Derecho Penal, que plantean la idea de que el Derecho penal y el Derecho Procesal penal deben ser una sola rama, y esta idea se asocia con la diversidad del Derecho Procesal.


Argumentos de los Separatistas del Derecho Procesal.


  1. El interés comprometido en el proceso penal, versus el interés comprometido en el proceso civil.

Se dice que en el proceso penal, es un conflicto que afecta y compromete el interés de toda la sociedad, precisamente por la aspiración de convivencia pacífica de la sociedad, y cuando se requiere iniciar el proceso penal para castigar al responsable, es la sociedad entera la que está interesada en el éxito de ese proceso. Precisamente los delitos se tipifican porque a la sociedad le interesa castigar ese tipo de conductas que afectan a la sociedad.

En el Proceso Civil, está destinado a resolver los conflictos que aparecen en este otro campo de las relaciones humanas, se entiende que el interés comprometido que vemos en el proceso civil es un interés privado, a la sociedad no le importa como se resuelve un conflicto entre un empleador y trabajador, entre marido y mujer, o empresario y proveedor. Desde este punto de vista se afirma este argumento del interés comprometido.




  1. La inevitabilidad del Proceso Penal, versus la eventualidad del Proceso Civil.

El Derecho Penal se actúa, se aplica sólo en la medida que ha habido un proceso jurisdiccional previo que legitime la acción del Derecho Penal.

El Derecho Penal se aplica, cuando se le aplica una sanción prevista al responsable del hecho tipificado. Para que pueda actuarse en el Derecho Penal, es ineludible que exista la decisión de un órgano jurisdiccional prevista en la norma penal, y que ese hecho pueda ser imputable a una persona determinada y que esa persona sea culpable o susceptible de ser sancionada. El Derecho Penal no puede ser aplicado antes que exista un proceso Penal.

En materia civil ocurre de forma distinta, porque aquí es posible que la norma sustantiva del Derecho Civil pueda aplicarse aún cuando surja un conflicto, sin que sea necesaria la existencia de una sentencia.

Los conflictos no penales pueden resolverse de forma directa, extrajudicial, o a lo menos sin la presencia de una sentencia de un juez, que establezca la forma en que se solucione ese conflicto. Ej: Un banco demanda a su cliente por deudas, pero puede ser que el banco negocie la deuda o la condone, sin la necesidad de una sentencia.

En este caso, el conflicto civil, la norma se cumple, sin necesidad de pasar por un proceso jurisdiccional, donde nace la expresión de la eventualidad del Proceso Jurisdiccional civil.

Esta tesis de la separación del Derecho Procesal Penal, surgió en una época en que los procesos penales tenían un diseño muy particular que se caracterizaban por darle al juez un cúmulo de atribuciones que le daban un rol protagónico en el Proceso Penal.

Este Proceso corresponde a lo que se denomina el Proceso Penal Inquisitivo, que consiste en que se le atribuyen al juez las facultades para que este pueda tomar todas las diligencias necesarias para que se investigue la persona del responsable, si el hecho realmente ocurrió.

En Este modelo, el juez es quién tiene la dirección y la responsabilidad de juzgar a esa persona. Bajo este modelo, se puede encontrar un contraste en materia civil, porque aquí el proceso se configura con el protagonismo que se le otorga a las partes, aquí el juez tiene una posición de pasividad. Toda la investigación está a cargo de las partes, quienes deben procurar de presentar todos los médicos de prueba. Aquí el juez sólo toma una posición de árbitro, como quien hace respetar las reglas del juego. Esta diferencia era pertinente en este sistema de proceso Penal Inquisitivo.

A final del siglo XIX y casi en todo el S XX, en el Régimen Europeo Continental, el Régimen Procesal Penal era el inquisidor. Pero en Chile, desde el año 2000 se ha ido introduciendo un modelo de proceso Penal, llamado modelo Acusatorio, que se caracteriza por una asignación de roles a las partes y al juez, distintas de las que tenían en el proceso inquisitivo. Se le reconoce a las partes el rol protagónico y el juez toma una posición de contralor, ya no es un juez investigador, es un juez que está atento de las relaciones de las partes. Y quién realiza la investigación son las partes, individuos diferentes al juez, el ministerio público, fiscal o querellante. Una vez conseguido se le exponen los hechos al juez y éste tomará su decisión en base a estos hechos.

En este nuevo proceso penal no es posible establecer una diferencia clara, porque en ambos procesos, civil y acusatorio, el juez sólo juzga las conductas de las personas y decide la norma aplicable al hecho, y donde las partes son las protagonistas del conflicto.

Los separatistas agregaban como argumento el distinto rol del juez, que en el proceso penal inquisidor tenía un papel protagónico, no así el juez civil. Pero como hoy en el proceso acusatorio no es así, no existe tal diferencia.


Common Law, Régimen Británico - > Siempre ha existido el régimen acusatorio, el sistema de precedentes.

Civil Law, Régimen Europeo Continental - > Régimen Procesal Penal Inquisitivo, son juicios escritos, no existía la idea de la oralidad, no existe el precedente. La ley es mucho más importante que el precedente.

Con el tiempo ha habido una convergencia entre estos 2 sistemas. El régimen Inquisitivo ha adoptado características propias del sistema del Common Law.

Pero también el Common Law ha ido adoptando características propias del sistema inquisidor, como lo es la importancia de la ley, que se ha asemejado a la importancia de la costumbre en este sistema.

En nuestro sistema rige el Sistema Acusatorio. Lo que sí, las causas antiguas son las llevadas en el sistema antiguo, con el juez investigador.


Argumentos de los Unitaristas del Derecho Procesal.
Frente a los separatistas, están los Unitaristas, que son una mayoría en la actualidad, y contra argumentan las consideraciones de los separatistas, esta es, el interés comprometido. O sea, de que no es tal el que en el proceso civil están sólo interesadas las partes.

.- Si bien no son tan graves como para ser delitos, pero ciertamente bien hay ahí involucrado un interés público, porque a la comunidad le interesa que esos conflictos se solucionen. Por eso el proceso Civil reviste tanto interés como el Proceso Penal, porque a la sociedad no le interesa que el proceso se eternice, y que afecte a otros individuos. Frente a ello, el Proceso Penal, si bien compromete al interés público, porque afecta gravemente la convivencia de la comunidad, pero bien hay personas que están individualmente interesadas por el resultado del proceso penal, como lo es la víctima, que le interesa que al agresor se le condene con la debida pena y que repare el daño causad. Y a éste también le interesa que el proceso termine correctamente, en el caso que fuera inocente, o al culpable, que quiere que se le aplique la correspondiente pena, que es la más justa según el mérito de los antecedentes.

La función del defensor, no es absolver al inculpado, sino que tratar que se le aplique la pena correspondiente a la gravedad del hecho.

.- Respecto de la inevitabilidad se contraargumenta, afirmando que es relativa esa situación, porque existen conflictos donde las partes pueden convenir una solución distinta a la que dirá el juez en la sentencia. Por ej: el delito de injurias, donde el autor puede ser perdonado, y la víctima puede convenir con el autor del hecho una solución distinta, donde el autor deba cometer una conducta para reparar el daño, como una disculpa pública.

El Proceso Penal no siempre es inevitable, a veces puede ser eventual, y el proceso civil, no siempre es eventual, hay conflictos que deben ser solucionados necesariamente con un proceso civil. Por Ej: el divorcio, no basta el mutuo consentimiento o firma, es necesaria una sentencia de un juez civil. Hay situaciones que no pueden ser resueltas sin una sentencia civil. Habitualmente los conflictos vinculados con el Estado Civil de las personas hacen inevitable el proceso civil.

.- Adicionalmente a estas contra argumentaciones, los unitaristas afirman que por ejemplo, el proceso siempre está sustentado en la base de ciertas instituciones comunes, como la cosa juzgada, resoluciones judiciales, acción, recursos, notificaciones, propio proceso, etc. Son los elementos básicos con que debe constituirse un procedimiento ya sea este civil o penal. Entonces no es posible hacer esta separación. Siempre hay que elaborar una teoría general del proceso.

Según Vescovi, no hay una manera de unificar completamente el Derecho Procesal.

En Chile, uno de los defensores de la unidad del Derecho Procesal, es Hugo Pereira Anabalón, quien trata de demostrar que nuestro ordenamiento se sustenta sobre la base de la unidad del Derecho Procesal, sobre la base en que la forma en que son regulados los tribunales, y para ello cita disposiciones:

Art. 76 de la Constitución, Art. 82 de la Constitución.

Artículo 76.- La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

Para hacer ejecutar sus LEY resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.
Los tribunales establecidos por la ley están en el Código orgánico de tribunales que regula el funcionamiento de todos ellos (concepción unitaria).
Artículo 82.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.

Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.

Hay un solo órgano que puede conocer toda clase de causas y además tiene la tuición sobre todos los demás tribunales (concepción unitaria) y esa es la Corte Suprema.

Art. 19 Nº 3 inc. 5 de la Constitución.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
Consagra el principio del debido proceso también es un concepto unitario de las normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado.
En materia Penal, cuando alguien comete un delito, lo hace con la intención de no ser descubierto, y cuando alguien se da cuenta del hecho, lo que percibe es el efecto de ese hecho, la consecuencia del delito.

Ese Proceso Penal que se ha iniciado implica violentar ciertos derechos de las personas que pueden ser inocentes. El Proceso Penal debe regular la manera como debe llevarse a cabo la investigación, el proceso, las medidas cautelares, etc.

Cuando se trata de Procesos Civiles, normas que regulan relaciones civiles, el régimen es distinto, no se pone tan en riesgo los derechos fundamentales de las personas.

En materia penal, es necesario que se regule el Proceso Penal, no tanto en el Proceso Civil, como en los primeros parte de la investigación no se va a allanar la casa del inculpado o se violaran derechos.

Cuando se ejerce un derecho de carácter civil, lo que le interesa a la gente es que queden huellas de eso, no como en lo Penal, donde el delincuente no quiere ser descubierto.
Cuando se celebra un contrato interesa dejar todo claro, por lo que no es difícil establecer las características de la relación civil.

Procesos Penales y Procesos Civiles tienen sus diferencias, pero no por ello el Derecho procesal debe concebirse por separado, sino que como un todo instrumento de los Derechos.

Es tan clara esta unidad, que suele darse que cada vez que se abre un proceso penal, se admite la posibilidad de que junto con juzgar en el sentido penal, se permite discutir los efectos civiles que tendría ese acto delictual. Por Ej: se inicia un proceso por un robo, pero se permite a la vez iniciar un proceso civil para demandar la restitución de los bienes. En un proceso se confunden acciones penales y civiles.
La Ley Procesal como Principal Fuente del Derecho Procesal

José Quezada.



Ley Procesal: “Es la norma jurídica que regula la actividad procesal del Estado, para aplicar las leyes sustantivas, organiza el poder judicial, determina su competencia y establece la acción del juez y de las partes en la substantación del proceso.”

Aquellas normas jurídicas que establecen como se estructura el Poder Judicial. Fija las atribuciones, competencias de los órganos jurisdiccionales, a qué tribunales les corresponde conocer de ciertos conflictos. Y definir de qué manera concreta debe llevarse a efecto ese conflicto específico.


22/03/07
Derecho Procesal según Darío Benavides: “Es aquella rama del Derecho que regula en forma solemne la forma en que se proponen, discuten y resuelven los conflictos en tribunales.”
Pero el Derecho Procesal no sólo se preocupa de la manera en que se resuelven los conflictos, sino que también de establecer a que tribunal le compete conocer estos conflictos y cuales son sus atribuciones. La definición de Benavides es de Derecho Procesal Funcional, el modo en que deben tratarse los procesos jurisdiccionales.

Según Fernando Alessandri:

“Derecho Procesal es el conjunto de reglas referente a la organización y atribuciones de los tribunales, a la forma de hacer valer las acciones en los juicios y a la manera de solicitar de los tribunales su intervención en los actos de jurisdicción voluntaria.”

Esta definición apunta a las diversas atribuciones del Derecho Procesal. Define cuales son las reglas del juego para llevar adelante un juicio, y la función particular de la jurisdicción voluntaria, se caracteriza por no resolver conflictos entre partes, como por ejemplo en el cambio de nombre.

Esta definición contiene lo orgánico, funcional contencioso y lo funcional no contencioso del Derecho Procesal.
Derecho Procesal Orgánico
Son aquellas normas que se encargan de regular las diversas atribuciones que tienen los órganos del Estado y su organización.
Derecho Procesal Funcional
Es aquel que regula la manera en que los tribunales y los justiciables deben comportarse en la actividad jurisdiccional.

Fuentes del Derecho Procesal
Fuentes Directas

Son aquellas disposiciones que pueden ser invocadas por los tribunales para fundar un acto del procedimiento. Ej: cuando alguien apela, invocar la disposición que lo habilita para el efecto.

¿Cuáles son?


  1. La Constitución.

  2. Las Leyes Procesales

  3. Los Autos Acordados

  4. Los Tratados Internacionales.



  1. La Constitución

Es la norma fundamental, donde se plasman los valores y principios, en los cuales la nación va a fundar su modo de convivencia, es la declaración política de esencia de la nación.

Importa la creación de un proyecto futuro de la sociedad, la Constitución debe ser fuente inspiradora de los órganos del Estado. En función de esta Constitución, se mencionan cuales serán los órganos del Estado que se encargarán de la administración, cuales serán sus competencias y definirá cuales son los Derechos Fundamentales de las personas, cuya incorporación a la Constitución importa una limitación a las autoridades de no transgredir estos Derechos Fundamentales.

Antes se concebía a la Constitución como un marco de referencia mediato, lejano, que sería sólo utilizado por la administración, quienes llevarían estas normas de Derechos Fundamentales a lo particular de las personas.

Se dice que los preceptos de la Constitución tienen efecto directo en la acción de las personas. Las personas pueden exigir la tutela de los tribunales de justicia, no obstante no existan normas legales que individualicen estos Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución.

La Constitución Política constituye directamente una parte del Derecho Procesal. Las personas pueden invocar la Constitución sin la necesidad de que exista una norma legal que individualice tal derecho. Hace 30 años en Chile no era tan así.

Las normas constitucionales pueden ser invocadas por los tribunales para resolver un determinado conflicto. Concretamente, hay normas constitucionales que tienen directa relación con el Derecho Procesal. Desde luego el Cap. VI, sobre el Poder Judicial, dice directa relación con la estructura fundamental del Poder Judicial. El Cap. VII de la Constitución que se refiere al Ministerio Público, es uno de los órganos que ejerce su función de manera directa con el Poder Judicial.

Art. 19 Nº 3 Inc. 4to y 5to, que se refiere a la igualdad de la ley.

Además constituye una garantía para el ejercicio de los abogados.



La Constitución asegura a todas las personas:

-Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

-Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
Art. 19 Nº 7, la libertad personal y seguridad individual.

La Constitución asegura a todas las personas

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;




  1. La Ley Procesal

Es aquella que reglamenta el Derecho a la libertad, consagrado en la Constitución Política del Estado. Su propósito es que mediante ésta se reglamenta la garantía de justicia, que siempre está presente en toda Constitución Política del Estado.

Son:



  1. Código orgánico de Tribunales

  2. Código de Procedimiento Civil

  3. Código Procesal Penal

  4. Ley sobre Tribunales de Familia

  5. Código del Trabajo (Cap. VI)

  6. Ley sobre Juzgado de Policía Local

  7. Ley sobre procedimiento del Juzgado de Policía local

Etc…


  1. Los Autos Acordados

Son cuerpos normativos de carácter imperativo y de aplicación general que se originan en los tribunales superiores de justicia y expresan acuerdos adoptados por estos para perfeccionar o interpretar las leyes procesales. Muchas veces las leyes procesales no cubren, no regulan la totalidad de las situaciones que pueden ocurrir en procedimientos de esa naturaleza y pueden ocurrir vacíos legales o normas poco claras. Frente a esto el ordenamiento jurídico le otorga a la corte de apelaciones y a la Corte suprema ciertas atribuciones económicas (buena administración) para completar la labor del legislador con el objeto de regular aquellos vacíos que quedaron en una ley o para aclarar algún precepto lego que no quedó muy bien redactado.

En definitiva los tribunales de justicia escapan de la esencia de si función que es aplicar las leyes de los legisladores y entran en un ámbito de carácter legislativo.

Ej.: Autoacordado que regula la tramitación de la acción de protección. El Artículo 20 de la constitución sólo la nombra pero no dice como debe hacerse, a que procedimiento debe ajustarse. Está en el apéndice del código de procedimiento civil.


Ej: Autoacordado que se refiere a la forma en que deben dictarse las sentencias definitivas. Es un perfeccionamiento de un precepto legal. Artículo 270 del código de procedimiento civil.
Los autoacordados tienen 2 propósitos: cubren un vació legal y también sirven para especificar preceptos legales que considera la Corte Suprema que en el código están mal desarrollados.

En el ejercicio de esta función económica en virtud de la cual los tribunales dictan los autoacordados, también la constitución o la ley pueden disponer que la corte suprema dicte un autoacordado (autoacordado de recursos de protección). Hay otros Autoacordados que se dictan por propia iniciativa de la corte suprema o corte de apelaciones como el autoacordado que regula la forma en que debe manifestarse el recurso de queja.


El Código Orgánico de Tribunales dispone que los autoacordados de la Corte Suprema deben ser publicados en el diario oficial con lo cual si bien no se les otorga rango legal (no son actos emanados del poder legislativo) pero por tener carácter obligatorio, imperativo y general, se estima indispensable que sean conocidos por toda la nación para su adecuado cumplimiento.


  1. Los Tratados Internacionales

Se incorporan al ordenamiento jurídico interno y se les reconoce rango legal cuando son aprobados por el congreso y ratificados por el Presidente. Durante mucho tiempo se sostuvo que los tratados internacionales sobre DDHH eran de rango superior que las normas de la Constitución, y que si entraban en conflicto con ella, debía reformarse la Constitución.

Finalmente el tema fue zanjado por el tribunal constitucional el año 2002 cuando se pronunció sobre el tratado que crea la corte internacional (Leer esta sentencia de la página del tribunal constitucional).

27/03/07

Ej: Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etc.

Hablan de DDHH, y son continuamente invocados por el Código Procesal Penal. Por Ej: Recurso de Nulidad, cuando se infringen disposiciones del Derecho Constitucional o DDHH consagrados en tratados internacionales de DDHH.

Sobre el art. 5to de la Constitución hubo antes posiciones de que los Tratados Internacionales sobre DDHH debían reformar la Constitución si la contravinieren. Pero siempre se ha planteado que tienen rango legal, excepto los Tratados Internacionales sobre DDHH que tendrán rango constitucional.

Hay otros Tratados Internacionales que hablan de Derecho Procesal, como el Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante. Agrupa este a varios países y tiene por propósito regular las situaciones que se producen cuando entran en oposición 2 órganos internacionales, respecto de los cuales concurren ordenamientos jurídicos de 2 países diferentes, es necesario un criterio que permita aclarar cual será el Derecho que se aplicará. Dentro de este Código existe un libro que se inclina derechamente al Derecho Procesal.

Existen también las fuentes indirectas del derecho procesal y sirven por ejemplo para reforzar una argumentación. Estas son la doctrina de los autores, la jurisprudencia, el derecho histórico, la equidad natural, los principios generales del derecho.

El Common law le da mucha importancia a la jurisprudencia y es considerada una fuente directa del derecho.

Fuentes Indirectas del Derecho Procesal
Pueden ser invocadas sólo en el caso de argumentar una desición. Ej: La doctrina, la jurisprudencia, el Derecho histórico, el Derecho Extranjero, la equidad natural y los principios generales del Derecho.

Claro que en el sistema de Common Law como el precedente constituye Derecho, es una fuente directa, invocable, no es así en Chile.


Interpretación del Derecho Procesal
Determinar el verdadero sentido y alcance de un precepto legal. La interpretación siempre busca la aplicación de un caso concreto. Aquí ya no existe el que los jueces serán meros aplicadores mecánicos de la ley.

Respecto de la ley procesal, no existen normas específicas que señalen cuales son las reglas de interpretación en el Derecho Procesal.

Art. 19 a 24 del CC. Reglas de interpretación Gral.

Art. 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.

Art. 20. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Art. 21. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

Art. 22. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

Art. 23. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes.

Art. 24. En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.
Art. 9 CC. La irretroactividad de la ley.

Art. 9º. La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo.

Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
Advertido el sentido finalista del proceso, más allá de la interpretación de las normas, se reconoce como norma de interpretación los Principios Procesales.

Principios Procesales
Son un conjunto de conceptos doctrinarios que sirven de inspiración al legislador para ir estructurando la actividad jurisdiccional del Estado, tanto en sus funciones y como su funcionamiento, y para que estos operadores tengan una mejor aplicación, más ajustada a los fines del Derecho, en los casos concretos en que son necesarios de aplicar estos principios.

Ej: Principio del Impulso Procesal, Principio de la bilateralidad de la audiencia, Principio de Preclusión, etc.

Principio de la Bilateralidad de la audiencia, o de Contradicción. En todo proceso jurisdiccional debe necesariamente contemplar como órgano básico la posibilidad de oír a ambos litigantes. Principio de que nadie puede ser juzgado sin ser previamente oído.
La Integración de la Ley Procesal
Está concebida a través de la constatación de una realidad, que es que el legislador no ha previsto una situación que se da en la vida real, y que por lo tanto no existe un precepto legal que se haya puesto en tal hipótesis, y aquí se manifiestan lagunas legales. Discusión acerca de si se puede hablar de lagunas legales, si se puede, pero sólo respecto de la ley.

Existen 2 métodos para resolver estas situaciones, primero la analogía, que es buscar una norma jurídica que regule una situación prevista, parecida a la no prevista y buscar el criterio del legislador, creando una norma inspirada en este propósito, para que el juez tome la decisión y aplique la sanción. Aquí el juez toma el rol de legislador, ya que crea una nueva norma.

La analogía se diferencia de la interpretación porque aquí, en la última, el juez cumple una función complementaria a la del legislador, pero en la analogía el juez reemplaza al legislador.

Procedimiento Ejecutivo: Tiene por finalidad conseguir que un acreedor le pague ese crédito con bienes embargados.

Tercería, el tercero puede ir al tribunal a exigir que se le reconozca la condición de dueño o poseedor de las cosas embargadas que no son parte del deudor.

Antes no se podía aplicar la tercería de posesión, porque sólo existía la tercería de dominio, pero por analogía se aplica bajo los jueces la tercería de posesión.

Los Principios Generales del Derecho
Si no existe una norma que regule el caso ni una norma análoga, se puede recurrir a estos Principios Generales del Derecho. Es un deber del Estado, en orden a resolver todos los asuntos que se les de a conocer por los justiciables. Principio de Inexcusabilidad, art. 76 Inc. 2do de la Constitución.

“…: Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.”


Los jueces ineludiblemente deben resolver todos los conflictos que entren bajo su competencia.

Art. 170 Nº 5 del CPC.



Art. 170 (193). Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán:

5° La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y

Señala como deben ser fundadas las sentencias definitivas, dice que el juez en su sentencia debe mencionar las disposiciones legales en que se ha basado su decisión, o en su defecto los principios generales del derecho, principios de equidad.

Art. 10 COT.

Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión
Efectos de la Ley Procesal en el Tiempo
El proceso jurisdiccional por su propia esencia es un fenómeno que se prolonga a lo largo del tiempo, no es concebible un proceso jurisdiccional que posea un efecto instantáneo. Se va sucediendo a través de distintas actividades que van ocurriendo en el tiempo.

Entonces, puede darse el caso de que en el intertanto puede darse que se apruebe una ley que modifique la forma de llevar ese proceso. O que habiéndose generado una relación jurídica material donde se es necesario iniciar un proceso, y en ese tiempo se dicte una ley que modifique la forma de llevar el proceso.


¿Cuál es la norma procesal que debería aplicarse?

En el momento que ya surgió la relación jurídica o que ya se inició el proceso, ¿Qué norma procesal se debe aplicar?

¿Cuál es la ley procesal aplicable cuando el proceso ya esta iniciado o cuando las relaciones jurídicas vengan de antes?
Hay un principio básico que impera en esta materia:

La Ley Procesal rige In Actum
Una vez promulgada una ley procesal, debe aplicarse de inmediato. Lo que provoca una dificultad práctica. La ley procesal corresponde a su naturaleza jurídica, porque es un Derecho de Orden Público, por lo que no puede quedar sujeto a los particulares. Las normas de Derecho Público tienen la característica de que ya publicadas, éstas deben comenzar a regir in acto. Aunque en Derecho Procesal puede tener una dificultad práctica.

El efecto de la ley procesal está regulado en la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, que está en el Apéndice del CC. Y regula las situaciones que se dan cuando surge una nueva Ley.


LERL.: Art. 22, 23 y 24: Regulan la forma en que debe entrar en vigencia o no una nueva ley procesal.

Art.9 CC, Art. 19 Nº 24 de la Constitución, Art. 9 Nº 3 de la Constitución.


Hay 3 situaciones que podemos mencionar al respecto:
1.- El juicio ya está terminado.

2.- La relación jurídica material ya se hubiere perfeccionado, pero aún no se hubiere iniciado el juicio.



3.- El juicio ya estuviese iniciado y se dicta una ley que altera la normativa que regula ese juicio que ya está en pleno.
1) Si el Juicio ya se ha terminado, nada de lo que diga una nueva ley que se contraponga a la ley que antes regulaba el efecto, va a afectar los efectos del juicio. Hay un derecho de la parte que ganó el juicio que viene del Art. 19 Nº 24 de la Constitución, Derecho de Propiedad.
24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribuna les.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento.

Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión.

En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.

Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;

Art. 76 de la Constitución.



Artículo 76.- La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.
Una nueva ley no tiene ningún efecto en la sentencia, aún cuando la contraponga. La Cosa Juzgada. Para eliminar el derecho, es necesaria una ley especial o indemnización.
2) El Caso en que ya se hubiere perfeccionado la relación jurídica material, pero no se hubiere iniciado el proceso, y en ese intertanto nace una ley procesal que modifica en parte el proceso.

Se aplica parcialmente la ley que estaba en vigencia y parcialmente la nueva ley.

Art. 23 LERL.

Artículo 23. Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquélla establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere.
02/04/07
¿Cuándo se entiende un proceso terminado?

Cuando ha recaído en el la cosa juzgada. Se entiende que hay cosa juzgada cuando en un proceso se ha dictado una sentencia definitiva o interlocutoria, y respecto de la cual ya no existan más recursos a utilizar, no hay forma procesal ya de modificar la sentencia.

En el momento en que se perfecciona la relación jurídica, y aún no se ha iniciado el proceso. Art. 23 LERL.

Esta disposición se ocupa de 2 cosas fundamentales: Con los medios de prueba o convicción con los que cuentan las partes para reafirmar lo que afirman y; la forma en que esos medios de prueba se incorporan al proceso, cómo la parte interesada presenta estos medios ante el tribunal.

El art. 23 dice que los medios de prueba que eran admisibles al momento de perfeccionar la relación jurídica material, siguen siendo idóneos aunque la nueva ley procesal diga lo contrario. Lo que le interesa al legislador es que no se le prive a las partes de los medios de prueba que tenían antes para probar la relación jurídica material, aunque la nueva ley diga lo contrario. Y se refiere al modo en que debe remitirse esa prueba, la LERL dispone que en ese proceso, regirá plenamente la nueva ley. O sea, si la antigua ley admitía prueba testimonial con 10 días de plazo y la nueva ley también pero con 5 días de plazo, se admite la prueba pero según la nueva ley.

3) Cuando en el proceso se hubiere iniciado. O sea, el juicio ya hubiese empezado, el juez ya estaba conociendo los hechos.

En esta situación es necesario distinguir si la nueva ley afecta el Derecho Procesal Orgánico o el proceso, o Derecho Procesal Funcional.

Si la modificación se refiere a la organización y atribuciones de los órganos jurisdiccionales, o sea, afecta las atribuciones del juez que está conociendo el caso, se produce la regla general y la nueva ley deberá regir IN ACTUM, deberá ser conocida por otro tribunal según la nueva ley.

Si no hay norma que regule la materia, se aplica el principio básico.

Se critica esta medida de que rija la nueva ley porque viola el principio consagrado en la Constitución, principio procesal. Art. 19 Nº 3 inc. 4.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.
Se trata de establecer una prohibición a nivel constitucional de crear tribunales especiales o Ad Hoc, sino que el tribunal debe estar establecido con anterioridad del hecho.
Art. 12 de la Constitución de 1925, crítica basada en este artículo.

El propósito de esta norma es prohibir que se creen tribunales especiales para la resolución de un caso específico. La Corte Suprema dice que no sería el caso porque la eventual modificación de atribuciones del juez ha sido adoptada en un régimen democrático por el legislador que destina para tal efecto que ciertas materias deben ser conocidas por otro tribunal y que no afectaría esto a ciertas personas sino que a todos.

Se ha plantado como crítica a esta solución que inflinge el Art. 109 del COT. Que dice que si una causa ya es conocida por un tribunal competente, no se le puede modificar esa atribución.

Regla de la Radicación o Fijeza.
Art109. Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente.

Se dice que no hay violación de este precepto legal porque es de rango legal y puede ser modificado por el legislador cuando éste quisiere.




La Causa Sobreviviente

El art. 109 del COT lo que impide es que las partes no puedan por su propia voluntad modificar esta competencia. Ej: Las partes habiendo iniciado un juicio deciden someter su causa a un juez árbitro.

También la nueva ley puede afectar el proceso, que diga que esos procesos deben substanciarse de manera distinta.

ART 24 LERL: Dice que las leyes procesales nuevas comienzan a regir de inmediato, pero hace 2 excepciones, una que tiene que ver con los términos que hayan empezado a correr y las diligencias que ya se hayan iniciado, actuaciones o diligencias. (Términos = Plazos).

No obstante existir norma en la Constitución y la LERL.
Artículo 24. Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.



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