Derecho Penal del Trabajo: especial atención a la tutela de las condiciones laborales y la respuesta penal frente a la accidentalidad laboral



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Derecho penal del trabajo
Hortal, J.C.



Derecho Penal del Trabajo: especial atención a la tutela de las condiciones laborales y la respuesta penal frente a la accidentalidad laboral
Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra

Prof. Agregado de Derecho Penal (UB)



Ex Magistrado Suplente Audiencia Provincial de Barcelona

Sesiones programadas

A) Primera sesión (21/02/2018-UB): Reformas penales y tutela de las condiciones laborales: ¿el ocaso del Derecho penal del trabajo?

a.1) Cuestiones a tratar: I. Introducción. II. Un apunte sobre el derecho penal del trabajo en España: concepto, función y contenido. III. El incipiente florecimiento de la disciplina en Latinoamérica: su especial proyección en la protección penal de la seguridad y salud en el trabajo. IV. Reformas penales y desmantelamiento parcial del Derecho penal laboral en el CP español. 1.1.La tortugueante e inconclusa transposición de la Directiva 2009/52/CE: ¿origen último o mera coartada?; 1.2.La ampliación del art. 311 en la LO 7/2012: o cómo contrarrestar una insatisfactoria interpretación jurisprudencial mediante la cuántica penal; 1.3.La incorporación del art. 311 bis perpetrada en la LO 1/2015: o cómo reutilizar el Derecho penal para reforzar la lucha contra la inmigración irregular; 1.4. A modo de cierre: el delito contra la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular en condiciones laborales lesivas (art. 312.2 in fine).


a.2) Jurisprudencia de interés: SAP Barcelona 17-07-00 (Arp. 2000\3212, Pte. Morales García); SAP Girona 26-09-00 (ARP. 2000\2279, Pte. Lacaba Sánchez); SAP Navarra 4-06-02 (Jur. 2002\201072, Pte. Zubiri Oteiza); SAP Albacete (2ª) 17-10-03 (JUR. 2004\44954, Pte. Úbeda de los Cobos); SAP Albacete (1ª), 31-03-04 (JUR. 2004\190579, Pte. Salinas Verdaguer); SAP Las Palmas 22-11-04 (Jur. 2005\21751, Pte. Parejo Pablos).

a.3) Bibliografía: Cardenal Montraveta/Cardenal Alemany, “El delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo (art. 312.2 in fine), RPJ (nº 66) 2002; Corcoy Bidasolo, “Delitos laborales. Ámbito y eficacia de la protección penal de los derechos de los trabajadores”, en Derecho penal económico, (Conde-Pumpido Tourón dir.), CDJ, Madrid, 2003; Gómez Abelleira, “Las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena de los trabajadores no comunitarios: los efectos de su carencia, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración (nº 63) 2006; Lascuraín Sánchez, “Los delitos contra los derechos de los trabajadores: lo que sobra y lo que falta, ADPCP, t. 57, 2004; Orduna Navarro, “Protección penal de los trabajadores extranjeros”, DLL (nº 7843) 2012; Trapero Barreales, “La transformación del derecho penal laboral: de protector de los derechos de los trabajadores a garante de la competencia empresarial y de las políticas migratorias, CPC (nº 114) 2014.

B) Segunda y tercera sesión (2/03/2016-UB y 7/03/2018-UB). Protección penal de la seguridad en el trabajo: Delito de peligro (arts. 316-318 CP) + imprudencias laborales (arts. 142 y 152 CP). Aspectos sustantivos y procesales.



b.1) Cuestiones a tratar: I. Contextualización jurídico-penal de la siniestralidad laboral; II. El delito contra la seguridad en el trabajo (arts. 316-318 CP): 2.1. Legitimación de la intervención penal en materia de seguridad en el trabajo; 2.2. Bien jurídico-penal protegido. Posiciones doctrinales. Consecuencias jurídico-penales; 2.3. Concreción del riesgo típico (“no faciliten los medios”): especial atención a la relevancia jurídico-penal de la infracción del deber de vigilancia; 2.4. Resultado típico (“puesta en peligro grave de la vida, integridad física o salud de los trabajadores”): su configuración como un delito de peligro concreto; 2.5. Imputación subjetiva: “dolo de peligro” e incriminación de la imprudencia (art. 317 CP); 2.6. Determinación de la autoría: su configuración como un delito especial (“el que estando legalmente obligado”): a) ¿El empresario como uno autor idóneo?: responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales; b) Incidencia del mecanismo de la delegación de competencias: transformación de la posición de garante originaria y competencias residuales; c) Delimitación del círculo de autores en el ámbito de la construcción: dirección facultativa (arquitecto y arquitecto técnico) y encargado de obra; d) La imputación de la autoría en supuestos de competencias compartidas: subcontratación y cesión de trabajadores por medio de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT´s); e) Cláusula extensión de la autoría (art. 318 CP): ¿imputación a los delegados de prevención, miembros del comité de seguridad e higiene en el trabajo y a los inspectores de Trabajo?; III. Responsabilidad penal por la muerte y/o lesión imprudente del trabajador (las llamadas imprudencias laborales): 3.1. Imprudencia “grave” e imprudencia “menos grave”: ¿una delimitación irresoluble?; 3.2. Contenido y límites del deber de vigilancia impuesto al empresario. El principio de desconfianza: origen y alcance; 3.3. El trabajador como “autor” de su propia muerte y/o lesión: de la concurrencia de culpas a la concurrencia de riesgos; 3.4. La “autopuesta en peligro” típicamente relevante del trabajador como punto de partida: a) Conocimiento “exacto” del riesgo asumido: el papel de la formación e información previamente recibida; b) “Voluntariedad” o “libertad” en la asunción del riesgo: concepto “material” de trabajador y dimensión y sector de actividad en que opera; 3.5. Comportamiento negligente del trabajador y graduación de la imprudencia imputable al empresario o a sus delegados; 3.6. Autoría y participación en la imputación de muertes y lesiones imprudentes en la actividad laboral; 3.7. Solución concursal en los supuestos de producción de muertes y lesiones imprudentes derivadas del incumplimiento de los deberes preventivo-laborales; IV. Una aproximación a los problemas en la persecución, instrucción y enjuiciamiento de los “accidentes” laborales.
b.2) Jurisprudencia de interés: SAP Barcelona 12-01-00 (ARP 2000\278); SAP Barcelona 2-09-03 (ARP. 2003\619); 3); SAP Barcelona 11-07-02 (ARP. 2002\645); 4); SAP Guipúzcoa 21-02-05 (ARP 2005\141); SAP Madrid 212/2008 (JUR. 2008\384265); SAP Las Palmas 11/2014 (JUR. 2014\110346); SAP Alicante 233/2014 (ARP. 2014\1420); SAP Madrid 451/2015 (ARP. 2015/810).
b.3) Bibliografía básica: Bolea Bardon, “Imputación de resultados lesivos en accidentes laborales: cuotas de responsabilidad”, en Protección penal de los derechos de los trabajadores, (Mir Puig/Corcoy Bidasolo dirs./Hortal Ibarra coord.), Ed. Edisofer, Madrid, 2009; Corcoy Bidasolo, “Siniestralidad laboral y responsabilidad penal”, en Protección penal de los derechos de los trabajadores, (Mir Puig/Corcoy Bidasolo dirs/Hortal Ibarra coord), Ed. Edisofer, Madrid, 2009; Corcoy Bidasolo/Cardenal Montraveta/Hortal Ibarra, “Protección penal de los accidentes laborales (A propósito de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 2 de septiembre de 2003)”, Revista del Poder Judicial (71) 2003; Cuenca García, “Prevención penal y extrapenal de la siniestralidad laboral”, EPCr (nº 33) 2013; Del Río Montesdeoca, Siniestralidad laboral. Comisión por omisión y peligro concreto, Ed. Tirant, Valencia, 2017; El mismo, Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito laboral, Ed. Tirant, Valencia, 2017; Dopico Gómez-Aller, “Del riesgo al resultado. Homicidio y lesiones imprudentes en la construcción”, en Derecho Penal de la Construcción, (Pozuelo Pérez coord.), 2ª ed, Ed. Comares, Granada, 2012; Faraldo Cabana, Cristina, El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, Ed. Tirant, Valencia, 2013; Hortal Ibarra, Protección penal de la seguridad en el trabajo, ed. Atelier, Barcelona, 2005; El Mismo, “Delimitación del riesgo típico en el delito contra la seguridad en el trabajo (art. 316 CP): especial atención a la relevancia jurídico-penal de la infracción del deber de vigilancia, CPC (nº 96) 2008; Lascuraín Sánchez, La protección penal de la seguridad en el trabajo, Ed. Civitas, Madrid, 1994; El mismo, “La prevención penal de los riesgos penales: cinco preguntas”, en LH-Cobo del Rosal, Ed. Dykinson, Madrid, 2005; Olaizola Nogales, “Los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 316 y 317 CP) y su relación con los resultados lesivos”, InDret, 2/2010 (www.indret.com); Ortiz de Urbina Gimeno/Martín Lorenzo, “Guía Indret Penal de la jurisprudencia sobre responsabilidad por riesgos laborales”, Indret, 2/2009 (www.indret.com); Pérez Ferrer, “Cuestiones controvertidas sobre la protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo”, CPC (nº 120) 2016; Rodríguez Vázquez, Virgilio, “Análisis de la responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales, recursos preventivos y coordinadores de seguridad, a la luz de los artículos 316 y 317 del Código Penal”, LLP (nº 103) 2013.
b.4) Anexo jurisprudencial
SAP Barcelona 12-01-00 (ARP 2000\278). Imputación a la víctima: teorización y aplicación al ámbito de la actividad laboral.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: «Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Isidro M. S., Miguel C. C., Rafael Eduardo S. I. y Eusebio G. R. del delito de los arts. 316 y 317 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)  , en relación con los arts. 55.2 y 67.1 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 ( RCL 1971, 539, 722 y NDL 27211)  , y de la falta del art. 621.2 del Código Penal, por los que eran acusados, absolviendo asimismo a las entidades Potasas del Llobregat, SA y Mussini, SA Seguros y Reaseguros de los pedimentos contra ellas formulados, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder a los perjudicados por el fallecimiento de Jerónimo M. T., a ejercitar ante la jurisdicción civil. Se decreta de oficio el abono de las costas procesales causadas».
SEGUNDO.- Notificada a las partes la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación contra la misma por la representación de Rosa M. C., por los motivos que se estudiarán en los fundamentos jurídicos de esta resolución, que una vez admitido, fue impugnado por la representación de la aseguradora Mussini, SA Seguros y Reaseguros, así como por la representación de Isidro M. S., Miguel C. C., Rafael Eduardo S. I., Eusebio G. R. y Potasas del Llobregat, SA, interesándose por ambos la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios fundamentos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
TERCERO.- Combate el recurrente, en el segundo motivo de la apelación, el criterio del Juzgador que considera que la imprudencia que desencadenó el accidente resulta imputable a los dos trabajadores y no a sus superiores de quienes directamente o indirectamente, provino la orden para la reparación del fluorescente.
El apelante, por el contrario, responsabiliza a los encargados de la empresa que no instruyeron a los trabajadores de las medidas de seguridad que debían emplear para la realización del cambio de fluorescente, a la vista del estado de humedad en que se encontraba la zona en la que debían operar.
El debate científico sobre las posibles aportaciones o vínculos de la víctima con la producción delictiva, se ha visto recientemente incrementado, a la vista de nuevas aportaciones doctrinales y la apertura de una vía interpretativa novedosa en las resoluciones del Tribunal Supremo.
En efecto, en materia de compensación de culpaso autopuesta en peligro de la víctima se ha observado en las últimas décadas una marcada evolución en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En un primer momento el criterio jurisprudencial era de total rechazo a la apertura del ámbito punitivo a las tesis civilistas de la compensación de culpas. Desde este punto de vista la contribución de la víctima a la producción del resultado lesivo sólo podía ser objeto de valoración en la fijación del «quantum» indemnizatorio (vid. SSTS de 19 de junio de 1972, 28 de marzo de 1985 y 6 de febrero de 1987 [ RJ 1987, 1204]  ). Hacia mediados de los años ochenta se observa una importante evolución en la que el Tribunal Supremo comienza a utilizar la llamada concurrencia concausal de culpas para destacar la aportación de la víctima al suceso, planteándose básicamente la cuestión en el ámbito de la relación de causalidad (cfr. SSTS de 27 de enero de 1984 [ RJ 1984, 421]  , 6 de febrero de 1987 [ RJ 1987, 1204]  , 28 de marzo de 1985, 16 de mayo de 1988 [ RJ 1988, 3672]  , 25 de octubre de 1988 [ RJ 1988, 8099]  y 24 de mayo de 1991 [ RJ 1991, 3852] ). La asunción por parte del Tribunal decriterios de imputación objetiva, ofrece el último estrado de evolución en esta materia, perfilándose la cuestión como participación de la víctima en el riesgo generador o incrementador del riesgo, cuyos efectos se hacen sentir dogmáticamente en sede de imputación objetiva, pudiendo significar, en su caso, la declaración de atipicidad del comportamiento del autor, o, al menos, una disminución de injusto, bien por la vía de llamada degradación de la imprudencia, bien a través de la aplicación de una atenuante analógica (vid. STS de 4 de julio de 1984 [ RJ 1984, 3785]  y STS de 17 de julio de 1990 [ RJ 1990, 6728] ).
La responsabilidad de la víctima ha sido objeto de recientes estudios doctrinales tendentes a perfilar el grupo de criterios, bajo cuya presencia resulta adecuado trasladar al ámbito de responsabilidad de la víctima la creación o el aumento del riesgo generador del resultado y sus efectos jurídicos.
En este sentido se ha afirmado quepara que resulte plausible la imputación del riesgo al ámbito de la víctima es necesario: 1. que la actividad generadora del riesgo permanezca dentro de los márgenes de lo organizado conjuntamente por autor y víctima, esto es, dentro del margen de riesgo asumido por la víctima en ejercicio de su autonomía personal, sin que se traspasen los límites de esta organización; 2. que la víctima no carezca de responsabilidad o padezca defectos cognitivos que hayan sido instrumentalizados por el autor; y 3. que el autor no tenga encomendados deberes jurídicos de protección en relación con los bienes de la víctima.
En relación con el primero de los requisitos, resulta decisivo que la actividad de riesgo que se pretende efectuar se constriña a lo asumido por los intervinientes, esto es, que no se excedan por el autor los riesgos que la actividad acordada por ambos en sí misma signifique, aportando aquél factores adicionales que puedan señalarse como los generadores de una situación de riesgo agravado para el bien jurídico.
En el presente caso, la víctima del desgraciado accidente, señor M. T., trabajaba en calidad de oficial de 1ª para la empresa Potasas del Llobregat, SA, siendo su inmediatamente superior Isidro M. S., como encargado de los talleres eléctricos, quien encomendó a aquél y su compañero, señor P. R., la reparación de uno de los fluorescentes que no lucía, sin que les añadiera instrucción alguna acerca de las medidas de seguridad adecuadas para realizar la reparación.
Para la correcta valoración del requisito en estudio y de los que continuación se detallarán, resultan de interés los siguientes datos: 1. La cualificación profesional del trabajador, 2. el amplio período en que venía desempeñando el cargo, 3. la ausencia de dificultades especiales de la tarea encomendada, al ser una de las que se realizan de forma habitual, 4. la falta de instrucciones especiales por parte de la persona competente, 5. la manipulación de la pantalla del fluorescente, una vez comprobado que no volvía a lucir, sin cumplimiento de las más elementales normas de seguridad, como es el corte de la tensión.
La verificación de que la interacción entre la víctima y el autor, se encontraba dentro del ámbito de organización conjunta, se realiza sin dificultad a la vista de la situación laboral de ambos y los ámbitos de competencia que les incumbían, permaneciendo la actividad desarrollada por ambos dentro del marco de relaciones laborales habituales, si bien ha de tenerse en cuenta no sólo este extremo sino el dato de si la ausencia de indicaciones específicas sobre el modo de llevar a cabo la labor, puede considerarse fuera de la vinculación normal entre el encargado del taller de electricidad y el operario, de modo que se supere el marco de riesgo asumido voluntariamente por la víctima. En punto a esta cuestión, resulta decisiva la naturaleza habitual del trabajo encomendado, así como la larga experiencia del señor M. T. como oficial de 1ª electricista, que conducen a concluir que la realización de este trabajo en concreto no requería de instrucciones especiales, habida cuenta del conocimiento que aquél poseía, de acuerdo con su larga experiencia, de las condiciones de seguridad óptimas para su realización y que su ausencia viene motivada, no por el proceder imprudente del encargado, sino por el convencimiento de ambos de que al tratarse de una labor habitual, las medidas de seguridad eran plenamente conocidas y respetadas, a la vista de la ausencia de antecedentes de accidentes en el señor M. T. Lo que se corrobora por el modo en que se lleva a cabo la primera parte del trabajo, sin tensión.
Cierto que, en el ámbito de las relaciones laborales, y entrando ya en el tercero de los requisitos, suele existir, como es el caso, una persona encargada de dirigir la organización conjunta, dato que varía sensiblemente los límites a la asunción de riesgo voluntario por parte de los trabajadores que operan subordinados a otras personas, al competerle al empresario o delegado de éste normas especiales de cuidado respecto al cumplimiento de aquéllos de las medidas de seguridad reglamentarias, permaneciendo en el ámbito del encargado de seguridad o cargo equivalente, la responsabilidad de que se respeten las oportunas medidas, imponiendo su cumplimiento aun en contra de la propia voluntad del trabajador.
Ahora bien, los deberes de diligencia exigibles a quienes se sitúan en posiciones de garantía específicas, como la que resulta de la organización laboral, no puede considerarse ilimitada, pese a que, como se ha dicho a quien dirige la actividad conjunta le compete el deber de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, aun contra el criterio de los propios trabajadores, cuya tutela tenga encomendada. En efecto, con independencia de esto último, la obligación del empresario o delegado debe terminar en el momento en que el trabajador, conocedor de las medidas de seguridad adecuadas, decide voluntariamente la configuración de una actividad generadora de riesgo, con incumplimiento de las normas elementales de seguridad. Y ello porque las labores de vigilancia del encargado no pueden reputarse infinitas de forma que deban responder de conductas de autopuesta en peligro voluntaria por parte de la víctima, no sólo porque no conseguirían evitar los daños derivados de aquélla, sino porque la obligación de vigilancia y control debe tener su límite en el principio de autorresponsabilidad de la víctima.
De la prueba obrante en autos, informes periciales y declaraciones de testigos y acusados, que el señor M., conociendo los riesgos de la manipulación de la pantalla del fluorescente bajo tensión, se autopuso voluntariamente en peligro, al realizar dicha operación sin el cumplimiento de las medidas habituales de manipulación en la situación descrita y sin que pueda considerarse contribución omisiva relevante al hecho la ausencia por parte del encargado de indicaciones especiales, que, como se ha argumentado, no eran necesarias por las circunstanciasparticulares del caso, ya expuestas, lo que conlleva necesariamente la ausencia de imputación objetiva del comportamiento al autor, resultando, por tanto, atípica su conducta.


SAP Barcelona 2-09-03 (ARP. 2003\619): relación entre el delito contra la seguridad en el trabajo y los delitos de homicidio y/o lesiones imprudentes. Imputación del resultado de lesión grave a la propia imprudencia del trabajador.
ANTECEDENTES DE HECHO
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Mataró condenó a los acusados M.A. y M.R. como autores de un delito de lesiones imprudentes del artículo 152.3 y 150 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 1 año de prisión, cada uno de ellos. En relación a la responsabilidad civil “condena” a los acusados a indemnizar de forma solidaria a E.P en la cantidad de 381.548 euros, más los intereses legales, declarando responsable civil directo y solidario a la Entidad Multinacional Aseguradora hasta un máximo de 60.101,21 euros. El juzgado de lo Penal absuelve finalmente a la sociedad Winthertur de los pedimimentos civiles formulados en su contra.
La Audiencia Provincial de Barcelona, sección 2ª, dictó nueva sentencia en la que, manteniendo los hechos probados en la primera instancia, modificó el fallo, absolviendo a ambos acusados del delito por el que venían condenados.
HECHOS PROBADOS
Resulta probado y así se declara que sobre las 9.00 horas del día 29 de julio de 1999, E.P. estaba trabajando como oficial de primera en la obra sita en Premiá de Mar, contratado por la empresa del acusado M.A., mayor de edad y sin antecedentes penales; y aquel día había recibido la orden, por parte del acusado M.A. de rejuntar las baldosas del lavadero. Para realizar dicha tarea E.P. utilizaba un caballete sobre el que se subió para llegar a la altura requerida, esto es 2,5 metros del suelo al techo del lavadero, de manera que colocaba el caballete en la zona a trabajar, subiendo sobre dicho caballete mediante la colocación de cada uno de los pies sobre las bases intermedias, llevando además en las manos un recipiente con cemento y una paleta para aplicarlo a las juntas. Cuando E.P. iba a bajar del caballete, perdió el equilibrio y se precipitó sobre uno de los huecos de la fachada que se encontraba sin ninguna medida de seguridad de cerramiento, cayendo al suelo por la fachada del edificio desde una altura de 3,5 metros.Como consecuencia de la caída, E.P. sufrió lesiones consistentes en fractura luxación por flexión cervical, C6 y C7, síndrome medular completo de nivel C6 con preservación parcial C7, para cuya curación requirió tratamiento médico y tardaron en curar 235 días, de los cuales 182 días fueron de hospitalización, quedándole como secuelas una cicatriz quirúrgica de 3 cm por 1 cm, en la región cervical medial anteroinferior por traqueotomía y tetraplejía C6 y C7: cintura escapular conservada, necesidad de sillón eléctrico con aparatos para comer y alteraciones esfinterianas rectales y urinarias. A E.P. se le ha reconocido la incapacidad permanente en grado de gran invalidez por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el momento del accidente E.P., por su profesión de oficial de primera sabía perfectamente que no existían las medidas de seguridad para la realización del trabajo encomendado y que trabajar en el caballete de la manera en que lo hizo era muy inestable, y aun así, decidió realizarlo. La empresa del acusado M.A. lleva su propio nombre y tanto él como el acusado M.R., mayor de edad y son antecedentes penales, y que era el arquitecto técnico o aparejador de la obra, eran los encargados de proporcionar los medios de seguridad a los trabajadores y de hacer cumplir las medidas de seguridad. El acusado M.A. tenía suscrita con la Entidad Multinacional Aseguradora una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados de su profesión como contratista y respecto de los daños sufridos por sus trabajadores, limitada en 10 millones de pesetas por víctima. Los promotores de la obra eran la entidad inmobiliaria CILLER, S.L. y el propio acusado M.R., el cual en tal calidad de promotor tenía suscrita póliza de seguro de todo riesgo de la construcción, pero dicho seguro no cubría el riesgo derivado de la responsabilidad civil exigida al acusado M.R. como aparejador de la obra por las lesiones sufridas por los trabajadores de la obra si tales riesgos podían estar cubiertos con un seguro social, tal como es el caso.

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