Derecho penal 1



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Derecho Penal 1 Documento 1.-

Cátedra Universidad Mesoamericana. Enero 2008


Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.

EL CONCEPTO DE DELITO

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE DELITO

CLASIFICACION DE LOS DELITOS.

La teoría general del delito se ocupa de las características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito, sea este en el caso concreto una estafa, un homicidio o una malversación de caudales públicos.


Hay características que son comunes a todos los delitos y otras por las que se diferencian los tipos delictivos unos de otros; un asesinato es otra cosa que una estafa o un hurto; cada uno de estos delitos presenta peculiaridades distintas y tiene asignadas, en principio, penas de distinta gravedad. Sin embargo, tanto el asesinato, como el hurto o la estafa tienen unas características que son comunes a todos los delitos y que constituyen la esencia del concepto general de delito. El estudio de estas características comunes corresponde a la teoría general del delito, es decir, a la parte general del derecho penal; el estudio de las concretas figuras delictivas, de las particularidades específicas del hurto, de la violación, de la estafa, etc., corresponde al estudio de la parte especial del Derecho Penal.
EL CONCEPTO DE DELITO:
La primera tarea a la que se enfrenta la teoría general del delito es la de dar un concepto de delito que contenga todas las características comunes que debe tener un hecho para ser considerado como tal y ser sancionada la conducta, en consecuencia, con una pena, la cual puede variar entre la gama de penas que el Estado tiene contemplado. Para ello, se debe partir del derecho penal positivo. Todo intento de definir el delito al margen del derecho penal vigente es situarse fuera del ámbito de lo jurídico, para hacer filosofía, religión o moral. Desde el punto de vista jurídico, la doctrina ha calificado de delito, como toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es una consecuencia del principio "nullum crimen sine lege" que rige el moderno derecho penal y que concretamente impide considerar delito toda conducta que no caiga en los marcos de la ley penal que ha sufrido la sanción del Estado.
El concepto de delito como conducta castigada por la ley con una pena es, sin embargo, un concepto puramente formal que nada dice sobre los elementos que debe tener esa conducta para ser castigada por la ley con una pena. Son delitos o faltas las acciones y omisiones voluntarias penadas por la ley, dice la legislación, con alguna mayor precisión se dice ahora por otras legislaciones más modernas que, son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. En ambas definiciones se añaden unos elementos ("voluntarias", "dolosas" o "culposas") que el legislador de otras latitudes ha exigido en la legislación penal de otros países para considerar una acción u omisión como delito o falta. Pero tampoco en estas definiciones se describen expresamente todos los elementos necesarios para considerar que una acción u omisión sean delito o falta. Ciertamente no son ya simples definiciones formales del delito, por cuanto añaden algunas características que son necesarias para considerar la existencia de un delito; pero no se mencionan, sin embargo, otras que, como veremos en su momento, y tal y como se desprende del examen global del propio artículo en el Código Penal, son también necesaria para completar el concepto de delito. 
Haciendo un estudio del derecho comparado, el legislador de otras latitudes ha querido destacas en estas definiciones aquellos caracteres que le han parecido más relevantes en orden de la consideración de una conducta humana como delito:


  1. que debe tratarse de una acción u omisión,

  2. que estas deben ser voluntarias o dolosas o culposas y

  3. que deben ser penadas por la ley.

Pero, como enseguida veremos, estas características son solo una parte de las características comunes a todos los delitos. Corresponden al jurista, a la ciencia del derecho penal, elaborar ese concepto del delito en el que estén presentes todas las características generales comunes a todos los delitos en particular. Para ello hay que partir de lo que el derecho penal positivo considera como delito; no solo de la definición general de delito contenida en el Código, sino de todos los preceptos legales que se refieren al delito, deduciendo las características generales comunes a todo delito. Esto es lo que ha hecho la ciencia del derecho penal, sobre todo la alemana y por su influencia en nuestro país la española y la latinoamericana, en los últimos ochenta años y esto es lo que vamos a hacer nosotros ahora. 


ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE DELITO.
Tras un minucioso análisis del derecho penal positivo, la ciencia del derecho penal ha llegado a la conclusión de que el concepto del delito, sus características comunes, responden a una doble perspectiva que, simplificando un poco, se presenta como un juicio de desvalor que recae sobre un hecho o acto humano y como un juicio de desvalor que deberá soportar y que se hace sobre el autor de ese hecho. Al primer juicio de desvalor se le llama injusto o Antijuridicidad, al segundo culpabilidad. Injusto o Antijuridicidad, es por la desaprobación del acto que hace la sociedad en general; y el juicio de culpabilidad es el calificativo de la conducta juzgada y la atribución de dicho acto a su autor.
En estas dos grandes categorías, Antijuridicidad y culpabilidad, se han ido distribuyendo luego los diversos componentes del delito. En la primera se incluye la acción u omisión, los medios y formas en que se realiza, sus objetos y sujetos, la relación causal y psicológica entre ellas y el resultado.
En la culpabilidad, las facultades psíquicas del autor (la llamada imputabilidad o capacidad de éste de ser culpable), el conocimiento por parte del autor del carácter antijurídico del acto y la exigibilidad al autor de un comportamiento distinto. Ambas categorías tienen también una vertiente negativa; así, por ejemplo, la existencia de una fuerza irresistible excluye la acción; la absoluta imprevisibilidad, la relación psicológica con el resultado; Las causas de justificación (por ej. la legítima defensa) autorizan la comisión del hecho prohibido; la falta de facultades psíquicas en el autor de la acción (por ej. enfermedad mental, ó capacidad diferente a la nuestra) excluye por completo la imputabilidad, ó bien el poder del Estado de conseguir ejercitar la acción penal en todas sus dimensiones en contra de éste., etc.
Esta distinción sistemática tiene también un valor práctico importante. Para imponer, por ej., Una medida de seguridad o de corrección (internar a un enfermo mental que ha cometido un delito en el Hospital de Higiene mental o lo que conocemos como manicomio) es suficiente con la comisión del hecho prohibido, antijurídico, aunque su autor no sea culpable; ó que al autor no se le pueda sancionar penalmente por lo sucedido. Pues bien, para imponer una pena es, sin embargo, necesario que exista culpabilidad, además de que el hecho sea antijurídico. No hay culpabilidad sin Antijuridicidad, aunque sí hay antijuricidad sin culpabilidad. Normalmente la presencia de un acto antijurídico es el límite mínimo de cualquier reacción jurídico penal. Así, por ej. , La legítima defensa supone una agresión antijurídica, aunque el autor de la acción no sea culpable. Frente a un acto lícito no antijurídico, no cabe legítima defensa. Igualmente la participación a título de inductor o de cómplice en el hecho cometido por otro, solo es punible cuando este hecho es por lo menos antijurídico, aunque su autor no sea culpable (por ej. , Un enfermo mental, a los que hoy se les denomina como discapacitados o los de capacidad diferente a la nuestra)
Pero no todo hecho antijurídico realizado por un autor culpable es delito. De toda la gama de acciones antijurídicas que se comente, el legislador ha seleccionado una parte de ellas, normalmente las más graves e intolerables, y las ha conminado con una pena por medio de su descripción en la ley penal. A este proceso de selección en la ley de las acciones que el legislador quiere sancionar penalmente se le llama tipicidad. La tipicidad es, pues, la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad, ya que solo por medio de la descripción de las conductas prohibidas en tipos penales se cumple el principio nullum crimen sine lege. 
Ahora bien, es de suponer que el estudioso del derecho se ha de hacer la siguiente pregunta:

¿Cómo selecciona éstas conductas el legislador?;

¿Por qué ha considerado éste que sí merecen acreditárseles una autonomía a ella, dentro de la legislación penal y por tanto, merecedora de una pena específica?.

A criterio de una parte doctrinal foránea, el legislador es constantemente requerido por los acontecimientos que se suscitan en la Sociedad, para que realice la selección de la conducta reprochable y la sanciones penalmente.

Considero que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en éste asunto, tanto en dicha selección, como en la presión que ha de hacerse sentir en el orden legal del país.

En la medida en que dichos Medios de comunicación masiva informen a la población y califiquen como de una necesidad, que se haga la selección de aquellas conductas, que más han impactado dentro de ella, permitirá que se llegue a dar una auto influencia para su selección, y así se le acreditarla sanción a éstas y su respectiva incorporación de ella dentro del sistema de justicia penal.

Un caso típico de la conducta que ha de ser seleccionada por el legislativo y que ha de ser calificada como delito e incorporada, es aquella a la que se le ha denominado “Mala práctica médica”.

Al respecto de dicha conducta, hay que hacer notar que, actualmente en nuestro sistema de justicia penal, no se califica la misma como tipo penal autónomo, ni mucho menos genérico o derivado, por tanto, cuando sucede una acción, que para algunos es merecedora de llamársele de “Mala práctica médica, se ha buscado en acomodarla, en aquellas conductas, que son calificadas de acciones ilícitas, pero siempre, con la temeridad de faltar a la legalidad exigida por la constitucionalidad del país. El problema lo han resuelto los administradores de justicia buscando aquellas conductas típicas que se les asemeje, o que se encuentren acordes a los tipos penales que en igualdad de condiciones han protegido los mismos bienes jurídicos afectados por aquellas, en circunstancias similares.

Solo así se ha logrado que el juzgador de nuestros días, en éste país, logre sancionar el comportamiento humano, reprochable por cierto, que otras latitudes internacionales les han otorgado una autonomía más específica, a efecto de evitar que quede a la deriva la búsqueda de la sanción y el logro del resarcimiento al daño que se le ha causado a la víctima de la lesión del bien jurídico tutelado.

Para concluir la explicación, se puede afirmar que el comportamiento calificado de “Mala Práctica Médica”, debe de gozar de una especial autonomía dentro de la legislación penal, ya que en legislaciones foráneas así se le ha denominado, con la característica de figura penal tipo derivada del delito imprudente. Pero es oportuno reflexionar en el punto de incluir en la conducta, no solo la actividad profesional de la medicina, sino todas aquellas que requieren, para su ejercicio, una colegiación obligatoria, por mandato constitucional. Se podría desarrollar el tipo con el nombre de “Mala práctica Profesional”, ya que de esta forma, se estaría siendo mucho más objetivo y se englobaría a la generalidad de las profesiones que se desarrollan y son reconocidas por las universidades autorizadas en el país.

Pues bien, con el objeto de llegar a un mejor entendimiento de éste punto del derecho penal, considero oportuno hacer referencia de un ejemplo de éste y es atinado incorporar al presente trabajo la publicación de la Revista domingo, que Prensa Libre editó el 29 de julio del 2,001. En la página 12 de la misma, se lee con el título CASTIGO A LA NEGLIGENCIA. Y dice, además, lo siguiente: que para ilustrar más el tema, transcribo a continuación dicho artículo:

Una demanda de Q.10 millones ganada al hospital Bella Aurora por la muerte de un niño de dos meses hace historia jurídica en el país, en casos de mala práctica médica.

El periodista, Francisco Mauricio Martínez, ilustra su reportaje diciendo en su artículo lo siguiente:

La justicia le permitirá a William Turton transformar una tragedia en una fundación al servicio de los niños de Guatemala. El proyecto lo llevará a cabo con los Q.10 millones que deberá pagarle el Hospital Bella Aurora, como indemnización por la muerte de su hijo Jeff Anthony Edward, quien falleció el 9 de agosto de 1993, por mala aplicación de anestesia.

El dinero no le devuelve la vida a su hijo Jeff. Sin embargo, según Turton, sienta un precedente histórico, porque nunca antes en el país habían sido condenados un hospital y un médico por negligencia. “este fallo va a abrir la puerta para que en el futuro otras personas también denuncien mala práctica” señala. Para lograr este fallo, la familia Turton Furlán libró una batalla de casi siete años en los tribunales de justicia. El último fallo fue dado a conocer el 9 de julio de este año, (2001) cuando la Sala Décima de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sanción emitida en primera instancia por el Tribunal Quinto de Sentencia el 27 de abril de este año.

La resolución de la Sala Décima, presidida por la Jueza Yolanda Pérez Ruiz, señala que en el juicio quedó probada la responsabilidad de la Empresa Médica S. A. Gestora del Hospital Bella Aurora. Así también, condenó a tres años de prisión conmutables al médico anestesiólogo Erick Roberto Izquierdo, a razón de Q. 25 diarios, y fue inhabilitado para ejercer su profesión durante el mismo período.

Pero la última palabra aún no está dicha. La defensa del hospital interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. “El médico (Izquierdo) actuó en el ejercicio liberal de su profesión. El hospital sólo prestó los servicios correspondientes, por lo que no tiene nada de responsabilidad”, señaló el abogado del centro hospitalario, Mario Fuentes Destarac.
Fatídico día. La vida de la familia Turton Furlán dio un giro de 180 grados la mañana del 15 de enero de 1993. Ese día, a las 7 horas, llegaron William y su esposa, Lorena, a la sala de operaciones número 4 del citado hospital. En sus brazos llevaban a Jeff Anthony, nacido el 16 de noviembre de 1992, para ser intervenido de una hernia inguinal en el lado derecho. Esta dolencia había sido diagnosticada el 22 de diciembre por el pediatra Julio Penados del Barrio.

“Ese día –16 de enero- fue el último que pudimos gozar su llanto, sus movimientos y su risa. También su mirada vivaracha, que reflejaba su confianza de que estando con sus padres nada podría pasarle. Fue la última vez que escuchó nuestras voces y sintió nuestro abrazo”, recuerda Turton con melancolía.


Durante casi una hora, los Turton Furlán esperaron el llamado para ingresar a la Sala de Quirófanos. A las 8 de la mañana se presentó una enfermera y se llevó al niño a donde sería intervenido. “Mi esposa y yo quedamos a la espera de que todo concluyera rápidamente. El cirujano Carlos castillo Madrazo nos había dicho que la intervención duraría 45 minutos”, recuerda Turton.

Media hora después salieron del quirófano Castillo Madrazo y Penados Del Barrio. Los especialistas informaron a los padres que la cirugía se había suspendido por una “Braquicardia” problema en el corazón-, “pero que no era nada difícil y que de todas formas ya no operarían, por lo que en 15 minutos nos entregarían a Jeff y nos podríamos ir” relata el padre del niño.


LARGA ESPERA. Esos 15 minutos se transformaron en horas. Angustiados los padres, por no tener noticias del niño, se dirigieron a la sala de operaciones. A eso de las 11:15 horas apareció Izquierdo. “Nos dijo que el anestesista que nosotros habíamos designado para esta cirugía había sido sustituido por el hospital”, señala. “El nombrado era él”.

Con esto también llegaron las primeras malas noticias. Izquierdo les informó que después de que se marcharon el pediatra y el cirujano habían surgido complicaciones, y que por eso aún no habían sacado al menor del quirófano, “pero que de todas formas en poco tiempo nos podríamos retirar con nuestro hijo”, cuenta Turton.

Dos horas después, la angustia se apoderó nuevamente de la pareja. Volvieron a preguntar, pero esta vez nadie salió a contestar. Alterada, la pareja empezó a buscar al niño por todo el hospital y a preguntar por las autoridades del centro. Al final, lo encontraron en el área de cuidados intensivos. “Ya en estado vegetal”, señala.

Durante el juicio se comprobó que el anestesista no administró al niño un pre-anestésico llamado atropina, lo cual produjo arritmia cardiaca. “Esto le disminuyó el flujo de sangre hacia el cerebro, lo que al final le provocó daños irreversibles”, explicó el abogado de la familia Turton, César Augusto Martínez.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Eduardo García Escobar, dice que el caso debe ser bien analizado, pues demostrar mala práctica médica es complicado. “Cuando en realidad existe, se evidencia fácilmente”, argumenta. “Por ejemplo, hay negligencia cuando se realiza un trabajo para el cual no se tiene capacidad, o no se cuenta con el equipo suficiente. En este caso, el doctor Izquierdo es un profesional de mucha experiencia, y el centro cuenta con todo”, afirma.

Jeff murió el 9 de agosto de 1993, en la habitación 208 del Hospital Bella aurora, después de casi siete meses de estadía. Por ese tiempo, dice Turton, el centro hospitalario pretendió cobrarle facturas por más de ochocientos mil quetzales (Q. 800,000.00), los cuales se resistió a cancelar.


CAMINO JUDICIAL. Las acciones judiciales se iniciaron el 17 de junio de 1993, cuando ante el tribunal Sexto de Primera Instancia Penal, Turton interpuso una querella por daños y perjuicios. “Desde el inicio, el Hospital Privado Bella Aurora trató de evadir la responsabilidad civil derivada del homicidio culposo de mi hijo Jeff, planteando una serie de recursos y acciones, incluyendo amparos, que en su oportunidad fueron declarados totalmente sin lugar por la Corte de Constitucionalidad”, afirma Turton.

El juicio oral comenzó el 23 de enero de 2,001, y concluyó el 27 de abril del mismo año, donde resulto condenado Izquierdo como “autor responsable del delito consumado de homicidio culposo, y el hospital, porque el anestesiólogo era parte de su equipo”.

Luego de esa sentencia, Empresa Médica, S. A. Planteó un recurso de apelación especial, pero la sentencia quedó confirmada el 5 de julio. “Con este fallo, la justicia no logrará reparar los graves daños causados a mi familia, ni mucho menos devolverá la vida de nuestro hijo”, dice Turton. “Pero si esperamos que los hospitales y médicos reevalúen su posición y sean más responsables”, enfatiza.
Por otra parte, las denuncias de mala práctica médica se dan en todo el país. Algunas son presentadas en las auxiliaturas de Derechos Humanos, y otras, en el Ministerio Público, pero la mayoría se queda en el olvido. Algunas de las presentadas han sido:

1º. Consuelo Vásquez Sigüenza denunció en la Auxiliatura de los derechos Humanos de Petén que el 16 de octubre de 2,000 falleció por falta de atención médica su madre, Ana Gladis Sigüenza corado, en el Hospital de Melchor de Méncos.

2º. El médico Byron González fue señalado por la Auxiliatura de Derechos Humanos de Sololá responsable de la muerte de la señora Delfina Pérez Pol, tras luego de una operación, según expediente 20-2000-

3º. Existe denuncia contra el personal médico del Instituto Guatemalteca de Seguridad social de Suchitepequez, por la muerte de Rolando Rivera Ochoa, quien ingresó al hospital con hepatitis avanzada. No obstante, fue dado de alta por el doctor Luis Lionel Ixcot Racancoj. Al reingresar falleció. Ello consta en el expediente 2-2000.

4º. En el expediente 17-2000 de la Auxiliatura de Derechos Humanos de Zacapa se acusa al médico de emergencia Jorge Mariscal de ser el responsable de la muerte del niño Rubén Paz Ortiz, a quien no le prestó atención médica oportuna. Este médico ya había sido condenado por la PDH anteriormente.

5º. Elías Escobar Reyes denunció que su hijo murió por negligencia del personal del Centro de Salud de Gualán, Zacapa. Acusa a la enfermera de turno de no haberle prestado atención debido a que el paciente era remitido por un médico particular, según el expediente 29-00.

6º.- Raúl López denunció ante el Ministerio Público de Suchitepequez, que su esposa Magda Anabella Sandoval murió por mala práctica médica en el Instituto Guatemalteco de seguridad Social. Fue sometida a una operación por cálculos en la vesícula biliar el 14 de octubre de 1999, pero se desangró.

7º. Sonia Leticia Suchini Morales, de 30 años, falleció en el Hospital modular de Chiquimula, según denunció en el MP su hermana, María Elena. Ingresó el 16 de enero de este año para tratarse una otitis media y amígdalas hipertróficas con criptas, por lo cual le practicaron una cirugía.


Siguiendo con la cátedra, se afirma que normalmente son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, las características comunes a todo delito. El punto de partida es siempre la tipicidad, pues solo el hecho típico, es decir, el descrito en la redacción de la norma legal el que puede servir de base a posteriores valoraciones. Sigue después la indagación sobre la antijuricidad, es decir, la comprobación de sí el hecho humano típico cometido o la conducta desarrollada es o no conforme a derecho o encuadra la misma en la norma penal.
Un hecho típico, por Ej. , Pedro mata a Juan, puede no ser antijurídico, si existe una causa de justificación que autorice la acción y se lo permita.
Así por ejemplo: Pedro se regresa a su casa, porque ha olvidado la chequera en la mesa de su dormitorio. Al ingresar a la habitación, sorprende a su esposa en la cama, haciendo actos impropios con Juan el vecino. Éste al verse sorprendido recoge todas sus cosas del piso y se refugia en el baño bajo llave. Pedro busca en el armario un arma de fuego que ha conservado por mucho tiempo. Rompe a patadas la puerta del baño, donde se ha refugiado su vecino con todas sus prendas de vestir y al momento de abrirla, apunta a la cabeza de Juan su vecino, e intenta detonar el arma, la cual no se acciona, ya que se encuentra oxidada. Juan logra desenfundar el arma que tiene en la bolsa de su chumpa, que siempre se encuentra portando y apunta al cuerpo del esposo enardecido, logra detonarla. El proyectil le interesa el cuerpo de Pedro, haciéndole un orificio de entrada a la altura de la tetilla izquierda, herida que le causa la muerte en forma instantánea.

Las preguntas son: ¿Ha cometido algún tipo de Homicidio Juan? ¿Si se hubiera disparado el arma, habría cometido algún tipo de homicidio Pedro, el esposo dolido?

¿Merecerá castigo Juan por haberse metido con la esposa de su vecino, cuando éste se ausentaba de casa?
La respuesta a cualquier interrogante que surja puede generar mucha polémica. La idea de encontrar a la esposa, con otro individuo en la casa conyugal, el solo pensarlo, molesta a cualquiera, máxime con la mentalidad latina que impera en nuestro medio.

Pero en sí, la infidelidad es una causal de divorcio, pero no es motivo que justifique quitarle la vida a alguna persona, aún cuando sea sorprendida en la cama con el amante.

Personas razonables, al encontrarse en tal situación apuntada, únicamente se limitan a denunciar la incompatibilidad de caracteres, o a denunciar, su deseo de no permanecer juntos, ante un Juez de Familia. En pocas palabras, en definitiva el problema es solventable, con la simple salida de casa de uno de los cónyuges, cualquiera de ellos.

Cualquiera podría afirmar que Juan ha cometido algún tipo de homicidio, por el resultado acaecido. Pero éste lo único que hizo fue defenderse de una agresión ilegítima, que si no lo hubiera hecho, él hubiera sido víctima de la acción. Aún en el caso de que haya sido sorprendido con la esposa del vecino en actos impropios. Por tanto, se justifica la acción y encuadra la legítima defensa.


Pues bien, continuando con el tema, una vez comprobado que el hecho es típico y antijurídico hay que ver si el autor de ese hecho es o no culpable, es decir, si posee las condiciones mínimas indispensables para atribuirle ese hecho, por ej. Si está sano mentalmente o conoce la antijuricidad del hecho, o ha tenido la capacidad suficiente de poder escoger, entre la gran gama de posibilidad que se le han presentado, ha escogido de todas ellas, precisamente la que se encuentra sancionada con una pena, o es justificable su actuación, por razones como las expuestas en el ejemplo anterior (legítima defensa) en cuanto a aceptar la agresión ilegítima o defenderse legítimamente porque su vida esta en peligro.
Con la constatación positiva de estos elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, se puede decir que existe delito y su autor puede ser castigado con la pena que se asigne en cada caso concreto al delito en la ley. En algunos casos se exige, sin embargo, para poder calificar un hecho como delito la presencia de algunos elementos adicionales que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad. Así, por ej. , Se exige para castigar la quiebra punible la previa declaración de insolvencia conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. El Art. 380 de dicho código indica que el auto en que se declare la quiebra contendrá la fijación de la época de cesación de pagos, con calidad de por ahora, sin perjuicio de tercero, observándose, además, todas las disposiciones establecidas para el caso de concurso necesario, si no se hubieren tomado antes; orden de detención contra el fallido, certificándose lo conducente al juzgado del Ramo Penal que fuere competente, y nombramiento de síndico y de depositario provisionales. La Junta general, en su primera reunión, ratificará los nombramientos para esos casos o designará otras personas. Además, nombrará el juez dos expertos para el avalúo de los bienes.

O la presentación de querella en los delitos de calumnia o injurias, o la declaratoria de insolvencia económica en sentencia por Juez de Familia, en los casos de delito de negación de asistencia económica, la declaración de falsedad ideológica y material, en sentencia de Juez de Primera Instancia civil, en los delitos de éste tipo, etc. Se habla en estos casos de penalidad y se considera que esta categoría es también un elemento perteneciente a la teoría general del delito.


Después de todo lo dicho hasta ahora, podemos definir el delito como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible.
CLASIFICACION DE LOS DELITOS:
El Código Penal habla en su artículo 1o. de delitos y faltas (clasificación bipartita) Ambos términos corresponden en su contenido a la misma estructura ya estudiada anteriormente. La distinción se hace en función de su gravedad. Es entendido que son delitos las infracciones que la ley castiga como penas graves, y faltas las castigadas con penas leves, y para saber cuando estamos ante un delito o una falta hay que ver, por lo tanto, la pena que, en el precepto doctrinario corresponde asignarle al hecho en cuestión (consideración abstracta), no la que correspondería en el caso concreto (consideración concreta) Esta distinción entre delito y falta es, por consiguiente, puramente cuantitativa. Así, por ej. , El mismo hecho un hurto puede ser delito o falta según el valor de la cosa hurtada. Es pues una cuestión de política legislativa el que un hecho se considere como delito o como falta. Normalmente las faltas suelen ser delitos en miniatura, "delitos veniales" las llamaba "Pacheco", y no difieren mucho de los delitos propiamente dicho. Pero otras veces son más bien puras infracciones administrativas, que solo por la tradición se incluyen en el Código Penal. Actualmente hay una corriente en favor de la despenalización de estas faltas y de su consideración como simples infracciones administrativas las mismas.
La distinción entre delito y falta tiene consecuencias de orden material (así por ej. En lo relativo a la punición de la tentativa, prescripción, y reglas de aplicación de la pena) y de orden procesal (distinta competencia judicial).
En la doctrina se puede observar que existe una vieja distinción entre delitos graves, menos graves y faltas ( clasificación tripartita)
La distinción entre delito grave; menos grave; tiene repercusiones, sobre todo, de índole procesal, determinando una distinta competencia judicial. Las causas por delitos graves son controladas en la investigación por los jueces de primera instancia penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente, y las causas que se inician por delitos menos graves, cuya pena máxima no supere los tres años, la ley autoriza que sean juzgados por los jueces de paz con la aplicación del criterio de oportunidad, es decir, darle una salida alterna al proceso penal. Y en esa dirección son competentes para juzgar las faltas los jueces de paz. Éstas, se encuentran individualizadas en el libro tercero del Código Penal. Y aquellos delitos cuya pena máxima no exceda de tres años, en todo el cuerpo de la ley penal.  
Desde el punto de vista terminológico se suele emplear la expresión delito en general como equivalente a infracción criminal y en la que se comprende también las faltas. Otras veces se emplean expresiones tales como "hecho punible", "acción punible", etc.
Estos términos debemos tomarlos como equivalentes; pero doctrinariamente es más común el escuchar el de delito, que es el que normalmente se emplea aquí, salvo que se aluda en forma concreta a alguna particularidad de las faltas o de los delitos graves o menos graves. 
Igualmente cuando se habla de delito, nos referimos por lo regular a la acción u omisión típica, antijurídica y culpable; pero otras veces solo nos referimos al hecho típico, es decir, al descrito en la ley como delito sin prejuzgar todavía si es antijurídico o culpable. Por el contexto podrá deducirse cuando se emplea en uno u otro sentido.
El código Penal guatemalteco no tiene una definición de delito. El de Cuba, uno de los últimos dictados, sí tiene la definición, para el cual lo determinante es que la acción u omisión sea "socialmente peligrosa" y "prohibida" por la ley.
Con respecto a los elementos y estructura del concepto de delito, se puede decir que dentro de la línea iniciada por el Código Penal Tipo para Ibero América, se da un excesivo tecnicismo jurídico. El C. P. colombiano de 1980 señala las características de la conducta punible: típica, antijurídica y culpable. Esta descripción de los caracteres del delito ha sido asumida en forma mayoritaria por la doctrina en América Latina. En cambio, en general no se hace alusión a la punibilidad, que tiene antigua tradición heredada de España. 
CLASIFICACION DE LOS DELITOS,

No hay una postura uniforme al respecto entre los Códigos Penales latinoamericanos. Algunos siguen una división bipartita al igual que el español; así, el C.P. colombiano distingue entre delitos y contravenciones el C.P. paraguayo, venezolano y nicaragüense entre delitos y faltas. Pero otros establecen una división tripartita; así, el chileno distingue entre crímenes, simples delitos y faltas y el mismo criterio mantiene el hondureño. La actual tendencia a suprimir las faltas o contravenciones del ámbito del Código Penal se refleja en el Código Penal panameño de 1982 y en el portugués de 1983.




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