Derecho de las personas con discapacidad a la proteccion social



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INFORME

DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROTECCION SOCIAL
MANDATO DE LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS

Sra Catalina Devandas- Aguilar


RESOLUCION 26/20 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS



Introducción

La adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo es una clara acción del Estado Nacional en su compromiso y responsabilidad con el trabajo para lograr avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en la justicia social y el reconocimiento del goce y ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos y libertades fundamentales.

La realización del presente Informe ha representado una oportunidad para hacer un revisión de las políticas públicas vinculadas a la protección social de los derechos de las personas con discapacidad y a continuar encaminando y ejecutando acciones que sostenidamente propendan a la mejora permanente en la calidad de vida de las personas.

Metodología de elaboración del Informe:

Para la elaboración del presente Informe la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad - CONADIS – utilizó datos estadísticos e información disponible en las diferentes áreas del Gobierno Nacional.

1 Sírvanse proporcionar información en relación a la existencia de leyes y políticas relativas a inclusión social y/o programas específicos de protección social con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo:

-Marco institucional encargado de su aplicación;

-Medidas legislativas, administrativas, judiciales y / o de otras medidas destinadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los programas de protección social (por ejemplo, reducción de la pobreza, la seguridad social, la atención de salud, obras públicas, vivienda);

-Creación de programas específicos sobre discapacidad (tales como las pensiones de invalidez, prestaciones de movilidad u otros);

- Ajustes fiscales u otras medidas similares.

La República Argentina cuenta con medidas legislativas compuestas por normas que permiten regular los diferentes aspectos de la temática de la discapacidad. En este sentido, los programas desarrollados por el Estado Nacional propenden a asegurar un nivel de vida adecuado y protección social a las personas con discapacidad, tal como lo ordena el Art. 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Medidas Legislativas y Marco Institucional encargado de su aplicación.

En nuestro país y por mandato constitucional (Constitución Nacional Art. 75 inc 3) le corresponde al Congreso Nacional legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Mediante la Ley 18.910 y Decreto 432/97 se regula la pensión no contributiva por invalidez. Podrán acogerse a la presente Ley aquellas personas que se encuentren incapacitadas en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa, una disminución del 76%, o más. Esto se probará mediante certificación expedida por el servicio médico de establecimientos sanitarios oficiales, en el que deberá indicarse la clase y grado de incapacidad. Corresponde la aplicación a la Comisión Nacional de Pensiones.

La Ley 19.279 instaura la posibilidad de adquirir un automotor nacional sin pagar el IVA (Impuesto al valor Agregado), o bien importado a valor FOB (valor del automóvil en su país de origen) sin pagar impuestos, para las personas con discapacidad para uso personal, a fin que ejerzan una profesión, o realicen estudios, otras actividades y/o desarrollen una plena vida de relación que propenda a su integral habilitación dentro de la sociedad. Asimismo contempla el otorgamiento de préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional. La Ley 22.499, modificatoria de la 19.279, amplía el beneficio a las instituciones asistenciales que se dediquen a la rehabilitación de personas con discapacidad, que no persigan fines de lucro. Corresponde su aplicación al Ministerio de Salud a través del Servicio Nacional de Rehabilitación.

La Ley 20.475 contempla la jubilación de las personas que vean afectada su capacidad funcional, ya sea por afecciones físicas o psíquicas, con 20 años de servicio y 45 de edad, para el caso de las personas en relación de dependencia y 50 años para aquellos que son autónomos, siempre que acrediten fehacientemente que durante los 10 años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud del beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución mencionado.

La Ley 20.888 otorga el derecho a las personas con discapacidad visual jubilarse a los 45 años de edad y/o 20 años de servicio. Todo afiliado al Sistema Nacional de Previsión o a cualquier caja o sistema de previsión especial que esté afectado por discapacidad visual congénita tendrá derecho a gozar de este beneficio. Las personas en situación de discapacidad visual, cinco (5) años antes de llegar a cualquiera de los topes establecidos, se considerarán comprendidas en sus beneficios.

La Ley 22.431 es el Sistema de protección Integral de las personas con discapacidad. Establece normas específicas en las siguientes áreas: salud, asistencia social, trabajo y educación. Asimismo, establece que el Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran obligados a ocupar a personas con discapacidad, que reúnan condiciones de idoneidad para el puesto, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. Por otra parte instituye que las empresas de transporte colectivo terrestre, sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad.

La Ley 23.021 establece que los empleadores que otorguen empleo a personas con discapacidad, tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias, o sobre los capitales equivalente al 70% de las retribuciones que abonen a las personas con discapacidad en cada período fiscal.

Ley 23.876 otorga el pase gratuito al transporte público de pasajeros.

La Ley 23.891 instituye el pago de una pensión mensual vitalicia, para aquellas personas que hubieran obtenido títulos olímpicos o paralímpicos (medalla de oro, plata o bronce).

La ley 24.204 establece que las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía pública para las personas hipoacúsicas o con impedimento del habla.

La ley 24.310 otorga la pensión graciable vitalicia a ciudadanos argentinos que sufrieron incapacidades con motivo de las acciones bélicas en el Atlántico Sur.

La Ley 24.421 establece que las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía domiciliaria para personas hipoacúsicas.

Ley 24.714: Asignación por hijo con discapacidad. Consiste en el pago de una suma mensual que se abona al trabajador, por cada hijo o hija que se encuentre a su cargo en esa condición, sin límite de edad. Asimismo, instituye una asignación por ayuda escolar anual, que consiste en el pago de una suma de dinero que se hará efectiva en el mes de marzo de cada año. Esta asignación se abona, al trabajador, por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal, o bien cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación específica.

Decreto 1602/09: Asignación Universal por hijo para Protección Social, consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abona a uno sólo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, sin límite de edad, cuando se trate de una persona con discapacidad. El presente Decreto introduce modificaciones a la Ley 24.714, e incluye a los grupos familiares que se encuentran desocupados o que se desempeñan en la economía informal.

Ley 24.716: Establece, para la madre trabajadora en relación de dependencia, una licencia especial, por nacimiento de un hijo con Síndrome de Down. Durante el período de licencia previsto, la trabajadora percibirá una asignación familiar cuyo monto será igual a la remuneración que ella habría percibido si hubiera prestado servicios.

Ley 24.901: Establece la cobertura total (100%) por parte del las Obras Sociales, las Prepagas o el Estado que incluye: Terapias y Rehabilitación, Transporte, Educación (tanto escuela especial como común y maestro/a integrador/a), estimulación temprana, prestación de hogar, residencia, centro de día, etc. Prevención estudios de diagnóstico y control, apoyo psicológico al grupo familiar-diagnóstico y orientación a familiares de personas con discapacidad genéticas hereditarias. Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La ley 25.504 establece que el Certificado Único de Discapacidad será expedido por el Ministerio de Salud de la Nación. Idéntica validez en cuanto a sus efectos, tendrán los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901.

La ley 25.635 instituye la obligación de las empresas de transporte colectivo terrestre, sometidas al contralor de autoridad nacional, de transportar gratuitamente a las personas con discapacidad y a su acompañante necesario.

La Ley 25.689, implanta que el Estado debe asegurar que los sistemas de selección de personal cumplan con el porcentaje (4%) establecido por la ley 22.431. Asimismo, que se provean las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad, a sus puestos de trabajo.

Ley 25.730 crea un fondo para el financiamiento de programas y proyectos en favor de las personas con discapacidad y su aplicación corresponde al Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad que preside la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. Se encuentran a disposición de los Organismos de Gobierno, de nivel provincial o municipal; Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro y personas con discapacidad.

Actualmente los Programas disponibles son: Adaptación al puesto de trabajo, Apoyo a artistas, Apoyo a atletas, Apoyo a los emprendedores con discapacidad, Ayudas técnicas para personas con discapacidad, Mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad, adquisición de ayudas técnicas bastón verde; Accesibilidad al aprendizaje; Accesibilidad para ámbitos educativos; Accesibilidad urbana; Banco de Maquinas Braille; Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas; Centros Municipales de Promoción de las personas con discapacidad; Espacios culturales inclusivos; Equipamiento y accesibilidad para bibliotecas; Fortalecimiento de Espacios de Atención-Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil; Fortalecimiento de Redes de Rehabilitación; Fortalecimiento de unidades productivas inclusivas; Mejoramiento de la infraestructura institucional; Inclusión deportiva; Plazas Accesibles; Programa para la promoción de Actividades Artísticas de Personas con Discapacidad; Programa de Fortalecimiento de los Observatorios Locales; Programa para equipamiento de servicios de salud mental; Transporte institucional

La ley 26.480 incorpora la figura del asistente domiciliario al Art. 39 de la Ley 24.901. Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad .

La ley 26.816 regula el Régimen de empleo protegido para las personas con discapacidad y tiene como  objetivos : 1. Promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado. Para ello se deberá promover la superación de las aptitudes, las competencias y actitudes de las personas con discapacidad, de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales. 2. Impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad. Dicha norma se encuentra actualmente en proceso de reglamentación.

Resolución 5/2015: Establece la exención del pago de la tarifa de peaje para un vehículo en el que se traslade la persona con discapacidad, en las Estaciones de cobro de Peaje correspondientes a la Red Vial Nacional Concesionada, que se encuentren bajo la órbita de competencia del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.

Resolución 355/05: Establece el subsidio del consumo de electricidad, de aquellos hogares en los que habiten personas usuarias de equipos electro médicos, denominadas, electro dependientes.



Medidas Administrativas:

A los efectos de proteger los derechos de las personas con discapacidad se encuentran disponibles diferentes alternativas a saber:

Denuncias ante la Superintendencia de Servicios de Salud frente a incumplimientos de las obras sociales y prepagas.

Denuncias ante Defensa del Consumidor (Nacional o Municipal) frente a incumplimientos de las obras sociales y prepagas.

Denuncias ante la CNRT frente a incumplimientos de las empresas de transporte.

Denuncias ante el INADI por casos de discriminación.

Denuncias ante el ANSES por temas relacionados a jubilaciones y pensiones asistenciales.

Denuncia ante la COMISIÓN DE PENSIONES por temas relacionados a pensiones no contributivas.

Denuncias ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS por temas relacionados a seguros de retiro.

Medidas judiciales:

Las personas con discapacidad pueden utilizar las siguientes vías:

Acción de amparo (o juicio sumarísimo) por casos de SALUD, ACCESIBILIDAD, TRABAJO o VIVIENDA.

Para tal medida, quienes no tengan recursos económicos para afrontar las erogaciones de un abogado, pueden requerir la asistencia gratuita de la DEFENSORÍA OFICIAL FEDERAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL de su jurisdicción.

Programas Específicos:

Los siguientes programas se orientan a cumplimentar los derechos de las personas con discapacidad en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

Asistente Domiciliario, otorga un subsidio para solventar gastos derivados de la contratación de personal, para la asistencia de la persona con discapacidad en su domicilio - Instituto Nacional de Seguridad Social Jubilados y Pensionados. (Ley 26.480)

Ayudas técnicas, brinda un subsidio a las personas con discapacidad, para que adquieran la ayuda técnica que requieren– Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS, Ley 25.730

Subsidio mensual para la adquisición de insumos, herramientas y elementos de seguridad e higiene y seguros de accidentes personales. Asimismo, prevé acciones de tutoría para actividades de utilidad social que desarrollen potencialidades, habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ayuda económica para la inclusión de los participantes, en distintas prestaciones de empleo, o formación profesional – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Empleo independiente. Brinda capacitación para la realización de emprendimientos y otorga un subsidio para emprendimientos individuales o asociativos. El subsidio está destinado a bienes de capital, insumos, acondicionamiento del lugar de trabajo, habilitaciones, instalaciones de gas o electricidad y elementos de seguridad para el trabajo– Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Formación y asistencia técnica para el trabajo. Ofrece capacitación a través de Organizaciones de la sociedad civil, para mejorar el nivel de empleabilidad, e incrementar competencias para facilitar la búsqueda de empleo, las cuales deben culminar con una acción laboral concreta – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Asistencia a los trabajadores de los talleres protegidos de producción. Brinda asistencia y la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran los trabajadores de los Talleres protegidos de producción. Y otorga subsidios a las personas y a los talleres para la adquisición de insumos y herramientas -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Programa “Ellas Hacen” en implementación por Resolución 2.176/13 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, definió una línea de acción específica, en el marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, orientado a las mujeres desocupadas, priorizando jefas de hogar con hijos con discapacidad o tres o más hijos a cargo, o que padecen violencia de género, y viven en villas y asentamientos o barrios emergentes; por considerar que constituyen el “núcleo duro” de la vulnerabilidad y exclusión socio ocupacional. Este Programa capacita en oficios y actividades productivas, terminalidad educativa, promoción y prevención de la salud, derechos de niñez y la familia. Asimismo, las trabajadoras tienen acceso al monotributo social, que le garantiza una obra social y aportes jubilatorios. Al año 2014 había incluido un 13.5% de titulares con hijos con discapacidad.

2 Sírvanse proporcionar información sobre cómo las personas con discapacidad son consultadas y participan activamente en el diseño, implementación y seguimiento de los programas de protección social.

Las personas con discapacidad participan y son consultadas en diversas instancias tales como:

Comité Asesor de la CONADIS, el cual se encuentra compuesto por Organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad.

Observatorio de la discapacidad de la CONADIS compuesto por grupos de trabajo integrados por personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil.

Directorio de las Prestaciones Básicas, en cuya composición se encuentran personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática.

Comité de Ley de Cheques 25.730, constituido por organismos de gobierno y representantes organizaciones de la sociedad civil.

Consejo Federal de Discapacidad, formado por organismos de gobierno provincial y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.



3 Sírvanse proporcionar información en relación con las dificultades y las buenas prácticas en el diseño, implementación y seguimiento de los programas específicos de protección social general y / o con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo:

-Condiciones de accesibilidad y la realización de ajustes razonables;

-Consideración de las necesidades específicas de las personas con discapacidad dentro de los servicios y / o beneficios de los programas existentes;

- Las dificultades experimentadas por las personas con discapacidad y sus familias en el cumplimiento de los requisitos y / o condiciones de acceso a los programas de protección social;

-Consideración de la edad, el género y las diferencias de origen étnico o racial y las posibles barreras;

-Conflictos entre los requisitos y / o beneficios de los programas existentes, y el ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos, como a la capacidad jurídica, la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, el trabajo;

- Asignación de subsidios / subvenciones a fondos/presupuesto personales;

- Capacitación sobre la discapacidad y toma de conciencia entre funcionarios públicos y/o socios externos.



La Republica Argentina se encuentra en pleno proceso de aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y con ello, transitando el cambio de paradigma medico rehabilitador al modelo social. Este avance se realiza con las dificultades propias que imponen las transformaciones en las tres instancias involucradas: el ámbito político, de las prácticas y cultural.

Actualmente la estrategia de transversalizar la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas del gobierno nacional, así como también en todo el territorio nacional a través del involucramiento del Consejo Federal de Discapacidad, promueve una clara mejoría en la elaboración y desarrollo de las políticas en el marco de los Derechos Humanos.

Las mayores dificultades en relación a la accesibilidad surgen del encuentro entre el viejo y el nuevo paradigma por una parte y, por la otra la experimentan las personas con discapacidad al no contar con la información adecuada de sus derechos. Por ello, el Consejo Federal en acuerdo, subrayó como temas prioritarios trabajar en a) la toma de conciencia; b) la accesibilidad; c) educación inclusiva; d) el trabajo.

En relación a las capacitaciones sobre discapacidad y toma de conciencia entre funcionarios públicos y/o socios externos las acciones desarrolladas se orientan a promover mayor toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, y luchar contra los estereotipos y los prejuicios. 

En esta línea, el Gobierno nacional, a través de la coordinación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), lleva a cabo acciones de formación y capacitación en todo el territorio articulando con los Ministerios y organismos descentralizados y con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.

La CONADIS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), brindaron capacitaciones sobre Derechos Humanos y Discapacidad. La iniciativa incluyó talleres teóricos y prácticos.

En tanto, junto a organismos nacionales y organizaciones de la sociedad civil, CONADIS organizó el ciclo “Derechos de las Personas con Discapacidad en Tecnópolis”, en el marco de la muestra Tecnópolis. A lo largo del ciclo asistieron representantes de ONG, organismos de gobierno y público en general.

Desde el año 2015, CONADIS ha incorporado, además, nuevos talleres sobre difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, normativa nacional sobre derechos de las personas con discapacidad y Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24.901).

Por otra parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) realizó conferencias sobre Discapacidad y no discriminación, destinadas a ONG, organismos de gobierno y público en general.

Además, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, dispone de capacitaciones sobre discapacidad y políticas públicas, teletrabajo, tecnologías de la información y la comunicación y accesibilidad.

Existencia de mecanismos de queja o apelación.

Una instancia de asesoramiento para la realización de quejas la constituye la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad.

Defensoría General de la Nación. El Ministerio Público de la Defensa, a través de su “Programa Sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores”, creado en mayo de 2012 mediante resolución Nº 499/12, asume el compromiso de difundir entre sus integrantes la funciones y actividades de dicho servicio, evacuar consultas a personas con discapacidad, o asumir su defensa o patrocinio en las causas que correspondieren.
Defensoría General del Pueblo de la Nación: dicho organismo interviene en la aplicación, cumplimiento y propuestas de políticas que mejoren la calidad de todas las personas con discapacidad derribando para ello, todas las barreras existentes. Su objeto  es garantizar la integración de todos los individuos que componen nuestra sociedad, promoviendo su participación y actividad plena. A tal efecto, se orientará a los interesados, conforme la problemática específica hacia alguno de los siguientes organismos y/o programas: A. CONADIS: Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas  con Discapacidad. B. SNR: Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación. C. ADAJUS: Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia. D. PROFE Salud (Incluir Salud): Programa Federal de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. E. Cnrt: Comisión Nacional de Regulación del Transporte. F. S.S.S: Superintendencia de Servicio de la Salud de la Nación. G. Cnpa: Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. H. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. I. Dirección de Prestaciones Turísticas.

 

                      



4. Sírvanse proporcionar cualquier información o datos disponibles, desagregado por tipo de discapacidad, sexo, edad u origen étnico, si es posible, en relación con:

  • La cobertura de los programas/sistema de protección social de las personas con discapacidad

  • Las tasas de pobreza entre las personas con discapacidad;

- Los costos adicionales o gastos relacionados con la discapacidad.

POBLACION CON DIFICULTAD O LIMITACIONES PERMANENTES:

Los últimos datos proporcionados por el Censo Nacional de Población, hogares y viviendas 2010, relacionados con población con dificultad o limitación permanente, son los que se detallan a continuación

La prevalencia obtenida para el total país, a nivel población es del 12,9%, lo que representa 5.114.190 personas que declaran tener alguna dificultad o limitación permanente.

Distribución porcentual de la población con una sola dificultad o limitación permanente, por tipo de dificultad:


Tipo

%

Visual

59,5

Motora inferior

20,0

Cognitiva

8,4

Auditiva

8,3

Motora superior

3,8

Distribución de la población con dificultad o limitación permanente por cantidad de dificultades o limitaciones:

Cantidad

%

Una limitación

68,0

Dos limitaciones

18,2

Tres o más

13,8

Poblaciones específicas con dificultad o limitación permanente:

Población Indígena u originaria:

Del total de 955.032 personas pertenecientes o descendientes de pueblos originarios que arrojó el Censo 2010, el 15,4% tienen alguna dificultad o limitación permanente, porcentaje que corresponde a un total de 147.544 personas.



Distribución por edad de la población indígena u originaria con dificultad o limitación permanente:

Grupo etario

%

0 a 9 años

6,6

10 a 19 años

11,9

20 a 29 años

9,8

30 a 39 años

11,1

40 a 49 años

15,6

50 a 59 años

19,1

60 a 69 años

13,6

70 a 79 años

8,2

80 años y más

4,1

Prevalencia de la dificultad o limitación permanente en la población indígena u originaria por grupo de edad:

Grupo etario

%

0 a 9 años

5,8

10 a 19 años

8,6

20 a 29 años

9,4

30 a 39 años

11,4

40 a 49 años

19,8

50 a 59 años

32,9

60 a 69 años

39,0

70 a 79 años

48,7

80 años y más

64,9

Población afrodescendiente:

Del total de 149.493 personas afrodescendientes que arrojó el censo 2010, el 14,09% presenta algún tipo de dificultad o limitación permanente, lo que representa 21.070 personas.



Distribución por edad de la población afrodescendiente con dificultad o limitación permanente:

Grupo etario

%

0 a 9 años

4,1

10 a 19 años

8,6

20 a 29 años

9,2

30 a 39 años

10,6

40 a 49 años

15,0

50 a 59 años

22,2

60 a 69 años

15,2

70 a 79 años

9,5

80 años y más

5,6

Prevalencia de la dificultad o limitación permanente en la población afrodescendiente por grupo de edad:

Grupo etario

%

0 a 9 años

3,8

10 a 19 años

6,5

20 a 29 años

7,8

30 a 39 años

9,8

40 a 49 años

16,7

50 a 59 años

29,5

60 a 69 años

34,8

70 a 79 años

39,8

80 años y más

56,3

Los últimos datos proporcionados por el Censo Nacional de Población, hogares y viviendas 2010, relacionados con población con dificultad o limitación permanente, son los que se detalla a continuación:

Cobertura de salud y previsión social:

En relación con la cobertura de salud, de la población con dificultad o limitación permanente, 3.529.526 personas declaran tener algún tipo de cobertura, representando casi el 70 % del total de esta población.

Con relación a la previsión social, 2.314.336 personas con dificultad o limitación permanente, reciben algún tipo de beneficio del sistema de jubilación nacional (jubilación, pensión y pensión no contributiva asistencial o graciable). Esto representa el 45,3% del total de esta población, en tanto que este parámetro es del orden del 15,2% para la población total



  • Las tasas de pobreza entre las personas con discapacidad;

En relación a este ítem es necesario aclarar que nuestro país en el Censo 2010 utilizó el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este concepto delimita grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de carencias absolutas y se enfoca la pobreza como el resultado de un cumulo de privaciones materiales esenciales.

TOTAL DE HOGARES Y HOGARES CON AL MENOS UNA PERSONA CON DIFICULTAD O LIMITACION PERMANENTE, POR PRESENCIA DE NBI, TOTAL PAIS. AÑO 2010






HOGARES CON NBI

En el total de hogares

En los hogares con al menos una persona con dificultad o limitación permanente

TOTAL PAIS

1,9%

11,1%

5. Sírvanse proporcionar información sobre los criterios de elegibilidad utilizados para acceder a los programas específicos o generales de protección social general y / o con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo: Definición de Discapacidad y evaluaciones de incapacidad e invalidez utilizadas para la determinación de la elegibilidad.
-La consistencia de los criterios de elegibilidad entre los diferentes programas de protección social;

-El uso de los umbrales de pobreza;

-Consideración de los costes adicionales relacionados con la discapacidad, basados ​​en la comprobación de estos umbrales.


  • Definición de discapacidad y evaluaciones de discapacidad utilizadas para la determinación de la elegibilidad;

  • La consistencia de los criterios de elegibilidad entre los diferentes regímenes de protección social;

  • Utilización de indicadores de ingresos y/o pobreza;

  • Consideración de los costos adicionales relacionados con la discapacidad en los indicadores de ingresos.

A los fines de explicitar los requerimientos existentes en materia previsional para las personas con discapacidad, la Argentina cuenta con regímenes específicos consagrados por la  ley 20.475  para las personas con discapacidad que desempeñen sus tareas bajo el régimen de relación de dependencia  o en forma autónoma.


En tal sentido prevé distintas clases de beneficios:

a) jubilación ordinaria: para los trabajadores en relación de dependencia a los 45  años de edad y 20 años de servicios, en tanto que para los trabajadores autónomos se requiere tener 50 años de edad e igual cantidad de años de servicios, siempre que acrediten que en los 10  últimos años anteriores al cese o la solicitud del beneficio  prestaron servicio en el estado de  disminución física o psíquica  prevista.

b) retiro por invalidez: se accederá a tal beneficio cuando el trabajador se incapacite para realizar aquellas actividades que su capacidad  inicial restante les permitía desempeñar.

c) Los  jubilados  por invalidez  que hubieren reingresado  a la actividad en relación de dependencia  y hubieran  denunciado dicho reingreso  a la autoridad administrativa  competente  tendrán derecho en la medida que subsista la incapacidad que origino el beneficio  a reajustar el haber de su prestación  mediante el computo de las nuevas actividades siempre  que estas alcanzaren a un periodo mínimo de tres años.

Por otra parte, la Argentina  cuenta también con un régimen específico previsional para personas  con discapacidad visual, regulado a través de la ley 20.888. Por ella  se prevé que todo afiliado al sistema nacional de previsión o cualquier caja  de previsión o sistema  especial ,  que este afectado de ceguera  congénita, tendrá derecho  a  gozar de jubilación ordinaria a los  45 años  de edad  y 20 años de servicios. Del mismo modo accederá al beneficio, quien haya adquirido ceguera dentro de los cinco años anteriores ya  sea al cese  o la solicitud, accederá también a dicho beneficio. De igual manera accederá al mismo  quien  haya  adquirido la ceguera  y gozara de tal beneficio  si esta se prolonga  por dos años continuos  posteriores al vencimiento de los topes  previstos  en la ley.  Ahora bien, si se recuperase la visión, el tiempo de ceguera sea  congénita o adquirida, se computara  como años  de servicios.  En tal caso  se seguirá  percibiendo el beneficio  hasta los seis  meses  posteriores al momento de haber recuperado la visión.  

En la republica Argentina el marco legal define a la Discapacidad de manera que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, e intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. Dicha definición es la que surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobada por nuestro país, a través de la Ley Nº 26.378 y otorgándosele jerarquía constitucional en los términos del art 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, a través de Ley Nº 27.044.

Evaluación de la discapacidad

A los efectos de otorgar el Certificado Único de Discapacidad se realiza una evaluación funcional de abordaje integral utilizando la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), el instrumento vigente a nivel internacional mediante el cual se estudia los estados de salud y los estados relacionados con el mismo.

Silvia Bersanelli

Presidente



Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad

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