Derecho civil catalán I. Introducción tema 1 el ordenamiento civil cataláN



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DERECHO CIVIL CATALÁN
I. INTRODUCCIÓN
TEMA 1 EL ORDENAMIENTO CIVIL CATALÁN.

ANTECEDENTES
La formación del derecho civil catalán va muy unida a los acontecimientos histórico-políticos que han tenido lugar en Cataluña.

Merece la pena destacar los siguientes antecedentes:


1) Durante los siglos VIII a X rigió en Cataluña el Liber Iudiciorum.
2) Durante los siglos XI y XII tuvieron lugar importantes acontecimientos en Cataluña: la aparición del feudalismo y la unión de Cataluña y Aragón, con lo que en esta época progresivamente dejó de aplicarse el Liber, con lo que con la promulgación de los Usatges comenzaron a aplicarse éstos, que surgieron por la necesidad de que se creara un derecho nuevo, pues el Liber había quedado desfasado, porque aparecen nuevas situaciones, realidades a las que el Liber no daba solución.
3) Durante los siglos XIII y XIV se produce el apogeo de la Corona de Aragón y tiene lugar su expansión mediterránea, sobretodo a partir de Jaime I.
Las fuentes del derecho en esta época son:
a) La legislación emanada de Cortes, que según de quien surgiera la iniciativa legislativa se distinguía entre, Constitucions y Capítols de Corts.

En las Constitucions la iniciativa procedía del monarca, y en los Capítols a algunos de los estamentos que formaban la Corte (clero, nobleza o pueblo).


b) Legislación real, que procedía del monarca y recibía distintos nombres (pragmáticas, sentencias arbitrales, privilegios).
c) El “ius comune” que venía a cubrir los vacíos que tenía la legislación nacional, y que estaba formado por:

- El derecho romano. Textos del Digesto y del Codex.

- El derecho canónico. Inicialmente se compuso de costumbres y tradiciones eclesiásticas y posteriormente de textos legales como el Decreto de Graciano o las Decretales.

- El derecho feudal. Contenido fundamentalmente en el Libri feudorum.

- La doctrina de los comentaristas elaborada en torno a los textos legales.

d) Colecciones de costumbres. Destacan:

- Costumbres de Lérida.

- Llibre de Costums de Tortosa.

- El derecho local de Barcelona, cuyos libros más importantes fueron: “Recognoverunt próceres” y “Ordinacions de Sanctacilia.

- El derecho local de Gerona.

- Las costumbres de los valles pirenaicos.
e) El llibre del Consolat del Mar, en el que se regula el derecho marítimo y que tuvo una gran importancia dada la expansión catalana por el mediterráneo.
4) En el siglo XV las características más importantes de la producción del derecho pueden concretarse en la progresiva importancia que adquiere la legislación emanada de Cortes y por el monarca, y e el inicio de la debilitación de los derechos locales, y además adquiere una gran importancia el ius comune, lo que hizo necesario una recopilación, con lo que la primera Recopilación de derecho civil catalán se promulgó en el año 1495.
5) Siglos XVI y XVII. Debido a las sucesivas crisis por las que pasó Cataluña y que acabaron con la guerra conocida por “Guerra dels segadors”, Cataluña se empobrece y aquella hegemonía mercantil del mediterráneo fue disminuyendo, por lo que hubo una incidencia en la producción del derecho en esta época hasta el Decreto de Nueva Planta, que se caracteriza porque cada vez es más escasa la legislación de Cortes y menor la importancia de los derechos locales, y por otro lado, en que va tomando auge la doctrina jurisprudencial y la doctrina científica, de la que se dice que tiene su mayor esplendor en este período, con autores como Jaime Cáncer y Fontanella.

Hay que destacar también que en 1588-1589 se hace una segunda Recopilación de la s leyes de Cataluña, con lo que se pretende poner al día la legislación suprimiendo las normas que habían quedado derogadas.

En una Constitución de 1599 se estableció el orden de prelación de las fuentes del ordenamiento jurídico catalán que prácticamente duró hasta la Compilación de 1960.

Poco antes del Decreto de Nueva Planta se hace una tercera Recopilación de la que se dice que es la definitiva recopilación de las leyes catalanas, es decir, de las disposiciones que formaban las “Constitucions i altres drets de Catalunya” que se finalizó en 1704. Consistió en una revisión de la anterior e incorporó las pocas disposiciones dictadas por las Cortes, y sobretodo, se incluyó la Constitución de 1599. Esta recopilación estuvo en vigor hasta que se promulgó la Compilación de 1960.

6) Siglo XVIII. La rendición de Barcelona el 11 de setiembre de 1714 en la guerra de sucesión española comportó la inmediata abolición del régimen político catalán. En Cataluña se impuso el Decreto de Nueva Planta de 16 de enero de 1716, de Felipe V, que en el ámbito del derecho catalán, éste, se vio privado de sus fuentes de producción y progresivamente se produjo la desaparición del derecho civil catalán y su sustitución por el derecho castellano (el Decreto de Nueva Planta afectó a la organización político administrativa de Cataluña).

En materia de Administración de Justicia estaba todo muy centralizado, los jueces que ejercían en Cataluña eran castellanos y no conocían el derecho catalán y por lo tanto no lo aplicaban.

Además, se dictaron leyes por parte del poder legislativo central, referidas exclusivamente a Cataluña, y algunas de ellas, lo que hacían era extender a Cataluña la aplicación de otras leyes que se habían dictado para Castilla.
7) Siglo XIX, es la época de la Codificación en la que predominó el ideal de elaborar un solo Código de leyes civiles.

Esta es una idea que se manifiesta en las Constituciones del siglo XIX.

El Código Civil se elaboró partiendo de una Ley de Bases (11-7-88). En esa Ley a los derechos forales se hacía alusión en los artículos:
Artículo 6 de la Ley de Bases:

El Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentará a las Cortes un uno o varios proyectos de ley los apéndices del Código Civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen”.


Artículo 7 de la Ley de Bases: Hace referencia a la forma de disposición de los derechos forales de determinadas provincias e instrucciones para la aplicación de los derechos forales (es largo).
Hay que fijarse en la palabra apéndices del artículo 6.
Se encomendó a juristas de las distintas regiones forales que se redactaran proyectos de ley en los que se contuvieran los apéndices correspondientes.

Este sistema no tuvo éxito porque los apéndices se presentaban como leyes especiales, accesorias o meramente complementarias del Código Civil y no en pie de igualdad con respecto de éste.

8) Siglo XX. Existe un nuevo planteamiento del tema de los derechos forales a partir de la Constitución de 1931 (II República). Sobre la base de esta Constitución se reconocía autonomía a las regiones forales.

Ese reconocimiento de los derechos políticos provocó la posibilidad de que el derecho civil catalán se desarrollara. Se recogía esta posibilidad en el Estatuto de Autonomía de 1932.

Tuvo importancia la creación del Tribunal de Casación, mediante Ley de 12 de marzo de 1934, pues muchas de sus sentencias sirvieron de base a los compiladores para redactar la Compilación de 1960.

Una ley de 8 de setiembre de 1939 dejó sin efecto todas las leyes emanadas del Parlamento catalán y la doctrina del Tribunal de Casación, por lo que tuvieron que dejar de aplicarse, restableciéndose en su integridad el derecho existente al promulgarse el Estatuto de Autonomía.

Así las cosas, en 1944 el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés promovió la celebración en Zaragoza de un Congreso Nacional de Derecho Civil, que autorizado por el Ministerio de Justicia se celebró en 1946.

Su finalidad fue la de solucionar definitivamente el problema de la coexistencia de los denominados derechos civiles forales con el Código Civil con el fin de evitar la desaparición de éstos.

Su principal consecuencia fue la promulgación del Decreto de 23 de mayo de 1947. Este decreto puso en vigor el sistema de compilaciones dejando de lado el de los apéndices, y además se crearon las Comisiones de Juristas para el estudio y ordenación de los derechos forales.
La Comisión de Juristas catalanes acordó en el Acta de su constitución, de 8 de marzo de 1948, tomar como base el Proyecto de Apéndice de 1930.

La Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña se promulgo por la Ley 40/1960, de 21 de julio.

La Constitución de 1978 consagra la tradicional pluralidad en materia civil existente en España estableciendo un sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esa distribución se hace sobre la base del reparto de materias entre las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos. Este sistema está establecido en el:
Artículo 149.1.8 de la Constitución Española:

El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:



8ª. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

(El resto del artículo se refiere a las reglas de aplicación de la legislación civil).
que viene a coincidir con el:
Artícle 9.2 de l’Estatut d’Autonomia:

La Generalitat de catalunya té competència exclusiva sobre les matéries següents:



2. Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil catalá.
Con fundamento en ello se concluye lo siguiente:
a) La Constitución Española abandona de forma definitiva la política de elaborar un Código Civil único.
b) Las Comunidades Autónomas que tienen competencia en materia civil son:

Galicia, País Vasco, Aragón, Navarra, Baleares y Cataluña.

c) El derecho civil catalán no es un derecho civil especial o marginal, sino que tiene la misma consideración constitucional que el resto de los ordenamientos civiles españoles y concretamente la misma consideración que el Código Civil (están en pie de igualdad).
Partiendo del artículo 149.1.8 de la C.E. (visto atrás), hay que distinguir entre el alcance de las competencias civiles de las Comunidades Autónomas con el derecho civil propio y el alcance de las competencias exclusivas del Estado:


Alcance de las competencia en materia civil de las Comunidades Autónomas con derecho civil propio
El artículo 149.1.8 del C.E. utiliza la siguiente expresión: sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
Con esta expresión se atribuye sin perjuicio se atribuye a las Comunidades Autónomas la posibilidad de conservar, modificar y desarrollar el derecho civil propio.
La interpretación de estas expresiones la formula el Tribunal Constitucional en la STC 88/93 de 12 de marzo, confirmada ésta por la STC 156/93 de 6 de mayo.
Conservar quiere decir mantener el derecho vigente hasta el momento de la entrada en vigor de la Constitución Española lo que comporta la integración de la leyes reguladoras de las instituciones propias del derecho autonómico y la formalización de las costumbres efectivamente vigentes en el ámbito territorial de que se trate.
Modificar quiere decir, poder cambiar esta legislación.
Desarrollar significa que la legislación vigente hasta la Constitución Española puede crecer mediante una acción legislativa, lo que es posible mediante la asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas.
Es esta última competencia la que ofrece más problemas porque la Constitución Española no precisa el alcance material de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia civil, sino que lo hace forma negativa atribuyendo determinadas materias concretas al Estado.
Ahora bien, la STC 12/93 considera que no ha de existir un crecimiento ilimitado del derecho autonómico sino que esta limitado por los principios informadores peculiares del derecho local de que se trate y admite que las Comunidades Autónomas pueden regular instituciones conexas con las ya reguladas en la compilación actualizada o inundando su contenido conforme a los principios informadores del derecho foral.

Alcance de las competencias exclusivas del Estado
Las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva son:
1) La aplicación de la reglas relativas a la eficacia de las normas jurídicas, dentro de éstas se incluyen las normas de interpretación, (STC 83/86 de 26 de junio).

2) Las relaciones jurídico-civiles relativas a la forma del matrimonio, pero la reglamentación sobre las relaciones patrimoniales corresponde a las Comunidades Autónomas que tengan derecho civil propio.

3) Ordenación de los Registros e instrumentos públicos.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia de la Generalitat de Catalunya para regular el uso del catalán en las escrituras públicas, según STC 74/89 de 29 de abril.

4) Bases de la obligaciones contractuales.

Es una competencia discutida porque no existe una ley de bases sobre esto, pero parece que cuando se habla de esto se está haciendo referencia a que es competencia exclusiva del Estado establecer los principios que podrán ser luego desarrollados por los respectivos Parlamentos.

5) Las normas para resolver los conflictos de leyes, y aquí se incluyen tanto las normas reguladoras para resolver los conflictos en el ámbito del derecho internacional como los posibles conflictos interregionales.
En el contexto político y social propiciado por la Constitución Española se han promulgado en Cataluña varias leyes sobre materias específicas, el Código de Familia y el de Sucesiones.

Estos Códigos junto con el anunciado Código de Derecho Patrimonial están llamados a integrarse en el que ha de ser el futuro Código Civil de Cataluña.

Hay que tener en cuenta que aunque se llegue a elaborar nunca se regularán en él todas las materias propias del derecho civil.

FUENTES DEL DERECHO CIVIL CATALÁN:

INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN
Competencia exclusiva del Estado es la determinación de las fuentes del derecho con respeto a las normas de derecho foral especial, por lo tanto, las Comunidades Autónomas pueden decidir cual es su sistema de prelación de fuentes y cuales lo van a ser de un determinado ordenamiento foral lo decidirán ellas.

El sistema de fuentes del Derecho civil catalán resulta de la Compilación en su:


Article 1 de la Compilació:

1. De conformitat amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, les disposicions del Dret Civil de Catalunya regiran amb preferència al Codi Civil i a les altres disposicions d’igual aplicació general.

2. Per tal d’interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d’acord amb els principis generals que inspiren l’ordenament jurídic de Catalunya.
1) La ley es la principal fuente del Derecho civil catalán.
Solo forman parte del ordenamiento jurídico catalán las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, aplicándose el Código Civil solo de forma supletoria.

Los aspectos formales de las leyes catalanas se regulan en la ley 3/82 de 23 de marzo, sobre el Parlament, el President i el Consell Executiu.


Son leyes vigentes en Cataluña entre otras:
a) La Compilación de Derecho Civil catalán, texto refundido aprobado por el Decreto 1/84 de 19 de julio, que ha sido sucesivamente modificado.

b) Ley 1/82, de 3 de marzo, de Fundaciones Privadas y su reglamento.

c) Ley 24/84, de 28 de noviembre, de Contratos de Integración y su reglamento. d) Ley 6/90, de 16 de marzo de Censos.

e) Ley 13/90, de 9 de julio, de la Acción negatoria, las inmisiones, servidumbres y relaciones de vecindad.

f) Ley 22/91 de 29 de noviembre de Garantías posesorias sobre cosa mueble.

g) Ley 37/91, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y la adopción y su reglamento, que ha sido sustituido por lo que ahora hay en el Código de Familia.

h) Ley 40/91, de 30 de diciembre, del Código de Sucesiones.

i) Ley 8/95, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y adolescentes.

j) Ley 7/97, de 18 de junio, de Asociaciones y su reglamento.

k) Ley 9/98, de 15 de julio, del Código de Familia.

l) Ley 10/98, de 15 de julio, de Uniones estables de parejas.

m) Ley 19/98, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua.


2) La costumbre.
Diversas disposiciones reconocen la vigencia de la costumbre como fuente del Derecho civil catalán, por ejemplo, artículos 337 al 339 de la Compilación, el 148 y 149 del Código de Sucesiones, el artículo 3 de la Ley de Contratos de integración.

La:Disposició Final 1ª de la Compilació:Sens perjudici de la competència exclusiva de la Generalitat sobre el Dret Civil Català en relació a la seva conservació, la modificació i el desenvolupament, les normes del Dret Civil de Catalunya, escrit o consuetudinari, principal o supletori, vigents en promulgar-se la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, resten substituïdes per les que hi són contingudes, sens perjudici de les modificacions introduïdes per la Llei catalana 13/1984, de 20 de març.


dispone el papel de la costumbre como fuente del Derecho. En el ordenamiento jurídico catalán es secundario, porque solo será fuente si la Compilación u otra norma jurídica lo prevé.

Hay que tener en cuenta lo que sobre el derecho local prevé el:


Article 2 de la Compilació:

El dret local, escrit o consuetudinari peculiar d’algunes poblacions o comarques, com són Barcelona, Tortosa o els seus termes, el Camp de Tarragona, el Bisbat de Girona, la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i la Conca de Tremp, serà observat al mateix territori que d’antic aquelles comprenien, en la part que aquesta Compilació el reculli o s’hi remeti.
Los requisitos para que la costumbre sea considerada fuente del Derecho civil son los mismos que se establecen en el:
Artículo 1.3 del Código Civil.:

3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
3) Los Principios Generales del Derecho.
Son aquellos cuya existencia se infiere de la debida interpretación de las normas vigentes, por ejemplo, el principio de veracidad biológica en materia de filiación, el principio de prohibición de enriquecimiento injusto, etc.
La aplicación de estos principios se recoge en el artículo 1.2 de la Compilación (visto atrás) y en la:
Disposició Final 4ª de la Compilació:

Conformement al que disposa el article 1 d’aquesta Compilació, sens perjudici de les normes de directa aplicació general, en el que no preveuen les disposicions de Dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de càracter civil, en la mesura que no s’oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l’ordenament jurídic català.
Las funciones que cumplen son básicamente las siguientes:
a) Colmar las lagunas de la ley.

b) Evitar, en consecuencia, la aplicación del derecho supletorio.

c) Limitar la tradición jurídica catalana, ya que no se podrá alegar ésta para interpretar una norma si contradice los Principios Generales del Derecho.
4) La jurisprudencia.
No es una fuente del derecho, sino que conforme al:

Artículo 1.6 del Código Civil:

La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.


se desprende que complementa el ordenamiento jurídico, y entre otras cosas, unifica las normas.
Hay que distinguir tres tipos de jurisprudencia:
1) La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que durante muchos años aplico e interpretó el Derecho civil catalán.
2) La Jurisprudencia del Tribunal de Casación de la II República, que fue creado por ley de 10 de marzo de 1934 y actuó hasta que una ley de 8 de setiembre de 1939 dispuso que quedasen sin efectos las doctrinas emanadas del mismo.

Hay que tener en cuenta la:


Disposició Final 2ª de la Compilació:

La doctrina jurisprudencial del Tribunal de Cassació de Catalunya, en màteria de Dret Civil Català, no modificada por aquesta Compilació o altres lleis, forma part de la tradició jurídica catalana i pot ésser invocada com a doctrina legal als efectes del recurs de cassació.
3) La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que culmina la organización judicial en el ámbito de la Comunidad autónoma catalana, siendo el complemento lógico y natural de la atribución de competencia legislativa a dicha Comunidad.
La competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, conforme al:
Article 19 de l’Estatut d’Autonomia:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el qual s’integrarà l’actual Audiència Territorial de Barcelona, es l’òrgan jurisdiccional en el què culminarà l’organització judicial en el seu àmbit territorial i davant el qual s’esgotaran les succesives instàncies processals, en els termes de l’article 152 de la Constitució i d’acord amb el present Estatut
alcanza los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil catalán, y además conforme al:

Article 20.1.e de l’Estatut d’Autonomia:

1. La competència dels òrgans jurisdiccionals a Catalunya s’estén:

e) Als recursos sobre qualificació de documents referents al dret privatiu català que hauran de tenir accés als Registres de la Propietat.
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también tiene competencia para resolver los recursos sobre calificación de documentos.
La interpretación: Hay que partir del:
Article 1.2 de la Compilació:

2. Per tal d’interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d’acord amb els principis generals que inspiren l’ordenament jurídic de Catalunya.
De esta norma hay que destacar:

1) Se trata de una disposición general que no limita su alcance a la Compilación sino que también abarca otras leyes catalanas.


2) No excluye la aplicación del:
Artículo 3 del Código Civil:

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativo y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.
3) No se puede aplicar este precepto cuando el resultado interpretativo a que nos lleve sea contrario a los Principios Generales del Derecho catalán.
4) Las normas sobre cánones interpretativos son indicativas del procedimiento a seguir, pero no imperativas, una STTSJC de 1997, de 26 de mayo, afirma que este artículo tiene un carácter enunciativo y programático, y por tanto, su redacción es necesariamente genérica.

Lo que hace es declarar preferente la interpretación histórica, pero deja libertad al intérprete para recurrir a otros medios de interpretación y ello es así desde que el Tribunal Constitucional ha declarado que no son competencia exclusiva del Estado las normas interpretativas de las leyes (149.1.8 C.E.).


5) Los cánones interpretativos del 1.2 son:

a) Antiguas leyes, pues es a éstas a las que se refiere el precepto. Cabe incluir la Constitució i altres drets de Catalunya en su redacción de 1704.


b) Antiguas costumbres, si se trata de costumbres que interpretan una norma.

c) La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Casación.


d) La doctrina científica. Cabe incluir la de aquellos autores que se considera que han contribuido a la formación del actual derecho catalán actual.
La integración: Es un sistema para solucionar lagunas de la ley o del ordenamiento jurídico. Ahora bien, cuando se trata de ordenamientos autonómicos hay que tener en cuenta junto a las lagunas legales y a las lagunas del derecho, es decir, a las lagunas internas, las llamadas lagunas externas o conjuntos vacíos, que son instituciones que el legislador deliberadamente no regula, y por ello, no son lagunas en sentido propio. Se trata de instituciones desconocidas, que no existen, por ejemplo en derecho civil catalán la institución de la mejora no existe, no es que haya una laguna en el ordenamiento civil catalán.

Es normal que en todos los ordenamientos haya lagunas legales, pero la solución que se da a las lagunas internas y a las externas es distinta, porque en el primer caso hay que dar solución al supuesto de hecho que no está contemplado en la ley, mientras que en el segundo caso no ha lugar a buscar solución alguna por la razón de que se trata de instituciones desconocidas.



Para la solución de las lagunas en derecho civil catalán se han de distinguir dos sistemas: la autointegración y la heterointegración.
Autointegración: Se trata de dar solución a la situación no prevista en la ley mediante los recursos que ofrece el mismo derecho civil catalán.
Son:
1) La analogía, aunque no está directamente prevista como sistema de autointegración, se puede deducir de:
Article 1.2 de la Compilació:

2. Per tal d’interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d’acord amb els principis generals que inspiren l’ordenament jurídic de Catalunya.
Disposició Final 4ª de la Compilació:

Conformement al que disposa el article 1 d’aquesta Compilació, sens perjudici de les normes de directa aplicació general, en el que no preveuen les disposicions de Dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi Civil i de les altres lleis estatals de càracter civil, en la mesura que no s’oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l’ordenament jurídic català.
que las normas catalanas se pueden aplicar analógicamente a supuestos semejantes que no estén previstos directamente en la ley. La posibilidad de acudir a la analogía se deduce de la Disposición Final 4ª.
2) La tradición jurídica catalana, según el 1.2 (visto atrás), sirve tanto para interpretar como para integrar. Hay que tener en cuenta que el recurso a la tradición jurídica catalana no puede hacer revivir normas que no han sido recogidas por el actual derecho civil catalán, así se ha dicho en STS de 1983 y 1985.
3) Remisión a otros cuerpos legales. Esto solo es posible cuando lo prevé el propio ordenamiento afectado. Podemos encontrar remisiones a conjuntos de normas como en el:
Article 3 de la Compilació:

Els efectes dels estatuts personals, real i formal a Catalunya i per als catalans, així com la condició de tals en relació amb altres territoris i persones de diferent legislació civil, es regiran per les normes establertes en el Títol preliminar del Codi Civil i en les disposición concordants.
que remite en bloque al Título preliminar del Código Civil.
También puede hacerse la remisión a artículos concretos como en el caso del artículo 320 de la Compilación que incorpora el artículo 1656 del Código Civil.
Hay que tener presente a estos efectos la:

Disposició Final 3ª de la Compilació:

Les remissions que aquesta Compilació fa a l’articulat del Codi Civil s’entén sempre que són fetes en la seva redacció actual.
En estos casos no se puede hablar de que se aplican supletoriamente estos cuerpos legales porque aquí lo que sucede es que determinados artículos del Código Civil se incorporan al derecho catalán en virtud de la técnica de la remisión.
Heterointegración: Consiste en la supletoriedad del derecho del Estado.
Se recoge esta supletoriedad en la Disposición Final 4ª. El derecho supletorio solamente a las lagunas internas, no cuando las instituciones sean desconocidas, por eso resulta muy difícil en ocasiones esta técnica de aplicar supletoriamente el derecho estatal y por ello hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1) El derecho supletorio del derecho civil de Cataluña lo constituye el Código Civil y las leyes estatales de carácter general.

2) El derecho supletorio solo se puede aplicar cuando falta la regulación de una institución jurídica prevista en el ordenamiento catalán después de haber recurrido a todos los elementos de interpretación que proporciona el mismo ordenamiento.


3) El derecho supletorio no se puede aplicar cuando las soluciones que comporta sean contrarias a los Principios Generales del Derecho catalán.
4) El derecho supletorio de las leyes especiales catalanas será el derecho civil catalán general integrado por los textos vigentes y los Principios Generales del Derecho catalán.

ÁMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL DE APLICACIÓN
La coexistencia del derecho civil catalán y otros derechos civiles españoles plantea el problema de determinar si el derecho civil catalán solo se aplican a quien tienen vecindad civil catalana, con fundamento en el principio de personalidad, o si por el contrario se aplica en Cataluña sea cual sea la vecindad de quienes habiten en esta Comunidad Autónoma, con fundamento en el principio de territorialidad.

Este planteamiento nos lleva a tratar:


1) Vigencia territorial del derecho civil catalán: Según el:
Article 7 de l’Estatut d’Autonomia:

1. Les normes i disposicions de la Generalitat i el dret civil de Catalunya tindràn efic`cia territorial, sens perjudici de les excepcions que puguin establir-se en cada màteria i de les situacions que s’hagin de regir per l’estatut personal o altres normes d’extraterritorialitat.

2. Els estrangers que adquiriran la nacionalitat española quedaràn sotmesos al dret civil català mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, salvant que manifestessin llur voluntad en contra.
si lo relacionamos con el:
Article 1.1 de la Compilació:

1. De conformitat amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, les disposicions del Dret Civil de Catalunya regiran amb preferència al Codi Civil i a les altres disposicions d’igual aplicació general.
se llega a las siguientes conclusiones:
a) Son de aplicación inmediata y preferente en Cataluña las disposiciones de derecho civil aprobadas por el Parlamento catalán.

b) También se aplican de forma inmediata en Cataluña las normas estatales sobre aquellas materias cuya competencia tiene reservada en exclusiva el Estado.

c) También se aplican pero con carácter provisional en Cataluña, las normas civiles de origen estatal que regulan materias sobre las que tiene competencia el Parlamento de Cataluña mientras éste no legisle efectivamente, siempre que no se opongan a los Principios Generales del Derecho catalán.

d) Frente al principio de territorialidad existen excepciones, pues hay materias que se rigen por el estatuto personal o por otras normas de extraterritorialidad.


2) Aplicación extraterritorial del derecho civil catalán. El principio de territorialidad rige siempre que se den cumulativamente una serie de circunstancias que hagan indiscutible la aplicación del derecho civil catalán.

Puede suceder que una relación jurídica aparezca en principio conectada con mas de un ordenamiento jurídico-civil.

En estos casos habrá que decidir cual es la ley aplicable.

En relación con el derecho civil catalán esto supone una doble posibilidad:


1) Que los órganos jurisdiccionales que se encuentran en Cataluña tengan que resolver el litigio, no según el derecho civil catalán, sino conforme a las normas de cualquier otro derecho civil español.
2) Aunque en principio el derecho civil catalán rige en Cataluña, puede ser que órganos judiciales que ejerzan sus funciones fuera de la Comunidad Autónoma catalana tengan que aplicar el derecho civil catalán.
¿Cómo se resuelven estos conflictos?-Mediante el derecho interregional español.
Derecho interregional:
Tiene por objeto determinar el derecho civil que se ha de aplicar en una relación jurídica conectada con más de un ordenamiento jurídico de los que coexisten en España. Según el artículo 149.1.8 de la C.E. (visto atrás), las normas sobre derecho interregional son competencia exclusiva del Estado.

Precepto fundamental es el:


Artículo 16 del Código Civil:

1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el cap. IV con las siguientes particularidades:

1º) Será ley personal la determinada por la vecindad civil.

2º) No será aplicable lo dispuesto en los aps. 1, 2 y 3 art. 12 sobre calificación, remisión y orden público.
que remite esencialmente a los: Artículo 9 del Código Civil:

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La separación y el divorcio se regirán por la ley que determine el art. 107.

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.

5. La adopción, constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en la ley española. No obstante, deberá observarse la ley nacional del adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

1º) Si tuviera su residencia habitual fuera de España.

2º) Aunque resida en España, si no adquiere, en virtud de la adopción la nacionalidad española.

A petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez, en interés del adoptando, podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia habitual del adoptante o del adoptando.

Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la ley del adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal ley podrán prestarse ante una autoridad del país en que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso para la adopción de un español será necesario el consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la adopción.

La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.

6. La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual.

Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con arreglo a la ley española.

Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carácter protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se haIlen en territorio español.

7. El derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse por la ley nacional común del alimentista y del alimentante. No obstante, se aplicará la ley de la residencia habitual de la persona que los reclame cuando ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional común. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley interna de la autoridad que conoce de la reclamación.

En caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del momento del cambio.

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida.

Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española se estará a lo que establece el apartado siguiente.

10. Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.

11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción.

En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales.
Texto redactado, con las excepciones abajo indicadas, conforme D 1836/1974 de 31 mayo

Apartados 2, 3, 5 y 8 redactados conforme L 11/1990 de 15 octubre

Párrafos 3º, 4º y 5º apartado 5.2º) redactados conforme LO 1/1996 de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor

Apartado 4 redactado conforme LO 1/1996 de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor

Párrafo final apartado 5 añadido por art. unico L 18/1999 de 18 mayo

Artículo 10 del Código Civil:

1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen.

La misma ley será aplicable a los bienes muebles.

A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.

2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.

3. La emisión de los títulos-valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca.

4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.

6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el ap. 1 art. 8, les será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.

7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del donante.

8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos celebrados en España por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviese reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero.

9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.

La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad.

En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.

10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención judicial o administrativa.

11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.
Texto redactado conforme D 1836/1974 de 31 mayo

Artículo 11 del Código Civil:

1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado a que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero.

3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.
a efectos de resolver conflictos de derecho interregional, aunque esos artículos se refieren a conflictos de leyes internacionales.
Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho internacional conforme al artículo 16.1.2 del C.C. (visto atrás), no será aplicable a los conflictos legislativos interregionales las llamadas excepciones de calificación, remisión y orden público que se regulan en el artículo 12.1, 2, 3 y 4 del C.C.(visto atrás).
De la lectura de los apartados 1º y 2º se deduce que no ha lugar a aplicar las excepciones de calificación y remisión en derecho interregional.

En cuanto al orden público, éste es único en España.


En cambio, como el artículo 16 del C.C.(visto atrás) no hace excepción alguna al fraude de ley regula en el artículo 12.4 del C.C.(visto atrás), hay que entender que si que se aplica esta figura en derecho interregional.

Así lo entendió la STS de 1994, de 5 de abril, en la que se declara la nulidad de un testamento en fraude de ley. Se ha criticado por la doctrina esta solución.


Conclusión:
La norma de derecho interregional determina la aplicación de un ordenamiento civil español de acuerdo con el elemento preponderante de una relación conectada con diferentes derechos civiles españoles. El legislador se vale de unos criterios de conexión personales o territoriales que llevan a establecer el ámbito personal y territorial de aplicación del derecho civil catalán.
Ámbito personal
El criterio de conexión personal, según el:

Artículo 16.1.1 del Código Civil:

1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el cap. IV con las siguientes particularidades:

1º) Será ley personal la determinada por la vecindad civil.
es la vecindad civil.

Se aplica únicamente a las personas que tienen vecindad civil catalana las normas que regulan el derecho civil catalán que regulan las cuestiones siguientes:


1) Capacidad y estado civil de las personas, según el:
Artículo 9.1 del Código Civil:

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.
2) Efectos del matrimonio contraído por personas sujetas al derecho civil catalán según los:
Artículo 9.2 y 3 del Código Civil:

2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La separación y el divorcio se regirán por la ley que determine el art. 107.

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.
Artículo 16 del Código Civil:

3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que resulte aplicable según los criterios del art. 9 y, en su defecto, por el Código Civil.

En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del

Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación.
3) Carácter y contenido de la filiación y de las relaciones paterno-filiales, siempre que el hijo tenga vecindad catalana, según el:
Artículo 9.4 del Código Civil:

4. El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.
4) Capacidad y consentimiento necesario para adoptar a un catalán, según:
Artículo 9.5 del Código Civil:

5. La adopción, constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en la ley española. No obstante, deberá observarse la ley nacional del adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

1º) Si tuviera su residencia habitual fuera de España.

2º) Aunque resida en España, si no adquiere, en virtud de la adopción la nacionalidad española.

A petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez, en interés del adoptando, podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia habitual del adoptante o del adoptando.

Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en España. Si el adoptante no tuvo residencia en España en los dos últimos años, no será necesaria propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la ley del adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal ley podrán prestarse ante una autoridad del país en que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso para la adopción de un español será necesario el consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del adoptando en España.

No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la adopción.

La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.
5) Tutela e instituciones de protección de las personas que tengan vecindad civil catalana, según el:

Artículo 9.6 del Código Civil:

6. La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual.

Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con arreglo a la ley española.

Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carácter protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se haIlen en territorio español.

6) Alimentos entre parientes siempre que tengan vecindad civil catalana las personas con derecho a reclamarlos y los obligados a prestarlos, según el:


Artículo 9.7 del Código Civil:

7. El derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse por la ley nacional común del alimentista y del alimentante. No obstante, se aplicará la ley de la residencia habitual de la persona que los reclame cuando ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional común. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley interna de la autoridad que conoce de la reclamación.

En caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del momento del cambio.

7) Sucesiones por causa de muerte si el causante de la sucesión tenía vecindad civil catalana en el momento de su fallecimiento, según el:


Artículo 9.8 del Código Civil:

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

8) Donaciones, si el donante tiene vecindad civil catalana, según el:



Artículo 10.7 del Código Civil:

7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del

donante.

Ámbito territorial
Con carácter general se prevé en el:
Article 2 de l’Estatut d’Autonomia:

El territori de Catalunya com a comunitat autònoma és el de les comarque compreses en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, en el moment d’ésser promulgat el present Estatut.
Los criterios de conexión territorial son:
- Lugar de situación de la cosa o del bien.

- Lugar del otorgamiento del acto o negocio jurídico.


Desde esta perspectiva se aplican en Cataluña las normas de derecho civil que hacen referencia a:


1) La posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles, según el:
Artículo 10.1 del Código Civil:

1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen.

La misma ley será aplicable a los bienes muebles.

A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.
2) También se aplica el derecho civil catalán a los contratos relativos a bienes

inmuebles, a menos que los interesados hayan convenido someter la relación contractual a otra ley, según el:


Artículo 10.5 del Código Civil:

5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen.
3) Las formas y las solemnidades de los contratos, testamentos y otros actos jurídicos que se celebran en Cataluña, según el:
Artículo 11 del Código Civil:

1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado a que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero.

3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.

La elección de la ley aplicable se deja en determinados casos a la decisión de los interesados y ello sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad.


Supuestos significativos:
1) Posibilidad de pactar antes de la celebración del matrimonio que sus efectos se regulen por el derecho civil catalán si los contrayentes no tienen la misma vecindad

civil y cualquiera de ellos tiene vecindad civil catalana o su residencia habitual en Cataluña, según el artículo 9.2 y 3 del C.C. (visto atrás).


2) Posibilidad de que los contratantes puedan someter la relación contractual al orden civil catalán siempre que el contrato tenga alguna conexión con el derecho catalán, según el artículo 10.5 del C.C.(visto atrás).

3) Posibilidad de que las formas y solemnidades de contratos, testamentos y otros actos jurídicos se regulen por el derecho civil catalán aunque se otorguen fuera de Cataluña si su contenido se ha de regular por el derecho civil catalán, o si el otorgante u otorgantes tienen vecindad civil catalana, o por último, si se trata de actos que se refieran a bienes inmuebles que se encuentren en Cataluña, según el artículo 11.1 del C.C. (visto atrás).




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