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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 16 DE MAYO DE 2015.

Ley publicada en el Suplemento No. 2 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 29 de noviembre de 2008.

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 417

SE APRUEBA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA.

LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

C O N S I D E R A N D O S

.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente



D E C R E T O No. 417

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de observancia general y tienen por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como establecer los principios rectores, Ejes de Acción, modalidades de la violencia, instrumentos y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, garantizando su participación plena en la vida democrática del Estado en todos sus ámbitos y niveles.

ARTÍCULO 2.- Esta Ley complementa y desarrolla, en el ámbito estatal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán interpretarse de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, que protejan la integridad de las garantías y derechos humanos de las mujeres.

ARTÍCULO 4.- La aplicación de la presente Ley corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales correspondientes, y tomarán las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar el derecho de las mujeres colimenses a una vida libre de violencia.

ARTÍCULO 5.- Toda acción que se desprenda de la aplicación e interpretación de esta Ley tenderá a la prevención, atención y erradicación de usos y prácticas de ejercicio de la Violencia contra las Mujeres, así como a su correspondiente sanción, en su caso, sea con base en sus disposiciones o en cualesquiera otras de carácter administrativo, civil o penal tendentes a dichos objetivos.

ARTÍCULO 6.- Se aplicará supletoriamente a esta Ley, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, el Código Civil para el Estado de Colima, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, el Código Penal para el Estado de Colima y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de esta Ley, son principios rectores:

I.- La igualdad jurídica de género;

II.- El respeto a los derechos humanos de las mujeres;

III.- La no discriminación;

IV.- La libertad y autodeterminación de las mujeres;

V.- El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres;

VI.- La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social; y

VII.- La integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.

ARTÍCULO 8.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- Ley.- a la presente Ley;

II.- Ley Federal.- a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

III.- Ley General.- a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

IV.- DIF Estatal.- al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Colima;

V.- DIF Municipal.- al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio que corresponda;

VI.- CEPAVI.- al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar;

VII.- Organizaciones Sociales.- a las instituciones o agrupaciones ciudadanas legalmente constituidas que tengan por objeto atender a las mujeres receptoras de violencia, así como realizar acciones de difusión orientadas a la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres;

VIII.- Instituto.- al Instituto Colimense de las Mujeres;

IX.- Programa Integral Nacional.- al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

X.- Programa Integral Estatal.- al Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado;

XI.- Sistema Nacional.- al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

XII.- Sistema Estatal.- al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

XIII.- Ejes de Acción.- a las líneas operativas en torno a las cuales se articulan las políticas públicas en materia de violencia de género;

XIV.- Modelo.- a la representación conceptual o física de un proceso o sistema para analizar un elemento o fenómeno social determinado, en un momento concreto;

XV.- Protocolo.- a la formalización de lineamientos y procedimientos sobre la política pública en materia de violencia de género;

XVI.- Violencia contra las Mujeres.- a cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer, tanto en el ámbito privado como en el público;

XVII.- Modalidades de Violencia.- a las formas, manifestaciones o los ámbitos de concurrencia en que se presenta la Violencia contra las Mujeres;

XVIII.- Tipos de Violencia.- a las clases en que se presentan las modalidades de la violencia de género;

XIX.- Estado de Riesgo.- a la característica de género, que implica la probabilidad de un ataque social, sexual, delictivo individual o colectivo, a partir de la construcción social de desigualdad y discriminación, que genera miedo, intimidación, incertidumbre o ansiedad ante un evento impredecible de violencia;

XX.- Estado de Indefensión.- a la imposibilidad aprendida o adquirida de defensa de las mujeres para responder o repeler cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre ellas, como consecuencia de la desesperanza aprendida y condicionamiento social;

XXI.- Tolerancia de la Violencia.- a la acción o inacción permisiva de la sociedad o de las instituciones que favorecen la existencia o permanencia de la violencia, incrementando la prevalencia de la discriminación y violencia de género;

XXII.- Receptora.- a la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;

XXIII.- Victimización.- al impacto psicoemocional de cada tipo y modalidad de la violencia hacia las mujeres;

XXIV.- Daño.- es la afectación o menoscabo que recibe una persona en su integridad física, psicoemocional o patrimonial, como consecuencia de la violencia de género;

XXV.- Generador.- a la persona física que ejecuta algún acto de Violencia contra las Mujeres, de los previstos en esta Ley y la persona moral o la institución pública que tolere actos violentos dentro de su ámbito o aplique políticas públicas, laborales o docentes discriminatorias;

XXVI.- Derechos Humanos de las Mujeres.- a los derechos inalienables e imprescriptibles consagrados en los diversos instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales, en éste último, suscritos y ratificados por México;

XXVII.- Perspectiva de Género.- es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

XXVIII.- Acciones Afirmativas.- a las medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad y erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres;

XXIX.- Empoderamiento de las Mujeres.- es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadío de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades;

XXX.- Misoginia.- son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer;

XXXI.- Refugios.- son centros o establecimientos constituidos por organismos públicos o asociaciones civiles para la atención y protección de mujeres que han sido receptoras de violencia; y

XXXII.- Unidades especializadas para la atención de las mujeres.- serán aquellas que proporcionarán a través de las diferentes dependencias públicas y privadas que conforman el sistema, servicios médicos, paramédicos, pedagógicos, psicológicos, de trabajo social, asesoría y apoyo jurídico así como capacitación para el trabajo.

ARTÍCULO 9.- Serán principios procesales en la presente Ley, en aquellos procedimientos civiles y penales, que ventilen algún tipo de violencia de género, los siguientes:

I.- La gratuidad;

II.- La celeridad; y

III.- La confidencialidad.

ARTÍCULO 10.- Los derechos de las mujeres protegidos por esta Ley son:

I.- La vida;

II.- La libertad;

III.- La igualdad;

IV.- La intimidad;

V.- La no discriminación;

VI.- La integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres; y

VII.- El patrimonio.

ARTÍCULO 11.- Con la finalidad de garantizar el seguimiento y la evaluación de los principios establecidos en éste ordenamiento, en armonización con los instrumentos jurídicos en el tema, tanto nacionales como internacionales, se crea la Comisión de Monitoreo y Evaluación, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

La integración de la Comisión de Monitoreo y Evaluación, así como sus funciones y atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO

MODALIDADES Y TIPOS DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

CAPÍTULO I

DE LAS MODALIDADES

SECCIÓN PRIMERA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ARTÍCULO 12.- La violencia intrafamiliar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera verbal, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene el propósito de causar daño y cuya persona generadora de violencia tenga o haya tenido relación de parentesco, por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

ARTÍCULO 13.- La violencia intrafamiliar también incluye:

I.- La selección nutricional a favor de un solo género;

II.- La asignación exclusiva de actividades de servicio doméstico a favor de un solo género del núcleo familiar;

III.- La prohibición para iniciar o continuar con actividades escolares, laborales o sociales;

IV.- La imposición vocacional en el ámbito escolar; y

V.- El favorecer el estado de riesgo de las mujeres.

ARTÍCULO 14.- El Estado y los Municipios adoptarán, a través de las dependencias y entidades de sus respectivas administraciones, medidas y acciones para proteger a las mujeres receptoras de la violencia familiar.

SECCIÓN SEGUNDA

VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE

ARTÍCULO 15.- La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la receptora, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder encaminado a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres, que dañando su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad que impide sus (sic) desarrollo y atenta contra la igualdad.

La violencia laboral y la docente, puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.

ARTÍCULO 16.- También constituye violencia laboral, la negativa ilegal a contratar a la receptora o a respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.

Incluye, para efectos de esta Ley, la exigencia o condicionante de certificados de no gravidez, así como para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de embarazo.

ARTÍCULO 17.- Constituye además violencia docente, la acción u omisión realizada por docentes, al ejercer discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas encaminada a descalificar y manipular el desempeño de las niñas o mujeres que están en proceso formal de enseñanza-aprendizaje, que alteran las diferentes esferas y áreas de la personalidad, en especial su autoestima.

ARTÍCULO 18.- El Estado y los Municipios adoptarán e implementarán, a través de las dependencias y entidades de sus respectivas administraciones, medidas y acciones para proteger a las mujeres de la violencia laboral y docente, en las que se:

I.- Garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales o de docencia;

II.- Fortalezcan su participación en los términos de la legislación penal y civil aplicable para asegurar la sanción a quienes hostigan;

III.- Promuevan y difundan en la sociedad que el hostigamiento sexual es delito; y

IV.- Diseñen programas que brinden servicios reeducativos integrales para receptoras y generadores de la violencia laboral o docente.

ARTÍCULO 19.- La violencia laboral o docente, también incluye el hostigamiento sexual, en los términos definidos por el Código Penal para el Estado de Colima.

ARTÍCULO 20.- Para efectos del hostigamiento, el Estado y los Municipios deberán:

I.- Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;

II.- Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;

III.- Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para denunciar estos ilícitos e inhibir su comisión;

IV.- Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea receptora de hostigamiento; y

V.- Implementar acciones administrativas de denuncia para los superiores jerárquicos del hostigador cuando sean omisos en recibir o dar curso a una queja.

En ningún caso se hará público el nombre de la receptora para evitar algún tipo de sobrevictimización, o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador, guardando públicamente el anonimato de las quejosas.

SECCIÓN TERCERA

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 21.- La violencia en la comunidad es toda acción u omisión, abusiva de poder, que se realiza de manera colectiva o individual por actores sociales o comunitarios, que generan degradación, discriminación, marginación, exclusión en la esfera pública o privada, limitando consecuentemente la autonomía física o sexual de las mujeres, favoreciendo su estado de riesgo e indefensión.

ARTÍCULO 22.- El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:

I.- La educación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;

II.- El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres; y

III.- El establecimiento de un Banco de Datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias.

ARTÍCULO 23.- En tanto no se elimine la violencia en la comunidad, como una práctica que atenta contra los derechos de las mujeres, el Estado y sus Municipios, establecerán una estrategia comunitaria, que incluya:

I.- La percepción de las mujeres en lo individual y como grupo del posible estado de riesgo en que se encuentran;

II.- El monitoreo de las poblaciones o municipios, donde haya un incremento de la violencia de género;

III.- La cultura de la legalidad y de la denuncia de actos violentos, públicos o privados contra las mujeres;

IV.- El entrenamiento para el debido manejo de evidencias de violencia de género, tanto para los servidores públicos competentes como para quien vive cualquiera de los tipos de victimización señalados; y

V.- La precaución razonable de seguridad pública que requieran las mujeres.

Se entenderá por precaución razonable de seguridad, cuando se tengan registrados dos o mas eventos delictivos de la misma especie en un lapso no mayor a un mes, respecto de una mujer en particular, en una comunidad o zona específica.

SECCIÓN CUARTA

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 24.- La violencia Institucional, son los actos u omisiones de las personas que tengan el carácter de servidores públicos de cualquier orden de gobierno, en los términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos y garantías individuales de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones y modalidades de violencia señaladas en esta Ley.

ARTÍCULO 25.- Se considerará violencia institucional a:

I.- La denegación de justicia, pronta y expedita;

II.- La omisión de aviso a la autoridad que corresponda sobre actos de violencia consagrados en la presente Ley; y

III.- La omisión de medidas y órdenes de protección, cuando se tenga la obligación o deber de tramitarlas o proporcionarlas a quienes tienen algún tipo de victimización de los señalados.

ARTÍCULO 26.- Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos del Estado y sus Municipios, que en el ejercicio de su cargo o comisión, contravengan los principios y disposiciones que consagra la presente Ley, o no den el debido y cabal cumplimiento a las normas que de ella emanen, o bien lleven a cabo cualquier práctica discriminatoria, o de tolerancia de la violencia de género, y serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

ARTÍCULO 27.- El Estado y sus Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán acciones contra la tolerancia de la violencia, incluyendo:

I.- Políticas públicas para eliminar la violencia masculina;

II.- Disposiciones procesales o normativas que permitan el acceso a la justicia, mediante el reconocimiento de los derechos adjetivos de las mujeres en la legislación que sea procedente;

III.- Mecanismos públicos para evitar la violencia de género en las instituciones, incluyendo la evaluación anual de la política pública y de los servicios institucionales que se presten a las mujeres, independientemente del sector de que se trate; y

IV.- Programas de capacitación para el personal adscrito a las dependencias de procuración y administración de la justicia, a fin de que en el ejercicio de sus funciones, éstos sean capaces de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

SECCIÓN QUINTA

VIOLENCIA FEMINICIDA

ARTÍCULO 28.- La Violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la vida de las mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Este tipo de violencia, será prevenida por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, mediante un programa permanente de promoción al respeto de todos los derechos de la (sic) mujeres.

ARTÍCULO 29.- Cuando se presenten casos de violencia feminicida ejercida en el ámbito privado, el Estado y los Municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra, y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren.

ARTÍCULO 30.- Ante la violencia feminicida, el Estado deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en los principios Internacionales de los Derechos Humanos y considerar como reparación:

I.- El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;

II.- La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las receptoras directas o indirectas; y

III.- La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:

a).- La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado, y su compromiso de asegurar el cumplimiento de su reparación;

b).- La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las receptoras a la impunidad;

c).- El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y

d).- La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MAYO DE 2015)

SECCIÓN SEXTA

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

(ADICIONADO, P.O. 16 DE MAYO DE 2015)

ARTÍCULO 30 BIS.- La violencia obstétrica es toda acción u omisión por parte del personal de salud, que atenta contra el derecho a la no discriminación, a la salud, la integridad física, la igualdad y la privacidad, especialmente en lo que ve a la salud sexual, los derechos reproductivos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio y su autonomía para ejercerlos de manera informada; así como el abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales; trayendo consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, un daño físico o psicológico, o la muerte de la madre o del producto.



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