De mujeres y hombres en la vida local



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LA CARTA EUROPEA PARA LA IGUALDAD

DE MUJERES Y HOMBRES

EN LA VIDA LOCAL

Un Carta para que los gobiernos locales y regionales se comprometan a utilizar sus facultades y las de sus asociados

en favor de una mayor igualdad


Elaborada y promovida por

el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus socios

INTRODUCCIÓN

La Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local va destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa, invitándoles a firmarla y a adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de mujeres y hombres, y a aplicar en su territorio los compromisos definidos en la Carta.


Para garantizar la aplicación de estos compromisos, cada gobierno signatario debe redactar un plan de acción para la igualdad, que fije las prioridades, las acciones y los recursos necesarios para su realización.
Además, cada autoridad signataria se compromete a colaborar con todas las instituciones y organizaciones de su territorio, a fin de promover la instauración de manera real de una verdadera igualdad.
La Carta ha sido redactada en el marco de un proyecto (2005-2006) llevado a la cabo por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en colaboración con numerosos socios, cuya lista figura más abajo. El proyecto tuvo el apoyo de la Comisión Europea, en el marco del 5º programa de acción comunitaria para la igualdad de mujeres y de hombres.
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La igualdad de mujeres y hombres es un derecho fundamental para todas las personas y constituye un valor capital para la democracia. A fin de que se cumpla plenamente, este derecho no solamente ha de ser reconocido legalmente, sino que además se ha de ejercer efectivamente e implicar todos los aspectos de la vida: políticos, económicos, sociales y culturales.
A pesar de los numerosos ejemplos de un reconocimiento formal y de los progresos realizados, la igualdad de mujeres y hombres en la vida cotidiana aún no es una realidad. En la práctica, mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos. Persisten desigualdades políticas, económicas y culturales - por ejemplo diferencias salariales y una menor representación en la política.
Estas desigualdades son el resultado de estructuras sociales que se fundamentan en numerosos estereotipos presentes en la familia, la educación, la cultura, los medios de comunicación, el mundo laboral, la organización social, etc. Tantos campos en los que es posible actuar, adoptando una nueva aproximación y llevando a cabo cambios estructurales.
Las autoridades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria. En su ámbito de competencia y colaborando con el conjunto de actores locales, pueden emprender acciones concretas en favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Además, el principio de subsidiaridad desempeña un papel particularmente importante en lo que se refiere a la aplicación del derecho de la igualdad de mujeres y hombres. Este principio se aplica a todos los niveles de gobierno - europeo, nacional y local. Dado que los gobiernos locales y regionales de Europa ejercen responsabilidades de diverso ámbito, todas pueden y deben desempeñar un papel positivo en la promoción de la igualdad por medio de acciones que produzcan un impacto sobre la vida cotidiana de las personas.
Los principios de la autonomía local y regional están estrechamente vinculados al principio de subsidiaridad. La Carta de la Autonomía Local del Consejo de Europa de 1985, firmada y ratificada por una gran mayoría de Estados europeos, subraya "el derecho y la capacidad efectiva de las colectividades locales para regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus poblaciones, una parte importante de asuntos públicos." La aplicación y la promoción del derecho a la igualdad debe estar en el corazón de este concepto de autonomía local.
La democracia local y regional han de permitir que se hagan las elecciones más apropiadas en relación con el los aspectos más concretos de la vida cotidiana, tales como la vivienda, la seguridad, los transportes públicos, el mundo laboral o la sanidad.
Igualmente, la plena implicación de las mujeres en el desarrollo y la aplicación de políticas locales y regionales permite que se tenga en cuenta, por las experiencias vividas, sus conocimientos y su creatividad.
Para llegar a la instauración de una sociedad basada en la igualdad, es de capital importancia que los gobiernos locales y regionales integren plenamente la dimensión del género en sus políticas, en su organización y en sus prácticas. En el mundo de hoy en día y del mañana, una auténtica igualdad de mujeres y de hombres constituye además la clave de nuestro éxito económico y social - no solamente a nivel europeo o nacional, sino igualmente en nuestras regiones, nuestras ciudades y nuestros municipios.
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El Consejo de Municipios y Regiones de Europa y su Comité de Electas Locales y Regionales ha trabajado activamente desde hace muchos años en la promoción de la igualdad de mujeres y hombres a nivel local y regional. En 2005, el CMRE creó un instrumento destinado a ser utilizado concretamente por las autoridades locales y regionales europeas: la ciudad por la igualdad. Identificando las buenas prácticas de un cierto número de ciudades y municipios europeos, "la ciudad por la igualdad" propone una metodología para la aplicación de políticas de igualdad de mujeres y hombres a nivel local y a nivel regional. La Carta que sigue se basa en este trabajo.
El papel de los gobiernos locales y regionales en la promoción de la igualdad quedó afirmada en la Declaración Mundial de la IULA (Unión Internacional de Ciudades y de Autoridades Locales) sobre "las mujeres en el gobierno local, adoptada en 1998. La nueva organización mundial, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ha hecho igualmente de la igualdad de mujeres y hombres uno de sus principales objetivos.

PREÁMBULO
El Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en representación de los gobiernos europeos locales y regionales, colaborando con los siguientes socios:

La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Bulgaria

La unión de Municipalidades Chipriotas

La Unión de las Ciudades y de los Municipios de la República Checa (SMO CR)

La Asociación Finlandesa de Poderes Locales y Regionales

La Asociación Francesa del CCRE (AFCCRE)

La sección alemana del CCCRE (RGRE)

La Unión Central de Ciudades y Municipios de Grecia (KEDKE)

La Asociación Nacional Húngara de Autoridades Locales (TÖOSZ)

La Asociación Italiana del CCRE (AICCRE)

La Federación Toscana del AICCRE

El Sindicato de Ciudades y Ayuntamientos Luxemburgueses (SYVICOL)

La Asociación de Ciudades Polacas (ZMP)

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
El Ayuntamiento de Cartagena (España)

El Ayuntamiento de Valencia (España)

El Ayuntamiento de Francfort del Meno (Alemania)

El Ayuntamiento de Saint Jean de la Ruelle (Francia)

El Ayuntamiento de Viena (Austria)
La Agencia de Tiempo y de Movilidad de Belfort-Montbéliard (Francia)

El Comité Permanente para el Partenariado Euro-mediterráneo de Organismos Locales y Regionales (COPPEM)



Recordando que la Comunidad Europea y la Unión están fundadas en el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales, lo que incluye la promoción de la igualdad de mujeres y hombres y que la legislación europea ha constituido la base de los progresos obtenidos en este campo en Europa.
Recordando el marco jurídico internacional de los derechos humanos de Naciones Unidas y, en particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación contra las Mujeres adoptado en 1979.
Subrayando la importante contribución del Consejo de Europa a la promoción de la igualdad de las mujeres y de los hombres y a la autonomía local.
Considerando que la igualdad de las mujeres y de los hombres implica la voluntad de actuar sobre los tres aspectos complementarios de su realización, a saber, sobre la eliminación de las desigualdades directas, la erradicación de las desigualdades indirectas y la elaboración de un entorno político, jurídico y social favorable al desarrollo proactivo de una democracia igualitaria.
Deplorando el desajuste persistente entre el reconocimiento "de jure" del derecho a la igualdad y su aplicación real y efectiva.
Considerando que en Europa los gobiernos locales y regionales desempeñan y deben desempeñar un papel crucial para los habitantes y los ciudadanos en la aplicación del derecho a la igualdad, en particular en el de las mujeres y los hombres, en todos los ámbitos que recaigan en su responsabilidad.
Considerando que una participación y una representación equilibradas de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones y en los puestos de dirección es fundamental para la democracia.
Teniendo en cuenta para nuestras acciones la Convención para la Eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres de 1979, la declaración de Pekín y la plataforma para la acción de Naciones Unidas de 1995, las resoluciones de la 23ª sesión especial de la Asamblea General de 2000 (Pekín+5), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la recomendación del Consejo de diciembre de 1996 relativa a la participación equilibrada de mujeres y de hombres en la toma de decisiones, la Declaración Mundial de la Unión Internacional de Ayuntamientos y Autoridades Locales de 1998, referida a las mujeres en el gobierno local.
Deseando poner en evidencia el 25º aniversario de la entrada en vigor, en septiembre de 1981, de la Convención sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas.
Han redactado esta Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, e invita a los gobiernos locales y regionales de Europa a firmarla y a llevarla a la práctica.

PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS

Quienes ratificamos esta Carta para la igualdad de las mujeres y de los hombres en la vida local, reconocemos en lo que sigue los principios fundamentales de nuestras acciones.


1. La igualdad de mujeres y hombres constituye un derecho fundamental
Este derecho ha de ser aplicado por los gobiernos locales y regionales en todos los campos donde se ejerzan sus responsabilidades, lo que incluye su obligación de eliminar cualquier forma de discriminación, sea ésta directa o indirecta.
2. A fin de asegurar la igualdad de mujeres y hombres, se debe tener en cuenta la discriminación múltiple y la desventaja
La discriminación múltiple y la desventaja, aparte de la relativa al género, basada en la raza, el color, los orígenes étnicos y sociales, las características genéticas, la lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, la pertenencia a una minoría nacional, la propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad, la orientación sexual o el nivel económico, se han de tener en cuenta para tratar de la igualdad de mujeres y hombres.
3.La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones es un requisito para la sociedad democrática
El derecho a la igualdad de mujeres y hombres requiere que las autoridades locales y regionales tomen las medidas necesarias y adopten todas las estrategias apropiadas para promover una representación y una participación equilibradas de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la toma de decisiones.
4.La eliminación de los estereotipos de género es indispensable para la instauración de la igualdad de mujeres y hombres
Las autoridades locales y regionales han de promover la eliminación de los estereotipos y de los obstáculos en los que se fundan las desigualdades de condición y posición de las mujeres y que conducen a la desigual valoración de los roles que desempeñan mujeres y hombres en materia política, económica, social y cultural.
5. Integrar la dimensión del género en todas las actividades de los gobiernos locales y regionales es necesario para que avance la igualdad de mujeres y hombres
La dimensión del género ha de ser tenida en cuenta en la elaboración de las políticas, en los métodos e instrumentos que afectan la vida cotidiana de la población local - por ejemplo por medio de técnicas de incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas 1 y en la toma en consideración del género en la elaboración y el análisis de los presupuestos 2. A este fin, la experiencia de la vida local de las mujeres, incluidas sus condiciones de vida y de trabajo, se han de analizar y tomar en consideración.
6. Planes de acción y programas con los recursos apropiados son herramientas necesarias para hacer avanzar la igualdad de s mujeres y hombres
Los gobiernos locales y regionales deben elaborar planes de acción y programas con los medios y recursos, tanto financieros como humanos, necesarios para su aplicación.
Estos principios son el fundamento sobre el que se basan los artículos expuestos en la siguiente Parte Tercera.

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1 Mainstreaming: En julio de 1997, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de mainstreaming como sigue: "La transversalización de género consiste en evaluar las implicaciones de las mujeres y de los hombres en todas las acciones planificadas, comprendiendo la legislación, los procedimientos o los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Esta estrategia permite integrar las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y de los hombres en la aplicación, la aplicación, el control y la evaluación de procedimientos y de programas en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, para que se beneficien de manera igualitaria y que no se perpetúe la desigualdad.
2 Gender budgeting: La integración de una perspectiva de género en el proceso presupuestario es una aplicación de la aproximación integrada de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el proceso presupuestario. Esto implica una evaluación con una perspectiva de género de los presupuestos existentes a todos los niveles del proceso presupuestario, así como una reestructuración de los ingresos y de los gastos, a fin de promover la igualdad de mujeres y hombres.

SEGUNDA PARTE
LA APLICACIÓN DE LA CARTA Y SUS COMPROMISOS

Quien firma se compromete a tomar las siguientes medidas específicas para aplicar las disposiciones de esta Carta:


1. En un plazo razonable (que no puede exceder de dos años) después de la firma, el gobierno local o regional que firma esta Carta se encarga de elaborar y de adoptar su plan de acción para la igualdad y después de su aplicación.
2. El plan de acción para la igualdad presentará los objetivos y las prioridades del gobierno signatario, las medidas que pretende adoptar y los recursos afectados a fin de que sea efectiva la Carta y sus compromisos. El plan presentará igualmente el calendario propuesto para su aplicación. Si el signatario ya dispone de un plan de acción para la igualdad, revisará el mismo, a fin de asegurar que se traten todos los temas pertinentes contenidos en esta Carta.
3. Cada gobierno signatario realizará amplias consultas antes de adoptar su plan de acción para la igualdad y difundirá el mismo tras su adopción. También deberá rendir cuentas públicamente con regularidad de los progresos realizados en la aplicación del plan.
4. Cada signatario revisará su plan de acción para la igualdad, si lo exigieran las circunstancias, y elaborará un plan suplementario para cada período siguiente.
5. Cada signatario se compromete, por principio, a participar en el sistema de evaluación apropiado, que se redactará a fin de seguir los progresos de la aplicación de esta Carta y a ayudar a los organismos ejecutivos locales y regionales europeos a intercambiar entre ellos sus conocimientos sobre los medios eficaces para conseguir una mayor igualdad de mujeres y hombres. Con este objetivo, deberán ser accesibles los planes de acción para la igualdad y otros documentos públicos pertinentes.
6. Cada signatario informará por escrito al Consejo de Municipios y Regiones de Europa del hecho de la adopción de la Carta, de la fecha de la ratificación y del punto de contacto designado para asegurar toda la futura colaboración relativa a la Carta.


TERCERA PARTE
RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA
Artículo 1
1. El gobierno signatario reconoce que el derecho a la igualdad es una condición previa fundamental de la democracia y que la sociedad democrática no se puede permitir ignorar la capacidad, los conocimientos, la experiencia y la creatividad de las mujeres. A estos efectos, debe asegurar, sobre la base de la igualdad, la inclusión, la representación y la participación de las mujeres procedentes de otros lugares y pertenecientes a grupos de edad diferentes en toda la esfera de la toma de decisiones políticas y públicas.
2. El signatario, en su calidad de responsable elegido democráticamente para promover el bienestar de su población y de su territorio, se compromete en consecuencia a promover y a favorecer la aplicación concreta de este derecho en todas las esferas de actividad - en tanto que representante democrático de la comunidad local, proveedor y comanditario de servicios, planificador y regulador, y empleador.
EL PAPEL POLÍTICO
Artículo 2 - La representación política
1. El gobierno signatario reconoce la igualdad del derecho de mujeres y hombres a votar, a ser candidatos y candidatas, a ser elegidos y elegidas.
2. El signatario reconoce la igualdad del derecho de mujeres y hombres a participar en la formulación y en la aplicación de políticas, a ejercer los mandatos públicos y a cumplir todas las funciones a todos los niveles del ejecutivo.
3. El signatario reconoce el principio de la representación equilibrada en todas las instituciones elegidas que participen en la toma de decisiones públicas.
4. El signatario se compromete a tomar todas las medidas apropiadas para defender y apoyar los derechos y principios más arriba enunciados, incluyendo:


    • Animar a las mujeres a inscribirse en las listas electorales, a ejercer su derecho de sufragio universal y a ser candidatas a los mandatos y funciones electivos.




    • Animar a los partidos y grupos políticos a adoptar y a aplicar el principio de la representación equilibrada de mujeres y de hombres.




    • A este fin, animar a los partidos y grupos políticos a tomar todas las medidas legales, incluida la adopción de cuotas cuando se consideren adecuadas, a fin de aumentar el número de mujeres elegidas para ser candidatas y posteriormente elegidas.




    • Fijar las reglas de sus propios procedimientos y reglas de conducta, a fin de que las candidatas y representantes elegidas no se vean afectadas por formas estereotipadas de comportamiento o de lenguaje, o por cualquier otra forma de acoso.




    • Adoptar las medidas que permitan a las personas representantes elegidas conciliar vida privada, vida profesional y vida pública, por ejemplo asegurando que los horarios y los métodos de trabajo, así como el acceso a guarderías para sus hijos y personas a su cargo, permitan a todos y a todas una plena participación en sus funciones.

5. El signatario se compromete a promover y a aplicar el principio de la representación equilibrada en sus propios organismos de toma de decisiones o consultivos y en sus nombramientos para cualquier órgano externo.


6. Sin embargo, allí donde la autoridad no haya alcanzado hasta entonces una representación equilibrada de mujeres y de hombres, se compromete a aplicar el principio arriba mencionado, de manera que no pueda ser menos favorable al sexo con representación minoritaria que en la situación presente.
7. El signatario se compromete también a asegurar que ningún puesto público o político para el que nombre o elija un representante esté por principio reservado a un sexo en razón de actitudes estereotipadas.

Artículo 3 - Participación en la vida política y cívica
1. El gobierno signatario reconoce que el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos es un principio democrático fundamental y que las mujeres y los hombres tienen el derecho a participar en igualdad en el gobierno y en la vida pública de su región, municipio y comunidad local.
2. En lo que se refiere a las diferentes formas de participación pública en sus propios asuntos, por ejemplo por medio de comités consultivos, de consejos de barrio, de participación virtual o procesos de planificación participativa, el signatario se compromete ha de actuar de forma que mujeres y hombres tengan la posibilidad de participar en los mismos con igualdad en la práctica. Allí donde los medios no consigan que esta participación contribuya a la igualdad, se encargará de desarrollar y de probar nuevos métodos para lograrlo.
3. El signatario se ocupará de promover una participación activa en la vida política y cívica de mujeres y hombres pertenecientes a todos los grupos de la comunidad, en particular de las mujeres y de los hombres miembros de grupos minoritarios que de otra forma podrían verse excluidos.
Artículo 4 - El compromiso público para la igualdad
1. El signatario deberá, como representante democrático de su municipio o de su territorio, aceptar el compromiso público y formal de aplicar el principio de la igualdad de mujeres y hombres en la vida pública, incluyendo:


    • el anuncio de la firma de esta Carta, previo debate y ratificación por la institución representativa más elevada;




    • el compromiso de aplicar las obligaciones contenidas en esta Carta y de rendir cuentas pública y regularmente de los progresos realizados en el transcurso del período de aplicación del plan de acción para la igualdad;




    • la promesa de que el signatario y las personas electas de la autoridad se adherirán y tendrán una buena conducta en materia de igualdad de género.

2. El signatario utilizará su mandato democrático para incitar a las demás instituciones públicas y políticas, así como a organizaciones privadas y las de la sociedad civil, a tomar medidas que aseguren el ejercicio, en la práctica, del derecho a la igualdad de mujeres y hombres.


Artículo 5 - Trabajar con sus entidades socias para promover la igualdad
1. El signatario se encargará de colaborar con todas sus entidades socias del sector público y del sector privado, así como de las procedentes de la sociedad civil, a fin de promover una mayor igualdad de mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida en su territorio. A este fin, buscará en particular la cooperación con sus entidades sociales socias.
2. El signatario consultará con las instituciones y organismos asociados, incluidas sus entidades sociales socias, para la preparación y la revisión de su plan para la igualdad y sobre otros temas importantes relativos a la igualdad.

Artículo 6 - Evitar los estereotipos
1. El gobierno signatario se compromete a evitar y a prevenir, en la medida de lo posible, los prejuicios, prácticas, utilización de expresiones verbales y de imágenes fundadas sobre la idea de la superioridad o de la inferioridad de uno u otro sexo, o sobre los roles femeninos y masculinos estereotipados.
2. A este fin, el signatario garantizará que su propia comunicación, pública e interna, cumpla plenamente este compromiso y que promueva imágenes positivas de ambos sexos, así como ejemplos igualmente positivos.
3. El signatario ayudará a sus colaboradores, por medio de formación o por otros medios, a identificar y a eliminar las actitudes y los comportamientos estereotipados y orientará su comportamiento a este respecto.
4. El signatario realizará actividades y campañas destinadas a favorecer la concienciación en relación con el papel contraproducente de los estereotipos de género en la lucha por la igualdad de mujeres y hombres.
Artículo 7 - Buena administración y consulta
1. El signatario reconoce el derecho de mujeres y hombres a que sus asuntos sean tratados con igualdad, imparcialidad y justicia, así como en un plazo de tiempo apropiado, incluidos:


    • el derecho de ser escuchados y escuchadas antes de que se adopte cualquier decisión individual que les concierna y que pudiera tener una incidencia negativa;




    • el deber para la autoridad de dar razones sobre sus decisiones;




    • el derecho de tener información sobre los temas que les conciernan.

2. El signatario reconoce que en todo lo que recaiga en sus competencias, la calidad de sus políticas y su toma de decisiones se vería seguramente mejorada si las personas afectadas por las mismas tuvieran la ocasión de ser consultadas, y que es de capital importancia que las mujeres y los hombres tengan, en la práctica, un igual acceso a la información pertinente y una idéntica posibilidad de actuar.


3. El signatario se compromete por tanto a considerar como apropiadas las siguientes medidas:


    • Asegurarse de que las modalidades de comunicación y de información tengan en cuenta las necesidades de mujeres y hombres, incluyendo su acceso personal a las tecnologías de la información y comunicación.




    • Asegurarse, cuando haya consultas, de que los puntos de vista que tengan menos oportunidades de ser oídos puedan ser tomados en cuenta plenamente en el proceso de consulta y que se realicen acciones positivas legales para asegurar esta participación.




    • Cuando sea conveniente, llevar a cabo consultas separadas para las mujeres.


MARCO GENERAL PARA LA IGUALDAD
Artículo 8 - Compromiso general
1. En el ámbito de sus competencias, el gobierno signatario reconocerá, respetará y promoverá los derechos y los principios pertinentes de la igualdad de mujeres y hombres y combatirá los obstáculos y la discriminación vinculados al género.
2. Los compromisos definidos en esta Carta se aplican al signatario, allí donde, total o parcialmente, procedan respecto a su poder legal.

Artículo 9 – Valoración de Género
1. El signatario se encargará de efectuar, en el ámbito de sus competencias, una valoración de género, como queda definido en este artículo.
2. A este fin, el signatario se encargará de establecer un programa para la aplicación de sus valoraciones de género, de acuerdo con sus propias prioridades, recursos y calendarios, que se incluirá o tomará en cuenta en su plan de acción para la igualdad.
3. Las valoraciones de género tendrán en cuenta las siguientes medidas:


    • La revisión de políticas, procedimientos, prácticas, modelos en uso actualmente, de manera que se aprecie si en los mismos existen discriminaciones, si están fundados en estereotipos de género y si tienen en cuenta, de manera adecuada, las necesidades específicas de mujeres y hombres.




    • La revisión de la concesión de recursos, financieros u otros, con los objetivos enunciados más arriba.




    • La identificación de las prioridades y de los objetivos, de manera que traten las cuestiones pertinentes surgidas por estas revisiones y se aporten mejoras identificables en el suministro de servicios.




    • La aplicación, desde el comienzo del proceso, de un análisis de cualquier propuesta significativa para las políticas nuevas o modificadas para los procedimientos y los cambios en la concesión de recursos, a fin de identificar su impacto potencial sobre las mujeres y sobre los hombres, y de tomar las decisiones finales a la luz de este análisis.




    • Tener en consideración las necesidades o los intereses de aquéllos que sufren discriminaciones o dificultades múltiples.


Artículo 10 - Discriminaciones múltiples u obstáculos
1. El gobierno signatario reconoce que está prohibida la discriminación por motivo de sexo, raza, origen social o étnico, caracteres genéticos, lengua, religión o creencias, opiniones políticas u otras, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, incapacidad, edad u orientación sexual.
2. Además, el signatario reconoce que, a pesar de esta prohibición, numerosas mujeres y hombres sufren discriminaciones múltiples y encuentran obstáculos, lo que incluye desventajas socio-económicas que tienen un impacto directo sobre su capacidad para ejercer los demás derechos definidos y precisados en esta Carta.
3. El signatario se compromete, dentro del ámbito de sus competencias, a llevar a cabo medidas apropiadas para combatir los efectos de las discriminaciones y obstáculos, incluyendo:


    • asegurar que las discriminaciones múltiples y obstáculos, así como sus valoraciones de género se tratarán en su plan de acción para la igualdad;




    • asegurar que las cuestiones planteadas por las discriminaciones múltiples y obstáculos se tomarán en cuenta en la aplicación de acciones o de medidas que figuran en los demás artículos de esta Carta;




    • tomar medidas específicas para tratar las necesidades particulares de las mujeres y hombres inmigrantes.



EL ROL DE EMPLEADOR
Artículo 11
1. En sus funciones de empleador, el gobierno signatario reconoce el derecho a la igualdad de mujeres y hombres en todos los aspectos del empleo, incluidas la organización del trabajo y las condiciones laborales.
2. El signatario reconoce el derecho a la conciliación de la vida profesional, social y privada, así como el derecho a la dignidad y a la seguridad en el trabajo.
3. El signatario se compromete a tomar todas las medidas oportunas, incluidas acciones positivas en el límite de sus poderes legales, para concretar los derechos arriba enunciados.
Las medidas citadas en el punto 3 comprenden lo siguiente:
(a) La revisión de políticas y procedimientos relativos al empleo en el seno de su organización, así como el desarrollo del área de "empleo" de su plan para la igualdad, a fin de tratar las desigualdades en un plazo apropiado, cubriendo, entre otros aspectos:


    • la igualdad de salarios, incluyendo un salario igual para un trabajo de valor equivalente;




    • disposiciones que permitan la revisión de los salarios y las remuneraciones, modalidades de pago y de jubilación;




    • medidas para garantizar de manera equitativa y transparente la promoción y las oportunidades de desarrollo de carrera;




    • medidas para asegurar una representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles, en especial para corregir cualquier desequilibrio en los niveles superiores y de dirección;




    • medidas para suprimir la segregación profesional basada en el género y para animar al personal a solicitar y ocupar puestos no tradicionales;




    • medidas para asegurar una contratación equitativa;




    • medidas para asegurar condiciones de trabajo apropiadas, sin peligro para la salud y con toda la seguridad;




    • procedimientos de consulta de las personas empleadas y de sus sindicatos, asegurando una participación equilibrada de mujeres y hombres en los organismos consultivos o de negociación.

(b) La prohibición del acoso sexual en los lugares de trabajo por medio de una declaración pública sobre el carácter inaceptable de tal comportamiento, a la que se añadirá el apoyo aportado a las víctimas, la introducción y la aplicación de políticas transparentes sobre la forma de tratar a los culpables y de los esfuerzos destinados a concienciar sobre esta cuestión.


(c) La búsqueda de una composición personal, a todos los niveles, conforme a la diversidad social, económica y cultural de la población local.
(d) La ayuda para la conciliación de la vida profesional, social y privada por medio de:


    • la introducción de políticas que permitan, cuando sea conveniente, adaptaciones del horario de trabajo y disposiciones de ayuda frente a personas dependientes de empleados y empleadas;




    • animar a los hombres para que hagan uso de sus derechos en cuanto a ausencias por causa de ayudas a personas a su cargo.



CONCURSOS Y CONTRATOS PÚBLICOS
Artículo 12
1. El gobierno signatario reconoce que en la ejecución de sus tareas y de sus obligaciones relativas a los suministros de bienes y de servicios, incluidos los contratos de compra de productos, el recurso a servicios y la realización de trabajos, es de su responsabilidad el promover la igualdad de mujeres y hombres.
2. El signatario reconoce que esta responsabilidad adquiere un especial significado cuando propone conceder a otra entidad jurídica el suministro de un importante servicio público, del que el signatario es responsable por ley. En tales casos, el signatario garantizará que la entidad jurídica que reciba el contrato (cualquiera que fuera su estatus jurídico) está obligada a asegurar la promoción de la igualdad de mujeres y hombres exactamente como lo hubiera hecho el signatario si hubiera facilitado el servicio.
3. Además, el signatario se encargará de aplicar, cada vez que las juzgue apropiadas, las siguientes medidas:
(a)Para cada contrato significativo que vaya a firmar, tomar en consideración las implicaciones de género y las oportunidades que ofrece este contrato para la promoción de la igualdad legal.
(b)Garantizar que las disposiciones del contrato tienen en cuenta los objetivos de igualdad de mujeres y hombres
(c)Asegurar que los demás términos y condiciones del contrato en cuestión tengan en cuenta y reflejen estos objetivos.
(d)Utilizar los poderes otorgados por la legislación europea sobre las licitaciones públicas para precisar las condiciones de rendimiento referentes a las consideraciones sociales.
(e)Sensibilizar al personal laboral o asesor que tiene la responsabilidad de tratar las licitaciones públicas y los contratos de alquiler en cuanto a las exigencias de sus funciones en relación la igualdad de género, incluyendo asegurar su formación en la materia.
(f)Garantizar que los términos del contrato principal contengan la exigencia de que todos los subcontratistas cumplan las obligaciones pertinentes para promover la igualdad de mujeres y hombres.


EL PAPEL DEL PRESTATARIO DE SERVICIOS
Artículo 13 - La educación y la formación continua
1. El gobierno signatario reconoce el derecho a la educación para todos y todas y reconoce además el derecho a acceder a una formación profesional y continua. El signatario reconoce que el derecho a la educación cumple una función vital en todas las etapas de la existencia, para que quede garantizada una auténtica igualdad de oportunidades, se formen las aptitudes esenciales para la vida y para el trabajo y se abran nuevas oportunidades para el desarrollo profesional.
2. El signatario se encargará, en el ámbito de sus competencias, de asegurar o promover el acceso igualitario a la formación profesional y continua para mujeres y hombres, chicas y chicos.
3. El signatario reconoce la necesidad de eliminar cualquier concepto estereotipado de los roles de mujeres y hombres en todas las formas de educación. Para conseguir esto, se encargará de tomar o de promover, como convenga, las siguientes medidas:


    • La revisión del material educativo, de los programas escolares y otros, de los métodos de enseñanza, a fin de garantizar que los mismos luchen contra actitudes y prácticas estereotipadas.




    • La aplicación de acciones específicas para promover la elección de carreras no convencionales.




    • La inclusión específica, en los cursos de educación cívica y de educación ciudadana, de elementos que destaquen la importancia de una participación igualitaria de mujeres y hombres en el proceso democrático.

4. El signatario reconoce que la manera en que las escuelas y otros centros educativos estén dirigidos representa un modelo importante para la niñez y la juventud. Se encargará por tanto de promover una representación equilibrada de mujeres y hombres a todos los niveles de la dirección y del gobierno de los centros escolares.


Artículo 14 - La salud
1. El signatario reconoce el derecho de todos y todas a beneficiarse de un elevado nivel de salud física y mental y afirma que el acceso de las mujeres y los hombres a prestaciones médicas y a tratamientos de calidad, así como a la prevención, es de vital importancia para la concreción de ese derecho.
2. El signatario reconoce que para asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para disfrutar de una buena salud, los servicios médicos y de salud han de tomar en consideración sus diferentes necesidades. Reconoce además que estas necesidades no provienen solamente de diferencias biológicas, sino igualmente de diferentes condiciones de vida y de trabajo, así como de actitudes y supuestos estereotipados.
3. El signatario se compromete a llevar a cabo, allí donde se ejerzan sus responsabilidades, todas las acciones necesarios para promover y asegurar a sus ciudadanos y ciudadanas el mejor nivel sanitario posible. A este fin, el signatario se compromete a llevar a buen fin o a promover las siguientes medidas:


    • La incorporación de la perspectiva de género en la planificación, aporte de recursos y suministro de servicios médicos y de salud.




    • La garantía de que las actividades destinadas a promover la salud, incluidas las destinadas a tener una buena alimentación y la importancia del ejercicio físico, conllevan el reconocimiento de las diferentes actitudes y necesidades de mujeres y hombres.




    • La garantía de que las personas que trabajan en el ámbito sanitario, incluidas las que trabajan para la promoción de la salud, reconozcan las formas en las que el género afecta a los cuidados médicos y sanitarios y tengan en cuenta la diferente experiencia que las mujeres y los hombres tienen de estos cuidados.




    • La garantía de que mujeres y hombres tengan acceso a una información adecuada sobre cuestiones de salud.



Artículo 15 - Cuidados y servicios sociales
1. El gobierno signatario reconoce el derecho de disponer de los servicios sociales necesarios y de beneficiarse de la asistencia de un servicio social en caso de necesidad.
2. El signatario reconoce que mujeres y hombres tienen necesidades diferentes que pueden provenir de diversas condiciones económicas y sociales, así como de otros factores. En consecuencia, a fin de asegurar a las mujeres y a los hombres un igual acceso a la ayuda social y a los servicios sociales, la organización firmante tomará todas las medidas razonables para asegurar:


    • la incorporación de la perspectiva de género en la planificación, el financiamiento y la prestación de ayudas sociales y de los servicios sociales;




    • la garantía de que las personas implicadas en la prestación ayudas sociales y servicios sociales reconozcan las formas en que el género afecta a estos servicios y que tengan en cuenta la diferentes experiencias que mujeres y hombres tienen de estos servicios.


Artículo 16 – El cuidado de menores
1. El gobierno signatario reconoce el papel esencial que desempeñan los sistemas de buena calidad de cuidado de menores, económicamente abordables, accesibles a los padres y madres y a las demás personas que se ocupan de la niñez, cualquiera que fuera su situación financiera, en la promoción de una igualdad real de mujeres y hombres y en su aptitud para conciliar su vida profesional, pública y privada. El signatario reconoce además la contribución que aporta el cuidado de menores a la vida económica y social, así como a la confección del vínculo social en el seno de la comunidad local y en todo el conjunto de la sociedad.
2. El signatario se compromete a hacer del suministro y de la promoción de tales sistemas de cuidado, directamente o a través de otros prestatarios, una de sus prioridades. Igualmente se compromete a promover la prestación de estos sistemas por otros agentes, incluida la prestación o la ayuda aportada a los sistemas de cuidado por empleadores locales.
3. El signatario reconoce también que la educación de los y las menores requiere que se comparta la responsabilidad entre mujeres y hombres, y la sociedad en su conjunto, y se encargará de enfrentarse a los estereotipos de género, según los cuales la guarda de niños se considera una responsabilidad principal de las mujeres.



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