De mecanismos alternativos de solucion de controversias en el estado de yucatan texto original



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LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATAN

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el viernes 24 de julio de 2009.

DECRETO NÚMERO 212

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 55 FRACCIONES II Y XXIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 14 FRACCIONES VII Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE DECRETO:

"EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 97, 150 Y 156 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 3 DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO, TODAS DEL ESTADO, EMITE LA LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN BASE A LO SIGUIENTE:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S:.

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de estas Comisiones Permanentes de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales y la de Administración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; consideramos necesario la creación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado, por todos los argumentos planteados en este dictamen, por lo que debe ser aprobada con los razonamientos antes expresados. En tal virtud, con fundamento en los artículos 29 y 30 fracción V de la Constitución Política, y 64, 97, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente proyecto de:

LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y de interés social en el Estado y tiene por objeto:

I.- Regular los mecanismos alternativos de solución de controversias, como formas de autocomposición asistida en la solución de conflictos surgidos entre particulares;

II.- Hacer posible el acceso de los particulares a los mecanismos alternativos de solución de controversias establecidos en esta Ley;

III.- Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un sistema de solución alternativa de controversias que evite el proceso judicial;

IV.- Crear un órgano desconcentrado del Poder Judicial especializado en la aplicación de mecanismos alternativos para la solución de controversias y, fijar las reglas para regular su funcionamiento;

V.- Regular los Centros Públicos y Privados de Solución de Controversias;

VI.- Identificar los conflictos que pueden resolverse a través de los mecanismos alternativos previstos en esta Ley;

VII.- Precisar los requisitos que deben reunir los mediadores o conciliadores y las actividades que deben realizar cuando apliquen un mecanismo alternativo para la solución de controversias;

VIII.- Establecer los requisitos y condiciones en que los particulares podrán aplicar profesionalmente los mecanismos alternativos;

IX.- Señalar los efectos jurídicos de los convenios suscritos por las partes como resultado de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y

X.- Establecer el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que apliquen los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como la responsabilidad civil o penal en que incurran los facilitadores privados o los Centros Privados de Solución de Controversias.

Artículo 2.- Los habitantes del Estado de Yucatán tienen el derecho de resolver sus controversias a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y, el Estado el deber de proporcionar y promover los mecanismos para que estos conflictos se resuelvan pacíficamente, conforme a los principios y disposiciones de esta Ley.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Centro Estatal: el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán;

II.- Unidades de solución de controversias de la Procuraduría General de Justicia: las unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado que tengan como fin la solución de controversias, a través de los mecanismos alternativos que esta Ley regula;

III.- Centro público de solución de controversias: las instancias que se creen en el Estado por el Poder Ejecutivo o los ayuntamientos con el fin de solucionar conflictos a través de los mecanismos alternativos que regula esta ley;

IV.- Centros Privados de Solución de Controversias: las instituciones privadas y educativas que tengan como fin la solución de controversias, a través de los mecanismos alternativos que esta Ley regula;

V.- Conciliación: el procedimiento voluntario a través del cual las personas involucradas en un conflicto determinado como conciliable por la Ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes, con la intervención de un facilitador que estará investido de imparcialidad y neutralidad, que actuará promoviendo el diálogo entre las partes en conflicto y fórmulas de acuerdo que permitan llegar a la solución satisfactoria del conflicto;

VI.- Convenio o Acuerdo: el acto voluntario de las partes en conflicto que pone fin a una controversia total o parcialmente y que tendrá, respecto a los participantes, la misma eficacia que un título ejecutivo o de una sentencia ejecutoriada, en los términos que establezca esta Ley. En materia penal, el convenio o acuerdo surtirá los efectos que establezca la legislación en la materia;

VII.- Facilitador: el funcionario o profesionista capacitado y registrado ante el Centro Estatal en los términos de esta Ley que intervenga como mediador o conciliador, institucional o privado, en los mecanismos alternativos de solución de controversias;

VIII.- Justicia restaurativa: todo método alternativo al procedimiento penal, en el que participa la víctima o el ofendido, el probable responsable o el delincuente y, cuando proceda, miembros de la comunidad afectados por el delito, para que se repare el daño provocado y se atienda a las necesidades de las partes, con el fin de lograr resultados restaurativos;

IX.- Ley: la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán;

X.- Mecanismos alternativos: todo procedimiento de solución de controversias de índole civil, familiar, mercantil y penal incluyendo los casos de adolescentes en conflicto con la ley, tales como la mediación, conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos previstos en otras disposiciones legales o, en su caso, solucionarlos sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo aquellos que tiendan a garantizar la eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo;

XI.- Mediación: el procedimiento voluntario en el cual un facilitador imparcial y sin facultad para sustituir las decisiones de las personas involucradas en una controversia, las asiste con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda en común de un acuerdo que contenga la voluntad de las partes, sin necesidad de recurrir al procedimiento judicial;

XII.- Personas en controversia: aquellas que emplean los mecanismos alternativos con el fin de solucionar sus conflictos. Tratándose de niños, niñas y adolescentes e incapaces, éstos serán representados por la persona o personas que ejerzan la patria potestad, tutela o curatela; en caso de que el conflicto sea con sus tutores, se le deberá designar una persona que represente los intereses de este; sin perjuicio de lo anterior, se deberá en su caso escuchar al menor que este en condiciones de formarse un juicio propio, para que exprese su opinión libremente sobre el asunto;

XIII.- Principio de oportunidad: en materia penal opera cuando el Ministerio Público se encuentra autorizado legalmente para prescindir de la acusación penal, por existir otros intereses superiores que hacen evidente que aquella es innecesaria;

XIV.- Ratificación: el acto mediante el cual los suscriptores de un convenio o acuerdo acuden ante el Director del Centro Estatal, Subdirector de los Centros Regionales, del Centro Público de Solución de Controversias o notario público, a efecto de manifestar que fue su voluntad la suscripción del documento, reconociendo sus firmas;

XV.- Reconocimiento: el acto mediante el cual un Juez verifica que el acuerdo o convenio, suscrito durante un proceso, fue celebrado conforme a derecho y declara que surte efectos de cosa juzgada, y procede su ejecución en los términos que prevé el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, con respecto a la ejecución de las sentencias;

XVI.- Reglamento: el Reglamento de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán, y

XVII.- Resultado restaurativo: la satisfacción de las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de los involucrados y afectados por el delito, así como el cumplimiento de compromisos y obligaciones contraídas tendientes a lograr la reintegración social del responsable.

Artículo 4.- Los mecanismos alternativos previstos en esta Ley son independientes a la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado y tienen como propósito auxiliarlos en la resolución de conflictos surgidos entre particulares.

Artículo 5.- Los mecanismos alternativos serán aplicados por el Centro Estatal y los Centros Públicos o Privados de Solución de Controversias, a través de los facilitadores adscritos a los mismos, así como por los facilitadores privados certificados que presten sus servicios en forma individual.

CAPÍTULO II

De los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Artículo 6.- Los mecanismos alternativos pretenden fomentar la convivencia armónica y la paz social, solucionando a través del diálogo los conflictos que surjan entre los miembros de la sociedad, por conducto de la intervención de facilitadores que procuran el acuerdo entre las partes.

Entre los mecanismos alternativos se encuentran la mediación, la conciliación y todos aquellos que sean adecuados para la solución pacífica de controversias entre las partes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 7.- Los principios rectores en que se sustentan los mecanismos alternativos previstos en esta Ley son:

I.- Voluntariedad, que estriba en la autodeterminación de las personas para sujetarse o no a cualquiera de los mecanismos alternativos; sin vicios en su voluntad y decidir libremente sobre la información que revelan, así como llegar o no a un convenio o acuerdo;

II.- Confidencialidad, consistente en que la información aportada durante el procedimiento de aplicación de los mecanismos alternativos, no deberá ser divulgada a ninguna persona ajena a aquéllos, ni utilizarla para fines distintos al mecanismo alternativo elegido para la solución del conflicto o en perjuicio de las partes dentro del proceso judicial. El deber de confidencialidad no se extiende a la información relativa a la comisión de un delito no susceptible de solucionarse mediante los mecanismos alternativos;

III.- Buena fe, fundado en que debe existir una absoluta disposición para suscribir convenios o acuerdos;

IV.- Neutralidad, el cual consiste en que el facilitador mantenga una postura imparcial de no ceder a sus propias inclinaciones o preferencias, durante todo el procedimiento de aplicación de los mecanismos alternativos;

V.- Imparcialidad, que consiste en que el facilitador actúe libre de favoritismos y prejuicios en su relación con las personas y los resultados del conflicto, tratándolas con absoluta objetividad y sin hacer preferencia alguna;

VI.- Equidad, consiste en que el facilitador deba crear condiciones de igualdad sin otorgar ventajas indebidas a alguna de las partes;

VII.- Legalidad, consistente en que los mecanismos alternativos tienen como límites la voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres;

VIII.- Honestidad, se refiere a que en la actuación del facilitador, éste debe reconocer tanto sus capacidades y limitaciones, así como no tener algún interés personal e institucional en la aplicación de los mecanismos alternativos;

IX.- Flexibilidad, consiste en que los mecanismos alternativos carezcan de toda forma estricta, con el fin de responder a las necesidades particulares de las personas interesadas en su aplicación para la solución de sus controversias, y que puedan acordar, en su caso y conforme a la Ley, las reglas de tales mecanismos;

X.- Oralidad, consistente en que los procesos de los mecanismos alternativos se realizarán de manera oral, por lo que no deberá dejarse constancia ni registro alguno de los comentarios y opiniones de las partes;

XI.- Consentimiento informado, se refiere a la comprensión de las partes sobre los mecanismos alternativos, las características de cada uno de los procedimientos, la importancia de los principios, los compromisos inherentes a su participación y el alcance de los convenios o acuerdos;

XII.- Intervención mínima, consiste en el deber del facilitador de realizar las actividades estrictamente indispensables para que las partes avancen y, en su caso, logren la solución de sus controversias, y

XIII.- Economía, significa buscar la rapidez y el menor costo en la solución del conflicto.

Artículo 8.- Pueden ser materia de la aplicación de los mecanismos alternativos, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre personas interesadas con relación a determinado hecho, derecho, contrato, obligación, acción o pretensión, siempre que se trate de asuntos que puedan ser objeto de transacción, o de conductas tipificadas como delito, respecto de las cuales proceda el perdón o la manifestación de desinterés jurídico por la víctima en cuanto a la prosecución del procedimiento, y que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan disposiciones de orden público, ni se trate de derechos irrenunciables.

Asimismo, serán aplicables los mecanismos alternativos en las conductas tipificadas como delito en las que no proceda el perdón o exista desinterés jurídico de la víctima, exclusivamente con objeto de que se repare el daño o se atienda a sus diversas necesidades en materia de justicia restaurativa.

En materia penal y de justicia para adolescentes se promoverán y aplicarán los mecanismos alternativos en los términos de esta Ley, con el fin de hacer efectiva la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u ofendido y el imputado.

Tratándose de adolescentes en conflicto con la ley penal, también participarán en la mediación o la conciliación quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o curatela, procurando que el menor explique su conducta y se haga cargo de la reparación del daño que produjo, con su patrimonio o trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda a sus representantes. Los convenios que resulten deberán ser autorizados por el Ministerio Público o el Juez Especializado, según la fase procesal en que se suscriban.

Artículo 9.- Los jueces en materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes, deberán hacer saber a las partes la existencia de los mecanismos alternativos como forma de solución de controversias en los términos de esta Ley.

El Ministerio Público deberá informar sobre las peculiaridades de los mecanismos alternativos y orientar a los particulares en cuanto a las ventajas de los mismos para alcanzar una solución a sus controversias. La misma obligación tendrá el Ministerio Público dependientes de la Subprocuraduría Especializada de Justicia para Adolescentes.

Tratándose de delitos perseguibles a querella de parte, el Ministerio Público deberá informar al inculpado y a la víctima u ofendido que pueden asistir al Centro de su elección, para tratar de solucionar el conflicto y negociar la reparación del daño, levantando razón de que las partes fueron informadas.

En los casos de flagrancia, una vez dictado el auto de sujeción a proceso o formal prisión, será el Juez el que informe al inculpado y al ofendido sobre la posibilidad de asistir al Centro Estatal, los Centros Públicos o Privados de Solución de Controversias, para tratar de solucionar su conflicto.

Artículo 10.- El Centro Estatal y los Centros Públicos atenderán gratuitamente los casos que les sean remitidos en los términos previstos en esta Ley, por conducto de facilitadores institucionales, así como los conflictos que planteen directamente las partes antes de acudir al proceso judicial.

Los particulares podrán prestar servicios de mediación o conciliación, siempre que estén certificados y registrados en el Centro Estatal y cumplan con los requisitos legales establecidos en la presente Ley. Estos servicios podrán ser remunerados en forma convencional.

Artículo 11.- Las personas que enfrenten un conflicto podrán acudir, conjunta o separadamente, al Centro Estatal y a los Centros Públicos o Privados de Solución de Controversias para recibir información y orientación sobre los mecanismos alternativos; y podrán solicitar la iniciación, en caso de ser viable, del procedimiento que mejor satisfaga sus necesidades.

En el supuesto de que las personas hubieren elegido el mecanismo de la mediación y no lograren la solución del conflicto, el facilitador les sugerirá que recurran a la conciliación u otros mecanismos alternativos, informándoles sobre la naturaleza, características y alcances legales de los mismos.

Artículo 12.- La oportunidad para sujetar la solución de controversias a mecanismos alternativos puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando exista un proceso judicial pendiente de resolver, caso en el cual, las partes deberán hacerlo del conocimiento del tribunal para que éste tome nota en los autos y, si lo solicitan las partes intervinientes en el proceso judicial, decretar la suspensión del mismo siempre que no se afecten los derechos de terceros y por un período que no exceda de 30 días hábiles.

El Juez podrá denegar la suspensión por virtud de disposiciones de orden público o cuando sea necesaria para la protección de derechos de menores de edad e incapaces.

Las partes deberán informar al órgano jurisdiccional, antes de que fenezca el plazo de suspensión, sobre los resultados obtenidos y para el caso de que no hubieren concluido las negociaciones, podrán solicitar por única vez la ampliación del plazo que no exceda a 30 días hábiles, la cual será resuelta por el órgano jurisdiccional conforme a los lineamientos establecidos en los párrafos anteriores. La omisión del informe dará lugar a la reanudación del proceso.

Los mecanismos alternativos pueden aplicarse aún en aquellos casos en que haya sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. En materia civil y familiar, las partes podrán sujetarse a algún mecanismo alternativo en lo relativo al cumplimiento o ejecución del fallo. Y en materia mercantil siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales aplicables en esta materia.

En materia penal, habiéndose dictado sentencia firme, sólo se podrá tratar lo conducente a la reparación del daño y el Ejecutivo proveerá lo necesario para facilitar el encuentro de la víctima con el victimario a fin de hacer efectiva la justicia restaurativa.

Artículo 13.- Los mecanismos alternativos podrán iniciarse:

I.- Por solicitud de persona interesada, en forma verbal o escrita ante el Centro Estatal y los Centros Públicos y Privados de Controversias, o

II.- A propuesta del Ministerio Público o del Juez que conozcan del asunto cuando se advierta la voluntad de los interesados en solucionar sus controversias mediante un mecanismo alternativo.

Artículo 14.- Cuando la petición se formule oralmente se registrarán los datos de identificación del interesado y su domicilio, así como los de la persona involucrada en la controversia y los que sirvan para identificar la misma.

Artículo 15.- Una vez planteada la solicitud, se analizará para determinar si la controversia es susceptible de solucionarse a través de algún mecanismo alternativo y, de ser así, se iniciará el procedimiento.

En caso de que la controversia no sea susceptible de solucionarse por algún mecanismo alternativo, se hará del conocimiento del interesado, expresándole los motivos.

Artículo 16.- Las personas interesadas en solucionar sus controversias deberán conducirse con respeto, guardar la confidencialidad del procedimiento y cumplir con las obligaciones que se establezcan en los convenios que celebren.

Los facilitadores no podrán revelar a una de las partes, ni a terceros, la información relativa al conflicto que la otra parte le haya manifestado, salvo que reciban autorización por escrito de esta última.

Artículo 17.- La información que se genere en los procedimientos de los mecanismos alternativos se considerará confidencial, en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Artículo 18.- Cuando los interesados decidan ejercer el derecho a sujetar sus diferencias mediante el juicio arbitral, éste se regulará por las disposiciones aplicables contenidas en el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán.

Artículo 19.- Cuando los interesados acuerden terminar una controversia presente o prevenir una futura mediante la transacción, ésta se regulará por las disposiciones aplicables contenidas en el Código Civil del Estado de Yucatán.

CAPÍTULO III

De las Partes en los Mecanismos de Solución de Controversias

Artículo 20.- Las partes pueden ser personas físicas en pleno ejercicio de sus derechos o personas morales que actúen por conducto de sus representantes o apoderados legales, siempre que cuenten con facultades para realizar actos de dominio o para transigir y obligar a su representada.

Cuando el objeto del mecanismo alternativo sea exclusivamente la reparación del daño, porque no procede el perdón del ofendido, ni la aplicación del principio de oportunidad, las partes podrán comparecer por medio de mandatarios o apoderados con facultades para realizar actos de dominio, transigir y obligar a su representada. En cualquier otro caso, los mecanismos alternativos deberán realizarse personalmente con las partes en conflicto, salvo que la víctima sea una persona jurídica.

Artículo 21.- Las personas interesadas en la solución de sus conflictos tienen derecho a:

I.- Solicitar la intervención del Centro Estatal o de cualquier centro público o privado, para que citen a la otra parte cuando no exista proceso judicial;

II.- Que se le informe sobre la naturaleza, dinámica y fines de los mecanismos alternativos de solución de controversias;

III.- Que se les designe un facilitador para que conduzca la mediación o la conciliación, en su caso, en los términos previstos por esta Ley;

IV.- Recusar por causa justificada, ante la autoridad correspondiente, al facilitador que haya sido designado, y

V.- Solicitar copia certificada del acuerdo final de mediación o que se informe al Juez, que no fue posible resolver el conflicto, cuando el proceso judicial ya se haya instaurado, a fin de promover su continuación.

Artículo 22.- Los sujetos que admitan someterse al procedimiento de mediación o conciliación, tienen la obligación de observar buen comportamiento durante las sesiones y cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer, establecidas en el convenio final.

CAPÍTULO IV

De los Facilitadores

Artículo 23.- Los facilitadores podrán ser institucionales o privados. Los Institucionales son aquellos que se encuentren certificados y adscritos al Centro Estatal o a las oficinas regionales, o que integren las unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los Privados son las personas físicas que hayan sido autorizadas mediante una certificación por el Centro Estatal para desempeñar sus funciones, las cuales podrán realizar en forma individual o adscritos a los Centros Privados de Solución de Controversias.



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