“Cuidado y Políticas Públicas: debates y estado de situación a nivel regional”



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Cuidado y políticas públicas: debates y estado de situación a nivel regional
Flavia Marco Navarro1

María Nieves Rico2
Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coordinadoras) Buenos Aires, Editorial Biblos ISBN: 978-987-691-148-1. Capítulo 1, páginas 27 a 58.

 
Introducción


En América Latina, tradicionalmente se ha delegado a las mujeres, bajo el eufemismo de “la familias”, la responsabilidad del cuidado de los miembros del hogar que presentan algún grado de dependencia: niños y niñas, adultos mayores, enfermos crónicos y personas con alguna discapacidad. Además, se ha atribuido a las mujeres el cuidado de los varones adultos ocupados en el mercado laboral(Durán, 2003 y 2012), que se benefician del trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres de sus familias.3 Esto implica que parte importante de la producción de la protección social en la región es de resolución individual y privada, está fuertemente estratificada y segmentada —dependiendo de los ingresos con que cuentan los hogares— y es una expresión de la división sexual del trabajo, uno de los principales factores de la desigualdad presente en nuestras sociedades. En efecto, la protección social persigue posibilitar una calidad de vida decente para las personas, básicamente mediante el acceso a servicios sociales y a un ingreso mínimo, pero frente a las carencias del sistema público de protección social son las mujeres las que con su trabajo no remunerado resuelven las necesidades de bienestar y la calidad de vida de los integrantes de sus familias.

Si bien esta no es una situación nueva, sí en los últimos años han coincidido distintos procesos que conducen a prestar especial atención a dar una respuesta de política pública a las necesidades de cuidados y a las inequidades existentes en este ámbito. Entre estos procesos, de diferente carácter y con distinto énfasis según los países, destacan fenómenos: a) político-culturales, asociados al cuestionamiento del orden de género vigente y su distribución de roles, atribuciones y valoraciones, y los consecuentes procesos emancipatorios de las mujeres; b) demográficos, como el descenso de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y el descenso estratificado de la fecundidad; c) epidemiológicos, como consecuencia del hecho de que las afecciones crónicas de tipo degenerativo han ido desplazando a las enfermedades transmisibles como causas principales de morbilidad y discapacidad; d) familiares, vinculados a cambios en la composición y estructura, en especial al aumento de hogares monoparentales femeninos; y e) socioeconómicos, íntimamente ligados al ingreso sostenido de las mujeres al mercado laboral.

La confluencia de estos fenómenos ha puesto en evidencia que la actual manera de las sociedades latinoamericanas de organizar el cuidado de sus miembros es una fuente de desigualdad social y de género e, incluso, de reproducción de la pobreza (CEPAL, 2009). La extensión y amplitud de los diagnósticos sobre la trascendencia del cuidado para el bienestar individual y colectivo y las desigualdades que entraña su producción, realizados en la última década —principalmente desde una perspectiva de género y de derechos— han permitido colocar la problemática del cuidado en la conversación social y el debate público regional.

Asimismo, han mostrado la escasa presencia del Estado en la satisfacción de las necesidades y demandas de cuidado de la población, evidenciado que es el imperativo que las tradicionales políticas públicas de protección social: seguridad social, educación y salud, ya sean de carácter contributivo o no contributivo, se reorienten para cumplir el objetivo de una mayor igualdad a la vez que deben estar acompañadas de un “cuarto pilar”: el cuidado de todos y todas y la atención a las personas con algún nivel de dependencia. Esto responde al convencimiento de que el Estado y sus políticas públicas tienen un importante papel en la relación que se establece entre la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del sistema económico.

En este artículo, luego de presentar el estado del debate en América Latina en torno a la conceptualización del cuidado y la evidencia empírica que sustenta las nuevas y distintas aproximaciones, se revisan políticas públicas adoptadas en algunos países de la región, en particular los casos de Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, para finalizar con una propuesta dirigida a avanzar hacia sistemas nacionales de cuidado de carácter integral.
1. Avances teóricos y la nueva evidencia empírica
El cuidado alude al conjunto de actividades, ya sean remuneradas o no remuneradas, destinadas al bienestar de las personas. Estas actividades implican un apoyo multidimensional: material, económico, moral y emocional a las personas con algún nivel de dependencia, pero también a toda persona, en tanto sujeto en situación de riesgo de pérdida de autonomía (Aguirre, 2011). Es así que todos somos sujetos de cuidado en varios momentos de nuestras vidas, pero además podemos ser sujetos de cuidado siendo sujetos autónomos; un ejemplo de ello es el caso de los varones que se benefician cotidianamente del trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres de sus hogares, pues este contribuye a su bienestar.

Los cuidados se asemejan a “lo personal es político”4 en el ámbito económico; así lo sostiene Amaia Pérez (2010) refiriéndose a que en este espacio se juegan los grandes problemas estructurales de las sociedades y también se concretan los grandes dilemas existenciales del feminismo. La división sexual del trabajo se encuentra en los orígenes del pensamiento feminista, interpelando el supuesto de que esta división nace con el capitalismo, para relacionarla con las más tempranas sociedades patriarcales (Montaño, 2010).

Hace ya una década que el cuidado surge con fuerza como área específica de estudios y de demandas feministas en América Latina. Los aportes han sido crecientes, herederos de los debates europeos en la materia y de las elaboraciones previas en torno al trabajo doméstico no remunerado y al trabajo reproductivo y sus vínculos con el sistema económico. Hemos sido testigos de que en este devenir se han desarrollado aproximaciones teóricas específicas sobre el cuidado, de mayor poder explicativo y reivindicativo, por lo mismo, más factibles de hacerse operativas en términos de políticas públicas.

En este contexto, surge la noción de economía del cuidado para referir un espacio de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades. Asociarle el término “cuidado” al concepto de economía implica concentrarse en aquellos aspectos de este espacio que generan o contribuyen a generar valor económico; y lo que particularmente le interesa a la economía es la relación entre la manera en que las sociedades se organizan para garantizar el cuidado de sus integrantes y el funcionamiento del sistema económico (Rodríguez Enríquez, 2007 y 2012). Además, están los aportes teóricos que analizan la distribución social del cuidado en relación con los regímenes de bienestar (Martínez, 2008) y que se cruzan con los análisis de la economía del cuidado.

El cuidado no es inherentemente remunerado o no remunerado. De hecho, además de realizarse de manera gratuita en los hogares, también puede ser provisto por el mercado, por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil. Su carácter remunerado o gratuito es consecuencia de elecciones políticas, valoraciones culturales y estructuras de género (Rico, 2005). Por ello, el tema no solo pasa por la funcionalidad social y económica del trabajo no remunerado de las mujeres, sino que además la construcción sexuada de las identidades incluye el cuidado como uno de sus elementos. Así, el cuidado —eje central del ejercicio de la maternidad biológica y social— es casi definitorio de la feminidad. Esta constatación da lugar a otras dimensiones de estudio —por cierto integradas a las ya mencionada—, que responden a que si bien importantes aportes provienen de la Sociología y Economía feminista, el cuidado —como hecho social— requiere ser abordado desde diversas disciplinas de modo de abarcarlo en toda su complejidad, llegando a las interrelaciones entre política, cultura, economía y sociedad, para lograr así diagnósticos certeros que sean base de políticas públicas que lo aborden con eficacia (Montaño, 2010).

Con este objetivo en mira, resulta central para el debate en torno al cuidado desmontar sus connotaciones, lo que implica desnaturalizarlo como algo propio de las mujeres, quienes estarían supuestamente mejor dotadas que los varones para llevarlo a cabo; también implica desfamiliarizarlo, en el sentido de abrir su locación a otros espacios. En esta dirección, es notable cómo se ha ido ampliando el espectro de miradas, incluyendo perspectivas provenientes de la Psicología y la Filosofía, sobre todo cuando el cuidado es también un factor de construcción de vínculo social y se sitúa la reflexión a partir de la subjetividad de los actores (Flores-Castillo, 2012). Así, el carácter relacional del cuidado, sostenedor de relaciones interpersonales y productor de bienestar, ha ido adquiriendo también un estatus propio en diversos análisis.

De igual modo, uno de los fenómenos sociales de carácter global más importante, el de la migración internacional, ha conducido a llevar a cabo estudios que dan cuenta de la conformación de “familias transnacionales” y de la vitalidad de las “cadenas globales de cuidado” (Cerrutti y Maguid, 2010; Orozco, 2010). Este fenómeno se configura como la expresión transnacional de la división sexual del trabajo y la réplica en espejo de la estratificación y segmentación de género de los mercados laborales de origen y destino.

Destacan las propuestas que consideran el derecho al cuidado —en su doble dimensión de darlo y recibirlo— como integrante del conjunto de los derechos humanos universales consagrados en diversos instrumentos internacionales, a pesar de no estar individualizado entre ellos. Esto debido a la interdependencia de los derechos humanos, reconocida en la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993). De ahí que la estrategia no deba basarse únicamente en reclamar nuevos derechos sino en darles efectividad a los ya acordados. Además de ello, la niñez tiene derecho al cuidado en función de las responsabilidades asumidas por los Estados en la Convención de Derechos del Niño (Pautassi y Rico, 2011), así como las personas adultas mayores en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pautassi, 2010; Huenchuan, 2009),y las personas con capacidades diferentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

De la mano de estos avances teóricos, han ido incrementándose las evidencias empíricas sobre la distribución social del cuidado, las injusticias que conlleva y la desigualdad que su actual configuración produce y reproduce. La principal herramienta en este sentido han sido las Encuestas de Uso de Tiempo (EUT), que se han desarrollado en 19 países de la región5, siendo Cuba —con su Encuesta Nacional de Presupuesto de Tiempo de 1985 y 1988— el país pionero. Existen diversas opciones para llevar a cabo estas encuestas. Así, puede tratarse de encuestas específicas, que si bien representan la opción óptima suelen ser extensas, complejas y requerir de un financiamiento especial; pueden ser parte de investigaciones aisladas, que aun aportando valiosa información, presentan la desventaja de la falta de periodicidad y comparabilidad; y pueden representar un módulo adosado a las Encuestas de Hogares. Esta última es la propuesta de la CEPAL y de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), por razones metodológicas, de viabilidad financiera y por la posibilidad de relacionar los datos de uso de tiempo con los otros datos recogidos por estas encuestas (Milosavljevic y Tacla, 2007). En este sentido han avanzado países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay.

El análisis de estas encuestas recupera la importancia de la distribución del tiempo y del trabajo e identifica también a la unidad doméstica como espacio de producción y distribución económica, mostrando una gran desigualdad en el ejercicio de derechos y el bienestar de las personas y de las familias. Las evidencias que proporcionan son abrumadoras; si bien no siempre son comparables entre sí, se pueden constatar tendencias y semejanzas entre los países de la región.6 Entre los resultados obtenidos destacan:




  • Las mujeres hacen la gran mayoría del trabajo no remunerado, cualquiera sea su jornada en el empleo, su estado civil o situación de convivencia, su nivel educativo, su edad o los ingresos de sus hogares.

  • Las mujeres que destinan más tiempo a las labores domésticas y de cuidado pertenecen al tramo de 25 a 59 años de edad, las edades en que más se encuentran insertas en el empleo (en el caso de México, es el tramo de 20 a 39 años de edad; en Honduras, de 20 a 44 años; así, hay variaciones en los tramos considerados, pero siempre se trata de plena edad reproductiva).

  • El tiempo que dedican todas las mujeres al trabajo no remunerado siempre es sumamente significativo, pero presenta diferencias en la medida en que quienes más tiempo dedican son las cónyuges, seguidas por las mujeres jefas de hogar. Esto evidencia que las parejas masculinas no solo dedican escaso tiempo a lo doméstico y el cuidado sino que además generan más trabajo para sus parejas mujeres; lo que se comprueba al comparar el tiempo dedicado al trabajo no remunerado tanto entre varones casados o unidos versus los que viven solos, como el de las mujeres entre sí según su situación familiar. Así, en el caso de México y Montevideo, se aprecia que los varones que viven solos dedican el doble de tiempo al trabajo no remunerado que aquellos que viven en pareja; mientras que en Bolivia, Colombia, Guatemala y Nicaragua, el tiempo destinado por los varones no se ve afectado por el estado civil o conyugal7. Esta idea también se ve corroborada al apreciar que en los hogares en que vive una pareja sin hijos, el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo no remunerado es igualmente considerable.

  • Las mujeres con hijos menores de 6 años (e incluso de 18 años, en el caso de Montevideo) dedican más horas al trabajo no remunerado, fenómeno que no se presenta entre los varones, para quienes la presencia de niños en la primera infancia en sus hogares no es determinante en la cantidad de tiempo que le dedican al trabajo doméstico y de cuidado.

  • El tiempo dedicado por las mujeres al cuidado y las labores domésticas y el tipo de actividades que asumen varía según el nivel de ingresos de los hogares. Las mujeres con menores ingresos dedican más tiempo a las labores de cocina y limpieza, mientras que estas tareas son asumidas con menor frecuencia por las mujeres de ingresos altos y cuando lo hacen le asignan menos tiempo; con frecuencia, este grupo de mujeres asumen y dedican tiempo a las labores de planificación y administración del hogar, además, son las que acuden a contratar servicios de cuidado al mercado, tanto para los niños y niñas como para las personas adultas mayores, aun cuando también ejercen funciones de cuidado para estos familiares, mientras que las mujeres de menores ingresos no pueden acudir al mercado para complementar su trabajo de cuidado y lo asumen en su totalidad o lo delegan a otras mujeres de la familia o vecinas.

  • El tiempo dedicado —no así la tasa de participación en el trabajo no remunerado— varía por nivel de instrucción (Colombia, Ecuador, Honduras y México); cuando menor es el nivel alcanzado, mayor es el tiempo destinado a trabajo doméstico y familiar.

  • El área geográfica también aporta variaciones relevantes. En todos los países, la carga de trabajo no remunerado que asumen las mujeres es mayor en las zonas rurales, lo que se relaciona con actividades productivas de subsistencia, menor presencia del Estado como proveedor de servicios de cuidado, la ausencia de bienes y tecnologías ahorradores de trabajo doméstico y un casi nulo desarrollo de un mercado de servicios.

  • La distribución de trabajos entre niños, niñas y adolescentes dentro y fuera del hogar —es decir, tanto el tipo de actividades que desempeñan al interior de las familias, diferenciadas por sexo, como el hecho de trabajar de forma remunerada en el mercado, más frecuente entre los niños varones— está perpetuando la división sexual del trabajo. El tipo de actividades domésticas que realizan mujeres y varones son distintas, ya que cuando estos las asumen se circunscriben a refacciones en el hogar, compras y trámites. En relación a la crianza, también se da la distinción, ya que cuando las encuestas lo permiten (por ejemplo, en el Uruguay) se aprecia que los varones participan mayoritariamente en actividades lúdicas con los niños y niñas y no están presentes en tareas como darles de comer o bañarlos.

  • La carga horaria entre trabajo remunerado y no remunerado es inversamente proporcional entre mujeres y varones.

  • Las desocupadas dedican una importante porción de su tiempo a las labores del hogar, lo que les resta tiempo para buscar empleo; mientras que los varones desocupados no aumentan sustancialmente las horas dedicadas al trabajo del hogar.

En torno al trabajo de cuidado que se realiza en los hogares, se presenta una constelación de bienes, servicios, actividades y relaciones que, además de contribuir a satisfacer las necesidades más básicas y a la reproducción generacional y del sistema social, crean valor económico. Un ejemplo de ello se observa en la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, que se inscribe en su Sistema de Cuentas Nacionales8, cuyos resultados muestran que la participación del valor del trabajo no remunerado de los hogares (VTNRH) en el PIB de la economía fue de 22,6% en el año 2009, constituyendo un aporte al bienestar económico del país superior a la participación de la industria manufacturera (17,6%), la extracción de petróleo y gas (6,9%), o el sector agrícola (3,4%) (INEGI, 2011). Al considerar el VTNRH por tipo de actividad o función en el hogar, los servicios para “proporcionar cuidados y apoyo a los integrantes del hogar” son los de mayor peso económico, con una participación del 28% del total, equivalente al 13,7% en horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. Este importante aporte, además de no ser valorado en la mayoría de los países, tampoco tiene un correlato de protección social, políticas de igualdad y redistribuitivas. Situación necesaria de revertir para avanzar hacia un modelo social y económico sostenible y justo y desplegar las mejores herramientas de los Estados para luchar contra la desigualdad y la pobreza, a la vez que proporcionar incentivos fiscales —a través de los sistemas de impuestos progresivos9 y prestaciones personales— a comportamientos que mejoren el funcionamiento de la economía y la organización social.


2. ¿Ingresa el cuidado a la agenda pública?

Con el cúmulo teórico e incluso empírico de los últimos diez años sobre la injusta y desigual distribución del cuidado en las sociedades latinoamericanas, este empieza a ser asumido de manera incipiente pero creciente como área de intervención pública. Esto responde, entre otros factores a la aceptación de que —así como en otros ámbitos, tales como el medio ambiente y la economía— estaríamos en presencia de un fenómeno que puede asimilarse a un estado de crisis o agotamiento de los tradicionales arreglos de cuidado, que se refiere a “un momento histórico en que se reorganiza simultáneamente el trabajo remunerado y el doméstico no remunerado, mientras que persiste una rígida división sexual del trabajo en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral” (CEPAL, 2009: 173). Esta situación plantea urgencias para la acción pública, en el corto y mediano plazo, para dar respuesta a las necesidades de cuidado, así como para revertir la desigualdad presente en los viejos equilibrios en proceso de agotamiento (Rico, 2011). Esta mirada sistémica a la actual situación en los países de la región se complementa con otras perspectivas.

Mientras los mundos público y privado están organizados en función de una estricta segregación del trabajo productivo y reproductivo, la idea emancipadora de la igualdad en la familia y la sociedad llega a niveles críticos en el siglo XXI, debido a que factores demográficos y sociales convierten el tema del trabajo no remunerado no solo en una demanda de justicia, sino en una necesidad imperiosa para el desarrollo. Paralelamente, el movimiento feminista de América Latina forma parte de procesos de modernización política y cultural y de los procesos generales de conquista de derechos sociales. Desde la perspectiva de los actores y los proveedores de cuidado, “la llamada crisis del cuidado no es otra cosa que un síntoma de emancipación de las mujeres” (Montaño, 2010: 26). Esta afirmación adquiere más fuerza si se considera que en la región, salvo en países como el Uruguay, las transformaciones de las familias y la presencia de las mujeres en el empleo parecen haber pesado más en esta crisis que las etapas demográficas. Además, el término “crisis” tiene una connotación perentoria (Esquivel, 2012) y las mujeres llegaron al empleo para quedarse y, transitan por procesos de empoderamiento y autonomía que, aunque con vaivenes, son irreversibles. La evolución de la tasa de participación económica de las mujeres para 15 países de la región da cuenta de lo expuesto. Según últimos cálculos de la CEPAL, esta proporción pasó del 39,4% en el año 1990 al 51,9% en 2010 mostrando un leve descenso del 53% que se registró en el año 2007.
De todas formas, la difusión de la noción de crisis de los cuidados parece estar posibilitando la inclusión de nuevos actores en el debate político, pues no se trata solo de las mujeres sino de los receptores del cuidado. En particular, son notables los avances de las demandas de las organizaciones de adultos mayores, como se observa en la Declaración de Tres Ríos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento (Costa Rica, 2012). Sin duda hay un conflicto, las cuidadoras por excelencia ya no pueden o no quieren seguir cuidando, al menos no exclusivamente y solas. Esta ya larga coyuntura es, por tanto, una oportunidad para impulsar la redistribución de la organización social del cuidado.

Desde esta crisis, se ha redefinido el conflicto capital-trabajo, asumiendo que va más allá de la tensión capital-trabajo asalariado, para ser una tensión entre el capital y todos los trabajos, los que se pagan y los que se hacen gratuitamente. Esta contraposición se ve claramente, por ejemplo, en la flexibilización de los tiempos de trabajo: los tiempos de trabajo de mercado pueden flexibilizarse en función de las necesidades de la empresa (ritmos de producción cambiantes, momentos de producción intensiva, alargamiento de los horarios comerciales, entre otras medidas), pero esto implica que no se responde a las exigencias de los trabajos de cuidado no remunerados (Pérez, 2010). En otras palabras, el cambio se hace en función de los requerimientos del mercado, no de las necesidades del sostenimiento de la vida.

De todas maneras, habiendo información suficiente de los graves problemas e injusticias que conlleva la actual distribución y organización social del cuidado, esta aun no es una prioridad de Estado. Esta realidad traspasa las fronteras de América Latina y se inscribe en las resistencias aún presentes para la inserción de las demandas de género en la agenda estatal institucionalizada de otros continentes. En un estudio sobre las encuestas de uso de tiempo en Sudáfrica, Asia y América Latina, Esquivel et al. (2008) dan cuenta del difícil proceso de generación de las condiciones políticas para llevar a cabo estas encuestas y de su impacto limitado en las políticas. En opinión de Budlender (2008), en el caso sudafricano los resultados de la EUT no fueron más utilizados en las políticas públicas debido a que revelan fenómenos que no sorprenden a los decisores, como es el tiempo invertido por las mujeres en la recolección de agua y combustible10. Esta experiencia da cuenta de la débil penetración de la agenda de género en la agenda pública y de cómo el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres no resulta un dato novedoso —y menos un problema— y de la importancia crucial de la voluntad política para poder avanzar, aun existiendo evidencia empírica.

No obstante, en América Latina, el Consenso de Quito (2007) aprobado por los gobiernos de la región, marcó un hito en el posicionamiento del cuidado como problema a ser abordado por los Estados, no solo en términos de compromisos asumidos sino también de difusión de diagnósticos11. Posteriormente, el Consenso de Brasilia (2010) refrenda y amplía estos compromisos, haciendo referencia explícita al derecho al cuidado y a la obligación de establecer servicios de cuidado, así como licencias parentales y otras regulaciones afines. En esta dirección, una alerta importante es que, si bien la agenda del cuidado en nuestra región ha sido impulsada por la agenda de género, a medida que avanza se puede ir vislumbrando en muchos de los países que el vínculo se desprende, haciéndose cada vez más énfasis en la satisfacción de las necesidades de los receptores dependientes. De todas maneras, una señal auspiciosa es que en el Uruguay, en la actual propuesta “Hacia un modelo solidario de cuidados”, se incorpora a las cuidadoras y cuidadores como el cuarto grupo poblacional (junto a primera infancia, personas con dependencia por discapacidad y adultos mayores) para el que se presentan propuestas en el marco del Sistema Nacional de Cuidados (GTI, 2012).

Si la agenda del cuidado se desvincula de la agenda de género el gran riesgo es que no se consideren los derechos de las mujeres en tanto prestadoras, remuneradas y no remuneradas, del cuidado. Asimismo —y paradójicamente— centrarse en la población dependiente obviando la situación de las cuidadoras suele conducir a una mala calidad del cuidado prestado. Una muestra de ello es el creciente interés de varios países de la región por impulsar al tercer sector como prestador de cuidado, es decir desarrollar iniciativas para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y unidades familiares que subsidiadas por el Estado presten servicios de cuidado para la primera infancia. El problema es que la experiencia ha mostrado que estos servicios “de pobres para pobres”, tales como los programas Madres Comunitarias de Colombia o Wawa Pukllana de Perú, mantienen trabajadoras mal remuneradas, con extensas jornadas y sin cobertura previsional, tienen serias deficiencias en términos del acondicionamiento de las viviendas o centros en que se presta el cuidado, de la calificación de las prestadoras y de otras condiciones que hacen a la calidad del servicio. Precisamente por ello, el gobierno colombiano se encuentra reformulando el programa. No obstante, parece haberse difundido como una solución barata y atractiva para los gobiernos, en tanto que no demanda mayor presupuesto, genera empleo –aunque de mala calidad- e incrementa la cobertura de cuidado de la primera infancia.

Además, a pesar de la voluntad política compartida, expresada en acuerdos internacionales —que no siempre es acompañada de las demandas articuladas por el movimiento de mujeres—, el panorama regional de la inserción del cuidado en la agenda pública, su mantención y tránsito hacia la agenda estatal es diverso. Muestra de ello son los países abordados a continuación.

En Chile, la campaña presidencial de 2006 marcó un hito en la consideración del cuidado como asunto público en el país, al ser posicionado por la entonces candidata Michelle Bachelet; frente a esto, otros candidatos, incluso conservadores, incorporaron en sus propuestas mecanismos para facilitar a las mujeres la conciliación de empleo y familia.

En el Uruguay, el proceso seguido para la construcción de un sistema nacional de cuidados se ha caracterizado por un amplio diálogo social que ha involucrado a la academia, el movimiento organizado de mujeres, sindicatos y diversas dependencias del Estado, así como organismos internacionales (Rico, 2010a). En este caso, han sido claves tanto la voluntad política, como el rol jugado por la evidencia empírica sobre las desigualdades en el uso de tiempo entre mujeres y varones y las consecuencias de la “familiarización” del cuidado en los destinatarios del mismo (Marco Navarro, 2012a).

En Bolivia y Ecuador, la presión ejercida por el movimiento de mujeres fue determinante para avances jurídicos en materia de cuidado, en el contexto de las Asambleas Constituyentes; no obstante, sería arriesgado sostener que el cuidado haya ingresado en la agenda pública, pues el involucramiento de otros actores sociales ha sido muy limitado y el tema no ha sido materia de la agenda mediática (Marco Navarro, 2008 y 2012b).

Por su parte, en los casos de Costa Rica y de la República Bolivariana de Venezuela, el ingreso del cuidado en la agenda estatal institucionalizada parece haber derivado más de la voluntad política que de su paso previo por la agenda y el debate público. Sin embargo, en ambos casos ha habido demandas de los movimientos de mujeres, aunque no sistemáticas ni masivas. En Costa Rica, organizaciones locales y nacionales han influido en la utilización de las EUT para fundamentar la demanda de un programa de cuidado (Marco Navarro, 2012a); mientras que en Venezuela las demandas del movimiento organizado de mujeres a la presidencia de la República han incluido la ampliación de la red de guarderías, la creación de hogares para cuidado diario para niños y niñas con capacidades diferentes, así como la promoción de un rol más activo de los varones en la crianza (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008).

Si continuáramos con un revisión de lo que ha ido pasando en este sentido en otros países de la región, nos encontraríamos con un panorama de mayor precariedad. Se están abriendo ventanas de oportunidad impulsadas por distintos objetivos —por ejemplo, el cuidado en la primera infancia—, pero que no permiten asegurar que se está avanzando en una agenda estatal de cuidados. Más aún, se podría afirmar que los gobiernos y los políticos se encuentran sorprendidos por una demanda que no asumen como propia. En términos generales, los países de la región carecen de políticas amplias de cuidado, lo que responde a que la problemática no está presente en la corriente principal de las políticas de los gobiernos, por considerarse una cuestión de mujeres y de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres; entonces, pese a los avances, el cuidado no es un tema de Estado (Montaño, 2010).



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