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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


SC8225-2016

Radicación n.° 68755-31-03-002-2008-00129-01

(Aprobada en Sala de quince de marzo de dos mil dieciséis)


Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016).
Se decide el recurso de casación que interpuso Adriana Díaz Benavides, respecto de la sentencia de 22 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso ordinario de la recurrente frente a Eddy Durán de Mantilla, Eddy Juliana y Laura Julia Mantilla Durán, Julián Mantilla Díaz y María Alejandra Mantilla Zambrano, cónyuge y herederos del causante Julián Mantilla Mantilla.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demandante solicitó se declarara la existencia de una sociedad de hecho, desde el 2 de enero de 1995 hasta el 25 de agosto de 2007, cuando falleció el socio Julián Mantilla Mantilla, y como consecuencia, en estado de disolución y liquidación.
1.2. Las pretensiones se fundamentaron en que además de la relación concubinaria entre la actora y el causante, durante el interregno señalado, de cuya unión procrearon un hijo, ambos aportaron su trabajo para la explotación agrícola de la finca “Los Arrayanes”, con el propósito de repartirse utilidades y pérdidas.
1.3. Notificados los convocados, María Alejandra Mantilla Zambrano aceptó la formación de un patrimonio para beneficio mutuo de la pareja, pero como compañeros permanentes, donde ella disfrutaba de las comodidades del hogar y recibía la remuneración por su trabajo.
Eddy Durán de Mantilla, Eddy Juliana y Laura Juliana Mantilla Durán, en cambio, aducen una simple relación de “(…) amantes (…)”, “(…) sentimental (…)”, “(…) exclusivamente para convivir (…)” pues el esposo y padre nunca abandonó el hogar, añadiendo que la suplicante recibía el pago de su jornal por la recolección de café y labores domésticas, entre otras.
De su parte, los curadores ad-litem del menor Julián Mantilla Díaz y de los herederos indeterminados, manifestaron estarse a cuanto resultare probado.
1.4. Tramitado el proceso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro, Santander, mediante sentencia de 27 de mayo de 2011, negó las pretensiones, porque si bien se acreditó la afirmada convivencia y el trato sentimental, desde 1995 hasta el deceso de Julián Mantilla, así como las labores domésticas, de recolección de café y demás, realizadas por Adriana Díaz, el conjunto de la prueba testimonial no sabe sobre convenio alguno de la pareja para efectuar el objeto social, ni si ella recibía pago, retribución o utilidad, o si hizo aportes sociales con ese propósito.
Por el contrario, se encontraba acreditado que antes de iniciarse la relación concubinaria, en la finca de los hechos, el de cuius venía ejecutando la misma actividad agrícola. Los testigos de los demandados y los documentos aportados por ambos extremos, daban cuenta de una subordinación de Adriana Díaz Benavides, respecto de Julián Mantilla Mantilla, pues éste le pagaba salarios, le confería créditos y cruzaba cuentas de los suministros que le proporcionaba para sus cultivos. Si no fuera así, habría vendido y no comprado la cosecha de café, luego del fallecimiento del supuesto socio de hecho.

1.5. El superior, en el fallo recurrido en casación, al resolver el recurso de apelación de la parte actora, confirmó en su integridad la anterior decisión.


2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
2.1. El juzgador dejó sentado, ante todo, que la sociedad de hecho pedida no emanaba de un consentimiento expreso, sino de uno implícito.

2.2. En el caso, con referencia a lo decidido en primera instancia, dijo que no admitían discusión las tareas y ocupaciones de Adriana Díaz Benavides, materializadas a raíz de la relación sentimental con Julián Mantilla, según lo declararon los testigos de una y otra parte.


Esa actividad, sin embargo, traduce una simple “(…) común vivienda extendida al manejo de los bienes (…)”, orientada más por el causante, dirigida a la manutención y supervivencia de la pareja, y no a la explotación de una empresa, “(…) paralela y simultánea al concubinato (…)”.

Más parece que, ha habido una combinación de esfuerzos personales que han buscado facilitar la satisfacción de las obligaciones derivadas de la comunidad de vida, cuya finalidad primaria ha sido la de crear una fuente de ingresos con destino al pago de los gastos que la vida en concubinato implica”.


Claramente se veía, en cambio, que la actora entró a trabajar a la finca Los Arrayanes en calidad de “(…) empleada y recibió salario (…)”. Además, “(…) hubo establecimiento de cultivos para repartir productos, en cuyo caso Julián Mantilla Mantilla aportó la propiedad y la demandante el trabajo, lo cual constituye un típico contrato de aparcería (…)”. La “(…) misma demandante confiesa que cogieron café, lo vendieron y repartieron el producto (…)”.
2.3. Para el Tribunal, en suma, concurrieron contratos de trabajo y aparcería, “(…) pero no se demostró en momento alguno el affectio societatis, ni una intención clara de repartirse ganancias resultantes del trabajo, en forma de la pretendida sociedad de hecho”.
3. EL RECURSO DE CASACIÓN
3.1. Los cuatro cargos propuestos, replicados por la cónyuge e hijas legítimas del causante, se aunaran para su estudio, como en su momento se explicará, además, porque denuncian violados por el Tribunal unos mismos preceptos, en general, los artículos 13 y 38 de la Constitución Política, 98, 498 y 505 del Código de Comercio.
3.1.1. En el primero, al haberse omitido apreciar la “(…) actividad doméstica (…)” de la recurrente, manifestada por los testigos Georgina Díaz de Moreno, Juan de Dios Castillo Díaz, Jorge Enrique Garzón Ruíz, Néstor Caballero y Roberto Peña, “(…) como valor dentro de la sociedad (…)”.
Según la censura, los “(…) aportes en trabajo doméstico (…)”, constituyen la prueba inequívoca del animus societatis echado de menos por el Tribunal para configurar una sociedad de hecho, a su vez, supuesto de las hipótesis normativas transgredidas, en especial la de la regla 98.
3.1.2. En el cargo segundo, porque la voluntad societaria iba envuelta en los hechos y se gestaba en los comportamientos plurales y reiterados de los socios, en par de igualdad y sin solución de continuidad, como en términos generales así lo manifestaron Carlos Arturo Vásquez Castillo, Alberto y Luis Alberto Franco Monsalve, Georgina Díaz de Moreno, Saúl Moreno Mesa, Juan de Dios Castillo Díaz, Jorge Enrique Garzón Ruíz, Dobaldo Cruz Amaya, José Ignacio Argüello, Benito Bernal Monsalve, Néstor Caballero Carreño, Roberto Peña, María Vesga Triana, Oscar Iván García García y Margarita Moreno Díaz.
En sentir de la censura, contrario a lo verificado por el ad-quem, el elemento affectio societatis aparecía en las actividades de los socios, narradas por los deponentes, consistentes en la serie coordinada de hechos para la explotación de la finca, en el disfrute de sus bienes y servicios, en la siembra, cosecha y comercialización de diferentes productos agrícolas, y en los actos propios de mando y de comercio de Adriana Díaz Benavides, señalada a la sazón como la “esposa” o la “patrona”.
3.1.3. En el cargo tercero, al suponer los contratos de trabajo y aparcería, pues lo único acreditado con las agendas, cuadernos y demás documentos allegados, eran algunas “(…) anotaciones de la actividad de la cosecha de café (…)” y el “(…) cruce de cuentas (…)” recíprocas entre los socios, propias de “(…) repartición de ganancias o actividades comerciales (…)”.
Más, cuando Diobaldo Cruz Amaya, José Ignacio Argüello, Benito Bernal Monsalve, Néstor Caballero Carreño y Roberto Peña, entre otros deponentes, “(…) conocieron a Adriana Díaz Benavides, como la señora, la esposa de Julián y la patrona en la finca Los Arrayanes (…)”.

3.1.4. En el cargo cuarto, al pasar por alto la prueba documental anexada a la demanda, demostrativa de que Adriana Díaz Benavides “(…) hizo idénticas actividades de su socio Julián Mantilla (…)”, como solucionar deudas (folios 14-47 y 30, C-1A), pagar facturas (folios 46 al 69, 75 al 127 y 138-139) y planillas de obreros (folios 70 al 74); además, traspasar un vehículo a su nombre (folio 130).


3.2. Solicita la impugnante, en consecuencia, se case la sentencia del Tribunal, se revoque la del juzgado y se acceda a lo impetrado.
4. CONSIDERACIONES
4.1. En el escrito de réplica, los cargos se reprochan, en general, por no haberse atacado lo establecido y discurrido alrededor del concubinato. Sin embargo, si para el juzgador de segundo grado, la simple relación de convivencia era insuficiente para estructurar la sociedad de hecho pedida, el defecto técnico no se estructura, porque éste no fue el fundamento para abatir las súplicas.
Como se recuerda, las pretensiones fueron negadas, por cuanto aunado a la relación dicha, no se demostró la affectio societatis, ni la intención clara de participación, y porque estos requisitos contrariaban los probados contratos de trabajo y de aparcería entre los concubinos.
Y si los cargos se dirigen a poner de presente la existencia de tales elementos y a denunciar la suposición de los aludidos convenios, el ataque no sólo resulta cabal y enfocado, sino que justifica, frente a la unidad de materia, además de lo supra indicado, su estudio conjunto.
4.2. Las relaciones de familia, el matrimonio y la unión marital de hecho, o las surgidas de los hechos, como el concubinato, no nacen para satisfacer sólo necesidades de tipo personal, sino también repercuten en los campos social y patrimonial. Este último, resultante del trabajo, ayuda y socorro mutuos, adquiere capital importancia, puesto que se erige en el medio para facilitar la supervivencia y cumplir las obligaciones de la convivencia en los ámbitos personal y social. De modo tal, las uniones concubinarias igualmente son fuente de un vínculo económico, sujeto a los requisitos de una verdadera sociedad de hecho.
El plan económico, por tanto, en principio, resulta común y consustancial a esas relaciones de pareja, pues posibilita a sus integrantes responder al cúmulo de exigencias dentro de los distintos roles. La diferencia estriba en la prueba de su existencia, porque mientras las normativizadas, esto es, las derivadas del matrimonio y de la unión marital de hecho, no necesitan demostrarse, pues la ley las presume; las desprovistas de positivización deben acreditarse, bajo la égida de una sociedad irregular civil o comercial, cual lo ha reconocido la Corte a partir de la memorable sentencia de 30 de noviembre de 19351, cual ocurre en el sub lite.

Lo anterior se justificaba, porque para la época las uniones concubinarias eran reprobadas socialmente, al punto que se encontraban tipificadas como delitos. De ahí que la simple cohabitación, per sé, no podía generar ninguna sociedad o comunidad de bienes, salvo que ésta, acorde con la misma jurisprudencia:


(…) no haya tenido por finalidad el crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, pues si esto fuere así, el contrato sería nulo por causa ilícita, en razón de su móvil determinante. En general la ley ignora las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea para hacerlas producir efectos, sea para deducir de ellas una incapacidad civil, y por ello, en principio, no hay obstáculo para los contratos entre concubinos, pero cuando el móvil determinante en esos contratos es el de crear o mantener el concubinato, hay lugar a declarar la nulidad por aplicación de la teoría de la causa”.
Despenalizadas y desestigmatizadas dichas relaciones, se fueron consolidando y protegieron mediante la Ley 54 de 1990. En el interregno, sin embargo, se adoptaron posturas interpretativas dirigidas a reconocer derechos patrimoniales a quienes habían formado una familia sin sujeción al vínculo matrimonial, al decir de esta Corporación, “(…) de carácter laboral, indemnizatorio y, quizá lo más importante, pensóse seriamente en una eventual sociedad de hecho entre concubinos (…)2, bien sea “(…) civil o comercial, según el caso (…), como en otra ocasión se precisó3.

Paralelo a la convivencia de los concubinos, entonces, para el reconocimiento de su régimen patrimonial había que blandir la prueba de la intención de asociarse (animus contrahendi societatis), de los aportes recíprocos y del propósito de repartir utilidades o pérdidas, bien por haber mediado un pacto expreso que no alcanzó a ser solemnizado, o siéndolo, no fue regularizado, ya por brotar el consentimiento implícito de la misma realización fáctica, esto es, cuando la pareja, en las actividades que desarrollan, según tiene explicado la Corte:


(…) combinen sus esfuerzos personales buscando también facilitar la satisfacción de las obligaciones familiares comunes o tengan como precisa finalidad crear una fuente de ingresos predestinados al pago de la erogación que su vida en común demanda, o para la que exija la crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, pues en tales fines va implícito el propósito de repartirse los remanentes si los hubiere o el de enjugar entre ambos las pérdidas que resulten de la explotación4.
Como se observa, en el camino hacia la igualdad económica de los concubinos, los elementos de la sociedad de hecho cuando son el producto más de las circunstancias y no de una conducta razonada o voluntaria, se empezaron a avizorar en la misma dimensión personal y familiar de la relación. Por esto, debe aceptarse, la convivencia marital más conjunción de intereses y trabajo común, llevan consigo efectos patrimoniales, sin que para reconocerlos pueda exigirse, cual lo tiene sentado la Sala:
(…) aportes comunes, participación en las pérdidas y ganancias y la affectio societatis (…), pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aquí examinada no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida (…)5.
En coherencia, en reciente oportunidad igualmente se consideró que “(…) [p]ara ser más exactos, a juicio de la Corte, el trabajo doméstico y afectivo de uno de los compañeros libres, su dedicación a las labores del hogar, cooperación y ayuda a las actividades del otro, constituyen per sé un valioso e importante aporte susceptible de valoración, [en] la demostración inequívoca del animus societatis y de la comunidad singular de bienes, salvo prueba en contrario6.
Frente a una demostrada relación concubinaria, por lo tanto, los elementos de la sociedad de hecho no pueden ser apreciados al margen de esa convivencia, sino con vista en ella, pues fuera de no obstaculizarla ni desnaturalizarla, las labores del hogar, domésticas y afectivas, usualmente conllevan actividades de colaboración y cooperación de los socios o concubinos, tendientes a forjar un patrimonio común, precisamente soporte para el desenvolvimiento en otros campos, como el personal y el social.
4.3. En efecto, el concubinato, es una realidad social, histórica y jurídica que ha acompañado la evolución de la familia, y aún subsiste. Es la convivencia more uxorio7, que entraña una modalidad equivalente al matrimonio porque una pareja hace vida común duradera con el propósito de formar una familia, cohabitar e integrar un hogar; viven juntos, no en procura de simples devaneos, no como mero noviazgo ni en pos de un trato sexual casual, es la práctica sostenida de una vida común con carácter permanente.
No es un matrimonio, sino una relación paralela; por ello, concubinato, etimológicamente viene de cum cubare, (acostarse con) y traduce una comunidad de hecho que apareja la existencia de relaciones coitales por fuera del matrimonio o de carácter extramatrimonial, sea de una persona casada con otra soltera, en fin; o de dos solteras que sin contraer matrimonio se unen, arquetipo éste último que se tipifica en la unión marital de hecho8.
Concubinato no significa pluralidad simultánea de uniones maritales, ni una unión marital paralela al matrimonio (en el sentido de la Ley 54 de 1990), porque en el ordenamiento patrio y, en general, en la tradición jurídica del civil law, el matrimonio o la unión marital -cada cual en su campo-, contienen como elemento de su existencia, la singularidad; sin que por lo mismo, admitan asimilación. Tampoco, per sé, engendra sociedad de hecho.
En el derecho nacional, para identificar esta unión, deben deslindarse dos etapas, antes y después de la Ley 54 de 1990. En la primera, toda convivencia no formal, entre hombre y mujer con carácter permanente y singular, por regla general se asimiló como una relación concubinaria. En la segunda, toda unión de hecho entre dos personas no casadas, cuando satisface las premisas del precitado cuerpo normativo, se considera una unión marital de hecho que eventualmente puede engendrar sociedad patrimonial, pero con plenos efectos jurídicos, al punto que según la doctrina probable de esta Corte, es un auténtico estado civil como el mismo matrimonio. Sin embargo, junto a la unión marital o al matrimonio, subsisten uniones de personas carentes de vínculo legal entre sí, o simples convivientes que no reúnen los requisitos de la Ley 54 de 1990.
Por lo tanto, el concubinato corresponde en Colombia a una institución claramente diferenciada9 de la unión marital, de tal modo que puede definirse como unión de hecho no matrimonial de convivencia afectiva y común, libremente consentida y con contenido sexual, sin que revista las características del matrimonio o de la unión marital, pero que supone continuidad, estabilidad, permanencia en la vida común y en las relaciones sexuales.
Esta precisión es relevante, porque el concubinato en otras latitudes, las más de las veces, cobija las uniones maritales de hecho, analogía que no resulta en la actualidad atendible en el derecho colombiano.
Los hermanos Mazeaud, señalan que el concubinato no constituye una situación jurídica, sino una relación permanente sin vínculo de derecho, que existe de hecho, de modo que si concurren los elementos estructurales de las sociedades se gobierna por la teorías de las “sociedades de hecho10. El matrimonio es una institución y contrato, el cual, una vez celebrado genera efectos obligatorios, mientras que la relación concubinaria es un hecho, no es contrato, pero eventualmente puede generar obligaciones; y según Planiol y Ripert, “(…) carece de formas determinadas y no produce efectos jurídicos (…). La diferencia estriba en que los esposos reconocen estas obligaciones y se comprometen a cumplirlas, mientras que los concubinos no se comprometen a ello, reservándose la posibilidad de sustraerse a los mismos (…) conservan su libertad, privando al poder social de todo medio de obligarlos11.
Los Mazeaud, a partir de la jurisprudencia francesa afirman:La jurisprudencia ha recurrido a la teoría de las ‘sociedades de hecho’. Cuando quienes viven en concubinato han efectuado aportaciones (en dinero, en especie han tenido la intención de colaborar en una empresa común, o en trabajo) y cuando han revelado la voluntad de participar en los beneficios y en las pérdidas, ha existido entre ellos una ‘sociedad de hecho’, por ser los bienes de la sociedad, su liquidación se efectuará entonces según las reglas aplicables a las sociedades. Pero, cuando no se hayan reunido esos tres elementos del contrato de sociedad, aquel de los que viven en concubinato que reclame la partición de un bien, debe probar que tal bien se encontraba en la indivisión; si no, la atribución se hará a favor de aquel de ellos que fuera propietario antes de empezar el concubinato; o que, en el curso de la misma relación, se haya mostrado personalmente como adquirente12.
Hoy, tan patente realidad halla asiento en la regla 42 de la Constitución Política, cuando señala: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Este precepto, no es nada más y nada menos que el desarrollo del numeral tercero del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
De ahí, más allá de la carga despectiva con que por décadas se ha saturado a las uniones concubinarias, el concubinato encaja propiamente en el marco de la familia constituida por vínculos naturales desde la configuración del artículo 42 citado. Bajo ese cariz, sentenciosa, es la siguiente doctrina de esta Corte:
1. Quedaron atrás los días en los que la unión marital fáctica era tildada de ilícita -como ya lo había advertido esta Sala en las sentencias proferidas el 10 de septiembre de 2003 y 27 de junio de 2004-, amén que, como lo ha sostenido esta Corporación, la familia sufrió profundos cambios en su dinámica interna, de modo que hoy en día ella no se conforma únicamente para satisfacer necesidades biológicas, afectivas o sicológicas de la pareja sino, también, de índole económico, es decir, que parejamente con esas realizaciones muy propias del ser humano hay un propósito adicional, esto es, el de proyectar a sus integrantes en todos los campos, entre ellos, por supuesto, el patrimonial, en la medida que estas aúnan esfuerzos para estructurar un proyecto económico que responda a las complejas exigencias personales y sociales contemporáneas13.

No empece, esta familia sui géneris, como se advierte, anclada hoy en la regla 42 citada, per sé, no engendra sociedad patrimonial ni de gananciales, tampoco sociedad universal; pero paralelamente o sobre sus hombros, germina una auténtica sociedad de hecho, cuando en la vida de la pareja hay: 1. Aportes recíprocos de cada integrante, 2. Ánimus lucrandi o participación en las utilidades o beneficios y pérdidas, y 3. Ánimus o affectio societatis, esto es, intención de colaborar en un proyecto o empresa común; al margen de aquélla vivencia permanente con carácter afectivo14. En consecuencia, puede existir una relación concubinaria con o sin sociedad de hecho (artículo 98 Código de Comercio).


En esas condiciones, más allá del carácter sentimental o de la simple comunidad marital en la relación de pareja, cuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya tácito15 o “implícito16, derivado de hechos o actos inequívocos, con el propósito de obtener utilidades y enjugar las pérdidas que llegaren a sufrir y, además, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho.
De consiguiente, en muchas hipótesis, puede existir al margen del matrimonio o de la vigente unión marital de hecho prevista en la Ley 54 de 1990, y de las correspondientes sociedad conyugal o patrimonial, una sociedad de hecho comercial o civil17, pudiendo coexistir ésta última con la sociedad conyugal, o con la sociedad patrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonomía jurídica. Todo ello, de la misma manera cómo puede existir la sociedad conyugal, y adlátere, en forma simultánea, una sociedad mercantil regular integrada por los cónyuges o por uno de estos con terceros.
Lo dicho no se refiere a la terminante singularidad que existe en forma excluyente entre el matrimonio y la sociedad conyugal, en relación con la unión marital y su sociedad patrimonial. La existencia de una sociedad conyugal o de una unión marital, no constituye escollo para que fulgure una sociedad de hecho entre concubinos o en el marco de la familia natural, “(…) pues no se trata de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes regulada en la Ley 54 de 1990, y nada se opone a su formación, pues a partir de ésta, ‘puede afirmarse que hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de la ‘unión marital de hecho’, cada una con presupuestos legales, autónoma tanto en el plano sustantivo como procesal” (cas. civ. auto de 16 de julio de 1992)18.
Como lo reitera la doctrina de esta Corte: “(…) la preexistencia de una sociedad conyugal, no impide la formación de la sociedad de hecho entre ‘concubinos’, ni su vigencia excluye la posibilidad de otras sociedades entre consortes o entre éstos y terceros, las cuales, por supuesto, son diferentes, por cuanto aquélla surge ex legge por la celebración del matrimonio y es universal.
En cambio, las otras sociedades surgen de actos dispositivos, negociales o contractuales, aún de ‘hecho’, presuponen íntegros los elementos esenciales del tipo contractual y son de carácter singular, particular y concreto (cas.civ. sentencia de 18 de octubre de 1973, CXLVII, 92).
En cualquier caso, tiene dicho la Corte, ‘nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enfáticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales’ (cas. civ. sentencia de 29 de septiembre de 2006, exp. 1100131030111999- 01683-01, reiterando las de 27 de junio de 2005, exp. 7188 y 26 de marzo de 1958)19.
Ese pensamiento, ya había sido desarrollado en una importante providencia del 2006, fijando inclusive las pautas para la distribución de los bienes de esa sociedad de hecho, siguiendo el criterio de causalidad entre la asociación de hecho y los bienes obtenidos en su desarrollo20.
La convivencia o la vida común de una pareja no puede permitir edificar fatalmente una sociedad de hecho, pero si está debidamente demostrada, será indicio del affectio societatis o del animus contrahendi societatis, puntal constitutivo de uno de sus elementos axiológicos. Sin embargo, ese comportamiento no puede aparecer como relación jurídica de dependencia civil o laboral ni como simple indivisión, de tenencia, de guarda, de vigilancia, sino como un trato que ubique a los convivientes en un plano de igualdad21 o de simetría.
De modo que si a esa relación, se suman la participación en las pérdidas y utilidades y la realización de aportes conjuntos de industria o capital, junto con la affectio societatis, refulge una auténtica sociedad de hecho; y como consecuencia, la legitimación vendrá edificada no propiamente como una acción in rem verso, sino como una actio pro socio con linaje eminentemente patrimonial, más allá de la simple relación personal concubinaria.
Tocante con los aportes que realizan los consocios, los cuales pueden ser en “(…) dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero (…)22, por lo significativo para el caso que juzga esta Sala, debe analizarse si el trabajo doméstico no remunerado constituye un auténtico aporte que contribuya a dar pábulo a la sociedad de hecho demandada.
El trabajo, verdad de perogrullo, es aporte social válido, porque dentro de las autorizaciones del artículo 98 del Código de Comercio, y de la doctrina más consolidada resulta relevante y plausible para edificar la contribución que a la sociedad hagan los consocios.
Tratándose del trabajo doméstico, éste ha revestido un particular interés para la jurisprudencia de esta Corte, a la hora de demostrar la existencia de una sociedad de hecho cuando se ejecuta en el ámbito de la familia natural. En efecto, hace más de ochenta años en la memorada y estelar sentencia del 30 de noviembre de 1935, con maestría se le encontró idóneo para forjar la sociedad de hecho, siguiendo la doctrina del derecho comparado vigente a la sazón23. En esta decisión se definió y clasificó las sociedades creadas por los hechos, incluyendo y prohijando dentro de tales, la que emerge del concubinato, reivindicando la actividad doméstica que cumple a diario la mujer. En la providencia recurrida en casación, procedente del Tribunal de Pasto en el declarativo de Sofía Portocarrero Vda. de Luque Vs. Alejandro Valencia Arango, se analizó y desechó la existencia de errores en el conjunto probatorio por medio del cual el ad quem dio por demostrada la existencia de sociedad de hecho a partir de aquélla relación extramatrimonial; y, en algunos de sus segmentos destacó las pruebas concluyentes y definitivas terciando en pro de la existencia de la sociedad de hecho:
1.- La inadmisible explicación dada repe­tidamente por el mismo Valencia sobre el hecho no negado por él del trabajo de la Portocarrero en el Club Tumaco. Para procurar que tal hecho no se tomara como de­terminante de la creación de hecho de la sociedad, dijo Valencia que ese trabajo ha­bía sido realizado por la Portocarrero en virtud de sus obligaciones de concubina y en compensación de la alimentación y vi­vienda suministradas por Valencia, pero es claro que el Tribunal, lejos de poder des­cartar con esa explicación la sociedad de hecho, tenía que encontrar y encontró en tan peregrina consideración un elemento probatorio en favor de la Portocarrero, co­mo que de esa manera quedaba relevada la circunstancia fundamental de que el traba­jo de ésta no tenía en verdad otra causa ju­rídica que la de la existencia de la sociedad.
(…);
3.- La manifestación de Valencia Aran­go en posiciones de que dicha señora le ayu­daba a trabajar, como compañera y no como sirvienta o empleada, manifestación confir­mada por varios testimonios traídos a los au­to;
(…);
5. La misma vida común que llevaban Valencia Arango y la viuda de Luque en el Club de Tumaco, donde se les veía igualmente interesados en las gestiones del negocio del mismo (…)24 (subrayas ex texto).
Ese audaz precedente fue replicado sucesivamente tornándose en doctrina probable25 en variados fallos de casación. Así lo hizo, por ejemplo, en los años 1992 y en 2003 como bastión para la demostración de la sociedad de hecho de una pareja, cuando “(…) se conforma con el ánimo de asociarse para obtener provecho económico común, sea mediante el aporte en dinero sin importar propiamente el carácter de las actividades que lo originan, o sea también con el trabajo doméstico y afectivo, o con esta y la ayuda en las actividades del otro socio (…)” (resaltado, ex texto)26.
En un no muy reciente fallo casacional, recuerda esta Corte el enorme y valioso aporte de la mujer a través del trabajo doméstico, atestando: “Esta Sala, en consecuencia, acentúa la relevancia singular de la relación personal o sentimental como factor de formación, cohesión y consolidación del núcleo familiar, así como la particular connotación de las labores del hogar, domésticas y afectivas, en las cuales, confluyen usualmente relaciones de cooperación o colaboración conjunta de la pareja para la obtención de un patrimonio común. Para ser más exactos, a juicio de la Corte, el trabajo doméstico y afectivo de uno de los compañeros libres, su dedicación a las labores del hogar, cooperación y ayuda a las actividades del otro, constituyen per se un valioso e importante aporte susceptible de valoración, la demostración inequívoca del ánimus societatis y de la comunidad singular de bienes, salvo prueba en contrario27.
La jerarquía del trabajo doméstico como aporte de la mujer o de cualquiera de los integrantes de la pareja, halla asiento, justamente en la regla 43 de la Carta cuando por principio dispone: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación (…)”.
La cuestión, también ha sido valorada por la Corte Constitucional colombiana, reproduciendo la original doctrina de esta Sala, y reconociendo en perspectiva constitucional el apreciable valor del trabajo doméstico. Punto de partida en ese reconocimiento es la esplendente sentencia del profesor Ciro Angarita, cuya situación de facto correspondía a una viuda que en forma permanente acompañó al conviviente fallecido, ejecutando, entre otras, las labores domésticas propias del hogar, cuidó permanentemente de la salud de su compañero; arregló, lavó y planchó ropa fuera del hogar  para contribuir a su sostenimiento, y a quien se le desconocieron sus derechos en las instancias.

Censurando las providencias definitorias del litigio, la Corte Constitucional, razonó: “(…) el sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria.  Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. 

 

Al proceder así el Tribunal comulga con quienes estiman que el trabajo doméstico es  ‘invisible’  y como tal, carece de todo significado en la economía del mercado.



 

Esta Corte no puede menos que manifestar su total desacuerdo con dicha visión por cuanto ella estimula y profundiza la desigualdad y la injusticia en las relaciones sociales, hace inequitativo el desarrollo económico y vulnera derechos fundamentales de la persona humana28.

 

El trabajo no remunerado de la mujer o del compañero o compañera en el hogar es actividad económica que contribuye al ingreso familiar, pero también al nacional y su desconocimiento vulnera el principio de igualdad previsto en la regla 13 de la Carta, y de ninguna manera puede calificarse como trabajo improductivo e ineficaz porque según se viene demostrando constituye un auténtico aporte societario. Así sea invisible, silencioso, sin contraprestación económica directa, contribuye al desarrollo de la economía de la pareja o de la familia en forma activa, y por contera a la economía nacional, pues permite acumular riqueza y dentro de la estructura de la división del trabajo, facilita optimizar recursos y al otro integrante desarrollar otras actividades productivas dirigidas a la obtención de recursos para la satisfacción de las necesidades de los convivientes, de los hijos y de la propia sociedad.


Por consiguiente, es equivocado creer que el trabajo remunerado es únicamente el productivo, calificando de improductivo el doméstico del compañero o compañera por carecer de retribución en el estadio actual de la cultura. En esta perspectiva, cuando una familia o una persona contrata a una empleada del servicio doméstico también desarrollaría un trabajo improductivo quien ejecute esta labor, y por consiguiente, tampoco debería remunerarse, todo lo cual significaría la estandarización del esclavismo y de la segregación para quienes tal labor desempeñan. Una concepción de este talante repugna del todo a los principios, valores y derechos del Estado Constitucional.

 

El mismo Tribunal Constitucional, posteriormente, reiterando la doctrina de 1935, y por supuesto, la de Angarita Barón, señaló: “Precisamente sobre este punto es importante destacar que esta Corporación - en su sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón - precisó que la aportación a una sociedad de hecho como la que se derivaba de la unión de hecho podía ser también de industria, y que como tal debía apreciarse el trabajo doméstico. El mencionado proceso se refería a una mujer que arriesgaba perder el inmueble adquirido durante una unión de hecho de 24 años, luego de que su conviviente, a cuyo nombre se encontraba registrado el inmueble, falleciera. En aquella ocasión, la Corte - en consonancia con lo establecido en el artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981- recalcó la importancia del trabajo doméstico para el ingreso del hogar y para la economía nacional. En este sentido expresó que ‘el desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrada en la amenaza del despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy, adquirido y mejorado progresivamente durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer, consagrados, respectivamente, en los artículos 13, 29 y 43 de la Carta vigente’”29.


Pero la sentencia es concluyente cuando adoctrina: “Así mismo, no se soslaya que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia, a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social. ‘En esa medida, dado que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia’”30 (subrayado fuera de texto).

4.4. En el caso, el Tribunal identificó que la sociedad de hecho solicitada derivaba de una relación concubinaria y respecto de los hechos controvertidos dejó sentado:


(…) la demandante Adriana Díaz Benavides, en la finca ‘Los Arrayanes’, ha realizado las siguientes [actividades]: Ha trabajado, mejorado y administrado parte de la finca; ha preparado y coordinado la alimentación de los obreros; ha laborado sola y en compañía de Julián Mantilla; ha efectuado pago de obreros; ha estado en la recogida de café; a (sic.) criado animales; ha sembrado y cultivado árboles frutales y café; ha realizado limpieza de los terrenos cultivados; ha vendido los productos de la finca; ha disfrutado las mejoras; ha ejercido las actividades de servicio doméstico; se ha portado como dueña de las mejoras; ha dado órdenes a los trabajadores; y se ha tenido ella misma como la dueña, ama y señora.
Los testimonios manifiestan a las claras que todas estas ocupaciones, actividades, tareas y trabajos han tenido como causa de iniciación un concubinato que se inició y desarrolló entre Adriana Díaz Benavides y Julián Mantilla Mantilla. En efecto, de las relaciones de concubinato nació el niño Julián Mantilla Díaz y cuyo trato con éste fue siempre de padre (…). Estos hechos aparecen corroborados por los testigos de la demandante y aún de los demandados. A los primeros en forma especial hay que darles crédito, si se tiene en cuenta que estuvieron muy cerca de los hechos por ser vecinos, visitarlos con frecuencia, o trabajaban con ellos o para ellos”.

Así mismo, reconoció que “(…) en el concubinato, las relaciones sexuales en forma permanente y ostensible traen casi siempre unas consecuencias de orden económico, resultantes de la comunidad de cuerpos (…)”. Esa conjunción de intereses, dijo, “(…) lleva un largo trabajo en común, sin distinguir de quien es cada cosa (…)”.


No obstante, negó las pretensiones de la demanda, porque “(…) no se demostró en momento alguno el affectio societatis, ni una intensión (sic.) clara de repartirse ganancias resultantes del trabajo”.
4.5. Si para el ad quem, como se observa, el problema es de índole probatorio, los errores de hecho que se le enrostran en el contexto de la acusación, son manifiestos.
4.5.1. La convivencia de la pretensora con el causante, o la “común vivienda”, término acuñado por el juzgador de grado, se entiende superada, toda vez que sobre el particular ninguna polémica se ha suscitado. La divergencia entre el juzgador acusado y la recurrente, por tanto, queda reducida a la consecuente relación patrimonial.
La Corte, desde luego, se ve relevada de confrontar el contenido objetivo de los medios de convicción memorados por la censura. En primer lugar, porque acorde con ésta, los mismos efectivamente dan cuenta de los aportes en trabajo doméstico de la demandante (cargo primero); la explotación conjunta de la finca de marras por parte de los concubinos, su disfrute común, la siembra, cosecha y comercialización mancomunada de productos agrícolas (cargo segundo); la autoridad de la actora, señalada como la esposa del fallecido o la patrona (cargos segundo, tercero y cuarto); y la realización de actividades de la pareja en un plano o pie de igualdad (cargo cuarto).
En segundo término, por cuanto el sentenciador, en general, respecto de la demandante, coincide con lo anterior. Del cargo primero, al decir que “(…) ha preparado y coordinado la alimentación de los obreros (…)” y “(…) ejercido las actividades de servicio doméstico (…)”. Del cargo segundo, cuando señala que “(…) ha trabajado, mejorado y administrado parte de la finca (…)”, “(…) laborado sola y en compañía de Julián Mantilla (…)”, “(…) estado en la recogida de café (…)”, “(…) criado animales (…)”, “(…) sembrado y cultivado árboles frutales y café (…)”, “(…) realizado limpieza de los terrenos cultivados (…)”, “(…) vendido los productos de la finca (…)” y “(…) disfrutado las mejoras (…)”. De los cargos segundo, tercero y cuarto, al indicar que “(…) se ha portado como dueña de las mejoras (…)”, “(…) dado órdenes a los trabajadores (…)” y “(…) se ha tenido ella misma como la dueña, ama y señora (…)”. Del cargo cuarto, al afirmar que “(…) ha efectuado pago de obreros (…)”.
Como se aprecia, el Tribunal y la recurrente, en últimas, están de acuerdo con la realidad fáctica del proceso y con la materialidad y objetividad de las pruebas que la reflejan. En concreto, que la socia ejecutó con ahínco labores domésticas propias de la casa, colaboró económicamente en el hogar, desarrolló esfuerzos conjuntos y coordinados en la explotación agrícola y pecuaria con carácter económico, hechos de los cuales se deriva un ánimo societario al estructurar junto a su socio un proyecto económico. Igualmente, que cuando Julián Mantilla Mantilla se ausentaba de la Finca los Arrayanes era la demandante quien administraba positivamente y disponía, por ejemplo, todos los fines de semana cuando aquél se dirigía al Socorro.
Frente a ello, podría pensarse que los errores serían de eficacia demostrativa o de subsunción normativa, sin embargo, esto no es así, puesto que la sociedad reclamada no se declaró por problemas relacionados con la regularidad o idoneidad de los medios aducidos, y porque si para el ad quem(…) no se demostró (…)” el ánimo de asociarse, los aportes recíprocos y el propósito de repartir utilidades o pérdidas, la falta de prueba de algo, por lógica, ninguna controversia de adecuación típica puede generar.
Los yerros de apreciación probatoria denunciados, entonces, incontrastablemente son de facto y se estructuraron cuando el juzgador pasó por alto observar en la misma evidencia establecida, los requisitos que, respecto de la sociedad reclamada, echó de menos, pues la prueba de los propósitos económicos aparecía inmersa en la propia comunidad de vida. En consonancia con la doctrina actual de la Corte, el trabajo doméstico y las actividades del hogar de uno o de ambos concubinos o socios, la cooperación y ayuda recíproca dirigida a facilitar la proyección que conlleva una relación de esa naturaleza en los demás ámbitos (personal, familiar y social), son demostración inequívoca de un régimen singular de bienes.
4.5.2. El Tribunal incurre en yerro fáctico, al calificar ciertas circunstancias como constitutivos de contratos de trabajo y aparcería, este último, en su sentir, al confesar la pretensora que con su compañero permanente “(…) cogieron café, lo vendieron y repartieron el producto (….)”.

Según la recurrente, en el cargo tercero, la conclusión dicha es producto de suponer la prueba de los respectivos contratos, por cuanto en las agendas, en los cuadernos y en los demás documentos, brilla por su ausencia, de un lado, el trabajo personal, la continuada subordinación y la contribución del salario; y de otro, la actividad de labranza.


Se precisa, al enlazar el juzgador su afirmación a la conjunción adversativa “pero”, seguido de que “(…) no se demostró en momento alguno el affectio societatis, ni una intensión (sic.) clara de repartirse ganancias resultantes del trabajo (…)”, estaba significando, contrariamente, que si esos elementos se hubieren acreditado, la pretendida sociedad de hecho se habría declarado.
Ahora, si en el orden de los factores, el ad quem previamente dejó establecido el “(…) concubinato (…)” y lo señaló como la “(…) causa (…)” de las citadas “(…) ocupaciones, actividades, tareas y trabajos (…)”, surge claro, la conclusión sobre las relaciones de dependencia y aparcería, es el resultado de no haber visto inmerso en ese cuadro fáctico, los elementos de la sociedad reclamada. En otras palabras, la comisión de un error de hecho, llevó a incursionar en otro de las mismas características.
El argumento adversativo del sentenciador, por lo tanto, es en apariencia basilar, toda vez que no superviviría a la encontrada comunidad singular de bienes entre las partes, vista precisamente en la misma realización fáctica de la vida concubinaria. Si lo fuera, el error de hecho igualmente se estructuraría, porque al aparecer evidencia en contrario, los sedicentes contratos de trabajo y de aparcería, de existir, quedarían huérfanos de sustento.
Si como lo creyó el Tribunal los contratos de trabajo y de aparecería31, obstaculizaban en verdad el nacimiento y consolidación de la sociedad de hecho impetrada, significaría desechar la importancia de la mujer en el desarrollo humano, en la construcción de las nacionalidades y en la edificación de la familia en la sociedad, y ante todo, en casos como este se minusvalora el trabajo de la mujer. Por centurias, en estos ámbitos la mujer ha sido motor principal para crear riqueza, para transformar el mundo, para conservar la especie; para formar familias y apoyar en la transmisión de los valores culturales y sociales. Para la inmensa mayoría de las mujeres que no han tenido acceso a los altos niveles educativos y enganche al trabajo remunerado, la única forma como pueden contribuir a la familia y a la colectividad, es aportando su trabajo en labores domésticas, entregando su sincero afecto y su gran solidaridad.
No obstante, en este caso además del trabajo diario y efectivo y de su dedicación al compromiso doméstico, la demandante irrumpió productivamente en las labores agrícolas rentables, más allá de la mera cohabitación. Estas tareas no pueden ser ignoradas por esta Corte, empero el Tribunal las interpretó bajo las modalidades de unos presuntos contratos de trabajo y de aparcería. Tal forma de concebir el problema jurídico y el rol de la mujer, anonada los derechos del socio o de la socia o en concreto, el trabajo doméstico y el apoyo y colaboración diaria en el hogar o en otras faenas u oficios; y en el caso particular, en la comunidad de vida que surgió alrededor de la finca “Los Arrayanes” entre Julián Mantilla y Adriana Díaz Benavides.
4.6. Las falencias encontradas, desde luego, incidieron en la aplicación de las normas citadas en las acusaciones, porque si el Tribunal es coherente con la afirmación, según la cual “(…) en el concubinato, las relaciones en forma permanente y ostensibles traen casi siempre unas consecuencias de orden económico, resultantes de la comunidad de cuerpos, que se manifiestan en trabajos comunes”, no habría concluido, luego de dejar establecida la relación concubinaria, que “(…) no se demostró en momento alguno el affectio societatis, ni una intensión (sic.) clara de repartirse ganancias resultantes del trabajo (…)”.

4.7. Los cargos, en los términos dichos, se abren paso, y ante el éxito del recurso de casación, no hay lugar a condenar en costas a quien lo interpuso.



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