Contradicción de tesis 101/2004-ss



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CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2005-ss.

ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR el SEXTO tribunal colegiado EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL del mismo circuito.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día diez de febrero de dos mil seis




VISTO BUENO:


V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:


COTEJÓ:



PRIMERO.- Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de noviembre de dos mil cinco, los magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el mencionado Tribunal y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Segundo en Materias Civil y Administrativa del mismo circuito, al resolver respectivamente el amparo D.T. 9416/2005 y los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos A.D. 93/1994, A.D. 65/1994, A.D. 124/1994, A.D. 211/1994 y A.D. 309/1994.
Dicho escrito, en su parte conducente, es del tenor siguiente:
“…se denuncia la posible contradicción de tesis existente entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, referente a considerar si tratándose del ofrecimiento de trabajo, debe ser conocido personalmente por el trabajador o a través de su representante legal.

Al respecto cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la jurisprudencia número XIX.2º, J/4, que aparece publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 82, octubre de 1994, página 67, cuyo rubro textualmente dice: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. DEBE SER CONOCIDO PERSONALMENTE POR EL TRABAJADOR Y NO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL.’, sostiene que si en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral, el patrón ofrece continuar con la relación laboral en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando y, en ausencia del trabajador, es su representante legal quien rechaza esa oferta, dicho ofrecimiento es esencial para una posible conciliación, por lo que debe ser conocido personalmente por el trabajador, para que determine si acepta o no continuar con la relación de trabajo.

En cambio, este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo D.T. 9416/2005, promovido por **********, resuelto en sesión del día veintisiete de octubre del año en curso, por mayoría de votos, considera que si el actor elige comparecer a juicio mediante apoderado, su voluntad es que éste lo sustituya en todo lo relacionado con la controversia que se suscite, salvo los casos de excepción a que se refieren la fracción XIII, del artículo 790, de la Ley Federal del Trabajo, así como la fracción I, del articulo 876, del mismo ordenamiento legal. Por ende, si el ofrecimiento de trabajo no se encuentra en esos casos especiales resulta que sí puede el apoderado de la parte trabajadora, rechazar el ofrecimiento de trabajo.

…”
SEGUNDO.- Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil cinco, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que se formara y registrara el expediente.


Por proveído de once de enero de dos mil seis, la Presidenta de esta Segunda Sala determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto y se diera a conocer dicho acuerdo al Procurador General de la República para que expusiera su parecer.
El dieciocho de enero de dos mil seis, el Subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días concedido al Procurador General de la República, transcurría del dieciocho de enero al veintiocho de febrero de dos mil seis.
El Ministerio Público de la Federación formuló el pedimento contenido en el oficio DGC/DCC/151/2006.
En proveído de dieciocho de enero de dos mil seis, se turnaron los autos al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que formulara el proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO.- El Tribunal Colegiado denunciante se encuentra legitimado, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO.- El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo D.T. 9416/2005 promovido por **********, determinó negar el amparo solicitado apoyándose, en las consideraciones siguientes:
QUINTO.- (…)

En otro orden de ideas, la impetrante de garantías aduce que la responsable no le requirió de manera personal ni le mandó dar vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al ofrecimiento de trabajo formulado por la demandada; por consiguiente, los salarios caídos deben ser cuantificados desde la fecha en que fue despedida hasta aquella en que sea materialmente reinstalada.

Es infundado el argumento.

Lo anterior es así, ya que del análisis de las constancias que integran el expediente laboral se desprende que la actora demandó, entre otras prestaciones, la reinstalación por despido injustificado.

La parte demandada negó el despido y ofreció el trabajo ‘…en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando…’

En audiencia de diez de junio de mil novecientos noventa y siete, los apoderados de la trabajadora ********** y **********, manifestaron: “…se trata de un ofrecimiento de trabajo de mala fe, la cual deberá analizarse por esta junta a fin de normar el criterio de la misma para el supuesto sin conceder de que pudiera señalar día y hora para la reinstalación de la actora de este juicio que por la forma en que se ofreció, esta parte no lo acepta por las razones de la mala fe y del cambio y modificación de las condiciones de trabajo en que lo venía prestando para la demandada…”

Ahora bien, el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Editorial Porrúa, define la representación como la institución “…en virtud de la cual una persona, llamada representante, realiza actos jurídicos en nombre de otra, llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos en forma directa en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él. Así los derechos y obligaciones emanadas del acto jurídico de que se trate, se imputan directamente al representado”.

La representación puede ser voluntaria o legal. La primera es cuando una persona, en virtud de la autonomía de la voluntad autoriza a otra para actuar en su nombre y representación, como en el poder o el mandato. Y, es legal cuando dimana directamente de la ley, como por ejemplo la representación de los incapaces.

El poder es el otorgamiento de facultades que da una persona llamada poderdante a otra denominada apoderado para que actúe en su nombre es decir, en su representación.

A la palabra poder se le han dado diferentes significados. En una primera acepción, se le considera como el documento por medio del cual se acredita la representación que ostenta una persona en relación con otra, o sea, se refiere al documento desde el punto de vista formal, no a su contenido, y así se habla de carta poder o del poder notarial.

Una segunda acepción se refiere al acto por el cual una persona queda facultada por otra para actuar en su nombre y representación, o sea, al acontecimiento espacio-temporal de facultamiento.

Finalmente, la palabra poder se refiere a la institución por medio de la cual, una persona puede representar a otra en virtud de un acto derivado de la autonomía de la voluntad.

Por otra parte, el Diccionario citado define al mandato de la siguiente forma: ‘Contrato por el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra denominada mandante los actos jurídicos que éste le encarga.’

Por su lado, el artículo 2546, del Código Civil, señala: ‘El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.’

Las obligaciones del mandatario son las siguientes: ‘a) Ejecutar los actos jurídicos encargados por sí o por conducto de un sustituto, se estuviese facultado para ello;

b) Ejecutar los actos conforme a las instrucciones recibidas y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas; y

c) Rendir cuentas exactas de su administración, conforme al convenio o en ausencia de éste cuando el mandante lo pida o en caso al fin del contrato, entregando al mandante todo lo que haya recibido y pagando intereses por las sumas que pertenezcan al mismo si el mandatario ha distraído la cantidad de su objeto.’ (Artículos 2569-2572 del Código Civil).

A su vez, el mandante tiene como obligaciones: ‘a) Suministrar las cantidades necesarias para ejecutar el mandato;

b) Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del contrato; y

c) Pagar el precio pactado.’ (Artículos 2577, 2578 y 2549 del Código Civil).

De todo esto se concluye que la representación es la facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre y por cuenta de otra.

Que a través del mandato, se origina la representación voluntaria que crea para el mandatario la obligación de ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encarga, actuando el primero a nombre y por cuenta propia, produciendo efectos sobre patrimonio ajeno.

Dicha representación supone, que una persona que no es a quien corresponden los intereses jurídicos en juego, ponga su propia actividad, su “querer”, al servicio de tales intereses ajenos, realizando un acto jurídico a nombre de la persona a quien pertenecen.

Asentado lo anterior, se procede a examinar el contenido de los artículos 692, 693 y 749, de la Ley Federal del Trabajo, que establecen:

Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.



Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;

II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de personal moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;

III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y

IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato.

Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.

Artículo 749. Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes, acreditadas ante la Junta, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas.’

De los preceptos legales transcritos se desprende que la Ley Federal del Trabajo, contempla la figura de la representación convencional, al permitir que las partes concurran a juicio a través de apoderados, conforme a reglas específicas de acreditamiento, que son muy flexibles tratándose del trabajador, así como la validez de las notificaciones practicadas al apoderado o autorizado de las partes, como si se hubiesen hecho directamente.

Cabe señalar que el principio de la actuación a través de apoderado, como posibilidad general contemplada en el primer párrafo del artículo 692, de la Ley Federal del Trabajo, encuentra dos notables excepciones en las reglas procesales.

La primera se refiere al desahogo de la prueba confesional, ya que la fracción III, del artículo 790, de la Ley de la Materia, establece que el absolvente bajo protesta de decir verdad responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna.

La segunda se encuentra contemplada en el artículo 876, fracción I, del mismo ordenamiento legal, que establece: ‘Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma: I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados.’

En ese tenor, si el actor elige comparecer a juicio mediante apoderado, su voluntad es la de que éste lo sustituya en todo lo relacionado con la controversia que se suscite, salvo los casos de excepción previstos en el citado ordenamiento jurídico ya mencionados, en los que las partes deben apersonarse.

Por ende, si el ofrecimiento del trabajo no se encuentra en esos casos especiales, resulta que sí puede el apoderado de la parte trabajadora, rechazar el ofrecimiento de trabajo, sin que con ello se vulneren los derechos de defensa de la actora, si se reconoce que la representación es una figura jurídica de gran utilidad que facilita las relaciones sociales, al suprimir obstáculos materiales o de cualquier orden, como alejamiento, inexperiencia o multiplicidad de ocupaciones, entre otros, máxime que dicha representación otorga a quien la ostenta la facultad de actuar, obligar y decidir en nombre y por cuenta de otra persona.

Además, resulta innegable que comúnmente es el apoderado y no el trabajador, directamente interesado, quien conoce las consecuencias procesales de la aceptación o rechazo del trabajo y si conviene o no a los intereses de su representado.

En tal virtud, en el presente caso, no era necesario como lo sostiene la quejosa que la Junta la requiriera, para que de forma personalísima manifestara si aceptaba o rechazaba el ofrecimiento de trabajo, toda vez que sus apoderados legales en audiencia de diez de junio de mil novecientos noventa y siete, rechazaron dicho ofrecimiento por considerar que era de mala fe, los cuales contaban con el poder para actuar y decidir en nombre y por cuenta de la actora.

Es aplicable en su parte conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 11/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, página 354, que a la letra dice: ‘DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES LEGAL SI SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE DEL TRABAJADOR.- En virtud de que los artículos 692 y 749 de la Ley Federal del Trabajo establecen, respectivamente, la operancia de la figura de la representación en el proceso laboral y la validez de las notificaciones practicadas al apoderado o autorizado de las partes, como si se hubiesen hecho directamente, debe concluirse que es válida la notificación personal entendida con el representante del trabajador, respecto del ofrecimiento de trabajo por parte del patrón, manifestado en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia, al controvertir los hechos esenciales de la demanda, como lo es el despido injustificado, por no estar en un caso en que la ley exija la comparecencia directa de las partes.’
CUARTO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Segundo en Materias Administrativa y Civil del mismo circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, sustentó la jurisprudencia número XIX.2º.J/4, publicada en la página 67, Tomo 82 Octubre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:
OFRECIMIENTO DE TRABAJO DEBE SER CONOCIDO PERSONALMENTE POR EL TRABAJADOR Y NO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL Cuando en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral el patrón ofrece continuar con la relación laboral en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, y en ausencia del trabajador es su representante legal quien rechaza esa oferta aduciendo que se hace de mala fe, ello implica contrariar la esencia del artículo 876, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la intención del legislador fue dar todas las posibilidades para que se llegue a un arreglo antes de entrar en conflicto litigioso. Ahora bien, cuando el motivo a debate consiste en determinar si hubo o no despido injustificado, el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón es un punto esencial de una posible conciliación, entonces, es por ello que tal ofrecimiento deba ser conocido personalmente por el trabajador para que de manera frontal determine si acepta o no continuar con la relación de trabajo, por tanto, es incorrecto que el representante legal de la parte obrera decida una cuestión tan importante, pues aun cuando tiene conferida su representación jurídica, ello no implica que refleje la voluntad personalísima del trabajador.
La jurisprudencia de marras aparece conformada con los precedentes de los juicios de amparo directo números A. D. 309/94-VIII promovido por **********; A. D. 211/94-II promovido por **********, A. D. 124/94-VIII promovido por **********, A. D. 65/94-X promovido por ********** y el A. D. 93/94-VI promovido por **********.
Para los efectos de resolver el presente asunto, se tomarán en cuenta únicamente las consideraciones sustentadas en los juicios de amparo directo 211/94-II y 93/94-VI, dado que son los que realmente sustentan el criterio necesario para atender a la presente contradicción de tesis, mismas que, en lo que aquí interesa son del tenor literal siguiente, destacando que sólo se transcriben las relativas al amparo directo 211/94-II, fallado en sesión de diez de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dada la similitud de las respectivas consideraciones.
SEXTO: El anterior concepto de violación resulta parcialmente fundado.

En efecto, el trabajador ahora quejoso entre otras cosas manifiesta que en el procedimiento generador del laudo que reclama nunca se le corrió traslado con el ofrecimiento que para continuar la relación laboral, fue efectuado por la empresa demandada **********, sociedad anónima de capital variable, al contestar a través de su representante legal, la demanda que instauró en su contra aduciendo haber sido injustificadamente despedido.

Examinadas las constancias del sumario se advierte a fojas 10 a 13 y 21 a 23, que ciertamente la parte patronal al contestar la demanda, frente al despido aducido por el empleado, le ofreció el trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, inclusive con los incrementos que manifestó se habían dado en su salario; no obstante, en las actuaciones relativas al desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, no consta que se haya hecho saber dicha circunstancia en forma directa y personal al obrero y que éste se hubiere negado a aceptarla y en cambio, se encuentra asentado que fue su apoderado legal quien rechazó tal oferta, argumentando que el ofrecimiento multicitado se hacía de mala fe.

Ahora bien, este tribunal estima que el procedimiento laboral en principio tiene como finalidad lograr la conciliación entre las partes contendientes para finiquitar de manera pronta y expedita los conflictos que se suscitan entra patrones y trabajadores a fin de no obstaculizar la productividad en el trabajo, llegándose a la contienda únicamente en aquellos asuntos en que por determinación de los directamente interesados no pudo llegarse a un arreglo previo.

De lo anterior que el artículo 876, fracción l, de la Ley Federal del Trabajo, ordena que ‘Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados’; y la fracción II del mismo dispositivo, establece que ‘La junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio’, agregándose en la fracción III, que : ‘si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto; y el convenio respectivo, aprobado por la junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo’. Por otra parte, al pasar a la etapa de demanda y excepciones de la misma audiencia, el artículo 878, fracción I, de la ley laboral establece como una última oportunidad, que: ‘El presidente de la junta hará una exhortación a las partes y si éstas persisten en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda.

Así las cosas, resulta claro que la intención del legislador fue dar todas las posibilidades factibles para que se llegue a un arreglo antes de entrar en conflicto litigioso y tratándose de casos como el presente, en el que el punto principal a debate reside en el despido injustificado que dice el trabajador haber sufrido por parte del patrón y la actitud de éste de negarlo ofreciendo el trabajo en las mismas condiciones en que se venía desempeñando constituye punto esencial de una posible conciliación de intereses, de ahí que este cuerpo colegiado considere que el ofrecimiento de trabajo deberá ser conocido personalmente por el trabajador para que en una frontal determinación decida si lo acepta o no, resultando incorrecto que este punto sea decidido por el apoderado de la parte obrera, a quien si bien le es conferida su representación jurídica en el juicio, no necesariamente reflejará la voluntad personalísima del trabajador.

Por último, debe indicarse que no pasa desapercibido para este Tribunal la situación de que el momento procesal oportuno para realizar el ofrecimiento de trabajo lo es en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia de ley, y que el artículo 692, fracción I, del ordenamiento laboral, permite que las partes comparezcan al juicio en forma directa o por conducto de apoderado; sin embargo, el tema desarrollado en la presente ejecutoria, por las razones entes apuntadas, se considera un punto de excepción a la regla general prevista en el dispositivo de referencia.

En las relacionadas condiciones y al no haberlo considerado así, la junta responsable violó las garantías de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debiendo concederse la protección federal solicitada, para el efecto de que deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento; cite al trabajador para que comparezca ante la junta así como a la parte patronal; le haga saber personalmente al obrero el ofrecimiento de trabajo y con el resultado obtenido proceda en consecuencia con plenitud de jurisdicción.

Resulta aplicable a lo anterior, la tesis obtenida por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo números 93/94-VI; 65/94-X y 124/94-VIII, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘OFRECIMIENTO DE TRABAJO. DEBE SER CONOCIDO PERSONALMENTE POR EL TRABAJADOR Y NO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL. Cuando en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral el patrón ofrece continuar con la relación laboral en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, y en ausencia del trabajador es su representante legal quien rechaza esa oferta aduciendo que se hace de mala fe, ello implica contrariar la esencia del artículo 876, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la intención del legislador fue dar todas las posibilidades para que se llegue a un arreglo antes de entrar en conflicto litigioso. Ahora bien, cuando el motivo a debate consiste en determinar si hubo o no despido injustificado, el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón es un punto esencial de una posible conciliación, entonces, es por ello que tal ofrecimiento deba ser conocido personalmente por el trabajador para que de manera frontal determine si acepta o no continuar con la relación de trabajo, por tanto, es incorrecto que el representante legal de la parte obrera decida una cuestión tan importante, pues aun cuando tiene conferida su representación jurídica, ello no implica que refleje la voluntad personalísima del trabajador.’”

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