Constitución política del estado libre y soberano de colima



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Si el Congreso niega la aprobación, el Gobernador hará una segunda designación y se procederá en la misma forma que el párrafo anterior. En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos designaciones sucesivas, el Gobernador nombrará libremente a quien ocupará dicho cargo.

En tanto el Congreso substancia el trámite para otorgar la aprobación o la designación del Gobernador surte los efectos previstos en los párrafos anteriores, el Procurador será suplido en la forma que determine la Ley Orgánica de la Institución.

Las faltas temporales del Procurador que no excedan de tres meses, o su ausencia por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, serán suplidas en términos del párrafo anterior, en tanto el Gobernador del Estado somete un nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso.

El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de esta Institución se realizará en los términos de su propia Ley Orgánica.

(REFORMADO, P.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2007)

Artículo 83.- Para ser Procurador General de Justicia y Sub-Procurador se requieren los mismos requisitos que para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a excepción de la edad, que no será menor de 30 años y, del título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedida (sic) por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 2014)

Artículo 84.- La Defensoría Pública, es una Institución de orden público obligatoria y gratuita que tiene por objeto proporcionar la defensa jurídica necesaria en materia penal a las personas imputadas que carecen de defensor particular; y la orientación, representación y asesoramiento jurídico en asuntos del orden civil, familiar, administrativo, mercantil, agrario y de amparo a quienes así lo soliciten y demuestren no estar en condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante.

La Dirección General de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, tiene como fin garantizar el acceso real y equitativo del derecho a la defensa pública adecuada y a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica a personas en situación de vulnerabilidad, que no se encuentra en condiciones económicas de erogar por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho. La Ley de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima regirá lo respectivo a su organización, atribuciones y funcionamiento, conforme a lo dispuesto por esta Constitución y establecerá el servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos a la defensoría pública.

La prestación del servicio de defensoría pública y asesoría jurídica estará a cargo de la Dirección General de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado, órgano del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica y de gestión.

Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser inferiores a las que correspondan a los Agentes del Ministerio Público.

(REFORMADO, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2011)

Artículo 85.- La Ley organizará el Ministerio Público y la Defensoría Pública, fijará sus funciones y la estructura administrativa correspondiente, así como el nombramiento y remoción de sus integrantes.

(REFORMADA SU NUMERACIÓN, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

CAPITULO IV.

De la Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

(REFORMADO, P.O. 5 DE ENERO DE 2013)

Artículo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa en la Entidad, de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico mexicano.

Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que violen estos derechos. Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue esta comparecencia.

La Comisión no será competente tratándose de asuntos electorales y Jurisdiccionales.

De las Inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión estatal, conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación.

El Presidente y los Consejeros de la Comisión serán electos por el Congreso, a propuesta de los Diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad con un procedimiento de consulta pública y que deberá ser transparente, en los términos que establezca su ley orgánica. El Presidente durará en su encargo cuatro años, podrá ser relecto (sic) para un plazo igual y presentará anualmente al Congreso del Estado un informe de las actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en los términos que disponga la ley.

La ley orgánica determinará la forma de integración, su estructura y funcionamiento de dicho organismo, así como la responsabilidad en que incurran las autoridades, servidores públicos y particulares que no atiendan los requerimientos de la Comisión.

(REUBICADO Y REFORMADA SU NUMERACIÓN, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

TITULO VI.

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013)

CAPITULO UNICO.

De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

Artículo 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de junio del año que corresponda, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y los modos específicos de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatal, distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su registro ante el Instituto Electoral del Estado.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la ley.

Los partidos políticos promoverán y garantizarán la equidad y la paridad entre mujeres y hombres en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

Para este último fin, deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa; tratándose de cargos de diputados por el principio de representación proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán incluir más del 50% de un mismo género.

En el caso de los Ayuntamientos, cuyo número total de presidentes municipales, síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros será del 50% y cuando se trate de un número impar, será hasta un 60% para un mismo género.

Los partidos políticos garantizarán la inclusión de jóvenes en las candidaturas a cargos de elección popular.

Los partidos podrán formar coaliciones y postular candidaturas comunes para las elecciones de Gobernador, Ayuntamientos y diputados por el principio de mayoría relativa en los términos que disponga la ley.

(REFORMADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013)

Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las demás leyes de la materia. Los candidatos independientes gozarán de este derecho sólo durante el proceso electoral.

(REFORMADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013)

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en el territorio del Estado de este tipo de mensajes contratados en otras entidades federativas o en el extranjero.

La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate político, serán invariablemente garantizados por las autoridades electorales.

(REFORMADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013)

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos, sus candidatos y los candidatos independientes deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos políticos o a las personas.

Cuando a juicio de la autoridad electoral local el tiempo en radio y televisión que le fue otorgado, fuese insuficiente para sus fines, hará la solicitud a la autoridad administrativa electoral federal, quien determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia le confieren.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios, órganos autónomos y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

II. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en las listas nominales de electores al 30 de abril del año de la elección, por el 50% del salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado.

El 50% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 50% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido cada uno en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se realicen elecciones, equivaldrá hasta un 70% adicional al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá hasta un veinticinco por ciento adicional al monto del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.

d) La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 10% del tope de gastos establecido para la última campaña a gobernador; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

e) De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado.

(ADICIONADA, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013)

II Bis.- Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para todos los cargos de elección popular, de manera independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que establezca la ley.

Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público y privado, en la forma y términos que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independientes dentro de un proceso electoral, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado; asimismo, regulará los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo los recursos privados que se hubiesen utilizado para financiar las actividades tendientes a obtener dicho registro.

Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

III. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya integración es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos y se organizará de acuerdo con las siguientes bases:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

a) El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete Consejeros Electorales propietarios, tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, uno de los Consejeros será Presidente, electo por un mínimo de cinco votos de los Consejeros. Tendrá un Secretario Ejecutivo sólo con derecho a voz, que será nombrado de conformidad con la legislación aplicable. Los Consejeros Electorales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. Los Consejeros Electorales estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título XI de esta Constitución.

(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

Los Consejeros Electorales no podrán:

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

1) Tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia;

(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

2) Asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

3) (DEROGADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

En el Consejo General y los Consejos Municipales participarán un representante acreditado por cada partido político o coalición, quienes sólo tendrán derecho a voz y gozarán de las prerrogativas que señale la ley.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

b) El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Los servidores del Instituto regirán sus relaciones de trabajo por las disposiciones del Código Electoral y por demás normas aplicables, cuyos derechos y obligaciones no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos.

El Instituto Electoral del Estado agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón y lista de electores, geografía electoral, observación electoral, derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, preparación de la jornada electoral, la regulación de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales, cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación cívica e impresión de materiales electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos que disponga la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, estará a cargo de una Comisión de Consejeros Electorales. La ley regulará la integración y funcionamiento de dicha comisión, así como las bases de coordinación con la autoridad administrativa electoral federal en la materia y los procedimientos para la aplicación de sanciones por el incumplimiento a las disposiciones legales de la materia.

La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales, además de las sanciones para quienes las infrinjan.

La duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de Gobernador, ni de sesenta días cuando se elijan diputados locales y ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará constancias de mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos; y hará la declaratoria de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional.

La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.

El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la realización del plebiscito y referéndum, en los términos de la Ley respectiva.

El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con la autoridad administrativa electoral federal, para que ésta se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales, de los que conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley. Asimismo, se fijarán las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

(ADICIONADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

(ADICIONADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

(ADICIONADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados.

Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias de mayoría y la asignación de diputados o regidores por el principio de representación proporcional podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)

V. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme las leyes aplicables, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán en la ley electoral.



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