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Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007)


Radicación número: 76001-23-31-000-2005-00549-01(AP)
Actor: ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
Demandado: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P

SALVAMENTO DE VOTO
Con todo respeto por la Sala me aparto de la decisión mayoritaria, adoptada en la sentencia de 21 de febrero de 2007, que revocó aquella proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de julio de 2005, la que a su vez negó las súplicas de la demanda.
Mi disentimiento con la providencia versa sobre dos aspectos del problema jurídico abordado por la Sala: i) Anulación de contratos estatales en sede popular y ii) ¿Es posible hacer interpretaciones extensivas, respecto de normas sobre inhabilidades cuya vigencia puede discutirse?.

I. Anulación de actos administrativos y de contratos estatales en sede popular
Según la sentencia de la que me separo es procedente anular tanto actos administrativos como contratos estatales en sede popular, cuando quiera que además de generar amenaza o vulneración a un derecho o interés colectivo, estén incursos en causal de nulidad absoluta. Se afirma en la providencia:
“ Las legislaciones civil en general y administrativa en particular, son claras en permitir al juez declarar la nulidad absoluta de actos y contratos de manera oficiosa, siempre que se incurra en alguna de las causales taxativamente señaladas por el ordenamiento jurídico y que las partes interesadas hayan participado del respectivo proceso judicial36. En el caso objeto de análisis se profirió como se advirtió una decisión (acto) abiertamente contraria al derecho cuandoquiera que se escogió como contratista a un sujeto que no se podía escoger; esta ilegalidad trae como consecuencia la posibilidad del juez de anular dicho acto. Por su parte, resulta también pertinente la anulación del contrato, por cuanto este se celebró con base en esta primera decisión y tal como lo prevé la ley, esta situación da lugar a la nulidad absoluta del mismo. Se recuerda así mismo, que las partes contratantes participaron activamente en el proceso judicial que con esta sentencia se termina.
La sala plena de esta Corporación, así como esta sección han señalado que la anulación de un contrato, no necesariamente debe hacerse en el marco de un proceso promovido por una acción contractual y que por el contrario tal decisión judicial puede tomarse en cualquier tipo de proceso37.
Finalmente se indica que si bien el actor popular solicitó la ‘revocación directa’ del acto a través del cual se adjudicó el contrato objeto de análisis; de las pretensiones del mismo contenidas en la demanda, así como del desarrollo del proceso, se evidencia de manera clara la intención de este de que se declarara por parte el juez de la acción popular la cesación de efectos del mencionado acto y como consecuencia la cesación de efectos del contrato, que en desarrollo de este, se celebró. Es importante subrayar este aspecto, por cuanto al entender de esta sección, para poder declarar la nulidad de actos y contratos en medio de acciones populares, se hace indispensable que el actor lo solicite al impetrar la acción.”
Debo subrayar, ante todo, que el criterio que paso a exponer no discute la procedencia de este medio procesal cuando la conducta vulnerante del derecho o interés colectivo sea un contrato estatal o un acto administrativo, toda vez que se trata del mecanismo idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos, con independencia de la naturaleza de la conducta vulnerante. Lo que cuestiono es la competencia del juez, en el juicio popular, para anular contratos estatales y actos administrativos, por las siguientes razones:
1. La lectura de los artículos 9, 10, 15, ordinal b) del 18 e inciso segundo del 40 de la ley 472 no permite deducir competencia alguna para anular contratos estatales ni actos administrativos en sede popular, de ellos tan sólo puede inferirse que un contrato estatal o un acto administrativo puede ser causante de una vulneración de un derecho o interés colectivo y frente a esas situaciones el juez cuenta con unas atribuciones muy amplias para hacer cesar esa vulneración o amenaza, pero no por la vía de la anulación.

2. La definición del tema debe partir del análisis de la norma de competencia del juez popular -tanto en su tenor literal, como en la historia de su establecimiento- estudio que permite concluir la ausencia de atribución expresa para adoptar tal decisión.


2.1. El juez, como todo servidor público, en cuanto hace a las atribuciones y facultades que le conciernen está sometido al principio de legalidad. De ahí que entre nosotros las competencias deben ser expresas, lo cual excluye de entrada la posibilidad de hablar de “competencias implícitas” o de “competencias por especialidad”38, que podrían surgir del objeto o fin mismo del órgano, o si se quiere de la aplicación analógica de atribuciones, sobre la base del principio a majori ad minus (el que puede lo más puede lo menos) propio de las relaciones entre los particulares, construidas a partir de un principio antinómico al de la función pública: la autonomía de la voluntad.
El artículo 34 de la ley 472 ordena:
“Sentencia. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a (sic) cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular:” (subrayas fuera de texto original)

El precepto trascrito prevé cuatro tipos de medidas que el juez puede adoptar: (a) una orden de hacer o no hacer; orden que definirá de manera precisa la conducta por cumplir con el fin de proteger el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante; (b) condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo; (c) exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere físicamente posible; (d) prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante.


En lo que dice relación al primer y tercer supuestos previstos por la norma en comento, configuran situaciones muy similares, se trata en uno y otro caso, de típicos preceptos de un carácter eminentemente imperativo:“orden de hacer o no hacer” y “exigir la realización de conductas…”. Estos dos segmentos normativos del texto legal aunque le brindan al juez un repertorio amplio de competencias, y así debe ser en tanto la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos lo demande toda vez que su naturaleza especial de entrada impide que el legislador prevea todos y cada uno de los eventos posibles en caso de arribar a una sentencia condenatoria, lo cierto es que no le permiten ampliar motu proprio, sin infracción del principio de legalidad, esas competencias imperativas al terreno de las declaraciones sobre la legalidad de los actos causantes de la vulneración o amenaza de esos derechos, porque al hacerlo desbordaría sus competencias desconociendo una norma procesal que, huelga decirlo, es de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º del C. de P. C.
Según su sentido natural y obvio (art. 28 C.C.) el elemento definidor de la orden estriba en el mandamiento, precepto o previsión de obligatorio cumplimiento de carácter especial, concreto y personal39 expedido por un Tribunal que obliga a desplegar a su destinatario conductas de hacer o no hacer en un caso particular y concreto. Una orden configura un acto típico de imposición de deberes de hacer, no hacer o de padecer40, que entraña una prescripción imperativa de ejecutar u omitir determinada acción. De allí que una orden no pueda asimilarse a una previsión de carácter general, universal y permanente, como lo sería una declaración de anulación de un contrato o de un acto administrativo.41
2.2. En los antecedentes de la norma tampoco se advierte intención alguna del legislador de otorgar competencias anulatorias del contrato estatal ni del acto administrativo al juez popular.42
3. Los móviles y finalidades de esta acción constitucional son totalmente ajenos a cualquier enjuiciamiento con propósitos anulatorios de contratos estatales y de actos administrativos, dado que escapan al ámbito de su competencia los fines restitutorios frente a particulares. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 inc. 2º, 9 y 17 de la ley 472, los fines, móviles o motivos de la acción popular son estrictamente preventivos e impeditivos, excepcionalmente, según los términos del artículo 34 eiusdem, serán indemnizatorios, pero únicamente a favor de la entidad pública no culpable encargada de velar por el derecho o interés colectivo. De ahí que no sea propio de esta acción constitucional ordenar el restablecimiento de los derechos subjetivos, ni menos la reparación de perjuicios al particular afectado.
4. Si bien de acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil (subrogado por el artículo 2º de la ley 50 de 1936)43 la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, el alcance de este precepto está circunscrito a que el juez que conozca del asunto tenga competencia para proferir declaraciones anulatorias y aquellas que le son connaturales como la disposición sobre restituciones mutuas.
La declaración de nulidad del contrato, impone al juez el pronunciamiento sobre las restituciones a que haya lugar, declaraciones que por encerrar el carácter de restitutorias para las partes del contrato anulado, escapan a la competencia del juez popular. Y la solución no es simplemente anular el contrato y dejar pendiente el tema de las restituciones, porque al esquema al que obedecen las acciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo, le es extraña alguna destinada a tal fin, para cuando se haya anulado el contrato.44
5. El hecho de que coincida en el juez popular su condición de juez administrativo, no conduce a afirmar que esta sola circunstancia permita comunicar al primero las competencias asignadas por ley al segundo. Si el criterio diferenciador entre las acciones lo es el contenido de las pretensiones que a través de ellas pueden ser invocada, no es posible que el juez a través de una acción determinada haga pronunciamientos que son propios de otra acción, a pesar de que el juez sea el mismo.
6. El legislador previó para cuando el derecho colectivo se vea amenazado o vulnerado por un acto administrativo, que no es necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular (art. 10 ley 472), exoneración que si bien ratifica la procedencia de la acción popular frente a actos administrativos, al mismo tiempo cierra la posibilidad de la declaración de nulidad a la cual le es propia, cuando de actos particulares se trata, el cumplimiento del requisito del previo agotamiento de la vía gubernativa, conforme lo dispone el artículo 135 del C.C.A., normativa cuya importancia como instituto garantista ha sido subrayada por la jurisprudencia constitucional 45.
7. La posibilidad de que el juez popular imparta a una autoridad la orden de que se abstenga de ejecutar los efectos de un acto administrativo que vulneró un derecho o interés colectivo, afecta directamente la eficacia o ejecutividad del acto, constituyéndose esa orden en una causal más de aquellas establecidas en el artículo 66 del C.C.A. y que impropiamente el legislador denominó como “pérdida de fuerza ejecutoria”, cuando realmente se trata de causales de pérdida de ejecutividad.
8. Por otra parte se dice en la providencia que“[e]n el caso objeto de análisis se profirió como se advirtió una decisión (acto) abiertamente contraria al derecho cuandoquiera que se escogió como contratista a un sujeto que no se podía escoger; esta ilegalidad trae como consecuencia la posibilidad del juez de anular dicho acto”. Y más adelante se advierte que si bien el actor popular solicitó la “revocación directa” del acto que adjudicó el contrato “se evidencia de manera clara la intención de este de que se declarara por parte el juez de la acción popular la cesación de efectos del mencionado acto y como consecuencia la cesación de efectos del contrato, que en desarrollo de este, se celebró”.
En el derecho colombiano no le está permitido al juez declarar de manera oficiosa la nulidad absoluta de actos administrativos, en tanto nuestro ordenamiento positivo parte de los siguientes supuestos: i) la presunción de legalidad del acto administrativo (art. 66 C.C.A.); ii) la mera anulabilidad del acto administrativo que sólo compete al juez natural del mismo (inciso primero del artículo 175 del C.C.A y iii) el principio dispositivo que impide adelantar el control de la legalidad de los actos que no han sido demandados (numerales 2º y 4º del artículo 137 del C.C.A).
Con esta perspectiva, la jurisprudencia46 tiene determinado que nuestro derecho positivo no permite la declaratoria de nulidad ex officio de actos administrativos, sin que sea admisible “interpretar” la demanda para inferir motu proprio que lo solicitado es la declaratoria de nulidad del acto.
9. Al estudiar la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 la Corte Constitucional, en la ratio decidendi, de manera categórica indicó -con efectos de cosa juzgada erga omnes (art. 243 C.N.)- que el juicio popular no es el escenario para ventilar y decidir controversias de carácter contractual, como es justamente la relativa a la nulidad o no del contrato estatal:
No se trata, pues, de que a través de las acciones populares, se debatan y decidan controversias de tipo contractual, que tienen bien definidas las reglas que les corresponden y que son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al estatuto contractual de la administración y al código respectivo.”47 (subrayas ajenas al texto original)
10. Por último, la tesis que expongo garantiza el respeto del artículo 29 Superior en tanto no se cambia al juez que el legislador ha definido previamente como el competente para anular el contrato estatal, que lo es de la acción relativa a controversias contractuales y no el de la acción popular, además de que busca mantener la seguridad jurídica en tanto atiende exigencias establecidas por el legislador tales como la legitimación en causa para demandar, o el señalamiento de términos para intentar la acción. En contraste, el criterio del cual disiento permite que por la vía de la acción popular el contrato estatal pueda demandarse por cualquier persona y en cualquier época.48

II. ¿Es posible hacer interpretaciones extensivas, respecto de normas sobre inhabilidades cuya vigencia puede discutirse?.
A juicio de la Sala, las inhabilidades referidas para distintos proponentes que sean parientes de que trata el artículo 8º de la ley 80 ha de interpretarse de manera “lógica” y “teleológica”, de modo que se haga extensiva a situaciones no expresamente contenidas en dicho precepto.
Dice la providencia de la que me aparto:
“Pasa esta sección a decidir si estas relaciones entre los oferentes adjudicatarios corresponden con las hipótesis de ‘inhabilidad’ antes referidas del artículo 8 de la Ley 80 de 1993; para ello surgen dos inquietudes interpretativas principales: ¿las ‘inhabilidades’ referidas para distintos proponentes que sean parientes, pueden extenderse a situaciones en que una misma persona sea miembro de distintas sociedades proponentes? Y ¿Pueden interpretarse las ‘inhabilidades’ aludidas de manera extensiva a socios, representantes legales o miembros de juntas directivas no de dos sociedades proponentes sino de una proponente y otra sociedad que a su vez es socia de otra de las proponentes?
En lo que respecta a la primera inquietud no cabe duda en virtud de la consideración del criterio hermenéutico de que ‘cuando se puede lo más se puede lo menos’ si cabe la inhabilidad para un sujeto que es miembro de dos sociedades proponentes. Si la ley reprocha el parentesco que pueda existir entre uno y otro de los proponentes, con mayor razón reprocha la situación que una misma persona natural sea miembro de dos sociedades proponentes y adjudicatarias.
Vale la pena advertir que esta solución lógica a la primera inquietud planteada, no basta para resolver el problema concreto que se afronta, toda vez que, si bien de manera indirecta esta situación se presentó en el caso objeto de análisis (una misma persona fue socio de una sociedad participante y adjudicataria y socio de una sociedad que a su vez era socia de otra sociedad participante y adjudicataria), no lo fue de manera directa, por eso se hace indispensable condicionarla a la solución de la segunda inquietud.
Para resolverla, se hace necesario reparar en la finalidad de las normas sobre inhabilidades objeto de análisis; éstas, como se dijo, están orientadas a evitar restricciones y límites a la selección objetiva fundados en el parentesco o identidad (según se acaba de señalar) de socios de dos o mas empresas oferentes, y si esta hipótesis se verifica de manera directa o indirecta, esto resulta indiferente para los propósitos de la norma.

(…) Se concluye, entonces, a partir de una interpretación lógica y teleológica de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades referidas, que la hipótesis de hecho consagrada en ellas se extiende a las situaciones probadas del caso concreto y por ello se verificó un quebrantamiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que como se advirtió resulta aplicable a Emcali.


No concluyo como lo hace la sentencia, que sea factible hacer una interpretación extensiva de las inhabilidades previstas en el artículo 8º de la ley 80 para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales. Si bien este tipo de preceptos tienen por objeto preservar valores superiores como la moralidad administrativa y la igualdad, la jurisprudencia49 tiene determinado que la aplicación de estos preceptos exige una interpretación restrictiva, en tanto según el principio hermenéutico pro libertate, entre varias interpretaciones posibles de una norma que regula una inhabilidad, debe preferirse aquella que menos limita el derecho de las personas. En otros términos, está prohibida constitucionalmente la interpretación extensiva de las causales de inhabilidad, toda vez que las palabras de la ley son la frontera que no se puede traspasar en el ejercicio hermenéutico de las mismas, pues de hacerlo se vulnerarían los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CN) y a la igualdad (art. 13 Ibid.). Así lo puso de relieve recientemente la Corte Constitucional en sede de tutela al indicar que:“el intérprete de las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el alcance de las causales legalmente fijadas.”50
De modo que a mi juicio no puede configurarse vulneración alguna al derecho colectivo a la moralidad administrativa como consecuencia de una “inhabilidad” que deduce el juez popular a partir de una interpretación extensiva del artículo 8º de la ley 80 de 1993, que constitucionalmente está prohibida.
Por otra parte, también es importante subrayar que si bien el artículo 44.4 de la ley 142 dispone que en los contratos de las entidades estatales que presten servicios públicos se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993, cuando sean pertinentes, este precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 3º de la ley 689 en cuanto dispuso, en forma categórica, que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para deducir si esos contratos están o no sometidos al régimen de inhabilidades establecido en la Ley 80 de 1993, así las cosas ¿Cómo podría afirmarse que se está infringiendo el derecho colectivo a la moralidad administrativa si, por una parte, la inhabilidad invocada resulta de una interpretación extensiva inadmisible constitucionalmente según reiterada jurisprudencia constitucional y si, además, podría alegarse que eventualmente el artículo 44.4 de la ley 142 que sirve de fundamento para aplicar el artículo 8º de la ley 80, podría interpretarse razonablemente que fue derogado tácitamente por la ley 689?
Dicho de otra manera, a mi juicio no puede haber infracción de derecho colectivo alguno si al demandado se le aplica en forma inconstitucional una inhabilidad inexistente en el texto legal y si -además- la norma de la que se infiere puede no resultar aplicable, por virtud de una derogatoria tácita. En todo caso, como ya se indicó todas estas materias deben ser objeto de discusión ante el juez de la legalidad del contrato y no en sede popular.
Finalmente, llama la atención que el fallo en su parte resolutiva luego de declarar la nulidad del acto administrativo y del contrato, ordena proceder a la liquidación del mismo sin ocuparse de las restituciones mutuas a que haya lugar” y sin señalar la manera cómo se van liquidar.
Estas razones me llevan a concluir que debió optarse por confirmar la decisión del a quo, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Fecha ut supra.

RUTH STELLA CORREA PALACIO



1 El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 incluye al interior de la Rama Ejecutiva del Poder público a las entidades descentralizadas y dentro de ellas a las empresas industriales y comerciales del Estado. (Literal b del numeral 2).

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 enero de 2001, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Exp. AP-144 de 2001.

3 A título de ejemplo puede señalarse la Sentencia de sección tercera de 16 de febrero de 2001, exp: AP-170 de 2001, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

4 Verbigracia la Sentencia e sección tercera de 13 de febrero de 2006, exp: AP01594-01, Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar.

5 Sobre la incidencia simultánea de estos últimos fenómenos, puede consultarse la Sentencia e Sección primera de 19 de febrero de 2004, exp: 00599-01, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

6 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2001, exp: Ap-170 de 2001, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

7 EBERHARD SCHMIDT – ASSMANN. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Madrid – Barcelona, Inap, Marcial Pons, 2003. pp. 72-79. En la doctrina nacional puede encontrarse sustento de esta tesis en: JORGE IVÁN RINCÓN. Las generaciones de derechos fundamentales y la acción de la Administración Publica. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004. p.p 226-246.

8 SCHMIDT – ASSMANN con una idea de derecho fundamental no limitada a las libertades individuales señala: “Es dudoso en qué medida se pueden deducir directamente derechos subjetivos administrativos a partir de los derechos fundamentales. Esto es: si los derechos fundamentales no solo dotan de sentido interno a las normas administrativas, sino que, además, esos mismos derechos fundamentales despliegan una suerte de “eficacia externa”. Se ha aceptado esa deducción de derechos subjetivos administrativos cuando en el propio ámbito de protección el derecho fundamental se pueden localizar con precisión los elementos que dan vida al derecho subjetivo administrativo: los bienes jurídicos afectados, la forma en que pueden ser lesionados y las reacciones jurídicas necesarias frente a la lesión.” (Subrayas fuera de texto) Ibid. P. 87.

9 El vínculo directo de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en la celebración de los contratos estatales y la moralidad administrativa fue subrayado por la CORTE CONSTITUCIONAL, en la sentencia C-179 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. Por la relación directa que detenta este aspecto con el caso concreto analizado, más adelante se presentarán referencias adicionales y más específicas.

10 Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia proferida el de junio de 2001, exp. AP 166 de 2001. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia proferida el 16 de febrero de 2001 exp. AP 170.

12 Ver, entre otras, Corte Constitucional T 406 de 1992.

13 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Reflexiones sobre la ley y los principios generales del Derecho. Editorial Civitas S.A. Madrid 1986. P 170

14 LARENZ , Karl. Derecho Justo, fundamentos de ética jurídica. Editorial Civitas. Madrid 1993. P 37.

15 Se identifica aquí la expresión “legítimamente” en relación con la necesidad de un soporte normativo consecuente con el principio de legalidad (artículo 6 constitucional).

16 En efecto, establece el artículo 34 de la Ley 472 de 1998: “...La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.” (subrayas fuera de texto).

17 MAURICE HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, París, Dalloz, 1933 (12 edición). P. 787.

18 Establece el artículo 63 constitucional: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”

19 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia e 31 de octubre de 2002. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, exp: AP-518 de 2002. El texto entre comillas de esta cita corresponde a la sentencia de la Sección Cuarta del 31 de mayo de 2002, exp: 25000-23-24-000-1999-9001-01.

20 Corte constitucional, sentencia C-088 de 2000.

21 La cercanía entre estos dos derechos o intereses colectivos fue ya advertida por esta sección en la sentencia de 17 de junio de 2001, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, exp: AP- 166 de 2001, en la que también se analizó la violación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público con ocasión de un contrato estatal para la construcción de un estadio.

22 Literal e) del artículo 18 y artículo 8 de la Ley 472 de 1998.

23 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

24 Al menos esta es la posición de esta Corporación desde 1994. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-265 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

25 Siguiendo de esta manera el razonamiento e los elementos de la subjetividad del derecho colectivo anunciados a propósito de la moralidad administrativa.

26 Artículo 28 de la ley 472 de 1998.

27 Reconocimiento de esta situación hizo la propia Emcali en el numeral 3 del 1.9 del pliego de condiciones relativo a los “requisitos para participar en la licitación”, donde se estableció: “3. No hallarse incurso ni incurrir posteriormente en las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos 37 y 44.4 de la Ley 142 de 1994, 180 de la Constitución Nacional y la ley 80 de 1993 y/o las que la adicionen, modifiquen o subroguen.”

28 En el numeral 1. 24 del Pliego de condiciones de la licitación pública GA-DS-003-2004 se estableció: “1.24 PLAZO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. El representante legal, hará a adjudicación correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, después de cumplido el trámite a que se refiere el numeral anterior, de la siguiente forma: A pesar de que los proponentes deben cotizar la totalidad de los puestos solicitados para todas las áreas de la Empresa, EMCALI E.I.C.E E.S.P adjudicará a las CUATRO (4) PRIMERAS Empresas que obtengan un puntaje de setenta (70) puntos en adelante...”

29 CONSEJO DE ESTADO, Sección tercera. Sentencia de 26 de abril de 2006. exp. 68001-23-31-000-1993-08337-01(15163). Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

30 Sentencia C-179 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

31 De 22 de diciembre de 2004. Licitación Pública GA-DS-003-2004. (Folios 470 y 471).

32 Contrato No. 180-GA-PS-0024-2005 de fecha 8 de enero de 2005, cuya acta de inicio se desarrolló el 1 de marzo de 2005. (Folios 461 a 469).

33 Este hecho adicional no está probado en este proceso, toda vez que solamente obra copia simple de esta solicitud de revocatoria directa en el expediente.

34 Las normas pertinentes sobre la materia, establecen lo siguiente:


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