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MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

Presidente


(Con aclaración de voto)

ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ ENRIQUE GIL BOTERO


RUTH STELLA CORREA PALACIO RAMIRO SAAVEDRA BECERRA

(Con salvamento de voto)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA DRA. RUTH STELLA CORREA PALACIO
ACCION POPULAR - Contrato estatal. Anulación / CONTRATO ESTATAL - Acción popular. Anulación / ANULACION DE CONTRATO ESTATAL- Acción popular. Improcedente / JUEZ POPULAR - Competencia. Anulación de contrato estatal / ACCION POPULAR - Móviles y finalidades / TEORIA DE LOS MOVILES Y FINALIDADES - Acción popular
Según la sentencia de la que me separo es procedente anular tanto actos administrativos como contratos estatales en sede popular, cuando quiera que además de generar amenaza o vulneración a un derecho o interés colectivo, estén incursos en causal de nulidad absoluta. Debo subrayar, ante todo, que el criterio que paso a exponer no discute la procedencia de este medio procesal cuando la conducta vulnerante del derecho o interés colectivo sea un contrato estatal o un acto administrativo, toda vez que se trata del mecanismo idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos, con independencia de la naturaleza de la conducta vulnerante. Lo que cuestiono es la competencia del juez, en el juicio popular, para anular contratos estatales y actos administrativos, por las siguientes razones: 1. La lectura de los artículos 9, 10, 15, ordinal b) del 18 e inciso segundo del 40 de la ley 472 no permite deducir competencia alguna para anular contratos estatales ni actos administrativos en sede popular, de ellos tan sólo puede inferirse que un contrato estatal o un acto administrativo puede ser causante de una vulneración de un derecho o interés colectivo y frente a esas situaciones el juez cuenta con unas atribuciones muy amplias para hacer cesar esa vulneración o amenaza, pero no por la vía de la anulación. 2. La definición del tema debe partir del análisis de la norma de competencia del juez popular -tanto en su tenor literal, como en la historia de su establecimiento- estudio que permite concluir la ausencia de atribución expresa para adoptar tal decisión. 3. Los móviles y finalidades de esta acción constitucional son totalmente ajenos a cualquier enjuiciamiento con propósitos anulatorios de contratos estatales y de actos administrativos, dado que escapan al ámbito de su competencia los fines restitutorios frente a particulares. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 inc. 2º, 9 y 17 de la ley 472, los fines, móviles o motivos de la acción popular son estrictamente preventivos e impeditivos, excepcionalmente, según los términos del artículo 34 eiusdem, serán indemnizatorios, pero únicamente a favor de la entidad pública no culpable encargada de velar por el derecho o interés colectivo. De ahí que no sea propio de esta acción constitucional ordenar el restablecimiento de los derechos subjetivos, ni menos la reparación de perjuicios al particular afectado. 4. Si bien de acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil (subrogado por el artículo 2º de la ley 50 de 1936) la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, el alcance de este precepto está circunscrito a que el juez que conozca del asunto tenga competencia para proferir declaraciones anulatorias y aquellas que le son connaturales como la disposición sobre restituciones mutuas. 5. El hecho de que coincida en el juez popular su condición de juez administrativo, no conduce a afirmar que esta sola circunstancia permita comunicar al primero las competencias asignadas por ley al segundo. 6. El legislador previó para cuando el derecho colectivo se vea amenazado o vulnerado por un acto administrativo, que no es necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular (art. 10 ley 472), exoneración que si bien ratifica la procedencia de la acción popular frente a actos administrativos, al mismo tiempo cierra la posibilidad de la declaración de nulidad a la cual le es propia, cuando de actos particulares se trata, el cumplimiento del requisito del previo agotamiento de la vía gubernativa, conforme lo dispone el artículo 135 del C.C.A., normativa cuya importancia como instituto garantista ha sido subrayada por la jurisprudencia constitucional. Nota de Relatoría: Ver de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL, Sentencia de 25 de julio de 2005, Referencia: Expediente 20915, , M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. En el mismo sentido CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL, Sentencia de 11 de marzo de 2004, Referencia: Expediente No. 7582, M. P. José Fernando Ramírez Gómez; Sentencia de 13 de mayo de 2003, Ref: Expediente No. 6760, M. P. Cesar Julio Valencia Copete; Sentencia de 28 de septiembre de 2004, Referencia: Expediente No. C-7896, M. P. Jaime Alberto Arrubla Paucar; Sentencia de 25 de abril de 2003, Referencia: Expediente No. 7140, Magistrado Ponente José Fernando Ramírez Gómez; Sentencia de 13 de diciembre de 2001, Ref: Expediente Nro. 6849, M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno; Sentencia de abril 10 de 1996, Referencia: Expediente No. 4414, M. P. Rafael Romero Sierra; Sentencia de 20 de abril de 1998, Referencia: Expediente No. 4839, M. P. Nicolás Bechara Simancas; Sentencia de 10 de octubre de 1995, Ref: Expediente No. 4541; M. P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

FF: LEY 472 de 1998 ARTICULOS 9, 10, 15, articulo 18 ORDINAL B) INCISO SEGUNDO


NULIDAD ABSOLUTA DE ACTO ADMINISTRATIVO - Oficio. Improcedente / DECLARATORIA DE NULIDAD EX OFICIO - Improcedencia

En el derecho colombiano no le está permitido al juez declarar de manera oficiosa la nulidad absoluta de actos administrativos, en tanto nuestro ordenamiento positivo parte de los siguientes supuestos: i) la presunción de legalidad del acto administrativo (art. 66 C.C.A.); ii) la mera anulabilidad del acto administrativo que sólo compete al juez natural del mismo (inciso primero del artículo 175 del C.C.A y iii) el principio dispositivo que impide adelantar el control de la legalidad de los actos que no han sido demandados (numerales 2º y 4º del artículo 137 del C.C.A). Con esta perspectiva, la jurisprudencia tiene determinado que nuestro derecho positivo no permite la declaratoria de nulidad ex officio de actos administrativos, sin que sea admisible “interpretar” la demanda para inferir motu proprio que lo solicitado es la declaratoria de nulidad del acto. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 5 de julio de 2006,Rad. 21051, Actor: Municipio de Puerto Boyacá, Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía-Fondo Nacional de Regalías , Asunto: Acción de Reparación Directa-Apelación Sentencia, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULOS 66, ARTICULO 175 INCISO PRIMERO
INTERPRETACION EXTENSIVA - Inhabilidades. Improcedencia / INHABILIDADES - Interpretación extensiva. Improcedencia / PRINCIPIO HERMENEUTICO PRO LIBERTATE - Interpretación restrictiva. Inhabilidad / INTERPRETACION RESTRICTIVA - Principio hermenéutico pro libertate
A juicio de la Sala, las inhabilidades referidas para distintos proponentes que sean parientes de que trata el artículo 8º de la ley 80 ha de interpretarse de manera “lógica” y “teleológica”, de modo que se haga extensiva a situaciones no expresamente contenidas en dicho precepto. No concluyo como lo hace la sentencia, que sea factible hacer una interpretación extensiva de las inhabilidades previstas en el artículo 8º de la ley 80 para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales. Si bien este tipo de preceptos tienen por objeto preservar valores superiores como la moralidad administrativa y la igualdad, la jurisprudencia tiene determinado que la aplicación de estos preceptos exige una interpretación restrictiva, en tanto según el principio hermenéutico pro libertate, entre varias interpretaciones posibles de una norma que regula una inhabilidad, debe preferirse aquella que menos limita el derecho de las personas. En otros términos, está prohibida constitucionalmente la interpretación extensiva de las causales de inhabilidad, toda vez que las palabras de la ley son la frontera que no se puede traspasar en el ejercicio hermenéutico de las mismas, pues de hacerlo se vulnerarían los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CN) y a la igualdad (art. 13 Ibid.). De modo que a mi juicio no puede configurarse vulneración alguna al derecho colectivo a la moralidad administrativa como consecuencia de una “inhabilidad” que deduce el juez popular a partir de una interpretación extensiva del artículo 8º de la ley 80 de 1993, que constitucionalmente está prohibida. Nota de Relatoría: Ver Sentencia T 1039 de 2006, MP Sierra Porto de la Corte Constitucional

FF: LEY 80 DE 1993 ARTICULO 8




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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA


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