Concentracion y dependencia



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Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Sociales

Carrera de Ciencias de la Comunicación


CONCENTRACIÓN Y DEPENDENCIA: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO DE LA CRISIS

Por Glenn Postolski, Ana Santucho y Daniel Rodríguez, integrantes del Observatorio Político y Social de Medios y del Area de Investigación de la UTPBA.


A la deriva

En el marco de un modo de acumulación caracterizado por el predominio de la valorización financiera1 y luego de las reformas estructurales neoliberales de la década de los ’90 (privatización de empresas públicas, desregulación y apertura comercial, reducción de la administración pública) y sus regresivas consecuencias sociales (fuerte aumento de la desocupación, precarización de las condiciones laborales, aumento de la pobreza), el período más reciente, desde 1998, se caracteriza por la prolongada y persistente recesión de la actividad económica.


Según el análisis desarrollado por Eduardo Basualdo2, a lo largo de la década de 1990 es posible distinguir dos etapas. Una primera, entre 1991 y 1995, durante la cual, producto del proceso de privatización de empresas públicas, surge la asociación o “comunidad de negocios” entre grupos económicos locales (GG.EE.) y capitales extranjeros. La segunda etapa, entre 1995 y 1997, se caracteriza por la transferencia de propiedad de una buena parte de las empresas “privatizadas”, desde los GG.EE. hacia empresas o conglomerados de capital extranjero. Este último proceso se expresa en el incremento, por parte del capital extranjero, en la participación de las ventas de la cúpula empresaria. Otro rasgo de esta etapa es la fuerte salida de capitales locales al exterior, la cual también contribuye al acentuado liderazgo del capital extranjero en la economía local.

A la significativa masa de utilidades y a la elevada tasa de rentabilidad obtenida por los GG.EE. durante la primera etapa, se suman los ingresos por las ventas de empresas y participaciones accionarias que resultan en un fuerte incremento de los activos financieros dolarizados, los cuales fueron mayoritariamente invertidos en el exterior. Este proceso presenta como contrapartida una pérdida de la gravitación de los GG.EE. en la economía real.


Por su parte, las empresas y conglomerados de capital extranjero incrementaron significativamente sus activos fijos, con el consiguiente riesgo cambiario frente a una posible modificación del tipo de cambio, la cual les traería aparejada una pérdida de capital.

Algunos datos difundidos recientemente permiten obtener una visión más acabada de las consecuencias que implican estos procesos. Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas realizada por el Indec, que abarca a las 500 empresas más grande del país, durante el año 2000, “el 20% de ese grupo, da cuenta del 65,5% del valor de producción, el 80,3% de la utilidad y el 50,0% de la ocupación del conjunto mencionado”3. Aún más, las 4 mayores empresas generan el 46,7% de la utilidad del panel, lo que evidencia el alto grado de concentración existente.


La profundización del creciente peso que adquieren las empresas y conglomerados de capital extranjero se expresa en el 83,7% de la utilidad del panel generada por las 258 empresas bajo control accionario de inversores extranjeros, el 51,6% del grupo de referencia. En términos absolutos, entre 1993 y 2000, la cantidad de empresas nacionales con presencia en la cúpula se reduce de 280 a 186, e inversamente las empresas con participación extranjera mayoritaria y/o total se incrementan de 220 a 314.
Como resultado de los procesos mencionados se produjo la disgregación de la anterior “comunidad de negocios” y surgen nuevas contradicciones entre las distintas fracciones del capital.
A fines de 1999, cuando la Alianza asumió el gobierno, sostuvo su propuesta de política económica con un discurso que otorgaba relevancia al sector productivo y al impulso de la reactivación de la actividad económica, pero que al poco tiempo terminó respondiendo a los intereses de los sectores de capital financiero -tanto locales como, en mayor medida, extranjeros. Este alineamiento tuvo una clara expresión en el seguimiento de las políticas propiciadas por los organismos internacionales de crédito -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Como ejemplo del nunca concretado impulso a la actividad económica, puede citarse la continua postergación y relanzamiento del plan de infraestructura destinado a incentivar la obra pública. Además, fue manifiesta la continuidad de la ausencia de políticas que favorecieran la actividad productiva.
Otro indicador de la posición dominante de los sectores de capital financiero fue la creciente relevancia pública adquirida por la evolución del “riesgo país”, convertido en el nuevo “termómetro” de la economía.
La aplicación de sucesivos ajustes fiscales, junto a otros condicionamientos exigidos por las instituciones multilaterales de crédito y la concreción de distintos “acuerdos” -“blindaje financiero”, “megacanje”- profundizaron aún más la crítica situación de la economía local.
En particular, la continua y creciente presión de los distintos acreedores -organismos financieros internacionales, fondos de inversión, bancos comerciales- vía el aumento de las tasas financieras cobradas al gobierno nacional para refinanciar los vencimientos de la deuda externa, tornó cada vez más endeble a la, ya de por sí, delicada situación financiera del país.
La conformación del denominado “Grupo Productivo” -Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- dio cuenta del reacomodamiento de distintos sectores afectados por la recesión de la actividad económica para revertir su situación. El cuestionamiento a los sectores financieros más ortodoxos y la expectativa de obtención de medidas económicas que los favorecieran fueron desplazados rápidamente del centro de la escena político económica por un nuevo empeoramiento de la situación financiera.
En el aspecto político, los cambios en la composición del gabinete nacional -principalmente la renuncia del vicepresidente y fundador de la Alianza, Carlos “Chacho” Alvarez- el “affaire” respecto del pago de sobornos para la sanción de leyes -como fue el caso de la “reforma laboral”- y el progresivo “desgaste” político del ministro de Economía, José Luis Machinea, ante la falta de logros en materia económica, comenzaron a socavar el sustento político de la coalición gobernante.
Así, esta nueva etapa mostró una profundización de las tendencias de la segunda mitad de los ’90. Por un lado, se acentuaron las diferencias entre las distintas fracciones de los sectores dominantes, “el reforzamiento de la hegemonía del capital financiero tuvo su correlato en el mantenimiento del rol subordinado que desempeñaron los grupos económicos locales.”4 Por otra parte, los sectores subordinados, especialmente los trabajadores continuaron siendo, y cada vez con mayor intensidad, los mayores perjudicados por la política económica implementada; “el bloque dominante siguió aglutinado en torno a unos cuantos puntos de acuerdo, entre los que se destacó su intención de seguir reduciendo los llamados costos laborales.”5 En este sentido, cabe mencionar la aprobación de la ley de “reforma laboral” que contribuyó aún más a la precarización de las condiciones laborales y la total ausencia de políticas por parte del gobierno, frente al alto nivel de desempleo.
El regreso de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, después de la breve presencia de López Murphy -cuyo planteo frontal de un severo ajuste fiscal bastó para precipitar su renuncia- evidenció la continuidad con respecto a los sectores que resultaron beneficiados por las medidas adoptadas.
En un primer momento, Cavallo asumió como ministro con un claro discurso a favor de los sectores productivos. Distintas acusaciones contra los sectores financieros y la implementación de medidas sectoriales (“planes de competitividad”) parecían indicar una incipiente modificación en la orientación de la política económica.
Sin embargo, nuevamente la fuerte presión de los sectores financieros “volvió a inclinar la balanza claramente a su favor.” Una expresión de este hecho fue la negociación del “megacanje” de los bonos de la deuda externa, con el resultado de abultadas ganancias para los bancos intermediarios.
El continuo y creciente empeoramiento de la situación financiera -del cual dieron cuenta, entre otros indicadores, las sucesivas “escaladas” del “riesgo país”, el retiro de depósitos bancarios y la creciente imposibilidad de afrontar los vencimientos de la deuda externa- llegó a su punto máximo con las restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios y el estado de virtual cesación de pagos. Asimismo, ante la suspensión del crédito externo, el gobierno debió recurrir al endeudamiento interno.
A la grave crisis económica se sumaron la derrota política de la Alianza en las elecciones legislativas y una fuerte movilización popular, razones que contribuyeron a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.
En medio de fuertes conflictos sociales -entre los cuales se destacó el fuerte cuestionamiento al conjunto de los representantes políticos y una importante participación política por parte de distintos sectores sociales- y luego de algunos intentos fallidos de sucesión, Eduardo Duhalde asumió la presidencia en forma interina. Luego de que Adolfo Rodríguez Saá, en su fugaz paso por la presidencia dispusiera la suspensión del pago de la deuda externa, la principal medida económica adoptada por el nuevo gobierno presidido por Duhalde fue la modificación del tipo de cambio a raíz de la cual el peso sufrió una devaluación inicial del 40%.
En los meses siguientes se sucedieron continuas presiones y condicionamientos del FMI para llegar a un acuerdo y otorgar ayuda financiera. Entre estas presiones se destacó el proyecto de ley de quiebras que buscaba facilitar la adquisición de empresas locales -abaratadas por la devaluación- por parte de los acreedores externos. A su vez, otra fracción de los sectores financieros, los bancos comerciales, mantuvo su presión sobre el gobierno para mantener las restricciones sobre los depósitos bancarios.
Resuelta provisoriamente la puja por el tipo de cambio se produjeron nuevos alineamientos entre los distintos sectores empresarios, los cuales se expresaron en la puja inflacionaria, mediante la cual buscaron mantener su posicionamiento en la estructura de precios relativos.
Por una parte, estaban los sectores beneficiados por la devaluación entre los que se destacan los grandes exportadores (como por ejemplo las empresas cerealeras) que, en distintos momentos, mediante la retención de divisas, presionaron sobre el tipo de cambio. Otro de los sectores que obtienen abultadas ganancias son las empresas petroleras, que por medio de sucesivos aumentos de precios buscaron mantener sus ingresos en dólares.
Por otra parte, sectores empresarios de capital local fuertemente endeudados en dólares reclamaron al gobierno nacional para lograr la pesificación de sus deudas. Como resultado de este reclamo surgió una nueva organización empresaria AEA -Asociación Empresaria Argentina- en la cual convergen empresarios de distintos sectores, incluso algunos con intereses contrapuestos, cuyo único elemento unificador está constituido por el reclamo mencionado. De esta manera, sectores empresarios que obtuvieron abultadas ganancias, producto de las políticas económicas neoliberales implementadas durante la década de los ’90, ahora se presentan como “víctimas” y pretenden trasladar sus pérdidas al sector público.



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