Comité de américa latina y el caribe para la defensa de los der



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 REPORTE ALTERNATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES EN BOLIVIA 
CLADEM BOLIVIA

Oficina Jurídica Para la Mujer (Cochabamba)


Índice
Presentación
Parte

Contexto

Parte II
EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHO ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN BOLIVIA
Derecho de la Mujer a la Igualdad. (Art. 3º)

 Derecho al Trabajo (art.6)


Mujeres en la Minería

Mujeres castañeras

Trabajadoras del hogar

Remuneración e ingresos

Condiciones dignas para los/as trabajadores/as

La prostitucion: opción laboral para las mujeres?
Derecho de la mujer a la sindicalización y a la huelga (art.8)
Derecho a la Seguridad Social (art. 9)

Derecho a la Vivienda y la Alimentación (art.11)

Derecho a la Salud (art.12)

Derecho a la Educación (Art.13)

Derecho de la mujer a la cultura
Parte III
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES PARA EL ESTADO
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

 

REPORTE ALTERNATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES EN BOLIVIA 

Presentación
El presente informe elaborado por CLADEM Bolivia y la Oficina Jurídica Para la Mujer el mismo que tiene por objeto aportar desde la experiencia de las mujeres a la evaluación del informe presentado por el estado al Comité del PIDESC, partiendo de la concepción del género como un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores en torno a la diferencia sexual entre los seres humanos, que organiza las relaciones entre las mujeres y los varones y de manera jerárquica. Como construcción social, el género deviene tanto una realidad objetiva como subjetiva, un orden que se impone a los individuos, y que ellos a su vez recrean continuamente con base en los significados que proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura.1

El informe contiene 3 partes: la primera hace referencia al contexto en el que le corresponde al Estado realizar el informe verbal ante el Comité del PIDESC, informa desde la perspectiva de género la aplicación del Pacto siguiendo la lógica de los art. 3º a 15º y finalmente se presentan conclusiones y sugerencias de recomendaciones para el Estado.


Parte I
Contexto
Por primera vez en su historia republicana Bolivia vive un proceso ininterrumpido de 25 años de gobiernos elegidos democráticamente. A lo largo de este tiempo se han producido importantes transformaciones en el plano económico, político y social que han tenido impacto en la vida de las personas que viven en el territorio nacional. Así las medidas de ajuste estructural aprobadas en 1985, no obstante las modificaciones que por la fuerza de la realidad se tuvo que introducir, aún conserva sus secuelas expresadas en el achicamiento del aparato productivo del Estado, pobreza, desocupación, deterioro ambiental, debilitamiento de las instituciones públicas que en el caso de las mujeres suponen una mayor exposición a la violencia y la discriminación.
La producción legislativa para la protección de los derechos humanos ha sido muy rica en los últimos 25 años: se han ratificado gran parte de los tratados internacionales de derechos humanos, se ha incorporado en la Constitución Política del Estado instituciones de protección de los DD.HH como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional entre otros. Así mismo se han aprobado leyes para la prevención y la sanción de la violencia de género como la Ley 2033 para la sanción de los Delitos contra la Libertad Sexual y la Ley 1674 contra la Violencia En la Familia o Doméstica.
No obstante los avances normativos, en la práctica, los derechos Económicos, Sociales y Culturales de las mujeres son objeto de políticas públicas intermitentes, no existen políticas de Estado que trasciendan a una gestión gubernamental, e inclusive a la gestión del titular de un Ministerio que garanticen la continuidad hasta la medición de resultados de las medidas que se adoptan para encarar los temas de salud, educación, empleo, seguridad social y otras. El Mecanismo estatal para el seguimiento de las políticas de género que actualmente se denomina Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales, carece de un nivel aceptable de institucionalidad y su ubicación en el aparato estatal es sistemáticamente modificado2
La precarización del empleo femenino sigue una tendencia ascendente con la agravante del incremento del número de niñas que se incorporan a los trabajos mal sanos, al comercio informal, el servicio doméstico o son objeto de tráfico y trata con fines de explotación sexual, aspectos sobre los que el Estado no cuenta con estadísticas que permitan medir la verdadera dimensión del problema. Según el último informe del PNUD el 64 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) esta inserta en el comercio informal.
El año 2006 Bolivia asumió el reto de dotarse de una nueva Constitución Política del Estado a través de una Asamblea Constituyente. Una vez instalada la Asamblea Constituyente de acuerdo a la Ley de Convocatoria 3364 de 6 de marzo de 2006, en el momento de la elaboración del Reglamento Interno surgieron problemas que poco a poco fueron minando su trabajo creándose situaciones de polarización política y crispación social que retrazaban sistemáticamente el desarrollo de sus actividades al extremo que fue necesaria la aprobación de una Ley Complementaria (Nº 3728 de 4 de agosto de 2007) para ampliar el plazo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
Posteriormente, en fecha 28 de noviembre de 2007, previo cerco al edificio del Congreso de organizaciones afines al gobierno para evitar el ingreso de parlamentarios de la oposición, en sesiones marcadas por la violencia y el atropello a los reglamentos internos de las cámaras legislativas, el Poder Legislativo aprobó la Ley 3792 que modifica la Ley de Convocatoria y faculta a la Presidenta de la Asamblea Constituyente a cambiar la sede de la Asamblea y sesionar en cualquier lugar del territorio nacional. Respaldada en dicha Ley, inmediatamente la directiva de la Asamblea convocó a sesionar en horas de la madrugada en la ciudad de Oruro donde se produjo nuevamente el cerco para evitar el ingreso de asambleístas no identificados con el esquema de gobierno. De esta manera en una sesión en la que se dejaron de lado las normas contenidas en su reglamento se procedió a la aprobación del nuevo texto constitucional para su puesta en consulta en referéndum.
Las irregularidades denunciadas a lo largo del proceso de la Nueva Constitución Política del Estado al no ser respondidas con claridad por la Directiva de la Asamblea provocaron la profundización de la crisis política que Bolivia vive hasta la fecha, con grave riesgo de enfrentamientos entre regiones y entre sectores sociales.
Producto del trabajo intermitente de las comisiones de la Asamblea Constituyente, lo que se tiene aprobado por unanimidad, y en algunos casos por mayoría, es la parte dogmática del Proyecto de Constitución que incluye casi la totalidad de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en los respectivos tratados, así como los derechos de las mujeres, los niños/niñas, adultos/as mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y otros. Lamentablemente, al encontrarse con serios cuestionamientos el proceso de aprobación de lo que el gobierno llama la “Nueva Constitución Política del Estado” la legitimidad de lo avanzado corre riesgo de ser afectada por el rechazo a la propuesta gubernamental.
Parte II
EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHO ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN BOLIVIA
Derecho de la Mujer a la Igualdad. (Art. 3º)


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