Codigo administrativo del estado de mexico



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Toluca de Lerdo, México, de septiembre de 2001.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA

H. LIV LEGISLATURA DEL ESTADO PRESENTES
En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de Código Administrativo del Estado de México, que tiene como fundamento la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005 es el instrumento de planeación, resultado de la consulta ciudadana, expresión del conocimiento de los problemas del Estado, de sus regiones, ciudades y comunidades, y de las fuerzas y oportunidades de su gran potencial humano.
El Plan orienta sus objetivos, políticas y estrategias con una visión de largo plazo para asegurar que las futuras generaciones tengan acceso a mejores condiciones de vida en el marco del estado de derecho y la participación democrática. Su contenido político y programático descansa en ocho ejes rectores del desarrollo del Estado, como respuesta a las prioridades señaladas por la sociedad.
La modernización integral de la administración pública es uno de los ejes rectores, que se sustenta en la convicción de que la gestión administrativa debe satisfacer las necesidades y expectativas de la población, basado en indicadores de desempeño, a partir de la desregulación, simplificación administrativa y la profesionalización de los servidores públicos, para tener un gobierno que ofrezca una gestión pública eficiente y eficaz en las áreas sustantivas y de atención directa a la ciudadanía.
La multiplicidad de leyes administrativas, en muchos casos anacrónicas, dificultan su cabal conocimiento y debida observancia por parte de los destinatarios de la norma, y propicia falta de sistematización y congruencia del marco jurídico. Por ello, el Plan de Desarrollo propone una revisión integral de la legislación administrativa vigente en la entidad, para obtener su codificación, simplificación y modernización.
La codificación consiste en dar unidad y sistematización a las instituciones y principios jurídicos en cuerpos legislativos, en los que se compilen normas regulatorias de materias afines, que permitan una mayor certeza jurídica y un fácil manejo de la ley, reduciendo a su máxima expresión el universo legislativo del Estado.
La simplificación supone que las leyes deben contener solamente las normas indispensables que se relacionen con los objetivos y fines que se persigan, dejando a los reglamentos la tarea de dar operatividad a los mismos; eliminar los trámites administrativos innecesarios, para dar mayor eficiencia y eficacia a los actos de la administración pública, certeza jurídica a los destinatarios de la norma y promover el desarrollo económico del Estado.
La modernización significa contar con una legislación administrativa actual, depurada y adecuada a las condiciones del entorno; una normatividad más técnica, pero con sentido humano; una regulación más simplificada y comprensiva para la población a la que va dirigida.
El derecho administrativo se ha transformado a lo largo del siglo pasado en la rama jurídica que más aspectos del quehacer social regula. A medida que la sociedad contemporánea se desarrolla en lo cultural, tecnológico y científico, se vuelven más complejas las relaciones económicas y políticas; la legislación administrativa aumenta en esa misma proporción su injerencia en la vida social.


CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO



El incremento de las actividades sociales jurídicamente reguladas, ha provocado una abundante producción de reglas de derecho, cuyo resultado ha sido una gran diversidad de normas dispersas dentro de un sinnúmero de ordenamientos.


La diversificación acelerada del derecho administrativo ha provocado una complicación y un desmesurado crecimiento de los ordenamientos jurídicos en esta materia; y la ausencia de un código administrativo ha propiciado dispersión e incongruencia legislativa, duplicación de normas, contradicción de textos, indefinición normativa y falta de certeza jurídica tanto en la actuación administrativa, como en la observancia de la ley por parte de los gobernados.
Por las razones expuestas, el Ejecutivo a mi cargo considera de la mayor importancia para la vida institucional de la entidad, contar con un texto único que codifique los principios generales y los ordenamientos que regulan la actividad administrativa en cada materia, estableciendo normas claras y sencillas que rijan la actuación de la administración pública y los deberes de los particulares, de manera que la ley constituya un instrumento eficaz para fortalecer el estado de derecho.
Ciertamente, la codificación de la legislación administrativa implica un alto grado de dificultad, por su amplitud y contenido dinámico. Sin embargo, ante la impostergable necesidad de disponer de un ordenamiento sistemático y unificado que permita al Estado de México avanzar hacia la modernidad y perfeccionamiento de las normas jurídicas, para garantizar la legalidad de la función administrativa, fue necesario enfrentar el reto, asumiendo la tarea de realizar un análisis integral del marco normativo que rige la actuación administrativa, para valorar su eficacia, suficiencia, propiedad y conveniencia.
Del ejercicio anterior, se desprendieron los elementos que determinaron la viabilidad de la codificación administrativa y la forma de estructurar un instrumento cuyo contenido responda a las aspiraciones sociales del nuevo siglo y se sitúe a la altura de la sólida tradición jurídica del Estado de México.
La presente iniciativa de código administrativo se elaboró con base en la metodología siguiente:
Se hizo un análisis sistemático de la legislación administrativa, partiendo de la identificación de las instituciones que en ella se contienen y de aquellas figuras afines o próximas contenidas en la diversidad de ordenamientos, para determinar la composición temática de la codificación.
Se precisaron los marcos jurídicos individuales de las distintas dependencias y organismos descentralizados, ordenándolos sectorialmente, para regular la función de los agentes de la administración pública de manera sistemática por materia y por sector.
Se procuró dar un paso adelante sobre el conocimiento de la realidad concreta y material, para profundizar en la realidad formal y en la situación que guarda la legislación vigente con respecto a los elementos conceptuales del universo que pretende normarse.
Se elaboró la iniciativa en el contexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la unidad y congruencia del marco jurídico de la entidad con el sistema normativo mexicano, y de manera destacada se procedió a la adecuación de las previsiones legales vinculadas con las materias reguladas por el nuevo artículo 115 Constitucional.
Se delimitó el ámbito legislativo del Estado, para no incurrir en invasión de competencias en materias exclusivas de la Federación y de los municipios; en el marco de la concurrencia legislativa, se procuró

ser creativo pero siempre con sujeción a las reglas de distribución de competencias establecidas por las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión; y se actuó con toda libertad y amplitud en las materias reservadas por la Constitución a las entidades federativas.


Se definieron y precisaron las materias susceptibles de reglamentar, para establecer en la ley las normas relativas a su objeto, autoridades, atribuciones y obligaciones de los particulares, dejando al reglamento la tarea de dar operatividad a los mismos.
Se procuró formular normas jurídicas completas, tratando de no omitir la regulación de los aspectos fundamentales de las distintas materias que se codifican, para evitar vacíos normativos que serían necesario corregir a través de ulteriores reformas, generándose así una labor legislativa innecesaria.
Se intentó dar unidad y congruencia a los ordenamientos que se codifican, para evitar contradicciones y no aplicar soluciones diferentes a hipótesis que requieran similar tratamiento.
Se trató de regular con precisión la competencia de los órganos administrativos, para que cuenten con la autoridad que sustenten sus actos y evitar cualquier invasión de atribuciones o incidencia en campos reservados a otras dependencias u organismos.
Se ponderó la creación de nuevos órganos, utilizando preferentemente los existentes, reestructurando o redefiniendo sus atribuciones, en algunos casos, para evitar el crecimiento innecesario de las estructuras administrativas.
Se cuidó que el código contenga solamente las normas necesarias que se relacionen con los objetivos y fines de la ley, para no regular más de una vez una misma situación y expresar el sentido de las disposiciones con el menor número de palabras, abandonándose la práctica de reiterar en la ley local disposiciones de las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, en las materias concurrentes.
Se introduce como elemento innovador la estructura del articulado con dos dígitos, el primero de ellos permite identificar el libro al que pertenecen; y, el segundo, determina el orden progresivo de los artículos de cada libro, de manera que cuando se adicione uno de los libros no sea necesario recorrer la numeración de los subsiguientes.
La presente iniciativa de código administrativo consta de una parte general y de otra especial.
En la primera parte se establecen los principios generales y las prevenciones de aplicación común a los ordenamientos que se codifican; y, en la segunda, se contiene la recopilación sistematizada de las leyes que presiden la actividad administrativa, agrupadas por materias y sectores de las entidades de la administración pública estatal.
En la parte especial se compendian los ordenamientos siguientes: Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de México.

Ley sobre la Fabricación, Uso, Venta, Transporte y Almacenamiento de Artículos Pirotécnicos en el Estado de México.


Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México. Ley de Parques Estatales y Municipales.

Ley del Mérito Civil del Estado de México. Ley de Salud del Estado de México.

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México.
Ley que Crea el Instituto Mexiquense de Cultura.
Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado de México.
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE).
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México.
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México.
Ley para el Fomento Económico del Estado de México. Ley Agrícola y Forestal del Estado de México.

Ley de Fomento Ganadero del Estado de México.


Ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado de México. Ley de Educación del Estado de México.

Ley para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de México.


Ley de Protección del Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México. Ley de Turismo del Estado de México.

Destaca de la parte especial, el señalamiento expreso que se hace de la finalidad de las normas jurídicas sistematizadas en cada uno de los libros, lo cual aparte de ser un componente novedoso, resulta de gran importancia para la correcta interpretación y aplicación del texto legal, y un elemento indispensable para determinar la invalidez de los actos de las autoridades administrativas que incurran en desvío de poder.


Asimismo, de la parte especial sobresale el establecimiento por sector de los sistemas estatales de información y de los registros estatales de las materias que se codifican, lo que permitirá al Estado garantizar el derecho de los gobernados a la información, y a la administración pública dar certeza jurídica a su actuación.
El código administrativo que se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo, se compone de los libros siguientes:


Libro Primero.

Parte general.



Libro Segundo.

De la salud.

Libro Tercero.

De la educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica, cultura, deporte, juventud y mérito civil.

Libro Cuarto.

De la conservación ecológica y protección al ambiente.

Libro Quinto.

Del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población.

Libro Sexto.

De la protección civil.

Libro Séptimo.

De la infraestructura vial y transporte.

Libro Octavo.

Del tránsito y estacionamientos de servicio al público.

Libro Noveno.

Del fomento y desarrollo agropecuario, acuícola y forestal.

Libro Décimo.

Del fomento económico.

Libro Décimo Primero.

De la protección e integración al desarrollo de las personas con capacidades diferentes.

Destacan de la iniciativa de código administrativo los aspectos siguientes:


En el Libro Primero, se establecen disposiciones relativas al acto administrativo, precisándose su concepto, elementos de validez, eficacia, invalidez y extinción. Por razones de técnica legislativa, se reubican en este apartado las causas de invalidez consignadas en el artículo 274 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que se propone la derogación de este precepto legal en la iniciativa que por separado me permito presentar a esa Soberanía Popular.
Por razones de elemental justicia, se establece una excepción al principio de derecho conforme al cual la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, facultándose a la autoridad para no sancionar a las personas que por su notorio atraso intelectual, pobreza extrema, marginación social o condición indígena ignoren las obligaciones que les impone la ley administrativa.
Para impulsar el desarrollo social y económico del Estado, se incorporan al texto legal la obligación de las administraciones públicas estatal y municipales de llevar a cabo un proceso continuo de mejora regulatoria, así como los registros estatal y municipal de trámites y el sistema de apertura rápida de empresas y de la atención a la actividad empresarial.
Se señala la facultad de las autoridades administrativas para expedir normas técnicas, se precisa su concepto y el procedimiento para su elaboración.
Se introduce la figura del tercero autorizado, como aquella persona física o moral que cuenta con autorización de la autoridad administrativa, para realizar actividades y actos regulados por la ley que no correspondan a actos de molestia.
Por primera vez, se fijan las bases normativas para regular los convenios y acuerdos que celebra la administración pública estatal y municipal, estableciendo su clasificación, denominación, objeto y requisitos, para dar orden, certidumbre y uniformidad a la función administrativa en esta materia.

Se reconoce el derecho de los gobernados para que las autoridades administrativas proporcionen a quienes lo soliciten la información de que dispongan, salvo en los casos en que pueda afectarse la seguridad pública o la seguridad personal de un tercero o exista alguna prohibición legal.


Se concede acción popular para la denuncia ante las autoridades, de hechos, actos u omisiones que constituyan infracción a las disposiciones que se codifican.
En el Libro Segundo, se delimitan de manera sistemática los ámbitos de competencia de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud del Estado de México, para precisar sus respectivos marcos de actuación.
Para dar mayor certeza jurídica, se incorporan al texto legal, las normas relativas a la integración y funcionamiento del Consejo de Salud del Estado de México y de la Comisión de Arbitraje Médico, esta última como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con atribuciones para resolver los conflictos que se susciten entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos.
Se propone la creación del Instituto Materno Infantil del Estado de México y del Centro Estatal de Trasplantes.
El primero, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá por objeto la investigación científica y tecnológica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, en las áreas de ginecología, obstetricia, pediatría y estomatología.
Y, el segundo, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con facultades de decisión y vigilancia en la asignación de órganos, tejidos y células.
En el Libro Tercero, se regula la actuación de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, y la de los organismos públicos descentralizados de carácter estatal del sector educación, vinculados con la cultura, ciencia, tecnología, deporte e instalaciones educativas.
Se redefine el ámbito de atribuciones de las autoridades educativas, ampliando las facultades de los municipios.
Se establece la presea de “Honor Estado de México” para reconocer anualmente a los profesionistas al servicio de la educación que se distingan en grado eminente por su eficiencia, constancia y méritos profesionales en el servicio de la educación pública.
Se actualizan las disposiciones relativas al ejercicio profesional, estableciendo un nuevo marco jurídico para regular la actividad de los profesionistas, la constitución y derechos de sus asociaciones.
Se incorporan al texto legal el Instituto Mexiquense de la Juventud y el Comité de Instalaciones Educativas.
El primero como un organismo público descentralizado de carácter estatal con atribuciones para formular planes, programas y ejecutar acciones que garanticen el desarrollo integral de la juventud.
Y el segundo como un organismo público descentralizado de carácter estatal con atribuciones para planear y programar la construcción, reparación, mantenimiento, habilitación y equipamiento de la infraestructura educativa.

Se amplía el catálogo de modalidades y denominaciones de la presea “Estado de México”, para establecer la de Pedagogía y Docencia “Agustín González Plata”.


En el Libro Cuarto, se establece el Consejo Consultivo de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente del Estado de México, como un órgano de consulta y opinión para realizar acciones de concertación entre los sectores público, social y privado.
Se propone la creación del Centro Geomático Ambiental como un instrumento complementario del Sistema Estatal de Información Ambiental y del Registro Estatal Ambiental.
Se reconoce en el texto de la ley el derecho específico a la información ambiental, conforme al cual las autoridades de ecología están obligadas a proporcionar la información que tengan a su disposición, a quienes se lo soliciten.
Se precisan las reglas para la preservación, manejo y desarrollo de las áreas naturales protegidas, y se establecen los requisitos que deben contener los programas de manejo de dichas áreas.
Se establecen las previsiones necesarias para regular las actividades riesgosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, la actividad de los proveedores de equipos y los servicios de verificación, así como la actuación de los terceros interesados en materia ambiental, colmándose el vacío legal de la normatividad vigente en estas materias.
Se amplían las atribuciones de las autoridades de ecología, facultándolas para imponer medidas de seguridad en los casos de operación indebida de programas de cómputo y equipo que alteren la verificación vehicular que propicien la circulación de vehículos con emisiones contaminantes fuera de la norma.
Se propone crear la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Ecología, con autonomía técnica y administrativa, dotado de atribuciones para procurar, vigilar y difundir el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al ámbito estatal.
En el Libro Quinto, se redefinen los ámbitos de competencia de las autoridades estatales y municipales, para transferir a estas últimas las nuevas funciones que les atribuye el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, se consignan las atribuciones de los municipios para expedir licencias de uso del suelo y autorizar los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad de su aprovechamiento y de la altura máxima permitida.
Se establece el dictamen de impacto regional, como un requisito para obtener la autorización municipal, tratándose de usos que produzcan un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un centro de población en relación con su entorno regional.
La figura del fraccionamiento ha evolucionado a la del conjunto urbano, por lo que se suprime para regular con mayor precisión esta última.
Se reestructura el sistema estatal de planes de desarrollo urbano, y al efecto se sustituyen los planes regionales metropolitanos por los regionales, con el propósito de integrar en estos instrumentos, regiones ubicadas fuera de las zonas metropolitanas; se suprimen los planes de centros de población

estratégicos; y se faculta al Ejecutivo del Estado y a los municipios para que, en el ámbito de su competencia, formulen, aprueben y modifiquen sus respectivos planes.


Se propone la creación de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, como un órgano técnico de coordinación interinstitucional, encargado de dictaminar, en forma colegiada, la viabilidad de proyectos inmobiliarios, con la participación y corresponsabilidad de dependencias y organismos federales, estatales y municipales.
Se incorporan normas básicas para regular las conurbaciones y zonas metropolitanas.
Se redefine la tipología de los conjuntos urbanos habitacionales para adecuarla a la prevista por el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y a la normatividad de los organismos nacionales de vivienda.
En el Libro Sexto, se adecuan las disposiciones de orden estatal a las de la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo transitorio del citado ordenamiento federal.
Se reestructuran los sistemas estatal y municipales de protección civil, para integrar a las unidades internas de los órganos públicos y de los sectores social y privado.
Se establece la coordinación ejecutiva del sistema estatal de protección civil, la que estará a cargo del Secretario General de Gobierno, señalándose las atribuciones con las que contará para dar operatividad al sistema.
Se puntualiza la naturaleza y objeto del consejo estatal de protección civil con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines del sistema estatal.
Se señalan los derechos y obligaciones de los grupos voluntarios para dar certidumbre jurídica a la participación de los particulares en los sistemas estatal y municipales de protección civil.
Se otorgan facultades expresas a las autoridades de protección civil para emitir autorizaciones, dictámenes y realizar registros, para asegurar la legalidad de la función administrativa y el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los particulares.
Se sistematizan las normas relativas a la expedición de las declaratorias de emergencia y desastre, precisándose su objeto y finalidad.
Se amplía el catálogo de medidas de seguridad que pueden imponer las autoridades de protección civil en los casos de riesgo inminente, para incluir la desocupación de inmuebles, el aseguramiento y destrucción de objetos y el aislamiento de áreas afectadas.
En el Libro Séptimo, se regula la infraestructura vial de competencia estatal y municipal, así como el transporte de personas y objetos que se realiza en aquella infraestructura.
Se establecen las autoridades y las atribuciones que les corresponden en las materias de este libro.
Se define a la infraestructura vial como el conjunto de vías jerarquizadas que facilitan la comunicación entre las diferentes áreas de la actividad económica.
Se clasifica a la infraestructura en primaria y local. La primera, es aquella que está integrada por carreteras, pasos vehiculares, avenidas, calzadas y calles que comunican a dos o más municipios de

la entidad, así como las que comuniquen a instalaciones estratégicas estatales; y, la segunda, es la integrada por pasos vehiculares, avenidas, calzadas, calles y cerradas que permiten la comunicación al interior del municipio y la integración con la red vial primaria.


Se regula el régimen jurídico de las concesiones y permisos en materia de infraestructura vial.
Se precisa que Junta de Caminos del Estado de México tendrá por objeto la planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura vial primaria libre de peaje.
Se incorpora al texto legal el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con atribuciones para coordinar programas y acciones relacionados con la infraestructura vial primaria de cuota, así como para apoyar al Gobierno del Estado en el trámite de solicitudes de concesiones y permisos ante las autoridades federales, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles.
Se previene que los municipios tendrán a su cargo las facultades relativas a la infraestructura vial local.
Se redefine la clasificación del transporte, se señalan las obligaciones de los conductores de las unidades del transporte, y se mejora la regulación del régimen jurídico de las concesiones, permisos y autorizaciones en esta materia.
Se establecen disposiciones de aplicación común a la infraestructura vial y al transporte, en materia de concesiones y permisos, previéndose la forma de su terminación y las causas de su revocación.
Se sistematizan las normas relativas a infracciones, sanciones y medidas de seguridad; se establecen sanciones exclusivas para cada una de las materias que regula este libro; y se señalan algunos casos específicos de infracciones y sanciones en materia de transporte.
En el Libro Octavo, se regula el tránsito de vehículos, personas y objetos que se realiza en la infraestructura vial primaria y local, así como el establecimiento de estacionamientos de servicio al público.
Se señala que son autoridades en materia de tránsito la Secretaría General de Gobierno y los municipios; y, que corresponde a la primera, ejercer las atribuciones relativas al tránsito en la infraestructura vial primaria, y a los segundos, el ejercicio de las funciones del tránsito en la infraestructura vial local.
Se reconoce el derecho de las personas de transitar en la infraestructura vial, con las limitaciones que se disponen en este libro y las que se deriven de su reglamentación.
Se establece el contenido mínimo que debe prever la reglamentación de tránsito, para garantizar la uniformidad de las disposiciones administrativas de observancia general en esta materia y dar seguridad y certeza a los destinatarios de la norma jurídica.
Se determinan los requisitos que deben satisfacer los vehículos para transitar en la infraestructura vial, se establecen las prohibiciones y restricciones del tránsito vehicular, y se amplían las obligaciones a cargo de los conductores.

Se norma el establecimiento de los estacionamientos de servicio al público, se confiere a los municipios la facultad de otorgar los permisos correspondientes, y se consigna la obligación de los permisionarios de responder por los daños que se ocasionen a las personas y a los vehículos.


Se regulan las infracciones y sanciones en las materias de este libro, y se señalan de manera expresa los casos en los que las autoridades de tránsito están facultadas para ordenar el retiro de la vía pública de vehículos, retener la tarjeta de circulación, la licencia del conductor o la placa de matriculación, y detener la marcha de un vehículo.
En el Libro Noveno, se regula el fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales del Estado.
Se enfatiza que las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales deberán orientarse al establecimiento de una cultura de conservación y restauración de los recursos naturales, para apoyar el desarrollo sustentable del Estado.
Se amplían las acciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para impulsar la producción y transformación, a través de la innovación tecnológica, de las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales.
Se sientan las bases normativas para que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario promueva e impulse acciones de comercialización de los productos agropecuarios, acuícolas y forestales del Estado.
Se establecen reglas para el otorgamiento de apoyos y estímulos a los productores, y se señalan infracciones y sanciones en esta materia, para garantizar que los apoyos y estímulos se destinen a los fines para los que fueron autorizados.
En el Libro Décimo, se regula el fomento de las actividades económicas, entendiéndose por éstas, aquellas que tienen por objeto extraer, producir, transformar, industrializar o comercializar recursos, bienes o servicios.
Se propone la creación de los consejos consultivos económicos regionales, para que las distintas regiones económicas del Estado cuenten exprofesamente, con un órgano técnico de consulta para la promoción de las actividades económicas y el impulso del desarrollo regional de la entidad.
Se sistematizan las actividades de promoción para el impulso y establecimiento de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a cargo del sector desarrollo económico.
Se explicitan las materias que pueden ser objeto de regulación a través de normas técnicas que expida la Secretaría de Desarrollo Económico.
Se incorpora al texto legal el Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con atribuciones para impulsar el desarrollo minero en la entidad y realizar estudios geológicos aplicados a la actividad minera y a la geología ambiental.
Se simplifica la normatividad aplicable a las zonas de interés turístico, comprendiendo dentro de éstas a las de destino turístico.
En el Libro Décimo Primero se regulan los servicios y las acciones a cargo del Estado en favor de las personas con capacidades diferentes.

Se establece un nuevo marco de autoridades y competencias, para que el Estado cumpla cabalmente con la finalidad de la ley, que es la de procurar el desarrollo personal y la integración plena a la sociedad de las personas con capacidades diferentes.


En este contexto, se propone que corresponda al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, normar y coordinar las actividades relativas a la rehabilitación e integración social y prevención de la discapacidad y al Consejo Estatal para la Protección de las Personas con Capacidades Diferentes y su Integración al Desarrollo Social, las funciones de gestión, coordinación y promoción de programas que faciliten la incorporación de personas con capacidades diferentes a la sociedad en condiciones de igualdad.
El Gobernador del Estado considera por último que el contenido del código administrativo no se agota con la temática de los ordenamientos cuya sistematización ahora se propone, por lo que en su oportunidad presentará ante ese H. Cuerpo Legislativo nueva iniciativa, para que se sumen a la codificación la totalidad de las leyes que rigen la actuación de los órganos de la administración pública.
Estos son los motivos que animaron al titular del Ejecutivo a someter a la consideración de la Soberanía Popular la presente iniciativa la que, de merecer vuestra aprobación, marcará un hito en nuestra historia legislativa, por tratarse de un código administrativo sin precedente en el sistema jurídico mexicano, y reafirmará el prestigio del marco normativo de la entidad, que es pauta y ejemplo para los estados de la federación.
Por lo expuesto se somete a la consideración de esa H. Legislatura el proyecto de código administrativo adjunto, para que, de estimarlo correcto, se apruebe en sus términos.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

ARTURO MONTIEL ROJAS (RUBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MANUEL CADENA MORALES (RUBRICA).

ARTURO MONTIEL ROJAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:



DECRETO NUMERO 41

LA H. “LIV” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO DECRETA:
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO LIBRO PRIMERO



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