Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe



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Inspección a Comisaría 1ª y al Irar de Rosario: remisión de informe

(Proyecto de comunicación – Aprobado)


SR. PRESIDENTE (Barrera).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 84.

  • Se lee:

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº 18.946 – DB), firmado por las diputadas Peralta y Gutiérrez, por el cual se solicita, atento la inspección realizada a la Comisaría 1º ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300 y al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR) por una Comisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia, disponga remitir a esta Cámara el respectivo informe con las conclusiones abordadas, y no encontrando objeciones que formular, aconseja su aprobación.

La Cámara de Diputados de la Provincia, solicita al Poder Ejecutivo, que por intermedio de la repartición que corresponda, atento la inspección realizada recientemente, a la Comisaría 1ª ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300 y al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR), por la comisión integrada por vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, jueces de Menores, ingenieros y técnicos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia con asiento en Rosario, remita el íntegro informe elaborado, como asimismo las conclusiones abordadas por la comisión, a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

Sala de Comisión, 20 de setiembre de 2007.

Lamberto – Gutiérrez – Gastaldi – Peralta – Tibaldo

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº 18.946 – DB), autoría de las diputadas Peralta y Gutiérrez, por el cual se solicita que se remita copia del informe realizado por la Comisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia en la Comisaría 1º ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300 y al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR). Y atento a los estudios realizados, las razones que dará su miembro informante y a que el proyecto cuenta con dictamen precedente de la Comisión de Derechos y Garantías, ésta ha resuelto emitir el presente dictamen con modificaciones, que a continuación se transcribe y al que aconseja se le preste aprobación.
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia, remita copia del informe y conclusiones producidas por la Comisión integrada por vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, jueces de menores, ingenieros y técnicos designados por ese órgano que inspeccionara la Comisaría 1ª de la ciudad de Rosario, ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300, y el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR).
Sala de Comisión, 26 de setiembre de 2007.

Esquivel – Meotto – Dehesa – Kilibarda – Reutemann – Lamberto – Lacava



proyecto de comunicación original

La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, que a través de la repartición que corresponda, atento la inspección realizada recientemente, a la Comisaría 1ª ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300 y al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR), por la comisión integrada por vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, jueces de menores, ingenieros y técnicos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia con asiento en Rosario, remita el íntegro informe elaborado, como asimismo las conclusiones abordadas por la comisión, a la Cámara de Diputados de la Provincia.

fundamentos de las autoras del proyecto

Señor Presidente:

El alto tribunal santafesino ordenó recientemente atento a las condiciones de detención aberrantes a la que se encuentran sometidos los jóvenes alojados en los institutos de rehabilitación de nuestra provincia, una inspección de dichas instituciones, recordemos que el IRAR ya había sido intervenido en el mes de abril de 2007, sin embargo la violación a elementales principios y normas constitucionales e internacionales vigentes contenidos en convenciones y tratados internacionales sigue subsistiendo en los institutos de alojamiento de nuestros jóvenes.

Según el informe "Privados de libertad" presentado el jueves 13 de julio de 2006 por Unicef y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en Argentina son casi 20.000 los niños y niñas que están privados de su libertad, aún, cuando esta privación supone la violación elemental de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesta en vigencia en el año 1990. Santa Fe ostenta el segundo lugar del país en cantidad de niños, niñas y jóvenes que están “institucionalizados” con el 17%, siendo la provincia de Buenos Aires, quien encabeza con el 45,2 por ciento, el total de menores de edad privados de su libertad, el derecho de los menores de edad es y ha sido abordado como un derecho menor para el cual no hay diseño eficaz y eficiente de políticas de minoridad y por ende de partidas presupuestarias suficientes, debiendo ser indispensable la prioridad ineludible de cada gobierno.

En el reclamo, realizado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario se puntualizan violaciones a los derechos previstos en la Constitución Nacional y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entre ellas, el tamaño de la celda, su falta de ventilación y baño; la ausencia de atención médica y la extensa privación de la libertad, etc.

Las condiciones expuestas constituyen como ya se expusiera precedentemente una situación de privación de la libertad que se encuentra arbitraria e inconstitucionalmente agravada, padeciendo los jóvenes alojados en todas las comisarías e institutos, condiciones infrahumanas de detención, las medidas tutelares provisorias, contempladas en el Código Procesal de Menores de Santa Fe, Ley 11.452 aún vigente, disponen el alojamiento del menor en el lugar más adecuado, estableciendo como regla general que las disposiciones contenidas en la ley deben interpretarse a favor del interés superior del menor y en el respeto de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución Provincial.

“…Los institutos de menores no son hogares para chicos que necesitan ser reeducados porque cometieron algún delito, son la respuesta edilicia de los gobiernos ante la urgente pobreza. Y, además, son ilegales. La nueva Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sancionada en abril de este año establece que en el país no debería haber institutos de menores, que el encierro no es una medida de protección, y que ‘sólo en el ámbito penal debe ser considerada una opción de último recurso y por el menor tiempo posible’. El 87 por ciento de los menores que sufren este tipo de reclusión, no cometieron ningún delito, según lo demuestra el primer relevamiento nacional sobre niños y jóvenes privados de libertad, realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Unicef.” (ahoraeducación.//BuenaFuente.com /10 de enero de 2007).

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen en el presente proyecto de comunicación

Peralta – Gutiérrez



SR. PRESIDENTE (Barrera).– En consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.



  • Resulta aprobado.


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