Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe



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Código Fiscal: Incorp. Inc. 41 al Art. 183

(Proyecto de ley – Aprobado)


SR. PRESIDENTE (Barrera).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 19.

Se lee:

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado en forma conjunta los proyectos de ley (Expte. Nº 16.704 – DB), autoría de los diputados Liberati, Qüesta, Mascheroni, Marcucci y Riestra, por el cual se incorpora el inciso 41) (exención del impuesto de sellos a los contratos de locación o sublocación destinados a vivienda), al Art. 183 del Código Fiscal de la Provincia; y (Expte. Nº 17.626 – PDP), autoría del diputado Real, por el cual se incorpora el inciso 46) “Los contratos de locaciones de inmuebles destinados a vivienda y a actividades comerciales” al Art. 183º de la Ley Nº 3.456 – Código Fiscal; y, luego de los estudios realizados, esta comisión os aconseja le prestéis aprobación al siguiente texto:


LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º.- Incorpórese como inciso nuevo al artículo 183º del Código Fiscal (t.o. 1997 y sus modificatorias) el siguiente:

“Los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda.”

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Comisión, 27 de setiembre de 2007.

Peirone – Mionis – Cecchi – Riestra – Qüesta – Marcucci

Señores diputados:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ha considerado el proyecto de ley (Expte. Nº 16.704 – DB), autoría de los diputados Liberati, Qüesta, Mascheroni, Marcucci y Riestra, por el cual se incorpora el artículo 183 del Título Tercero “Impuesto de Sellos”, Capítulo 1, del Código Fiscal de la Provincia (t.o. 1997 y sus modificatorias) como inciso 41) “Los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda” y su acum. proyecto de ley (Expte. Nº 17.626 – PDP), autoría del diputado Real, por el cual se incorpora el inciso 46 al artículo 183 de la Ley 3.456 (t.o.) Código Fiscal en su libro 2º, Título III – Impuestos de Sellos. Y atento a los estudios realizados, las razones que dará su miembro informante y a que ambos proyectos cuentan con dictamen precedente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ésta ha resuelto adherir al mismo, aconsejando su aprobación.

Sala de Comisión, 3 de octubre de 2007.

Esquivel – Meotto – Kilibarda – Lacava – Lamberto – Mascheroni – Liberati



Proyecto de ley original expte 16.704 – DB

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Exención del impuesto de sellos a los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda”



Artículo 1º.- Incorpórese al Art. 183 del Título Tercero “Impuesto de sellos”, Capítulo 1, del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe (t.o. 1997 y sus modificatorias) como inciso 41) el siguiente texto:

“Inciso 41): Los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

fundamentos de los autores del proyecto

Señor Presidente:

La problemática del acceso a la vivienda, es una delicada cuestión social que debe ser profundamente estudiada para abordar soluciones viables para los ciudadanos que la padecen.

Las encuestas realizadas por los organismos oficiales arrojan datos preocupantes sobre la dificultad de las familias de acceder a la vivienda, ya sea adquiriéndolas en propiedad o en locación.

No obstante el dinamismo del sector de la construcción en nuestra provincia, que junto a Buenos Aires y la Capital Federal concentran el mayor número de inversiones, el alza de los costos sumado a la valorización de la tierra con posterioridad a la crisis económica que dio origen a la llamada pesificación, fundamentalmente en zonas urbanas, sumado a la falta de créditos blandos, y al precio de los inmuebles que ya han recuperado el valor dólar anterior a la devaluación, margina a las personas con ingresos bajos, y aún con ingresos medios, del circuito comercial de la compra venta de unidades para vivienda familiar.

En el mercado de las locaciones sucede algo similar. A pesar del ingreso de nuevas unidades, la creciente demanda de inmuebles ha provocado la elevación del precio de los alquileres y como los ingresos personales no han crecido en la misma proporción, los ingresos provenientes ya fuera de un empleo en relación de dependencia o de tareas realizadas en forma independiente no guardan relación razonable con el gasto que implica el pago de un alquiler. “Pero lo que más preocupa es la repactación de los alquileres que registró un aumento significativo: aquellos que en diciembre de 2005 renovaron un contrato firmado dos años atrás, debieron hacerlo a valores de un 95 a 100% más”.

Si bien en 2003 los contratos aún conservaban las prácticas tradicionales de fijación de un precio que se respetaba por dos años, desde el 2004 se realizan otros tipos de acuerdos que cada seis meses o anualmente se repactan. "Los reajustes no se deben a situaciones de crisis ni por la evolución del índice de precios, sino para mejorar la rentabilidad que supone ese alquiler", explica el director del Departamento Economía del Centro de Estudios Políticos Estratégicos Americanos (Cepea), Cristian Módolo.” (Diario La Capital, 12/3/2006).

Respecto a las locaciones de vivienda debe agregarse que al momento de la celebración del contrato, a la renta mensual a pagar por el locatario deben agregarse otros gastos como la comisión de la inmobiliaria que generalmente es del 5% del total del monto del contrato más el 1,1% destinado al impuesto de sellos que recaudan las arcas provinciales, todo ello calculado sobre el canon locativo que es igual al alquiler mensual multiplicado por 24 meses. Estas sumas hacen aún más onerosa la operación.

La situación expuesta, que es pública y notoria, amerita la utilización de distintas herramientas jurídicas, económicas y sociales que, aplicadas en conjunto, tiendan a facilitar el acceso a la vivienda familiar.

Mientras debatimos sobre un plan integral, podemos recurrir a una medida fiscal simple y de fácil instrumentación, que permita aliviar mínimamente esta realidad, sin aventar los “falsos fantasmas” de la regulación estatal sobre estas cuestiones sociales.

Esta medida paliativa consiste es exceptuar del pago del Impuesto de Sellos a los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda.

La instrumentación de la medida fiscal propuesta no deviene en un gesto altruista, sino en una obligación constitucional del Estado.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional prescribe que el Estado garantizará el acceso a una vivienda digna.

Asimismo el artículo 21 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe dice: “El Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables…”.

Hablar de derecho sin una obligación correlativa deviene en una ficción. Por lo tanto en este caso, y conforme a la letra de la Constitución nacional y provincial, el derecho a acceder a una vivienda digna es una obligación a cargo del Estado.

Las normas citadas fueron el resultado de la reforma de la Constitución Nacional de 1957 y de la Constitución Provincial de 1962, elevando los derechos sociales y económicos a rango constitucional y permitiendo la incorporación al movimiento del constitucionalismo social. Estos derechos se jerarquizan además con los Tratados Internacionales que lo reconocen y que han adquirido también status constitucional con la última reforma de 1994.

Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos fundamentales y no pueden depender de la discrecionalidad del Estado. Su plena operatividad los hacen exigibles hasta el "máximo de los recursos disponibles" como establece el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ADLA, XLVI-B, 1107). Esto supone la existencia de un piso mínimo que asegure el acceso a un nivel de vida adecuado (Art. 11 del PDES y C). Asimismo, el enunciado normativo sostiene la obligación de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: alcanzado un determinado grado de reconocimiento positivo y material el Estado no puede adoptar medidas o incurrir en omisiones restrictivas.

En el campo de la eficacia de las normas constitucionales se incluye la delimitación de la obligación estatal en torno de la efectividad de esta clase de derecho fundamental. Cuando un individuo o grupo es incapaz de gozar de un derecho económico, social y cultural que titulariza, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas pertinentes para proveer la satisfacción –al menos en un estadio básico– de esa necesidad. Y mucho más en tiempos de crisis y respecto de grupos en situación de precariedad.

En cuanto a qué se entiende por vivienda, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 4, punto 7 señala: "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues la dignidad inherente a la persona humana exige que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”.

El estudio sobre el acceso a la vivienda, en cualquiera de sus modalidades, ya sea la adquisición del inmueble o la locación cobra sin duda un mayor interés en las épocas de emergencia, debido a que las necesidades sociales son mayores y las respuestas a esas necesidades son cada vez más difíciles. Sin embargo, estar en emergencia parece ser nuestra realidad y aunque digan que estamos emergiendo, las mayores cargas siempre recaen sobre los más débiles.

En consecuencia resultaría hasta obsceno ostentar un alto superávit fiscal por parte del Estado provincial y negarse a cumplir parcialmente un imperativo constitucional, resignando recaudación en beneficio de desafortunados ciudadanos que sin poder modificar las salvajes leyes del mercado inmobiliario deben someterse a contratos “cuasi leoninos” y además pagar el impuesto a la burocracia provincial.

Por todo lo precedentemente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Liberati – Mascheroni – Qüesta – Marcucci – Riestra



Proyecto de ley original expte. 17.626 – PDP

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de

Ley:

Artículo 1º.- Incorpórese al Art. Nº 183 de la Ley Nº 3.456 (t.o.) Código Fiscal en su Libro 2º, Título III, Impuestos de Sellos:

“Inc. 46).- Los contratos de locaciones de inmuebles destinados a vivienda y a actividades comerciales”.

Artículo 2º .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

fundamentos del autor del proyecto

Señor Presidente:

La situación de preocupación que se vive en amplios sectores sociales a consecuencia del estado de tensión provocada por el aumento de precio de las locaciones de vivienda y locales comerciales no puede ser ajeno a esta Cámara.

Consideramos que el Estado debe actuar a los fines de contribuir a moderar situaciones extremas y posibilitar soluciones a problemas locativos que se agravan todos los días de forma alarmante.

Desde siempre el Partido Demócrata Progresista ha sostenido –y hubo iniciativas legislativas en tal sentido– que en la Provincia de Santa Fe debe suprimirse definitivamente el Impuesto a los Sellos, que además de ser distorsivo coloca a los ciudadanos en el estado de desigualdad con otros estados argentinos que desde hace tiempo, lisa y llanamente lo han abolido.

Pero no es nuestro propósito en esta circunstancia aferrarnos a una posición partidaria para pretender lograr instalar un tema que no es correspondido por el gobierno, y que por ende no puede ser aprobado.

Nuestra intención señor presidente, a la luz de la realidad económica que se dice en Santa Fe donde aumentan mensualmente los índices de recaudación y se obtienen mayores niveles de superávit fiscal que colocan en estado optimo las finanzas provinciales, es contribuir con una iniciativa legislativa a descomprimir la situación planteada al comienzo y brindar un paliativo que contribuye a impedir el agravamiento de los problemas que aquejan a los locatarios de viviendas y de pequeños y medianos comercios.

Por ello entendemos que se tornaría viable producir una modificación en el régimen impositiva provincial, derogando el Impuesto a los Sellos para contratos de locación de inmuebles y de comercios, sin que ello afecte al conjunto de las finanzas provinciales.

Por las razones expuestas y reafirmando el carácter sensible del contrato locatario, ateniéndonos a la finalidad económica y social del mismo, por su directa relación con la problemática del hábitat y del desarrollo humano, estamos convencidos que el Estado debe armonizar las políticas impositivas acordes con la actual realidad a favor de aquellos santafesinos que constituyen la parte más débil de la relación locataria.

Gabriel Real



SR. PRESIDENTE (Barrera).– En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular por constar de un solo artículo.

Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Barrera).– En consecuencia, recibe media sanción y se comunica al Senado.



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