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Tema 11: Acceso Masivo a la Salud Pública que responda a la Realidad Étnica - Aplicación del párrafo 21

  1. La CRE garantiza la universalidad de la salud y promueve el respeto a la medicina ancestral. En este sentido, el Art. 32 determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

  2. Además, en los Arts. 358, 359 y 360, determina que el Sistema Nacional de Salud reconoce la diversidad social y cultural y se guía por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional; además, señala que articulará los diferentes niveles de atención y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.

  3. El Art. 362 del mismo cuerpo constitucional establece que la atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y se garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.

  4. En este contexto, el Estado ecuatoriano, promueve el reconocimiento del sistema de salud indígena y de la medicina ancestral, como medida para la conservación y protección de saberes que forman parte de la cultura y de la diversidad nacional.

  5. El MAIS contempla la incorporación del enfoque de género en la construcción de las políticas públicas, a fin de tener una mejor comprensión de la realidad y de las vivencias, necesidades, condiciones específicas de las mujeres y las personas con identidad sexo genérica diversa, ubicando como un problema central a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sus causas y efectos en la vida social.

  6. El MSP elaboró el documento “Diagnóstico y Fortalecimiento de Interculturalidad en la Formación del Personal de Salud”, con financiamiento del proyecto BID 2431/OC-EC, que señala los lineamientos para la inclusión del enfoque intercultural en los contenidos de la carrera de Técnicos de Atención Primaria de Salud, Postgrado de Medicina Familiar Comunitaria, y para capacitación y sensibilización del personal de salud y personal administrativo del MSP, así como para las carreras que forman profesionales de la salud, con el fin de mejorar sus capacidades técnicas y humanas en la entrega de servicios con enfoque intercultural53.

  7. Además, el Estado Ecuatoriano ha promovido el acceso a servicios básicos y a la atención en Centros de Salud -en particular en zonas rurales- respondiendo a las diferencias lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas.

  8. Como un mecanismo para brindar una atención obstétrica con pertinencia cultural, se publicó la Norma Técnica de Articulación de Prácticas y Saberes de Parteras Ancestrales en el Sistema Nacional de Salud, la cual reconoce la labor realizada por las parteras ancestrales en base a parámetros construidos colectivamente desde las comunidades.

  9. En este sentido, la Dirección Nacional de Salud Intercultural del MSP impulsa la atención de partos naturales en libre posición con pertinencia intercultural, como eje fundamental de derechos y calidad en la atención de las usuarias. El parto “culturalmente adecuado” o parto “respetuoso” es una cuestión de derechos, no exclusiva para determinadas nacionalidades y/o pueblos del Ecuador. Mensualmente se registran los estándares e indicadores de parto en libre posición, a saber:

    • En todo establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Centro de Salud Tipo C) y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico), las salas de partos/UTPR estarán adecuadas para la atención del parto normal de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural.

    • Todo establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Puesto de Salud, Centro de Salud Tipo A y B) contará con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural.

    • Todo establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con el 100% de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas para la atención de parto normal de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural.

    • Todo profesional y personal del establecimiento de Salud involucrado en la atención de partos, estará sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal de bajo riesgo, en libre posición con pertinencia intercultural. En la actualidad, la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información ha registrado que existen doscientos diez (210) establecimientos de salud que atienden partos en libre posición.



Tema 12: Acceso a la Educación Intercultural que responda a la Realidad Étnica - Aplicación del párrafo 22

  1. Complementariamente a lo descrito en el tema 10, la LOEI54 y su Reglamento General55, garantizan el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso en el sistema educativo sin discriminación alguna y determinan su obligatoriedad en los niveles inicial, básico y bachillerato. En ese sentido, Ecuador ha alcanzado la universalización de la educación básica de 5 a 14 años de edad, logrando el 96% de cobertura.

  2. En cuanto a la educación superior, el Estado Ecuatoriano, en respuesta a los resultados obtenidos en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) y consciente de las necesidades de reducir las heterogeneidades en el perfil de ingreso a la universidad -en las áreas de razonamiento verbal, abstracto y numérico- ha visto la necesidad de implementar una metodología didáctica que integre estrategias de trabajo en el territorio, en torno a las tres áreas que explora el examen. En este sentido, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) ha elaborado el “Programa de Acompañamiento Nacional de Pueblos y Nacionalidades”, orientado a promocionar talleres de trabajo en el territorio, los mismos que son realizados en consideración del listado de poblaciones inscritas.

  3. Desde la implementación del SNNA, se ha puesto en marcha la política pública de democratización del acceso a Educación Superior, como una de las bases que fomenta la Revolución Educativa, a fin de alcanzar la sociedad del conocimiento, que persigue la potenciación de capacidades del talento humano con estándares de calidad, mérito, transparencia y en igualdad de oportunidades.

  4. Igualmente, se ha implementado un sistema de acción afirmativa a través de la concesión de becas dentro de la política de cuotas, dirigida a las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad frente al resto de aspirantes, para acceder a un cupo dentro de los Institutos de Educación Superior públicos. Este beneficio se otorga una vez que la persona haya rendido el ENES y su puntaje sea de al menos seiscientos uno (601), lo que la faculta a acceder a los cupos ofertados dentro de la política de cuotas en IES -cofinanciadas o autofinanciadas-. Una de las características que se toma en cuenta es la pertenencia a pueblos o nacionalidades, entre otros factores como la discapacidad, ingresos, área de vivienda (rural - urbana) y condición migratoria en el país. Es así que actualmente, 91% de los beneficiarios de esta política pertenece a pueblos y nacionalidades; así mismo, existe un incremento del 50% en el acceso de la población indígena a IES durante el año 2014, en relación con el año 2013.

  5. El SNNA ha realizado campañas comunicacionales para dar a conocer, a través de los medios de comunicación, información relevante respecto a los procesos que lleva a cabo. Sin embargo, y puesto que no todos los habitantes tienen acceso a los medios masivos, el SNNA está preparando capacitaciones en sectores rurales y en comunidades, poniendo énfasis en llegar a pueblos y nacionalidades (indígenas, afrodescendientes, montubios, etcétera). Estas capacitaciones se llevan a cabo en el marco del Programa de Acompañamiento Nacional de Pueblos y Nacionalidades, promoviendo talleres motivacionales con el objetivo de despertar el interés de los aspirantes para continuar con su formación académica superior.

  6. Estas estrategias se reflejan en el incremento en el acceso a la educación superior de las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades: entre los años 2006 y 2014, la tasa de asistencia a instituciones de educación superior aumentó en ocho puntos porcentuales, esto es del 9.3% en 2006 al 17.3% en 2014. De igual manera, la tasa de asistencia a instituciones de educación superior aumentó en cuatro puntos porcentuales, esto es de 14.1% en 2006 a 18.2%, en 2014. De la comparación por regímenes académicos, se determina que desde la implementación del SNNA el acceso a instituciones de educación superior por parte de la población afrodescendiente aumentó; es asen la toma del ENES en régimen costa hay un incremento de 60% de postulantes afrodescendientes, y en el régimen sierra, hay un incremento del 39% en la misma población (esto en los dos últimos periodos de toma del examen).

  7. En cuanto a la política de meritocracia, existe un porcentaje exclusivo del Grupo de Alto Rendimiento (GAR)56 conformado por personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. La población indígena perteneciente al GAR representó, en el año 2013, el 25% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades dentro del GAR de dicho año, incrementándose en un 26% en el año 2014, en que dicha población representó el 51% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. En cuanto a la población afroecuatoriana, esta representó el 63% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del GAR en el2013, aunque en el año 2014 el porcentaje se redujo a un 33%. Por su parte, la población montubia representó el 13% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del GAR en el año 2013, decreciendo igualmente en el año 2014, en que representaron al 11% del total de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del GAR. Periódicamente se realizan campañas informativas sobre el proceso ENES a través de los medios de comunicación masivos, lo que permite generar mayor conocimiento dentro de la población y desmitificar ciertas creencias que se han implantado en el imaginario colectivo. Además, se realizan campañas pre ENES en territorio, como parte del Programa de Acompañamiento Nacional de Pueblos y Nacionalidades, con la finalidad de informar a la población y promover su elección libre y responsable, con base en información válida.

  8. El MINEDUC, mediante oficio Nº 222-SEIM-2011 de 5 de diciembre de 2011, solicitó al CPCCS designar un representante de cada nacionalidad para la conformación del Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en concordancia con el Art. 85 de la LOEI. El CPCCS designó a catorce (14) representantes de las nacionalidades, para que participen en el proceso de elaboración de la malla curricular del Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

Tema 13: Las Múltiples Formas de Discriminación - Aplicación del párrafo 23

  1. En respuesta al párrafo 23 sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con género, el Estado ecuatoriano, a través de la CRE, consagra derechos de igualdad material y no discriminación.

  2. Asimismo, el PNBV, como instrumento de política pública que promueve la igualdad, tiene entre sus objetivos de política más relevantes, la protección y garantía de los derechos de las mujeres y personas GLBTI y la prevención y erradicación de la violencia de género.

  3. Uno de los logros más significativos radica en la creación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), dentro de los CNI, como órgano responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas GLBTI, y responsable de garantizar la igualdad de género.

  4. A través de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (ANMIG) se configuró la estrategia técnico/política más importante desde el CNIG. La Agenda fue construida con la participación activa de distintas mujeres y personas pertenecientes a grupos GLBTI. El proceso se desarrolló en dos momentos: en un primer momento se realizaron tres (3) consultas previas, siete (7) encuentros de diálogo político con alcance zonal, dos (2) encuentros nacionales -con enfoque intercultural- en la Sierra Centro y en Galápagos. En un segundo momento se ejecutaron tres (3) talleres con grupos específicos de mujeres. Estos procesos incluyeron la información recopilada en los Diálogos para el Buen Vivir, referentes al eje de igualdad de género. Los temas que se debatieron en los diálogos políticos fueron de producción, empleo y trabajo, economía del cuidado, salud, erradicación de la violencia, educación, recreación, saberes y tecnología de la información y comunicación – TIC, participación política y paridad, ambiente y recursos naturales.

  5. En cuanto a educación, los Arts. 343 y 347 de la CRE establecen que el fin del Sistema Nacional de Educación radica en el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, instituyendo como una de sus garantías, la erradicación de todas las formas de violencia en el sistema educativo, la preservación de la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes, así como el mantenimiento de un sistema intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.

  6. Dentro de marco jurisdiccional, el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en su Art. 232, determina que los jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia tienen competencia para conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía, cuando se trate de los casos previstos en la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Además, se dispone la inaplicabilidad de mediación, arbitraje o fuero especial para los casos de violencia intrafamiliar y se garantiza la defensa pública especializada para las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

  7. Por otra parte, la LOEOP regula la aplicación de la paridad entre hombres y mujeres en las listas para elecciones pluripersonales, y establece como impedimentos para ser candidato el haber ejercido violencia de género, o el haber incumplido con pagos de pensiones alimenticias. Además, como medida de acción afirmativa, la Ley dispone que en la proclamación de dignidades electas, en caso de que exista empate en el último escaño, y entre las personas que hayan empatado haya una mujer, se adjudique el escaño a esta última.

  8. La LOFL incorpora de manera transversal el enfoque de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a través de la creación de la Unidad Técnica Legislativa, cuyo objetivo es acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las Comisiones Especializadas y al Pleno de un informe no vinculante sobre temas trascendentales.

  9. La LOCPCCS, establece en su Art. 19, la garantía de paridad entre hombres y mujeres de manera alternada y secuencial, de entre los mejores puntuados dentro del concurso de méritos y oposición para su confirmación.

  10. De igual manera, el COPFP establece, en su Art. 14, que en el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad.

  11. 148. El Art. 48 de la LOSEP contempla, como causal de la destitución de servidores públicos, realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole; y, en el mismo sentido, el Código de la Democracia, determina, en su Art. 21, que para ser miembro del Consejo es indispensable haber cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género.

  12. En el campo penal, el COIP tipifica la discriminación en razón de sexo, género y orientación sexual. De igual manera, el Código tipifica los actos de odio en razón de sexo, género y/u orientación sexual y sanciona a la persona que cometa actos de este tipo, tal como se manifestó en el párrafo 73.

  13. Asimismo, el COIP contempla el delito de feminicidio y sus agravantes, en los Art. 141 y 14257 respectivamente, y la inclusión de un nuevo tipo penal de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, como delito y contravención, el mismo que será sustanciado a futuro en un procedimiento especial y expedito, que permita a los administradores de justicia actuar en forma célere, oportuna y eficaz.

  14. En el COIP se incluye, como agravante de varios delitos, el hecho de que la víctima sea menor de 18 años, mayor de 65, mujer embarazada, una persona con discapacidad, o una persona que padezca de enfermedades que comprometan su vida. Entre otros delitos que contemplan este agravante están el acoso sexual, el abuso sexual, la violación, y otros relacionados con violencia sexual.

  15. De igual manera, en el COIP se establece la inadmisibilidad de la caución en aquellos delitos en los que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultas mayores. Igualmente, la caución será inadmitida en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar58.

  16. Entendiendo que el acceso a la justicia es una arista fundamental en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, a través de la Unidad de Atención al Público, de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trabaja conjuntamente con la Unidad de Peritaje Integral, para que en caso de delitos sexuales se reduzca el tiempo de recepción de denuncias y de elaboración de peritajes, debido a que todos estos servicios se concentran en un mismo lugar. Además, en todo el proceso, existe el acompañamiento profesional a la víctima por parte de médicos, sicólogos y trabajadores sociales. Para la plena vigencia del COIP, se formularon, con la participación de operadores de justicia, organismos de la función judicial, FGE, MSP y Medicina Legal de la Policía Judicial, los siguientes protocolos estandarizados:

    • Protocolo para peritajes forenses médico legal de infracciones penales relacionadas con violencia intrafamiliar, delitos sexuales y lesiones, cuando la vida de la víctima no corre riesgo por las lesiones;

    • Norma técnica para la prueba de ADN en Ecuador;

    • Formulario de consentimiento informado y pericia forense de psicología para niñez y adolescencia, personas adultas e informe de evaluación forense;

    • Formulario de consentimiento informado y pericia forense de Trabajo Social;

    • Norma de procedimiento de Cámara de Gessel; instructivo y pericia;

    • Protocolo entrevista única para víctimas intervención psicológica;

    • Protocolo de recepción de testimonio anticipado en Cámara de Gessel; y,

    • Protocolo para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, utilizado por ONU Mujeres para casos de feminicidio.



  1. Desde el mes de julio de 2015 se crearon Unidades Especializadas en Violencia de Género (UEVG), con el objetivo de aplicar procedimientos de investigación especializada de delitos como el feminicidio y delitos contra la integridad sexual, receptando testimonios anticipados y realizándose peritajes forenses, médicos legales y psicológicos.

  2. En el proceso de transformación del Sistema de Justicia, el Estado ecuatoriano avanza en la implementación de Unidades Judiciales contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, así como en el diseño de protocolos de atención para evitar que exista una revictimización de las mujeres que acceden al sistema judicial. Las Unidades Judiciales se orientan a dar atención a la violencia que sufren las personas en el ámbito de la familia, y están conformadas por un equipo interdisciplinario que incluye médicos/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales. En el año 2013 se instalaron veintitrés (23) unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en dieciocho (18) provincias. En este sentido, la normativa y reglamento que se aplican es la siguiente:

    • Protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, (Resolución 154-2014)

  1. Reglamento de actuaciones judiciales por hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, (Resolución 172-2014). El principio que sustenta los protocolos se basa en la víctima como sujeto central de derechos, merecedora de una tutela judicial efectiva, específica, multidisciplinaria y de protección integral en todos los pasos del proceso judicial. De igual manera, se establece la transversalidad de los enfoques de derechos humanos, género, intergeneracional, interculturalidad, atención integral, y equidad y no discriminación en la gestión procesal y los modelos de actuación definidos para cada una de las etapas de atención especializada de las unidades judiciales.

  2. Desde el año 2007, se cuenta con una política de Estado de erradicación de la violencia, que nace con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG), y que refuerza el rol del Estado y garantiza una vida libre de violencia a mujeres en los distintos ciclos de su vida. El PNEVG ha promovido un trabajo de coordinación interinstitucional para avanzar hacia la prevención, sanción y eliminación de la violencia de género. Entre sus ejes estratégicos están la transformación de patrones socioculturales, la implementación de un sistema de protección integral y el acceso a la justicia.

  3. El Sistema de Protección Integral ha priorizado la creación e implementación de casas de acogida y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil y bajo la tutela del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

  4. Asimismo, se crearon Centros de Protección de Derechos para receptar denuncias, conocer y brindar asistencia legal, social y psicológica en casos de vulneración de derechos a mujeres, NNA.

  5. Por otra parte, en el marco del programa de atención integral a la violencia basada en el género, se han creado salas de primera acogida para víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar en hospitales públicos, a fin de dar atención integral y especializada de carácter médico, psicológico, social, e incluso y jurídico, con calidad y calidez, a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.

  6. Se crearon quince (15) salas de primera acogida, ubicadas en las salas de emergencia de los hospitales, y cuentan con un profesional médico/a, un/a psicólogo/a, y un/a trabajador/a social. En el año 2013 se atendió a nivel nacional a un total de catorce mil (14.000) personas víctimas de violencia de género, y, en el año 2014, se reporta la atención a veinte y cuatro mil trescientos dos (24.302) personas.

  7. En lo referente a la actualización de la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género, se cuenta con un protocolo de atención de pericias en casos de delitos sexuales (coordinado con la FGE), que se aplica igualmente en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

  8. Al igual que lo expuesto en el tema de Acceso Masivo a la Salud Pública, el MAIS, como estrategia de servicios, tiene como fin promover el trato igualitario y no discriminatorio y garantizar la atención integral a víctimas de violencia de género. Para la correcta aplicación de la Estrategia se están implementando las siguientes unidades y centros especializados:

    • La unidad de emergencia del centro que cuente con el equipamiento mínimo para atender casos de violencia sexual y/o violencia de género;

    • La unidad de emergencia del centro que cuente con un espacio reservado para brindar atención médica a posibles víctimas de violencia de género y violencia sexual;

    • El centro de salud que cuente con la Norma Técnica de Atención Integral de Violencia de Género; y,

    • El centro de salud que cuente con atención psicológica para la atención, contención y seguimiento a las víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.



  1. La Subdirección de Género del Consejo de la Judicatura tiene entre sus atribuciones las de impulsar procesos de asesoría y proponer insumos de capacitación para la transversalización del enfoque de género en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y autónomos. En este marco, durante el proceso de difusión de los protocolos para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, se pone especial atención a los principios de atención a la víctima, siendo uno de ellos el de interculturalidad.

  2. En cuanto a participación y fomento del empoderamiento de las mujeres indígenas, y con el fin de consolidar los esfuerzos enfocados para la capacitación de lideresas rurales, candidatas y autoridades electas en procesos democráticos, el CNE firmó un convenio con la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, a ser administrado por el Instituto de la Democracia. Dicho convenio contempla la elaboración de programas específicos con el objetivo de promover el fortalecimiento de las capacidades de las candidatas y mujeres autoridades rurales, de tal forma que se visibilice su presencia a nivel local y nacional. Para tal efecto, se trabaja sobre cuatro ejes: 1) Ruralidad, 2) Género en el ámbito rural, 3) Planes de trabajo y programas de gobierno, y 4) Participación política de la mujer rural.

  3. De igual forma, el CNE firmó un convenio con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, para fortalecer el ejercicio de los derechos de participación política, gestión de los procesos electorales y actividades vinculadas al ejercicio protagónico y democrático de las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanas afincadas en las parroquias rurales del territorio nacional, cuya administración está a cargo del Instituto de la Democracia y contempla como objetivos: 1) Dinamizar las relaciones institucionales, 2) Fortalecer las capacidades de los candidatos y líderes políticos, e 3) Investigar la democracia comunitaria y sus mecanismos.

  4. Con el interés de promover el desarrollo de proyectos y actividades conjuntas de capacitación, el trabajo en el marco de dicho convenio prioriza los siguientes temas:

    • Democracia comunitaria;

    • Liderazgo político y gestión pública;

    • Formación de posibles candidatos a dignidades de elección popular; y,

    • Capacitación en derechos de participación política.




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