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Tema 8: La Falta de Procesos Judiciales por Discriminación Racial - Aplicación del párrafo 18

  1. En relación con la recomendación sobre la capacitación de los tribunales nacionales para el tratamiento de casos de discriminación racial, el Estado ecuatoriano, mediante el Consejo de la Judicatura, creó la Escuela de la Función Judicial, que se encarga de la formación de todos los operadores de justicia, con carácter obligatorio al inicio de sus funciones. En la malla de formación inicial se tratan diversos temas referentes a la recomendación, a saber:

    • Principio de Igualdad: Igualdad real, formal y material

    • Principio de no discriminación

    • Principio de inclusión

    • Interculturalidad y principios

    • Pluralismo Jurídico en la administración de justicia

    • Marco normativo nacional e internacional de protección de la justicia indígena en el Ecuador.



  1. A través de la Policía Nacional se estableció un Programa de Capacitación Integral Continua (PCIC) en las provincias de Cotopaxi, Manabí, Guayas y Tungurahua. Así, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 060 de la Política Pública del Plan Plurinacionalidad para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, todos los rangos son capacitados en temas como: Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas Montubios y Afrodescendientes; Plurinacionalidad e Interculturalidad, Justicia Indígena; Derecho Constitucional y Movimientos Indígenas, Montubios y Afroecuatorianos; Garantías y Violaciones de los Derechos Colectivos; Sujetos Colectivos de Derechos; Desafíos de la Interculturalidad; y, Análisis y Discusión de Casos sobre la vigencia de los Derechos Colectivos. Durante el 2014, 31.857 servidores policiales fueron capacitados.

  2. Con el fin de fortalecer los esfuerzos y asegurar un acceso igualitario a los servicios judiciales, el Art. 191 de la CRE establece la existencia de la Defensoría Pública (DP) como órgano que garantizará el pleno e igual acceso a la justicia por parte de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus intereses.

  3. Actualmente existen setecientos sesenta (760) defensores públicos, que han recibido capacitación especializada en temas de justicia indígena, pluralismo jurídico y conocimientos de la cultura indígena. La Función Judicial cuenta con cuarenta y tres (43) peritos traductores o intérpretes, y permanentemente se realizan capacitaciones al personal en la acreditación de intérpretes en diversos idiomas y en lenguas ancestrales, para la oportuna asistencia a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, así como acreditación de intérpretes en lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva.

  4. Para el acceso a los servicios de Justicia, el Consejo de la Judicatura cuenta con una Dirección cuya misión es la de desarrollar propuestas e iniciativas orientadas a promover el óptimo acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales. Está integrada por cuatro subdirecciones nacionales: Derechos Humanos, Género, Acceso a los Servicios de Justicia y Pluralismo Jurídico y de Mediación, y Justicia de Paz.

  5. Actualmente, Ecuador cuenta con el COIP47, vigente desde el 10 de agosto del 2014, el cual codifica las sanciones respectivas para delitos que atenten contra derechos individuales y colectivos de pueblos y nacionalidades. En este sentido, el Art. 176, comprendido dentro del capítulo de delitos contra el derecho a la igualdad, tipifica la discriminación como delito penado con uno a tres años de privación de libertad, entendiéndose como la acción de distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón etnia, identidad cultural, entre otros aspectos, e incrementándose la pena de tres a cinco años en caso de que el delito sea cometido por servidores públicos.

  6. Igualmente, el Art. 177 del mismo cuerpo legal tipifica el delito de odio, entendido como los actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su etnia, identidad cultural, entre otros aspectos, sancionándolo con pena de privación de libertad de uno a tres años. En el mismo sentido, el Art. 80 sanciona al delito de etnocidio con privación de libertad de dieciséis a diecinueve años, en orden con la protección de la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario. Finalmente, el Art. 82 tipifica el delito de esclavitud, penando a quien ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra persona con privación de libertad de veintidós a veintiséis años.

  7. Desde el año 2014 se han presentado cuarenta y seis (46) acciones a nivel nacional, treinta y uno (31) por presuntos delitos de discriminación y quince (15) por presuntos delitos de odio. No existen datos desglosados relativos a las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o nacionales en relación con el sistema de justicia penal; sin embargo, actualmente se está implementando el Proyecto Gestión para la formación del Consejo de la Judicatura, que tiene como objetivo estratégico la coordinación de los procesos de generación, validación, estandarización y difusión de los datos e información institucional; articulación de normativas, procedimientos y herramientas técnicas orientadas a capturar datos e información, almacenarlos, procesarlos, sistematizarlos estandarizados, validarlos, oficializarlos y distribuirlos, con el fin último de apoyar y mejorar la gestión institucional, optimizar la toma de decisiones y satisfacer las necesidades de información de clientes internos y externos a través de un portal web. El uso de esta herramienta permitirá contar con información desglosada en cuanto a los usuarios del sistema de justicia a nivel nacional.

  8. En el mes de noviembre del año 2015, se dictó sentencia contra un teniente de las Fuerzas Armadas por el delito de odio racial, cometido contra una persona afro-ecuatoriana, lo cual pone en evidencia la aplicación de sanciones contra la discriminación racial. En el país, este es el primer proceso judicial con sentencia en el ámbito de la discriminación racial, lo que sienta un importante precedente. En el año 2013 se presentó una queja a la DPE por tratos degradantes e inhumanos cometidos por un teniente a un oficial de rango inferior, mientras formaba parte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL). Tras la investigación, la DPE declaró que se vulneraron los derechos a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación por razón de etnia. El caso se judicializó en el año 2013, y se dictó orden de prisión preventiva en contra el demandado, por la presunta comisión de un delito de odio racial. En el año 2015, se dictó sentencia en su contra, imponiéndole una pena de privación de libertad de cinco meses y cuatro días, resolviéndose además que la Institución Militar pidiera disculpas públicas al demandante en una ceremonia militar especial48. El CPCCS, a través la Sub-coordinación de Control Social y la Coordinación General de Interculturalidad, observó el cumplimiento del debido proceso dentro del caso49.

Tema 9: Coordinación de la Justicia Indígena y la Ordinaria - Aplicación del párrafo 19

  1. La CRE reconoce el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, en concordancia con el reconocimiento del derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario50, derechos reafirmados en el Art. 171, que reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su Derecho propio.

  2. La Corte Constitucional, en su sentencia Nº 113-14-SEP-CC (Caso la Cocha) de 30 de julio de 2014, referente a un caso que ameritaba dirimir la competencia entre justicia ordinaria o indígena, realizó un profundo análisis respecto al ejercicio de las facultades jurisdiccionales y la competencia por parte de las autoridades indígenas, confirmando que la administración de justicia indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios.

  3. Del mismo modo, en cuanto a procesos en los que los sujetos sean miembros de pueblos y nacionalidades indígenas, la Corte Constitucional, mediante sentencia Nº 004-14-SCN-CC51 de 06 de agosto de 2014, determinó que en aras de proteger y garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, a fin de tener una adecuada y verdadera administración de justicia, se debe observar los principios con una perspectiva intercultural. De ahí que, los/as operadores de justicia están obligados a considerar la especial cosmovisión de los pueblos indígenas con respecto a todos los órdenes de la vida, incluso el juzgamiento de delitos penales.

  4. El Estado Ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, ha desarrollado el Plan de Pluralismo Jurídico, que contiene las siguientes estrategias de trabajo:

    • Proporcionar a los jueces y juezas con una herramienta técnica para el juzgamiento en el sistema penal ordinario a indígenas involucrados en delitos penales.

    • Formular una malla curricular para la capacitación a los jueces, juezas, fiscales y defensores públicos en temas de pluralismo jurídico.

    • Conocer la situación de coordinación y cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena, en las ciudades y provincias con mayor población indígena.

    • Conocer y comentar el proyecto de ley de coordinación y cooperación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena que reposa en la Asamblea Nacional.

    • Comparar las buenas prácticas con prácticas regionales, respecto a legislación y otros mecanismos de coordinación y cooperación entre las justicias ordinaria e indígena.


  1. Además, se ha trabajado en el desarrollo de un plan de capacitación para autoridades judiciales indígenas, así como en procesos de intercambio de conocimientos y saberes respecto de la administración de justicia indígena y justicia ordinaria52.

Tema 10: Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios - Aplicación del párrafo 20

  1. El Estado Ecuatoriano ha impulsado e implementado políticas públicas y de inversión a favor de la erradicación de la pobreza y el fomento de la inclusión social, la eliminación de la discriminación de pueblos, nacionalidades y minorías, y el acceso a servicios básicos, educación y empleo, desde la multicausalidad.

  2. Como consecuencia de las transformaciones que ha vivido el país, el coeficiente Gini, índice que mide la desigualdad de los ingresos entre la población, se ubicó en 0.4601 en marzo del 2014, esto significa que se redujo en 4 puntos entre 2006 y 2014. Alrededor de 1,3 millones de personas han salido de la pobreza.

  3. Como se ilustra en el Gráfico 1, la inversión social en relación al Presupuesto General del Estado (PGE) se incrementó de 17,4% en 2001 al 20,7% en 2006 y al 27,4% en 2013. Esto implica un aumento del presupuesto de USD 500 millones en el 2000, a USD 6.400 millones en el 2013, tendencia que se mantuvo en los años subsiguientes.

Gráfico 1



Fuente: Ministerio de Finanzas - e-SIGEF.

Elaboración: SIISE



  1. Adicionalmente, en el Gráfico 2 se compara la inversión en el sector social entre los años 2006 y 2013. Como se puede observar se ha priorizado la inversión en salud, educación, bienestar social, vivienda y trabajo. Esto permitió mejorar las condiciones socioeconómicas de la población ecuatoriana, incluyendo a pueblos y nacionalidades.

Gráfico 2



  1. De esa manera, el MIES brinda servicios públicos para toda la población ecuatoriana, incluyendo grupos de atención prioritaria -niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad- pertenecientes a pueblos y nacionalidades. En el año 2013 se realizó un levantamiento de información sobre auto-identificación étnica de los usuarios de los servicios. En los servicios de Desarrollo Infantil Integral, para niños y niñas de 0 a 3 años, 76% eran mestizos, seguidos de un 11% de indígenas, correspondiente a treinta y tres mil novecientos cincuenta (33.950) niños, de entre los cuales 6% eran afroecuatorianos, esto es diecisiete mil quinientos sesenta (17.560) niños y 3% mulatos, esto es nueve mil doscientos diez y nueve (9.219) niños.

  2. En los servicios para la población adulta mayor, el 86% eran mestizos y el 6% indígenas (1.022). Accedieron a estos servicios quinientas sesenta y tres (563) personas afrodescendientes, mulatas y negras, y trescientas sesenta y dos (362) personas montubias.

    • En los servicios para personas con discapacidad, 87% de las personas atendidas eran mestizos, 4% indígenas, correspondiente a novecientos veinte y cuatro (924) personas, 4% montubios, correspondiente a setecientos noventa y siete (797) personas y las demás se auto identificaron con otra etnia.

    • En los servicios de protección especial, 81% de las personas atendidas eran mestizos, 11% indígenas, correspondiente a seis mil setecientos noventa y seis (6.796), 4% afrodescendientes, correspondiente a dos mil cuatrocientos veinte y nueve (2.429) personas y las demás se auto identificaron con otras etnias.



    • Por último, en atención a jóvenes, 62% de las personas atendidas eran mestizas, seguidas de un 27% de montubios, correspondiente a veinte y siete mil doscientos setenta y un (27.271) jóvenes.

  1. En cuanto a las políticas de inclusión económica y reducción de la pobreza, hasta julio de 2015, el 67% de las personas que reciben transferencias monetarias (mediante el Bono de Desarrollo Humano para personas en pobreza o el bono Joaquín Gallegos Lara para cuidadores de personas con altos niveles de discapacidad) o pensiones por adulto mayor o discapacidades, son mestizas. Enseguida, se ubican los indígenas con un 14%, correspondiente a ciento cincuenta y siete mil veintiún (157.021) personas. Los montubios representan el 12%, con ciento treinta y tres mil ciento veinte y cuatro (133.124) personas. Entre afrodescendientes y mulatos abarcan el 4%, es decir cuarenta mil cuatrocientos sesenta y tres (40.463) personas.

  2. Los programas de inclusión económica y social están encaminados a toda la población que los requiere, y deben intervenir en los diferentes grupos étnicos, como es el caso de los afrodescendientes y montubios, como lo establece la Convención. Existe una serie de estrategias implementadas por los diferentes servicios para fortalecer su enfoque intercultural, contando con la participación activa de la ciudadanía. Así, se busca fortalecer las medidas afirmativas para que personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos sean contratados, capacitados y formen parte de los servicios de profesionalización ofrecidos.

  3. En cuanto a la información desagregada por auto identificación étnica, los sistemas de información están en constante innovación para ingresar todas estas variables en la plataforma informática del MIES.

  4. Con respecto al acceso a la educación de pueblos y nacionalidades, se han logrado importantes avances a nivel nacional. En este sentido, la tasa de asistencia escolar neta de niños y niñas inscritos de 6 a 11 años en el nivel de primaria, con respecto a pueblos y nacionalidades se ha incrementado significativamente, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1

Tasa neta de asistencia (6 a 11 años de edad) en el nivel de primaria por periodo

Auto identificación Étnica

Dic-12

Dic-13

Dic-14

Indígena

96,91%

95,73%

97,01%

Afro-ecuatoriano

96,70%

98,19%

96,55%

Mestizo

95,87%

96,49%

96,90%

Blanco

96,51%

98,81%

96,42%

Montubio

97,41%

96,12%

96,62%

Otro

100,00%

89,45%

100,00%

Fuente: Ministerio de Educación.

  1. En el mismo sentido, la tasa de asistencia neta de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en el nivel de secundaria también presentó avances significativos, como se demuestra en la tabla a continuación:

Tabla 2

Tasa neta de asistencia (12 a 17 años de edad) en el nivel de secundaria.

Auto identificación étnica

Dic-12

Dic-13

Dic-14

Indígena

69,21%

78,35%

76,09%

Afro-ecuatoriano

73,55%

74,50%

74,87%

Mestizo

81,74%

82,56%

83,71%

Blanco

73,55%

91,14%

72,99%

Montubio

60,72%

66,93%

67,23%

Otro

100,00%

89,20%

61,43%

Fuente: Ministerio de Educación.

  1. Para garantizar el respeto a la identidad cultural, se han creado instituciones educativas responsables de preservar la lengua, conocimientos y saberes ancestrales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, cuyos objetivos son: fortalecer, guardar y revitalizar las lenguas, conserva y promover los conocimientos y saberes ancestrales, custodiar las cosmovisiones de las nacionalidades, promover el diálogo de saberes entre conocimiento ancestral y occidental.

  2. Como se detalla en la siguiente tabla, actualmente existen 1.795 establecimientos de educación bilingüe intercultural, que cuentan con 8.303 docentes. A través de estos servicios, el MINEDUC atiende a una población de 146.346 niñas y niños pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades Originarios.

Tabla 3

Atención SEIB

Atención SEIB Zona

Instituciones

Docentes

Estudiantes

Zona 1

266

1.276

25.123

Zona 2

316

1.582

26.881

Zona 3

533

2.821

45.646

Zona 4

12

59

1.207

Zona 5

94

407

7.926

Zona 6

427

1.341

25.610

Zona 7

129

493

6.284

Zona 8

8

132

3.187

Zona 9

10

192

4.482

Total

1795

8.303

146.346

Fuente: SEIB, MIEDUC, 2016.

  1. Adicionalmente, la SENESCYT ha implementado estrategias de comunicación que permitan una adecuada difusión de la oferta de becas destinadas al fomento del talento humano de ciudadanos pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Para el efecto, se ha coordinado con el Instituto de Fomento al Talento Humano el desarrollo de estrategias descentralizadas de difusión de la información, con miras a llegar a territorios donde existe mayor concentración de ciudadanos pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

  2. De igual manera, y en observancia al principio de progresividad de derechos, las bases de postulación para la adjudicación de las becas están sujetas a reformas que permiten ampliar el número de asignaciones para personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.

  3. El Estado Ecuatoriano ha propiciado la participación de las Carteras de Estado, con el fin de optimizar el accionar de las áreas encargadas de promover la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la rendición de cuentas.

  4. El PNVB planteó la meta que apunta a combatir la falta de acceso al empleo -específicamente en el sector público- para grupos poblacionales pertenecientes a pueblos y nacionalidades, señalando que la falta de empleo es una consecuencia de la desigualdad y la discriminación, como lo es también la falta de acceso a la educación. A este segundo problema apunta la meta 2.7, con miras a la implementación de políticas públicas encaminadas reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 años de edad al 4%.

  5. En relación a las inversiones, a través de las competencias del MINFIN, el Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural permite el registro y seguimiento de recursos públicos destinados a políticas con enfoque intercultural y a la garantía de derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y, contempla la categoría Promover y reforzar la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. El Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural entró en vigencia en el año 2014 y el MINFIN ha realizado socializaciones dentro de las instituciones públicas para el registro respectivo de recursos destinados a las políticas interculturales.

  6. De conformidad con lo previsto en el Art. 7 de la Ley Orgánica del CPCCS, corresponde a esta entidad establecer y reglamentar mecanismos de apoyo financiero, jurídico y técnico, bajo el reconocimiento a la autonomía de la sociedad civil, a través de la modalidad de fondos concursables a favor de los espacios de participación ciudadana que lo soliciten, a fin de fomentar la participación ciudadana, el control social, la transparencia y lucha contra la corrupción. El Programa de Fondos Concursables fue declarado como prioritario por SENPLADES en el año 2012. Su ejecución inició en el año 2013 y proyecta su implementación completa hasta el año 2017. El programa de Fondos Concursables es un mecanismo de incentivo a las buenas prácticas en las temáticas antedichas, y se ejecuta a través de la entrega de un aporte económico de carácter no reembolsable, a las organizaciones sociales que resulten seleccionadas. Es un programa que valora y pretende fortalecer las formas auto organizativas de la sociedad y sus iniciativas.

  7. En su primera convocatoria, realizada en el año 2013, el Programa apoyó iniciativas ciudadanas para fortalecer la participación social y la organización de mujeres en zonas rurales del Ecuador. Dicha convocatoria contó con la participación de setenta y dos (72) postulantes; finalmente, el CPCCS entregó diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 10.000.00) en fondos concursables a las trece (13) mejores propuestas dirigidas a mujeres, con énfasis en población indígena, afrodescendiente y montubia. Los proyectos financiados contribuyeron, entre otros fines, al fortalecimiento de la organización y movilización de las agrupaciones de mujeres, promoviendo la participación ciudadana y el respeto por sus derechos. Los resultados obtenidos tras la ejecución de los trece proyectos ganadores dan cuenta de la efectiva transversalización de los enfoques de género, interculturalidad, generacional y de discapacidades. Al estar dirigidos a mujeres de poblaciones indígenas, afro-ecuatorianas y montubias de zonas rurales del país, permitieron atender a sectores ciudadanos vulnerables, ejerciendo simultáneamente las acciones afirmativas que manda la CRE y que se amparan en instrumentos internacionales.

  8. En cumplimento al mandato Constitucional y a la LOEOP, el CNE impulsó una serie de programas, cuyo objetivo principal es el de promover el acercamiento y compromiso de la ciudadanía con los procesos electorales, llevándose a cabo tanto en las elecciones generales del año 2013 como en las elecciones seccionales del año 2014. Para tal fin, emprendió proyectos emblemáticos a razón de la promoción del respeto hacia los derechos políticos, consagrados en el Capítulo Quinto del Título Segundo de la CRE, referente a los Derechos de Participación. Principalmente se consideró a sectores minoritarios de la población que han permanecido al margen de la vida política ecuatoriana según su realidad, tomando como eje transversal el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos.

  9. Por otro lado, el Estado ecuatoriano, a través del INEC, ha implementado el Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH), cuyo propósito es el de coordinar el relevamiento de información de diferentes temáticas dentro de los hogares, a saber: características demográficas, migración, empleo, educación, salud y nutrición, ingresos y consumo, condiciones de vida, asentamientos humanos y vivienda, justicia y crimen, uso del tiempo, mortalidad y fecundidad, trabajo infantil, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, servicios básicos y acceso a la propiedad. El diseño de las operaciones estadísticas del SIEH desglosa la información por grupos etarios, género, origen étnico, ubicación geográfica, etcétera, en referencia a las esferas de la Convención. Toda la información producida por el INEC es bien público social y constituye un soporte para la toma de decisiones a todo nivel, la cual se encuentra disponible en el siguiente portal electrónico: www.ecuadorencifras.gob.ec.

  10. Las políticas del Estado Ecuatoriano están orientadas a la inclusión socio-laboral de todos los ciudadanos, tal como se ha demostrado a lo largo de este informe, y como se desprende igualmente del Acuerdo Ministerial Nº 56, dictado por el Ministerio de Relaciones Laborales sobre el “Subsistema Reclutamiento y Selección de Personal del Sector Público”, las acciones afirmativas que favorecen el empleo de afrodescendientes y montubios fueron detalladas en el apartado correspondiente al Tema 2.

  11. En cuanto al acceso al trabajo, los objetivos 1 y 2 del PNBV contienen el mayor número de políticas orientadas a combatir la discriminación en todas sus formas, poniendo énfasis en los pueblos y nacionalidades. Estas líneas orientadoras de la política pública alcanzan un nivel de concreción en las metas que el Plan Nacional de Desarrollo prevé para cada uno de sus objetivos, mismas que son de obligatorio cumplimiento, por lo que se convierten en compromisos ineludibles para las entidades rectoras de la política pública. En este sentido, conviene destacar las metas 1.6 y 2.7 (citada anteriormente) que atacan directamente a algunas de las expresiones concretas de la discriminación social:

    • Meta 1.6: Alcanzar el 14% de ocupados afro-ecuatorianos, indígenas y montubios en el sector público

    • Meta 2.7: Reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 y 49 años al 4%.




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