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Tema 2: Medidas Especiales - Aplicación del párrafo 12

  1. La CRE, cuyo Art. 11 establece que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, ha permitido diseñar una serie de mecanismos para promover la inclusión de las minorías étnicas, con plena vigencia de sus derechos colectivos, consagrados exclusivamente a favor de los pueblos y nacionalidades del Ecuador17.

  2. La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)18, en su Art. 65, determina que el ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y garantice el libre acceso a los mismos. En el mismo sentido, establece que respecto de la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas.

  3. El Ministerio Del Trabajo (MDT) promulgó, con fecha 12 de agosto de 2013, el Acuerdo Ministerial Nº 86, mediante el cual se establece un procedimiento de carácter técnico y operativo para las Unidades de Administración de Talento Humano de las instituciones del Estado, con el objetivo de instaurar un proceso de selección que permita escoger a la persona más idónea entre las y los aspirantes para ocupar un puesto público. Este acuerdo define que, para los casos de concursos de méritos y oposición en el sector público, se deben reconocer acciones afirmativas a favor de las personas que se identifican con los siguientes grupos:

(a) Personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, o quienes estén a cargo de estas;

(b) Personas que hayan obtenido la calidad de héroes o heroínas nacionales;

(c) Ciudadanas y ciudadanos afroecuatorianos, indígenas y montubios;

(d) Personas emigrantes que hayan tenido anteriormente la calidad de servidores públicos (Revisar); y,



(e) Residentes de la provincia de Galápagos, en aplicación del Art. 2819 de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos20.

  1. El Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial, en su Art. 3, convierte este principio laboral en una política pública21, indicando que en todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población.

  2. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, dictado por el Consejo de Educación Superior (CES)22, determina, en su Art. 31, que para el ingreso a un puesto de personal académico titular en una institución de educación superior pública o particular se convocará al correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se aplicarán acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades. En este mismo sentido se ha promulgado el Acuerdo Ministerial Nº 12, dictado conjuntamente por el MDT y MSP, mediante el cual se dictó el Reglamento para el Reclutamiento y Selección de Profesionales de la Salud23, en que se determinan, en igual sentido, los lineamientos de selección de personal, en sus Arts. 23 y 24.

  3. Asimismo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), en su Art. 3 determina que uno de los objetivos de la ley es instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad.

  4. A través de las acciones afirmativas que otorgan puntajes adicionales por auto identificación étnica, en el 2014, quinientas once (511) personas auto identificadas como afroecuatorianas, cuatrocientas sesenta y dos personas (462) pertenecientes a nacionalidades indígenas, y cuatrocientas ochenta y siete (487) personas auto identificadas como montubios, ganaron concursos públicos de méritos y oposición.

  5. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en concordancia con los mandatos constitucionales y aplicando medidas de acción afirmativa, entre los años 2012 y 2015, realizó cuatro convocatorias a concurso público de méritos y oposición24, en los que se garantizó la aplicación de los criterios de equidad y paridad de género, y se aplicó acciones afirmativas, adheridas al mandato del Plan Plurinacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, y en aplicación del Art. 4 del Decreto Ejecutivo Nº 060. Es así que actualmente el total de terceros secretarios que laboran en el MREMH está conformado en un 16% por afroecuatorianos, en un 19% por indígenas, en un 6% por montubios, y en un 59% por personas auto identificadas como mestizas, siendo esta una medida importante de construcción de la diplomacia ciudadana con la participación en la gestión pública de comunidades, pueblos y nacionalidades en un plano de igualdad.

  6. Mediante Resolución 008-347-CPCCS-2015 de 22 de abril de 2015, el CPCCS instruyó a sus unidades internas la aplicación de la Resolución de la Asamblea Nacional del Ecuador, de fecha 7 de abril de 2015, mediante la cual se insta a las funciones del Estado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 060.

  7. Del mismo modo, el CPCCS incorporó un ítem sobre inclusión en los Formularios de Rendición de Cuentas, para uso de otras funciones del Estado, lo que revela un avance sustancial para la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, incluyente y equitativo, considerando que dentro de la legislación ecuatoriana, el proceso de rendición de cuentas es obligatorio para las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público.

  8. El Ministerio del Interior (MDI), a través de la Dirección de Protección de Derechos y la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional (PNE), en coordinación con otros organismos nacionales e internacionales, ha desarrollado una serie de capacitaciones dirigidas a los servidores policiales y civiles. Se han realizado varias campañas para prevenir y erradicar la inseguridad y el delito, el crimen organizado y la violencia. En el año 2015, entre los meses de febrero y junio, el MDI, como medida de acción afirmativa a favor de la población indígena, realizó dos llamamientos para el Proceso de Reclutamiento de Aspirantes a Policías, en los que participaron jóvenes indígenas de las Asociaciones de los Pueblos Indígenas, pertenecientes a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, alcanzando un total de 658 -seiscientos cincuenta y ocho- aspirantes provenientes de nacionalidades indígenas.

Tema 3: La Población Ecuatoriana de Origen Romaní - Aplicación del párrafo 13

  1. Si bien es cierto que el número de romaníes en Ecuador, no corresponde a un grupo poblacional extenso, el Estado ecuatoriano garantiza y promueve la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, considerando que todas las personas son iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin discriminación alguna por pertenencia a grupos minoritarios, sean nacionales o extranjeros.

  2. En este firme compromiso, el MREMH entabló un diálogo directo con la población ecuatoriana de origen Romaní, en una reunión de trabajo con el Presidente de la Asociación Nacional del Pueblo Rom del Ecuador (ASOROM), Sr. Alfredo Yancovich, a fin de conocer las necesidades de este grupo poblacional, particularmente para definir mejores estrategias en cuanto al acceso a la salud, educación y vivienda, debido a la falta de documentos de identidad. Como resultado se informó que debido a sus concepciones ideológicas y culturales, no cuentan con un registro exacto de la población Rom en Ecuador.

Tema 4: Los Refugiados - Aplicación del párrafo 14

  1. En base al párrafo 14, de conformidad con el Art. 3, numeral 1, de la CRE, el Estado deberá garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, la norma en mención dispone en sus Arts. 26, 32, y 326 que el Estado garantizará el derecho a la salud, la educación y el trabajo, esto bajo el mandato constitucional que determina que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los nacionales25.

  2. El Estado ecuatoriano, siendo un país de origen, destino y tránsito migratorio, a partir de septiembre del año 2008, implementó por primera vez una política pública en materia de Refugio, sin precedentes en América Latina26. Esta política fue efectuada en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Declaración y Plan de Acción de México de 2004, con un enfoque de solidaridad y corresponsabilidad con la comunidad internacional27.

  3. A nivel nacional, esta política tiene dos vertientes: por un lado, garantizar una plena protección de la población vulnerable, en el sentido amplio de la palabra, incluyendo la garantía que deberá otorgarse para el efectivo ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos por parte de los refugiados extranjeros establecidos en nuestro país; y, por otro, la garantía que debe brindarse para una solución efectiva y duradera de la situación de los refugiados, que podría ser entendida como el retorno voluntario y digno de los refugiados a su país de origen, de existir dicha posibilidad28.

  4. A partir de esta política, Ecuador implementó el programa Fronteras Solidarias impulsado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el objetivo de reconocer a los refugiados y a comunidades receptoras en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en mujeres, jóvenes y población indígena y afroamericana que habita la zona fronteriza; promover en el territorio políticas públicas sociales de acceso a las oportunidades de desarrollo para la población desplazada, sin generar conflictos en la población receptora, garantizando además la convivencia pacífica y el buen vivir de toda la población; y, promover la integración socio-económica de las personas en situación de refugio a través de la generación de ingresos y el micro-crédito29.

  5. En conocimiento de que la política del Estado en materia de refugio tenía la necesidad de ser afianzada y complementada a través de una institucionalización adecuada y de la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros por parte del Estado, Ecuador asumió el compromiso de contribuir con recursos propios a programas direccionados a la protección de los derechos de refugiados.

  6. Es así que en diciembre del 2008, se inició el proceso conocido como “Registro Ampliado”, el cual a partir de marzo del año 2009 se ejecutó de forma continua hasta marzo del año 2010 a través de brigadas móviles, a lo largo de todas las provincias ubicadas en la frontera norte del país, reconociendo a un total de 32.000 personas de nacionalidad colombiana como refugiadas30.

  7. Cabe mencionar que Ecuador es el país con el mayor número de refugiados en América Latina, con un aproximado de 60.000 personas receptadas actualmente, de los cuales el 95% son de nacionalidad colombiana31. En este sentido, el país responde ante la necesidad de otorgar protección a estas personas, sobre la base de su reconocimiento como refugiados, como una prioridad para el Gobierno ecuatoriano, que procura la protección efectiva de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de quienes se han visto obligados a abandonar su país de origen32.

  8. El Ministerio de Educación (MINEDUC) emitió el Reglamento de Acceso al Sistema Educativo Ecuatoriano de Refugiados33, mediante Acuerdo Ministerial Nº 337, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición migratoria vulnerable. El Acuerdo garantiza el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes que tengan documento de identificación como refugiados o solicitantes de refugio, o bien cédula o documento de registro civil de su país de origen, pasaporte u otros documentos de identificación; en su defecto, ha de otorgarse matrícula provisional.

  9. En lo referente al acceso al trabajo, el Reglamento para la aplicación en el Ecuador del Derecho de Refugio, dispone, en su Art. 35, que mientras el Certificado Provisional de Solicitante mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas licitas, independientes o bajo relación de dependencia. Igualmente, el Art. 46 del Reglamento dispone que mientras el documento de Identificación de los Refugiado/a(s) mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia, permitiendo así el acceso a actividades laborales a este grupo poblacional.

  10. Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial Nº 118, emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), deja sin efecto el requisito de Autorización Provisional de Trabajo para Refugiados34.

  11. Es importante mencionar que las personas refugiadas con discapacidad tienen acceso al Programa Manuela Espejo (vivienda, crédito financiero, mobiliario, asistencia en equipos médicos e insumos) y Bono Joaquín Gallegos Lara (personas con enfermedades catastróficas), al igual que los nacionales.

  12. En el mismo sentido, el Ministerio de Salud Pública, como máxima autoridad sanitaria, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), enfocado en garantizar el derecho a la salud de las personas, familias y las comunidades bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, continuidad, participación, eficiencia, eficacia, calidad y calidez, ha orientado sus acciones a eliminar las barreras de acceso a una atención integral de salud. Para la implementación del MAIS, la Subsecretaría de Promoción de la Salud e Igualdad desarrolló, en el año 2014, la estrategia de servicios de salud inclusivos, que contiene cuatro componentes: libres de discriminación, libres de contaminación, participativos, y que promuevan acciones saludables. Ello se hizo con el fin de fortalecer las competencias del personal de la salud, para lograr una atención integral de calidad y calidez, a favor de toda la ciudadanía, sin discriminación alguna35. La CRE garantiza a la población en situación de movilidad los mismos derechos que tienen los nacionales36.

  13. Además, es preciso señalar que el Estado ecuatoriano, conjuntamente con el ACNUR, coordinan acciones para apoyar integralmente a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, desde tres ejes de trabajo: la estimulación de la integración local, el reasentamiento y la repatriación voluntaria, la generación de políticas públicas, legislación nacional y prácticas administrativas que permitan tener acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente; y, la mejora de la información pública sobre refugiados y migrantes, para combatir la discriminación.

Tema 5: Los Trabajadores Migrantes y sus Familias - Aplicación del párrafo 15

  1. El Art. 40 de la CRE establece que ningún ser humano puede ser considerado ilegal, y propugna el principio de ciudadanía universal, como se mencionó en párrafos anteriores. Así, el Objetivo 12 del PNBV plantea acciones dirigidas a profundizar procesos solidarios y complementarios de integración con América Latina y el Caribe, de manera que se impulse la implementación de acuerdos migratorios, para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales de protección de los grupos de atención prioritaria.

  2. Igualmente, se creó la Agenda Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana 2013-2017 (ANIMHU), que dirige los esfuerzos de todos los actores nacionales hacia la protección integral y restitución de derechos, garantía de los derechos del Buen Vivir, corresponsabilidad internacional, y participación. Puntualmente, a través de la política de No discriminación, se establece la prevención, control y sanción de las prácticas racistas, xenófobas y violentas cometidas contra personas dentro el país que se encuentren en situación de movilidad humana, asegurando la reparación integral de los derechos de las personas víctimas de dichos actos, e impulsando su prevención en el exterior.

  3. Actualmente, existen políticas públicas y procedimientos que permiten el desarrollo integral de la movilidad humana en el Ecuador, a saber:

    • Actualización de los requisitos para las visas de no inmigrantes en las distintas categorías, verificando que no se afecte el derecho establecido;

    • Reforma de los estatutos migratorios y el régimen de zonas fronterizas con Perú y Colombia, acorde a la realidad del siglo XXI;

    • Facilidad del proceso de visado y aplicación del Acuerdo Residencia Mercosur37 para erradicar la condición migratoria irregular, que en Ecuador ha protegido en un año a dieciocho mil (18.000) ciudadanos de países de UNASUR;

    • La reforma a los servicios ciudadanos para asegurar protección de la vida, integridad personal e integridad sexual.



  1. Entre los meses de septiembre de 2014 y agosto de 2015 se han otorgado dos mil trescientas veinte (2.320) visas para no inmigrantes y cuatrocientas cincuenta y siete (457) visas para inmigrantes38, en la zona fronteriza norte. Además, entre enero de 2014 y octubre de 2015, se han entregado un total de ciento diez y ocho mil seiscientas ochenta y cinco (118.685) visas no inmigrantes.

  2. Durante el año 2015, se emprendieron procesos de capacitación para los funcionarios y funcionaras del MREMH, que son quienes brindan atención a las personas en necesidad de protección internacional y refugiados. El objetivo de estas capacitaciones ha sido el de eliminar obstáculos que puedan afectar el ejercicio de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Igualmente se llevaron a cabo ocho (8) capacitaciones dirigidas a funcionarios de instituciones públicas y privadas, con el propósito de informar y sensibilizar sobre la protección internacional, el procedimiento de refugio en el Ecuador y los derechos y obligaciones de la población solicitante de refugio en el país.

  3. Con respecto al combate de estereotipos y tendencias sobre los trabajadores migrantes, desde los medios de comunicación, el Art. 19 de la CRE estipula que se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, y toda aquella que atente contra los derechos.

  4. 65. Además, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) propicia la generación de espacios de diálogo y acercamiento con los medios y organismos, a fin de evitar la discriminación a través de contenidos informativos. Es así que en junio de 2014, se realizó el seminario sobre cobertura informativa Movilidad Humana al Día, en que se instruyó a decenas de periodistas de distintos medios de comunicación, sobre refugio y movilidad humana en Ecuador. Las charlas fueron convocadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la DPE.

Tema 6: Lucha contra la Discriminación en los Medios de Comunicación - Aplicación del párrafo 16

  1. En relación con el párrafo 16 y en base a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el CORDICOM tiene competencia para analizar las temáticas transmitidas, así como para establecer estrategias a fin de que los medios eviten la reproducción de prácticas de exclusión y/o discriminación. Con el objetivo de generar procesos que permitan a la ciudadanía exigir sus derechos a la comunicación, entre ellos a la reparación ante criterios discriminatorios, el CORDICOM ha desarrollado guías metodológicas sustentadas en el análisis empírico, generando un marco de acción.

  2. En este sentido, el CORDICOM se encuentra en proceso de implementación de un catálogo de contenidos interculturales producidos en el Ecuador, con miras a que sean difundidos por diversos medios de comunicación social. La difusión de productos interculturales busca fomentar espacios de encuentro entre personas de diferentes etnias y culturas, para que se conozcan entre sí, lo cual constituye un paso vital en la lucha contra la discriminación racial.

  3. El CORDICOM, como organismo regulador de la comunicación e información, ha realizado actividades para el fortalecimiento del rol social de los medios de comunicación, promoviendo la edu-comunicación, a través de la capacitación de los trabajadores de los medios y la realización de campañas dirigidas a la población, con el fin de combatir prejuicios raciales.

  4. Además, se han realizado jornadas académicas de sensibilización a la ciudadanía y a profesionales de la comunicación, sobre violencia y discriminación y comunicación no discriminatoria. Durante el año 2015 se realizaron treinta y seis (36) reuniones con organizaciones sociales, y se brindó doce (12) asistencias técnicas pedagógicas en materia de contenidos interculturales y su reglamentación, contando con la participación de setecientas setenta y dos (772) personas.

  5. Por otro lado, se desarrolló un estudio sobre interculturalidad y se llevaron a cabo talleres de sensibilización sobre producción de contenidos interculturales a ciudadanos y productores, a fin de fortalecer las identidades y el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel nacional, como estrategia para superar procesos históricos de discriminación, y, en particular, de racismo. Durante el año 2015 se realizaron trece (13) reuniones con organizaciones sociales y se brindó cinco (5) asistencias técnicas pedagógicas en materia de contenidos interculturales y su reglamentación.

  6. El uso del catálogo de contenidos interculturales garantizará la difusión masiva en los medios de comunicación de contenidos producidos por los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias, garantizando el respeto de la interculturalidad. En este sentido, mediante la articulación interinstitucional del Plan de Profesionalización y la implementación de sus estrategias, se han fortalecido las competencias profesionales de los trabajadores de la comunicación, poniendo énfasis en el rol social de los medios, a través de asistencia técnica pedagógica, talleres de información y capacitación, conversatorios y reuniones con medios y organizaciones sociales, con el propósito de promover la generación de contenidos que eliminen la discriminación de pueblos y nacionalidades39.

Tema 7: Participación, Consulta y Consentimiento - Aplicación del párrafo 17

  1. En respuesta a la implementación de las medidas necesarias para establecer procesos de consulta efectiva dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, se puede indicar que el Estado ecuatoriano, buscando que la democracia participativa y directa establecida en la CRE sea una realidad, ha emitido normativa para la participación eficaz de comunidades, pueblos y nacionalidades en las instancias públicas. Para ello, a través de la Asamblea Nacional, se han promulgado las siguientes leyes:

    • Ley de Gestión Ambiental40, que otorga el derecho de participación en la gestión ambiental a toda persona natural o jurídica, en ejercicio de su derecho a ser informada sobre cualquier actividad realizada por las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales (Art. 29).

    • LOPC, que garantiza a las comunidades el derecho a ser consultadas sobre planes y programas de explotación de recursos que se encuentren en sus territorios, así como la participación en los beneficios de esos proyectos e indemnizaciones en caso de que provoquen perjuicios (Art. 81).

    • LOFL41, que establece la posibilidad de que las y los ciudadanos en goce de los derechos políticos, así como las organizaciones sociales, puedan presentar proyectos de ley (Art. 54), propiciando su participación en el debate bien sea personalmente o por medio de sus delegados, previa solicitud y autorización de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. Además, la ley prevé la participación de las y los ciudadanos en el procedimiento para la formación de nueva normativa, concediendo al menos quince días para presentar observaciones a los proyectos de ley en tratamiento, cuando tengan interés en su aprobación o consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición.

    • La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA)42, que protege y hace efectivos los derechos colectivos de pueblos, comunas y nacionalidades indígenas ante el uso, acceso y aprovechamiento del agua. En ella se establece el derecho que tienen estos grupos a ser consultados de forma obligatoria, previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, acerca de toda decisión normativa o autorización estatal relevante que pudiera afectar la gestión del agua que discurre por sus tierras y territorios (Art. 71, literal f).



  1. Por su parte, la CRE, en su Art. 57, numeral 17, reconoce el derecho a la Consulta Pre-legislativa a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, debiendo aplicarse antes de la adopción de una medida legislativa que pudiere afectar sus derechos colectivos. Con el fin de que el derecho a la Consulta Pre-legislativa se aplique efectivamente, la Corte Constitucional, mediante Sentencia Nº 001-10-SIN-CC, de 18 de marzo de 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 176 de 21 de abril de 2010, determinó que la Asamblea Nacional es el órgano constitucional responsable de llevarla a cabo, y dispone que este órgano establezca, mediante acto administrativo, el procedimiento para realizarla.

  2. Dando cumplimiento al fallo constitucional anterior, y en ejercicio de las atribuciones previstas en los Arts. 13 y 14 de la LOFJ, el Consejo de Administración Legislativa expidió el Instructivo para la Aplicación de la Consulta Prelegislativa, codificado con fecha 19 de febrero de 2013 y 24 de septiembre de 2013, respectivamente. Es importante indicar que la Asamblea Nacional ha realizado la Consulta Pre Legislativa en el siguiente proceso de elaboración de norma, que tiene incidencia sobre los pueblos y nacionalidades:

    • Proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, fue presentado a la Asamblea Nacional en marzo del 2012. Actualmente, se encuentra en conocimiento de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que, desde el 3 de septiembre de 2014, aprobó y viene desarrollando un cronograma para la socialización y libre participación en Comisiones Generales de la ciudadanía. El objeto de este Proyecto de Ley es normar el uso y acceso a la tierra rural, que deberá cumplir una función social y ambiental. Además, regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra, como factores que permitan garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado, y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos. En especial, su objetivo constituye el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios ancestrales pertenecientes a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afro-ecuatoriano y al pueblo montubio. El proceso legislativo del Proyecto de Ley, hasta el momento, ha incluido veintitrés (23) audiencias provinciales, con la participación de aproximadamente seis mil quinientas (6.500) personas representantes de organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas.

  1. El número de organizaciones inscritas en las audiencias provinciales, fue de cuarenta y ocho (48), de las cuales participaron efectivamente veintitrés (23); adicionalmente, concurrieron otras quinientas noventa y cuatro (594) organizaciones, por lo que el total asciende a seiscientas diez y siete (617) organizaciones a nivel nacional.

  2. El Estado Ecuatoriano, como uno de los pioneros en la región, instauró la Consulta Previa Libre e Informada, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57, numeral 7, de la CRE43, Arts. 81 y 83 de la LOPC44, así como en el Decreto Ejecutivo Nº 124745, que contiene el Reglamento para la ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y Asignación de Áreas y Bloques Hidrocarburíferos, restituyendo el derecho de participación efectiva, que genera igualdad de oportunidades para que las inquietudes y opiniones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas incidan en la planificación y toma de decisiones respecto al desarrollo hidrocarburífero sustentable.

  3. En este sentido, se coordinaron e implementaron procesos de diálogo genuino e intercultural con las siguientes organizaciones, comunidades pueblos y nacionalidades indígenas ubicadas en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y parte de Napo y Orellana, correspondientes a los 13 bloques que forman parte de la Ronda Suroriente Ecuador:

    • Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE);

    • Nacionalidad Andwa del Ecuador (NAPE);

    • Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE)

    • Nacionalidad Kichwa del Ecuador;

    • Organización Shuar del Ecuador (OSHE);

    • Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shuar de Pastaza y Morona Santiago:

    • Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Achuar de Pastaza;

    • Dirigencias de comunidades y asociaciones de la nacionalidad Shiwiar;

    • Mestizos y Colonos;

    • Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs), de las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.



  1. Las actividades planificadas y organizadas con las diferentes autoridades y consejos de gobierno de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, se han enmarcado en los principios de legitimidad y representatividad, así como en firme respeto a lo establecido en la CRE en tanto conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, generación y ejercicio de autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

  2. La Secretaría de Hidrocarburos, conjuntamente con los representantes de las entidades coadyuvantes, y bajo la supervisión del Ministerio de Hidrocarburos, ejecutó cuatro procesos de consulta previa, libre e informada46, entre los años 2012 y 2015, según el siguiente detalle:

    • 2012: Consulta Previa Libre e Informada para la Décima Primera Ronda Suroriente Ecuador o Consulta Amazónica.

    • 2013: Consulta Previa Libre e Informada en el Bloque 10 para el área Jibimkipi.

    • 2013: Consulta Previa Libre e Informada para el Bloque 43 ITT.

    • 2014-2015: Consulta Previa Libre e Informada para los Bloques 74-75.



  1. Para la convocatoria a Consulta Previa, Libre e Informada se consideran aspectos como la pertenencia territorial de los pueblos indígenas, idioma y formas de organización. La convocatoria se realiza a través de sus órganos estructurales representativos. Además, se coordina cualquier proceso con los líderes y representantes de las comunidades, con la finalidad de socializar y convocar a las comunidades a participar en cada una de las actividades y procesos. Otros mecanismos de convocatoria a la Consulta Previa, Libre e Informada, implementados de manera oportuna, son los oficios dirigidos a los representantes de las comunidades, los anuncios en medios de comunicación locales -radio, prensa escrita-, así como los medios utilizados de forma regular por las organizaciones locales, como invitaciones puerta a puerta.

  2. Además, el Ministerio del Ambiente (MAE), como autoridad ambiental competente, de manera previa a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para las fases de Explotación y Beneficio de distintos proyectos, realiza procesos de participación social dirigidos, principalmente, hacia las comunidades del área de influencia del proyecto a través de convocatorias públicas (medios de comunicación masivos y comunicaciones dirigidas a actores sociales involucrados), apertura de Centros de Información Pública y asambleas de presentación pública.

  3. El Estado Ecuatoriano garantiza a las comunidades el ejercicio de su derecho colectivo a ser informadas, de conformidad con la CRE y los convenios internacionales, a través de un diálogo de buena fe, adecuado, accesible y de carácter previo, demostrando el compromiso estatal con todas las comunidades y pueblos indígenas.


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