Cerd/C/xxx/Y



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CERD/C/ECU/23-24




ADVANCE UNEDITED VERSION

Distr. general

15 de abril de 2016


Original: Español

Español, Francés y Inglés solamente



Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención

Vigésimo tercero y vigésimo cuarto informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2016

Ecuador*

[Fecha de recepción: 13 de abril de 2016]

Índice

Página

I. Introducción 5

II. Información relativa a la aplicación de las recomendaciones del
Comité de Expertos y la Convención 5

III. Conclusiones 41



Siglas

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ANMIG: Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género

ANINP: Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos

ANIMHU: Agenda Nacional para la Igualdad en Movilidad Humana

APPID: Agenda Nacional de Políticas Públicas para la Igualdad en la Diversidad

ASOROM: Asociación Nacional del Pueblo Rom del Ecuador

CES: Consejo de Educación Superior

CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros

CNE: Consejo Nacional Electoral

CNI: Consejos Nacionales para la Igualdad

CNIG: Consejo Nacional para la Igualdad de Género

CNII: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

CODENPE: Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa


Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral

COIP: Código Orgánico Integral Penal

COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

CORDICOM: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación

COFJ: Código Orgánico de la Función Judicial

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial

CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

CRE: Constitución de la República del Ecuador

DP: Defensoría Pública

DPE: Defensoría del Pueblo del Ecuador

ENES: Examen Nacional para la Educación Superior

ESMIL: Escuela Superior Militar Eloy Alfaro

EMZITT: Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane

FGE: Fiscalía General del Estado

GAR: Grupo de Alto Rendimiento (según resultados del Examen Nacional del Educación Superior)

IES: Instituto de Educación Superior

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INEPS: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria

LOC: Ley Orgánica de Comunicación

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural

LOFL: Ley Orgánica de la Función Legislativa

LOPC: Ley Orgánica de Participación Ciudadana

LORHUAA: Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

LOEOP: Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas

LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

MAE: Ministerio del Ambiente

MAIS: Modelo de Atención Integral de Salud

MINEDUC: Ministerio de Educación

MINFIN: Ministerio de Finanzas

MDI: Ministerio del Interior

MDT: Ministerio del Trabajo

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social

MREMH, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

MSP: Ministerio de Salud Pública

NNA: Niños Niñas y Adolescentes

PCIC: Programa de Capacitación Integral Continua

PGE: Presupuesto General del Estado

PIAV: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario

PNBV: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017

PNE: Policía Nacional Ecuatoriana

PNEVG: Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres

SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SIEH: Sistema Integrado de Encuestas a Hogares

SNGP: Secretaría Nacional de Gestión de la Política

SNIES: Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social

SNNA: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

UATH: Unidad de Administración del Talento Humano

UEVG: Unidades Especializadas en Violencia de Género



UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas

I. Introducción

  1. El Estado ecuatoriano es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ICERD (en adelante la Convención), desde el 22 de septiembre de 1966.

  2. Según lo establecido por la Convención en su Art. 9, los Estados partes deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de este tratado. En este sentido, el Estado ecuatoriano expuso ante el Comité sus informes periódicos combinados 20° a 22°, el 31 de agosto de 2012.

  3. Con estos antecedentes, el presente documento contiene los informes periódicos combinados 23° y 24° del Estado ecuatoriano, con arreglo al párrafo 29 del documento de observaciones finales (CERD/C/ECU/CO/20-22) del Comité, y se encuentra elaborado de conformidad con las directrices CERD/C/2007/1 y las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/MC/2006/3 y Corr.1).

  4. El informe presenta los principales avances en la aplicación de la Convención, haciendo énfasis en las medidas legislativas, judiciales, administrativas y pragmáticas que han sido implementadas por el Estado ecuatoriano en el período 2012-2015.

  5. Para la preparación y validación del presente informe se contó con un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), que coordinó con las entidades rectoras de la política pública – Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) – y demás instituciones competentes en la materia.

II. Información relativa a la aplicación de las recomendaciones del Comité de Expertos y la Convención

Tema 1: Políticas para la eliminación de la discriminación racial - Aplicación del párrafo 11

  1. La Constitución de la República del Ecuador (CRE) del año 2008, incorpora conceptos y enfoques innovadores en materia de derechos humanos, consagrando como mandato el principio de igualdad y no discriminación1, de modo que todas las personas, tanto individuos como colectivos (comunidades, pueblos y nacionalidades) sean considerados iguales ante la ley y gocen de los mismos derechos, tal como fue argumentado en el informe CERD/C/ECU/20-22.

  2. De la misma manera, la CRE enfatiza reiteradamente la calidad diversa de la composición demográfica y cultural del Ecuador, reconociendo la existencia de pueblos y nacionalidades con características culturales y antropológicas propias, que el Estado debe proteger, y a la vez cohesionar desde acciones que apunten a la inclusión social y a la interculturalidad2.

  3. Con estos dos principios, citados frecuentemente en la CRE, y el enfoque de derechos en el cual se insertan, la inclusión social y la lucha contra la discriminación se convierten en líneas de acciones prioritarias y transversales. Esto significa que se elevan a principios orientadores de toda la gestión pública y por ende de todas las políticas que se formulen a nivel sectorial e intersectorial en todos los niveles de gobierno. Los principios constitucionales marcan la pauta para los distintos instrumentos de la planificación y gestión nacional a continuación expuestos.

  4. En este sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017 (PNBV)3, plantea diversos objetivos y metas, vinculados a la protección, garantía y respeto de los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El PNBV corresponde a un importante instrumento de política pública para promover la equidad, en estricto apego al mandato constitucional; se eleva desde la multicausalidad de las desigualdades sociales y de la pobreza, organizándose en 12 objetivos nacionales, y contiene una amplia gama de políticas y lineamientos estratégicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el país. A su vez, incorpora una serie de obligaciones y responsabilidades estatales para combatir sus causas estructurales, a partir de mecanismos, tanto normativos, como de transformación institucional e integración y articulación de servicios y bienes públicos.

  5. El PNVB determina como sus objetivos los siguientes: garantizar una educación intercultural con pertinencia cultural para comunidades, pueblos y nacionalidades; la protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; la promoción de los conocimientos y saberes ancestrales, las innovaciones y prácticas tradicionales sustentables; la eliminación de la discriminación racial; la generación de la normativa referente a los procesos de consulta previa y participación ciudadana de las comunidades, pueblos y nacionalidades; la prestación de servicios públicos diferenciados, adaptados a la cosmovisión y los enfoques de estos; la incorporación de pueblos y nacionalidades a la administración pública; y, el apoyo a la conformación de circunscripciones territoriales indígenas4.

  6. Además, la construcción del PNBV tuvo un proceso altamente participativo: primero, se nutrió de un programa de gobierno colectivamente construido, dentro del cual cerca de cinco mil personas aportaron ideas que fueron plasmadas en el documento; en un segundo momento, casi ocho mil doscientas personas participaron en más de cien eventos públicos y espacios virtuales, conforme al siguiente detalle5:

    • Diálogos del Buen Vivir (5160 -cinco mil ciento sesenta- participantes). Identificación de nudos críticos y formulación de propuestas. Posteriormente, en talleres zonales, se analizó la alineación de las propuestas de los procesos de diálogo con los objetivos, las políticas, las metas y los indicadores del Plan.

    • Talleres, mesas temáticas y grupos focales (1061 -mil sesenta y un- participantes). En ellos se discutió, entre otros, temas de igualdad, capacidades y potencialidades.

    • Veedurías y observatorios (605 -seiscientos cinco- participantes). Estos impulsaron recomendaciones sobre la base de la experiencia del anterior Plan para la implementación de la política pública.

    • Talleres participativos de prospectiva a nivel zonal (240 -doscientos cuarenta- participantes). En estos espacios se identificó problemas claves para la visión nacional y zonal a largo plazo.

    • Reuniones con delegados de organizaciones sociales nacionales, consejos sectoriales y asambleas locales (266 -doscientos setenta y seis- participantes). En ellas se identificaron nudos críticos y propuestas para las políticas nacionales, y se preparó la primera Asamblea Plurinacional de Planificación Participativa, que aprobó el PNBV.

    • Seminario internacional (780 -setecientos ochenta- participantes). Se llevó a cabo un total de seis paneles de conferencias con expertos internacionales, en los que participaron, con sus inquietudes sobre el Plan, miembros de la academia y la ciudadanía en general.



    • Maratones radiales y espacios virtuales (100 -cien- participantes). Se realizaron programas radiales abiertos y se receptaron aportes a través de la web, donde se recogieron inquietudes de la ciudadanía para la construcción del Plan.

  1. Como principal avance en el establecimiento de la institucionalidad para la garantía y plena vigencia de los derechos consagrados por la CRE y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en el año 2012 se elaboró el proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de la Igualdad (CNI)6 por parte de la Asamblea Nacional. Después de aproximadamente dos años de reflexión, consultas y debates, esta ley fue aprobada a través de la Ley Orgánica de los CNI y su Reglamento7. La Ley creó cinco Consejos especializados: 1) de género, 2) intergeneracional, 3) de pueblos y nacionalidades, 4) de discapacidades y 5) de movilidad humana, para promover, impulsar y proteger el respeto al principio de igualdad y no discriminación, como piedra angular en el diseño de la normativa y trabajo de la institucionalidad pública, en todos los niveles del gobierno (incluyendo a los gobiernos locales), a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.

  2. Los CNI son organismos de derecho público, con personería jurídica, que forman parte de la Función Ejecutiva; tienen competencias a nivel nacional y gozan de autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; no requieren de estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Además, tienen el mandato de participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, fomentando una cultura de paz que desarrolle capacidades humanas, medidas de acción afirmativa y la erradicación de actos, usos, prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios. Los CNI se rigen por principios de: igualdad, alternabilidad, participación democrática, inclusión, interculturalidad y pluralismo.

  3. La visión de los CNI es construir una sociedad en la cual los grupos de atención prioritaria, conozcan y ejerzan sus derechos, relacionándose entre sí y con los demás grupos de forma solidaria, equitativa, corresponsable y en armonía con la naturaleza. Su misión institucional es incidir en la sociedad y el Estado, a través de políticas públicas cuyo enfoque sea el de igualdad y de derechos.

  4. Para tal efecto, las Agendas Nacionales para la Igualdad permiten abordar directamente problemáticas sociales, entre ellas las referentes a la desigualdad y discriminación, y que son de obligatorio cumplimiento para todas las funciones del Estado en todos los niveles de gobierno. Como instrumentos técnico-políticos, recogen una serie de propuestas de políticas públicas, analizadas y elaboradas por los Consejos de Igualdad y la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), con la participación de ciudadanas y ciudadanos, comunidades, nacionalidades y pueblos. El proceso de construcción se llevó a cabo con el propósito de facilitar a la institucionalidad pública un instrumento para enfrentar la multicausalidad de la discriminación en todas sus aristas; es así como se configuró la necesaria interseccionalidad en la atención de los grupos de atención prioritaria sujetos a múltiples factores de vulneración de derechos.

  5. De manera específica, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades funcionará como órgano responsable de velar por la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, y las relaciones interculturales de la sociedad ecuatoriana8 el cual se encuentra en proceso de transición, sin que esto afecte al desarrollo de sus competencias, que son ejecutadas a través de la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad de la SNGP.

  6. Acorde con el Art. 156 y transitoria sexta de la CRE, los Consejos Transitorios de Desarrollo -Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), y Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC)-, junto con organizaciones sociales diversas, en forma participativa y con el apoyo técnico de SENPLADES, elaboraron una primera versión de la Agenda Plurinacional de Políticas Públicas para la Igualdad en la Diversidad (APPID) 2013-2017, que, con ciertas modificaciones y ajustes finales, hoy se conoce como la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos (ANINP), cuyo proceso de construcción contó con el soporte del Programa Proindígena de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ.

  7. La ANINP funciona como herramienta central de planificación y orientación de las acciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, además de un conjunto de instituciones públicas como entidades responsables de la Función Ejecutiva (ministerios ejecutores y coordinadores), la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el CPCCS. En este sentido, la ANINP gestiona la implementación de políticas públicas sustanciales para promover la igualdad y no discriminación e inclusión de las nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, en el marco de la vigencia plena de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales, territoriales, culturales, individuales y colectivos. En este sentido, el enfoque intercultural acompaña transversalmente la construcción de los distintos ejes de desarrollo.

  8. Con respecto al Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica Cultural, la función ejecutiva del Estado, mediante Decreto Ejecutivo Nº 060, publicado en el Registro Oficial Nº 45, del 13 de octubre de 2009, otorgó al Plan la calidad de Política Pública de Estado. En consecuencia, el CPCCS, con fecha 18 de marzo de 2013, dando cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, convocó a organizaciones sociales pertenecientes a pueblos y nacionalidades, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento efectivo de los Derechos Colectivos. Para tales fines, se conformó un Observatorio Ciudadano que tiene la potestad de obtener información, monitorear, evaluar y emitir reportes e informes.

  9. Actualmente, dicho Observatorio cuenta con mecanismos estructurados, y opera con base en su propio paquete metodológico para su buen funcionamiento. Se ha planteado la construcción de acuerdos con instituciones académicas, que permitan fortalecer los procesos investigativos. El Observatorio cuenta con el aval institucional del CPCCS, a través de la Coordinación General de Interculturalidad, en coordinación con la Subordinación de Control Social, para la gestión y manejo de los siguientes programas y políticas:

    • Inserción laboral de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades a las instituciones públicas y de lo público, de conformidad con el porcentaje de habitantes existentes, establecido en el censo 2010.

    • Políticas públicas para erradicar la discriminación de todo tipo existente en las instituciones públicas y de lo público.



    • Medidas claras de acción afirmativa, dirigidas a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades en el desarrollo de concursos de méritos y oposición para el ingreso o ascenso en el servicio público.

  1. Asimismo, el CPCCS difundió los alcances del Decreto Ejecutivo Nº 060 en los talleres de Fortalecimiento organizativo y relacionamiento con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en que participaron pueblos y nacionalidades indígenas, así como con el Pueblo Afroecuatoriano, en los eventos del Decenio Afroecuatoriano.

  2. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano cuenta con el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (SNIES), que constituye un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos en la CRE9, en concordancia con el PNBV. El SNIES es guiado por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, y funciona bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

  3. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (LOEOP)10, también denominada Código de la Democracia, reconoce la adopción de medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados de la sociedad11 y establece, en igualdad de condiciones, la participación política, a través del voto, de personas extranjeras que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y estén inscritos en el Registro Electoral.

  4. 24. Otro de los avances significativos constituye la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), sustentado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC)12, el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) que permite transversalizar la participación ciudadana, en todos los ejercicios de planificación nacional.

  5. La ley dispone que estos procesos participativos -especialmente los procesos de formulación de políticas públicas- pongan énfasis en la inclusión de sectores históricamente excluidos, tales como miembros de minorías étnicas o personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, así como a aquellas personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria -niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, mujeres embarazadas y personas en situación de movilidad humana13.

  6. El 29 de abril de 2015, mediante Decreto Ejecutivo Nº 65614, se expidió el Reglamento para el Funcionamiento de los Consejos Ciudadanos Sectoriales, que constituyen instancias de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter sectorial; y, se estableció el mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales, con el objetivo de garantizar el derecho a la participación ciudadana en los asuntos de interés público, y la soberanía, que radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la CRE.

  7. La aplicación del Decreto Ejecutivo Nº 656 es obligatoria para los Ministerios Sectoriales y para las organizaciones sociales y actores de la sociedad civil organizada que integren y/o participen en los Consejos Ciudadanos Sectoriales, sin discriminación alguna. En él se establecen los parámetros para su conformación: requisitos, procedimientos, funciones y atribuciones.

  8. En lo que respecta a la formulación de políticas públicas de salud, durante el último año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha aprobado varios instrumentos que cumplen con los principios establecidos en la CRE (equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética) con enfoque de género y enfoque generacional.

  9. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) formula y ejecuta distintas políticas, programas y servicios que garantizan la cohesión y participación social. Los servicios orientados al desarrollo infantil integral, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a la protección especial y de jóvenes, considerando la experiencia intercultural, buscan fortalecer el reconocimiento y pleno desarrollo de los diversos grupos étnicos. Estas acciones estatales están especialmente dirigidas a la población en situación de pobreza, de la que forman parte tanto grupos afrodescendientes, como indígenas y montubios, que históricamente han sido víctimas de la exclusión.

  10. Para garantizar la interculturalidad, en el MIES, las instancias encargadas de cada grupo prioritario realizan procesos de reflexión sobre cambios en las modalidades de atención, contando con la participación ciudadana de las distintas etnias, y amparándose en investigaciones que permitan fortalecer el enfoque intercultural en cada una de sus acciones. Además, en cuanto a prestación de servicios, cuentan con medidas de acción afirmativa de selección de personal, que favorecen a las personas afrodescendientes, montubias e indígenas.

  11. En cuanto a políticas de inclusión laboral, el Ministerio del Trabajo (MDT) impulsó la promulgación de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y de Reconocimiento del Trabajo en el Hogar15, que consagra los derechos a favor de la clase trabajadora, con el propósito de evitar actos discriminatorios y de inequidad, siguiendo los preceptos de no discriminación por pertenencia a pueblos, nacionalidades, y grupos minoritarios.

  12. En todo lo expuesto se evidencian los avances intersectoriales que el Estado ecuatoriano ha impulsado a través de normativa, institucionalidad y políticas públicas, para enfrentar la discriminación racial, con el fin de erradicarla progresivamente y lograr la transformación de las condiciones que históricamente han mantenido vigente a la exclusión de estos grupos16.


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