Ccpr/C/rus/Q/6/Add. 1 09-44546



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Naciones Unidas

CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1



Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos


Distr. general

24 de agosto de 2009

Español

Original: ruso


Comité de Derechos Humanos

Respuestas a la lista de cuestiones (CCPR/C/RUS/Q/6/) que deben abordarse al examinar el segundo informe periódico de la Federación de Rusia (CCPR/C/RUS/6)*

[7 de agosto de 2009]

Índice

Párrafos Página

Pregunta 1 1–18 3

Pregunta 2 19–76 5

Pregunta 3 77–109 15

Pregunta 4 110–123 22

Pregunta 5 124–128 24

Pregunta 6 129–160 24

Pregunta 7 161–195 29

Pregunta 8 196–230 33

Pregunta 9 231–242 39

Pregunta 10 243–251 41

Pregunta 11 252–272 42

Pregunta 12 273–277 45

Pregunta 13 278–290 46

Pregunta 14 291–295 48

Pregunta 15 296–304 49

Pregunta 16 305–307 51

Pregunta 17 308–319 51

Pregunta 18 320–339 54

Pregunta 19 340–354 57

Pregunta 20 355–358 61

Pregunta 21 359–367 62

Pregunta 22 368–377 63

Pregunta 23 378–389 65

Pregunta 24 390–393 67

Pregunta 25 394 68

Pregunta 26 395–398 68

Pregunta 27 399 75

Pregunta 28 400 75

Pregunta 29 401–408 75

Pregunta 30 409–413 78

Pregunta 1

1. Al aceptar las obligaciones que impone el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Federación de Rusia ha reconocido la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos enunciados en el Pacto.

2. Todos los casos examinados en el marco del Protocolo Facultativo son objeto de un exhaustivo análisis por parte de las autoridades competentes de la Federación de Rusia y en particular por los órganos judiciales (comprendidos la Presidencia del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia) y la Fiscalía General. Se reconoce también que el Comité no desempeña funciones de tribunal ni de instancia de casación. Precisamente por esa razón sus decisiones se denominan dictámenes y tienen carácter de recomendación. Para la Federación de Rusia estas recomendaciones son de mucho peso. Las autoridades de la Federación de Rusia las toman con seriedad y no pueden pasarlas por alto aunque difieran de sus propios criterios. En relación con cada recomendación se toman medidas para un examen profundo y pormenorizado, tras lo cual la Federación de Rusia informa al Comité, en los plazos previstos, sobre el resultado de ese examen.

3. Este fue precisamente el procedimiento seguido por las autoridades de la Federación de Rusia tras recibir el dictamen del Comité sobre los casos Lantsova, Gridin, Telitsina, Smirnova, Dugin, Zheikov, Platonov y Babkin. Se llevó a cabo una exhaustiva labor en relación con el nuevo examen de estos casos. Al mismo tiempo, la Federación de Rusia siempre ha mantenido el principio fundamental de objetividad, independencia e imparcialidad de las instancias fundamentales de supervisión, a saber, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, que emprenden inspecciones exhaustivas in situ para esclarecer la verdad. Esta labor se ha llevado a cabo en relación con todas las solicitudes del Comité de Derechos Humanos, al que se ha informado sobre los resultados en los plazos debidos.

4. El dictamen del Comité en relación con el caso D. L. Gridin (Nº 770/1997) se examinó en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General. Sin embargo, las conclusiones a las que se llegaba en ese dictamen del Comité no quedaron confirmadas tras un segundo examen del caso. Las afirmaciones de D. L. Gridin acerca de que se había violado la legislación de procedimiento penal en el momento de practicar las pruebas materiales para la investigación criminológica fueron objeto de verificación y no se confirmaron. Se determinó que la sentencia contra D. L. Gridin se ajustaba a derecho y era justificada.

5. En relación con el caso E. P. Lantsova (Nº 763/1997) se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el dictamen del Comité. Por consiguiente, para que la atención médica de sospechosos, encausados y penados fuera más eficaz, el Ministerio de Salud y Protección Social de la Federación de Rusia y el Ministerio de Justicia promulgaron conjuntamente el 17 de octubre de 2005 el Decreto Nº 640/190 sobre la organización de la atención médica para las personas que cumplen condena en centros penitenciarios y para las personas detenidas.

6. Por otra parte, el Servicio Penitenciario de la Federación de Rusia promulgó el 17 de marzo de 2009 el Decreto Nº 104 por el que se aprueba la instrucción relativa a la organización de las inspecciones de servicio en los centros y órganos del sistema penitenciario.

7. Para investigar más eficazmente las irregularidades en los centros y órganos del sistema penitenciario, como prevé el Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 174-FZ de 18 de diciembre de 2001), el Ministerio de Justicia promulgó el 11 de julio de 2006 el Decreto Nº 250 por el que se aprueba la instrucción relativa al trámite, registro y examen en los centros y órganos del sistema penitenciario de denuncias sobre delitos e incidentes.

8. Se ha establecido un registro unificado de delitos en virtud de un decreto conjunto de la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Protección Civil, Situaciones de Emergencia y Desastres Naturales, el Ministerio de Justicia, el Servicio Federal de Seguridad, el Ministerio de Fomento y de Comercio, y el Servicio Federal de Control de Tráfico de Estupefacientes Nº 39/1070/1021/253/780/353/399 de 29 de diciembre de 2005.

9. Los sospechosos, encausados y penados tienen derecho a solicitar de los tribunales la protección jurídica de sus derechos.

10. En relación con el caso A. V. Platonov (Nº 1218/2003), el Comité tomó nota de que el fiscal había dispuesto su detención en febrero de 1999, cuando, con arreglo al párrafo 3 del artículo 9 del Pacto, la prisión preventiva de una persona acusada de haber cometido un delito de naturaleza penal deberá estar sujeta a control judicial.

11. Al mismo tiempo, a A. V. Platonov se le había detenido en aplicación del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal de la República Socialista Federativa de Rusia (que dejó de estar en vigor el 1º de enero de 2003) y con arreglo al cual podía procederse al arresto por decisión del órgano judicial o con autorización del fiscal. Según ese artículo, al detenido le asistía el derecho de impugnar la detención y de solicitar la revisión judicial de la legalidad y justificación de su prisión preventiva. Por esta razón, la detención de A. V. Planotov por decisión del fiscal se había atenido a derecho.

12. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2001 se aprobó el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, que entró en vigor el 1º de julio de 2002. Con arreglo a su artículo 108, la detención como medida cautelar solo podrá imponerse por decisión judicial. Asimismo, esta medida cautelar solo es aplicable a personas sospechosas o acusadas de haber cometido delitos por los que la legislación penal prevea penas de privación de libertad superiores a dos años y siempre que no resulte posible imponer otras sanciones más leves.

13. Por consiguiente, en la Federación de Rusia hay establecido un riguroso control judicial de la legalidad y el fundamento de las medidas cautelares. El Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia contempla en su artículo 255 el control judicial de medidas cautelares como la prisión preventiva del encausado mientras se esté enjuiciando una causa penal.

14. En vista de todo ello, cabe señalar que en la Federación de Rusia se aplican plenamente las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos acerca del control judicial de toda decisión relacionada con la imposición y prórroga de medidas cautelares como la prisión preventiva.

15. El 26 de junio de 2008 el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia puso en conocimiento de los tribunales supremos de las repúblicas, de las audiencias territoriales y provinciales, de los tribunales municipales de Moscú y San Petesburgo y de los tribunales de las circunscripciones autónomas el dictamen del Comité en relación con la denuncia de K. K. Babkin (Nº 1310/2004) de 3 de abril de 2008 con el fin de evitar que volvieran a producirse tales violaciones.

16. El dictamen del Comité de Derechos Humanos en relación con la denuncia de K. K. Babkin se publicó en la Recopilación de legislación y jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia correspondiente al tercer trimestre de 2008. Tras el dictamen del Comité, el 18 de noviembre de 2008, K. K. Babkin presentó otra querella ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia que actualmente se está examinando.

17. La Fiscalía General de la Federación de Rusia imparte a las fiscalías de cada sujeto territorial de la Federación de Rusia recomendaciones con carácter de instrucción para su aplicación en la labor de los fiscales y con el fin de evitar que se produzcan más violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros instrumentos internacionales en que es parte la Federación de Rusia.

18. Las decisiones del Comité de Derechos Humanos se publican con relativa periodicidad en la Recopilación de legislación y jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y se ponen en conocimiento de los jueces y sus asistentes, así como de los asesores del Tribunal Supremo en el transcurso de seminarios.

Pregunta 2

19. Con el fin de garantizar la transparencia del sistema judicial y prevenir la corrupción, con arreglo al Programa Federal de desarrollo del sistema judicial de la Federación de Rusia para 2007-2011, aprobado en virtud de la disposición del Gobierno Nº 583 de 21 de septiembre de 2006 (con enmiendas de 17 de marzo de 2009) se recomendó introducir como práctica una declaración anual de ingresos, bienes y situación material de los jueces y sus cónyuges (sujeta a las disposiciones del título 7 del Código de la Familia de la Federación de Rusia).

20. Promulgada el 22 de diciembre de 2008, la Ley federal Nº 262-FZ relativa al acceso a la información sobre las actividades de los jueces en la Federación de Rusia ha pasado a formar parte del denominado "paquete de leyes anticorrupción" y establece los principios fundamentales para tener conocimiento de la actividad de los magistrados, a saber:

"1. La transparencia y la accesibilidad de la información sobre la actividad de los tribunales, salvo cuando la legislación federal disponga lo contrario;

2. La fiabilidad de la información sobre la actividad de los tribunales y la puntualidad de su presentación;

3. La libertad para recabar, recibir, transmitir y divulgar información sobre la actividad de los tribunales por cualquier medio lícito;

4. La protección del derecho de los ciudadanos a la privacidad, la intimidad personal y familiar, la defensa de su honor y reputación, el derecho de las empresas a proteger su reputación comercial y el respeto de los derechos e intereses legítimos de cuantos participan en el procedimiento judicial facilitando información sobre la actividad de los tribunales;

5. La no injerencia en la administración de justicia cuando se facilita información sobre la actividad de los tribunales."

21. Con arreglo a esa ley puede accederse a información sobre la actividad de los tribunales por los medios siguientes:


  • Por comparecencia del ciudadano (persona física), comprendidos los representantes de empresas (personas jurídicas), asociaciones públicas, organismos gubernamentales y autoridades locales, en una vista pública;

  • Por divulgación (publicación) de la información sobre la actividad de los tribunales en los medios de información;

  • Mediante la publicación de información sobre la actividad de los tribunales en Internet;

  • Mediante la publicación de información sobre la actividad de los tribunales en los locales ocupados por tribunales, departamentos judiciales, órganos judiciales y órganos de la judicatura;

  • Poniendo en conocimiento de los usuarios de colecciones de archivo la información sobre la actividad de los tribunales;

  • Facilitando información sobre la actividad de los tribunales a quien la solicite.

22. Por otra parte, el Programa Federal prevé dar más apertura y transparencia a la justicia modernizando prioritariamente las infraestructuras judiciales e informatizando el sistema judicial y en particular creando un sistema de información y comunicación del Tribunal Supremo integrado con el sistema informativo de los tribunales de jurisdicción general denominado "Sistema automatizado de la administración de justicia de la Federación de Rusia".

23. El 31 de julio de 2008 el Presidente de la Federación de Rusia aprobó el Plan nacional anticorrupción. La Ley federal Nº 273-FZ de 25 de diciembre de 2008 relativa a la lucha contra la corrupción constituye el instrumento principal del sistema de medidas anticorrupción. Como parte de las medidas legislativas anticorrupción, el Plan nacional prevé también la elaboración y presentación a la Duma del Estado de proyectos de ley federal para enmendar la legislación de la Federación de Rusia, que ya han sido elaborados y aprobados.

24. Entre las leyes que componen el denominado "paquete de leyes anticorrupción" cabe señalar la Ley federal Nº 274-FZ, de 25 de diciembre de 2008, por la que se introducen enmiendas en algunos instrumentos legislativos de la Federación de Rusia como consecuencia de la adopción de la Ley federal relativa a la lucha contra la corrupción. Con arreglo a esta ley federal, se han introducido una serie de enmiendas interrelacionadas a la Ley sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia, la Ley sobre el Departamento Judicial del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, la Ley relativa a los órganos de la judicatura de la Federación de Rusia, y otras.

25. Tras las modificaciones introducidas a la Ley federal sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia, se imponen requisitos adicionales a los magistrados y candidatos a magistrado. En particular, en caso de que surja un conflicto de intereses, el juez encargado del caso debe inhibirse de este o poner en conocimiento de los participantes en el proceso la situación surgida. Por conflicto de intereses se entiende toda situación en que el interés personal (directo o indirecto) del juez influya o pueda influir en el buen desempeño de sus funciones y en que pudiera existir una contradicción entre los intereses personales del juez y los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos, empresas, sociedades, municipios o sujetos territoriales de la Federación de Rusia o la propia Federación de Rusia que pudiera lesionar los derechos e intereses legítimos de dichos ciudadanos, empresas, municipios, sujetos territoriales de la Federación de Rusia o de la propia Federación de Rusia.

26. Por interés personal del juez que influya o pueda influir en el buen desempeño de sus funciones se entiende la posibilidad de que el juez obtenga, en el ejercicio de sus funciones, ingresos materiales o cualquier otra clase de ventaja ilícita directamente para el propio juez, sus familiares u otras personas u organizaciones con las cuales tenga obligaciones financieras o de otra índole.

27. Se prohíbe a los jueces:



  • Ocupar otros cargos públicos, gubernamentales, municipales, puestos de la administración municipal ni ser jueces de arbitraje.

  • Pertenecer a partidos políticos, apoyarlos económicamente y participar en sus actos políticos u otras actividades de carácter político.

  • Expresar públicamente su opinión acerca de partidos políticos u otras asociaciones públicas.

  • Ejercer la actividad empresarial ya sea personalmente o mediante apoderados y participar en la dirección de entes económicos, independientemente de su estructura organizativa o de su condición jurídica.

  • Dedicarse a cualquier otra actividad remunerada, salvo la enseñanza, la investigación y la creación, siempre que no interfiera con el ejercicio de sus funciones como juez ni pueda aducirse como causa que justifique su ausencia en una vista sin el previo consentimiento del presidente del tribunal de que se trate (en el caso de los jueces de paz, el consentimiento del presidente del tribunal de distrito, en el caso de los presidentes de tribunal, el consentimiento de la presidencia colegiada del tribunal y, de no existir tal presidencia colegiada, de la presidencia de los tribunales de instancia superior). Por otra parte, la enseñanza, la investigación o las actividades de creación no podrán financiarse exclusivamente con cargo a otros Estados, organizaciones internacionales o extranjeras, ni ciudadanos extranjeros o apátridas, salvo que estipulen lo contrario la legislación de la Federación de Rusia, los tratados internacionales en que sea parte la Federación de Rusia o los acuerdos recíprocos que hayan suscrito el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, el Alto Tribunal de Arbitraje de la Federación de Rusia y los tribunales constitucionales de los sujetos territoriales de la Federación de Rusia con los correspondientes tribunales de otros Estados o con organizaciones internacionales o extranjeras.

  • Ser el abogado o el representante de personas físicas o jurídicas (salvo en los casos en que tal representación resulte lícita).

  • Permitir declaraciones públicas sobre causas que esté examinando un tribunal antes de que haya surtido efecto una decisión judicial sobre esa cuestión.

  • Emplear, con fines distintos a la función judicial, medios materiales y técnicos, así como recursos financieros e información destinados a uso oficial.

  • Divulgar o emplear, con fines distintos a la función judicial, informaciones clasificadas como confidenciales con arreglo a la legislación federal, así como informaciones de las que haya podido tener conocimiento en el ejercicio de sus funciones como juez.

  • Recibir, como consecuencia del ejercicio de sus funciones como juez, remuneraciones no contempladas en la legislación de la Federación de Rusia (préstamos, dinero en efectivo y otros pagos, servicios, actividades de ocio y esparcimiento y transporte gratuitos) de personas físicas o jurídicas. Los obsequios recibidos por un juez en el marco de actos protocolarios, comisiones de servicio u otros actos oficiales se clasifican como bienes federales o pertenecientes a los sujetos territoriales de la Federación de Rusia, por lo que el juez deberá entregarlos oficialmente al tribunal en que desempeña sus funciones salvo en los casos contemplados por la legislación de la Federación de Rusia. Los jueces que entreguen los obsequios recibidos en el marco de actos protocolarios, comisiones de servicio u otros actos oficiales tendrán la posibilidad de comprarlos con arreglo al procedimiento establecido en los instrumentos legislativos de la Federación de Rusia.

  • Aceptar, sin autorización de una junta de jueces debidamente cualificada, distinciones honoríficas y especiales (a excepción de títulos académicos y deportivos), así como premios u otros galardones de otros Estados, partidos políticos, asociaciones públicas y otras organizaciones.

  • Salir en comisión de servicio fuera del territorio de la Federación de Rusia con gastos pagados por personas físicas o jurídicas, a excepción de los viajes oficiales que se realicen de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia, los acuerdos internacionales en que esta sea parte o los acuerdos recíprocos concertados por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, el Alto Tribunal de Arbitraje de la Federación de Rusia, el Consejo de la Judicatura de la Federación de Rusia y los tribunales constitucionales de los objetos territoriales de la Federación de Rusia con otros Estados u organizaciones internacionales o extranjeras; formar parte de órganos rectores, de consejos administrativos o de supervisión o de otros organismos gubernamentales con actividad en territorio de la Federación de Rusia, así como de organizaciones extranjeras sin fines de lucro o sus departamentos salvo disposición contraria de la legislación de la Federación de Rusia, los tratados internacionales en que esta sea parte o los acuerdos recíprocos concertados por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, el Alto Tribunal de Arbitraje de la Federación de Rusia y los tribunales constitucionales de los objetos territoriales de la Federación de Rusia con los tribunales de otros Estados, o con organizaciones internacionales o extranjeras.

28. Los candidatos a juez deberán cumplir los requisitos siguientes. Podrán ser jueces los ciudadanos de la Federación de Rusia que:

  • Tengan formación superior en derecho;

  • No tengan o no hayan tenido antecedentes penales ni causas penales que hayan quedado sobreseídas por rehabilitación;

  • No tengan nacionalidad extranjera o permiso de residencia u otros documentos que les otorguen derecho a residir en otro Estado en tanto que ciudadanos de la Federación de Rusia;

  • No hayan sido reconocidos por un tribunal como personas sin capacidad de obrar o con capacidad de obrar atenuada;

  • No hayan ingresado en centros toxicológicos o psiquiátricos para seguir tratamientos contra el alcoholismo, la toxicomanía o desórdenes psíquicos crónicos o prolongados;

  • No padezcan otras enfermedades que les impidan desempeñar las funciones de juez.

29. No podrán ser candidatos a juez aquellas personas que hayan sido sospechosas o acusadas de haber cometido un delito.

30. Dicha ley determina también el procedimiento de presentación de informes sobre ingresos, bienes y obligaciones materiales de los candidatos a juez y sus cónyuges e hijos menores de edad. Por ejemplo, los jueces deben presentar cada año al tribunal, a más tardar el 30 de abril, información sobre sus ingresos, bienes en propiedad y obligaciones materiales correspondientes al año anterior, así como información sobre los ingresos de su cónyuge e hijos menores de edad, y sobre los bienes en propiedad y obligaciones de carácter material de su cónyuge e hijos menores de edad.

31. En caso de no facilitar la información en el plazo oportuno, así como de proporcionar deliberadamente información falsa, podrán imponerse sanciones disciplinarias al juez.

32. En cuanto a la información sobre el procedimiento para nombrar a los jueces, cabe señalar que de conformidad con el artículo 119 de la Constitución de la Federación de Rusia, podrán ser jueces los ciudadanos de la Federación de Rusia que hayan cumplido los 25 años, que tengan formación jurídica superior y cuenten con experiencia en la profesión de como mínimo cinco años. La legislación federal puede imponer requisitos adicionales a los jueces de los tribunales de la Federación de Rusia.

33. Para poder nombrar juez a un ciudadano que cumpla los requisitos legales y haya superado satisfactoriamente un examen de cualificación es necesario obtener la recomendación de la Junta de Calificación de Jueces, encargada de la selección de candidatos a juez por concurso según el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Ley sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia. La Junta de Calificación de Jueces examinará los documentos y la información proporcionada por el candidato a juez con arreglo al párrafo 6 del artículo 5 de la Ley sobre el estatuto de los jueces, tras lo que determinará si el candidato cumple o no los requisitos exigidos. Después de examinar las solicitudes de todos los candidatos a juez, de haber validado toda la información presentada por los candidatos, y haber evaluado los resultados del examen, la Junta de calificación decide si procede recomendar o no a los candidatos a juez. Si ningún candidato cumpliera los requisitos que exige la legislación, la Junta de Calificación de Jueces deberá dictar en relación con cada uno de los candidatos una decisión de no recomendación y anunciará en los medios de información la fecha y el lugar de la nueva convocatoria y examen de candidatos a juez.

34. Los fallos de la Junta de Calificación de Jueces relativos a la recomendación de candidatos pueden impugnarse judicialmente siempre que la Junta haya incumplido el procedimiento establecido por la legislación para la selección de candidatos a juez. Las decisiones de no recomendación de un candidato pueden impugnarse judicialmente tanto por haberse incumplido el procedimiento o por desacuerdo con el fallo.

35. La decisión de la Junta de Calificación de Jueces de recomendar a un candidato a juez se pondrá en conocimiento del Presidente del Tribunal antes de transcurridos diez días desde su aprobación. De estar de acuerdo con tal decisión, el Presidente del Tribunal deberá proceder, antes de transcurridos 20 días desde que recibió la decisión, a nombrar juez a la persona recomendada con arreglo al procedimiento establecido.

36. El procedimiento de nombramiento de los jueces queda definido en el artículo 6 de la Ley de la Federación de Rusia sobre el estatuto de los jueces, con arreglo al cual los jueces del Tribunal Supremo y del Alto Tribunal de Arbitraje son nombrados por el Consejo de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia por recomendación del Presidente de la Federación de Rusia, quien tendrá en cuenta las opiniones del Presidente del Tribunal Supremo y del Presidente del Alto Tribunal de Arbitraje.

37. Los jueces de otros tribunales federales de jurisdicción general y tribunales de arbitraje son nombrados por el Presidente de la Federación de Rusia por recomendación de los presidentes respectivos del Tribunal Supremo y del Alto Tribunal de Arbitraje de la Federación de Rusia. Dicha recomendación debe presentarse al Presidente de la Federación de Rusia antes de transcurridos 30 días desde que se haya recibido del Presidente del tribunal correspondiente la propuesta de nombramiento del candidato recomendado.

38. En el marco del Programa Federal de desarrollo del sistema judicial de la Federación de Rusia para 2007-2011 y su sección relativa al procedimiento para el nombramiento de jueces, se elaboró el proyecto de ley federal Nº 198371-5 sobre enmiendas al artículo 11 de la Ley sobre el estatuto de los jueces en la Federación de Rusia y al artículo 17 de la Ley federal relativa a los órganos de la judicatura de la Federación de Rusia. El proyecto de ley fue presentado por el Presidente de la Federación de Rusia.

39. El proyecto de ley prevé establecer una excepción al procedimiento según el cual los jueces nombrados por primera vez a un tribunal federal no pueden desempeñar el cargo más de tres años. Por consiguiente, el mandato de los jueces del tribunal federal sólo vencería al cumplir estos la edad máxima de tenencia de los jueces, lo que constituirá una garantía adicional del principio de independencia del poder judicial consagrado en el artículo 120 de la Constitución.

40. El 3 de junio de 2009 la Duma del Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia aprobó en primera lectura el proyecto de ley federal Nº 198371-5 (disposición Nº 2179 5 GD).

41. El VII Congreso Federal de Jueces señaló, en su disposición de fecha 4 de diciembre de 2008 relativa a la situación del sistema judicial en la Federación de Rusia y las prioridades para su desarrollo y perfeccionamiento, que en vista de la elaboración de mecanismos anticorrupción y medidas para garantizar la independencia judicial y dar más calidad y transparencia a la administración de justicia, cobraba especial importancia la adopción de la Ley federal de garantía de acceso a la información sobre la actividad de los tribunales en la Federación de Rusia. Esta ley contempla la divulgación de información sobre la actividad de los tribunales, con lo que se hará más transparente el enjuiciamiento de los casos en los tribunales y se conocerá mejor el contenido de las sentencias.

42. Con arreglo a la Ley federal Nº 87-FZ de 5 de junio de 2007, se introdujeron enmiendas al Código de Procedimiento Penal y la Ley federal sobre la Fiscalía de la Federación de Rusia. Las enmiendas prevén el establecimiento de un nuevo órgano de administración de justicia, a saber, el Comité de Investigación de la Fiscalía General de la Federación de Rusia. Los órganos de investigación preliminar han quedado adscritos a la Fiscalía General por medio del Comité de Investigación, presidido por el Primer Vicefiscal General de la Federación de Rusia, que es nombrado y cesado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal por recomendación del Presidente de la Federación de Rusia.

43. La disposición relativa al Comité de Investigación de la Fiscalía General de la Federación de Rusia se aprobó en virtud del Decreto del Presidente de la Federación de Rusia Nº 1004, de 1º de agosto de 2007 sobre las cuestiones relativas al Comité de Investigación de la Fiscalía General de la Federación de Rusia.

44. El Comité de Investigación de la Fiscalía General de la Federación de Rusia (en adelante, el Comité de Investigación) se ha establecido con el fin de mejorar el control estatal en lo relativo a la aplicación de la legislación de procedimiento penal. El lugar especial que ocupa el Comité de Investigación dentro del sistema de órganos de la Fiscalía viene determinado por los elementos siguientes:



  • La existencia de un mandato independiente establecido por la legislación federal y los actos normativos del Presidente de la Federación de Rusia;

  • La estructura jerárquica separada del Comité de Investigación, a cuyo Presidente se supeditan los órganos de investigación que componen su sistema;

  • El estatuto del Presidente del Comité de Investigación, que es al mismo tiempo el Primer Vicefiscal General de la Federación de Rusia con rango equiparable al del Fiscal General, pues se les nombra con arreglo a un mismo procedimiento;

  • La independencia económica del Comité de Investigación.

45. El sistema del Comité de Investigación, que abarca los órganos de investigación territoriales, militares y especializados, funciona a pleno rendimiento y garantiza el esclarecimiento de delitos según el procedimiento establecido por la legislación, así como una participación activa en la formulación de políticas estatales relativas al proceso penal.

46. Con arreglo a las enmiendas introducidas en el Código de Procedimiento Penal, se ha establecido una rigurosa subordinación no al fiscal y a los vicefiscales, sino exclusivamente a los dirigentes de los órganos de investigación. Actualmente, el Código de Procedimiento Penal reconoce como nuevas figuras que participan en el proceso penal en representación de la acusación al director del órgano de instrucción (art. 39) y al jefe del departamento de investigación preliminar (art. 40, párr. 1).

47. Con el establecimiento del Comité de Investigación quedaron modificadas las atribuciones del fiscal y de los directores del órgano de instrucción. Con arreglo al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, actualmente competen a los directores de los órganos de instrucción las siguientes antiguas funciones de los fiscales:


  • Dar su consentimiento al juez instructor para decretar la imposición, prórroga, levantamiento o modificación de medidas cautelares u otras actuaciones procesales que decrete el tribunal;

  • Impartir instrucciones escritas de cumplimiento obligatorio a los jueces instructores;

  • Anular toda decisión ilícita o injustificada de un juez instructor;

  • Resolver la recusación de un juez instructor;

  • Apartar a un juez instructor de una investigación;

  • Prorrogar el plazo de investigación preliminar;

  • Confirmar la decisión de sobreseimiento de un juez instructor; y

  • Devolver una causa al juez instructor solicitando una investigación complementaria.

48. En la actualidad, solo están facultados para incoar una causa penal, de existir motivo y fundamento para ello, los órganos encargados de la investigación preliminar, los jueces instructores y las personas encargadas de la investigación preliminar (artículo 146 del Código de Procedimiento Penal), excepto en aquellos casos en que se haya presentado una acusación particular o una acusación particular y pública (párrafo 4 del artículo 20 del Código de Procedimiento Penal).

49. Los fiscales, los vicefiscales y sus asistentes tienen el derecho y la obligación de verificar el cumplimiento de cuántos requisitos impone la legislación federal en materia de recepción, registro y trámite de las denuncias sobre delitos (inciso 1) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal).

50. Al mismo tiempo, en la actualidad los fiscales no están facultados para verificar las denuncias de delitos. Con arreglo al artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, se trata de una competencia de los jueces instructores y de los órganos de investigación y las personas encargadas de la investigación preliminar, que deben admitir e investigar las denuncias relativas a cualquier delito cometido o que se esté preparando y tomar las medidas oportunas antes de transcurridos tres días. El párrafo 3 de dicho artículo establece que los directores de los órganos de instrucción o de investigación preliminar podrán, a instancia del juez instructor o la persona encargada de la investigación preliminar, prorrogar a diez días el plazo hábil para verificar las denuncias de delitos y, en caso de que deban comprobarse o revisarse pruebas documentales, el director del órgano de instrucción, a instancia del juez instructor, así como el fiscal, a instancia de la persona encargada de la investigación preliminar, podrán prorrogar dicho plazo a 30 días.

51. Si al examinar la denuncia se decidiera incoar una causa penal, deberá presentarse inmediatamente al fiscal una copia del auto de procesamiento (párrafo 4 del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal).

52. Si el fiscal decretara que el auto de procesamiento es ilícito o injustificado podrá retirarlo antes de transcurridas 24 horas de su presentación indicando debidamente las causas (párrafo 4 del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal).

53. También con arreglo al párrafo 4 del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal puede anular un auto de procesamiento antes de transcurridas 24 horas de su recepción pero no la copia de este. Ello significa que el fiscal puede requerir que se le presenten todos los autos sobre los que se basó la decisión de incoar una causa penal.

54. Con arreglo al inciso 2) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal puede disponer, de manera razonada, que se remitan los autos correspondientes al órgano de instrucción o al órgano de investigación para que se abra una causa penal por los actos ilícitos que haya advertido el fiscal. El juez instructor o la persona encargada de la investigación preliminar deberán llegar a una decisión sobre los autos presentados por el fiscal con arreglo al artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, y el fiscal deberá cerciorarse de la legalidad de dicha decisión.

55. Con arreglo al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, por regla general la incoación de causas penales no es competencia de los directores de los órganos de instrucción (salvo cuando se procese a personas pertenecientes a las categorías previstas en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal). Sin embargo, con arreglo al inciso 1) del párrafo 1 del artículo 39, los directores de órganos de instrucción sí pueden establecer grupos de instrucción y encomendar una investigación preliminar a uno o varios jueces de instrucción.

56. Con arreglo al artículo 148 del Código de Procedimiento Penal, la copia del auto de sobreseimiento de una causa penal debe presentarse al fiscal antes de transcurridas 24 horas desde que se dictó. Ello implica que el fiscal también debe cerciorarse inmediatamente de la legalidad y el fundamento del sobreseimiento de la causa. Para ello, el fiscal tiene derecho a familiarizarse no solo con la copia del auto de sobreseimiento, sino con el examen de la denuncia que hayan realizado el fiscal o la persona encargada de la investigación preliminar.

57. Si el fiscal estimara que el sobreseimiento de una causa penal por parte del juez instructor ha sido ilícito o infundado deberá transmitir los autos correspondientes, junto con una decisión motivada, al director del órgano de instrucción para dejar sin efecto el sobreseimiento del caso. En el caso de que el fiscal halle ilícito o infundado el auto de sobreseimiento dictado por un órgano de investigación o la persona encargada de la investigación preliminar, deberá dejarlo sin efecto y enviar el dictamen correspondiente al jefe del órgano de investigación junto con sus instrucciones.

58. Compete al fiscal:


  • Requerir de los órganos de investigación y encargados de las diligencias previas la subsanación de toda violación de la legislación federal cometida en el transcurso de la investigación preliminar o las diligencias previas (inciso 3) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal); y

  • Examinar toda información presentada por el director del órgano de instrucción que impugne el requerimiento del fiscal y adoptar medidas al respecto (inciso 7) del párrafo 2 del artículo 37 y párrafo 4 del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal).

59. En caso de que el juez instructor o el director del órgano de instrucción no estuviera de acuerdo con el requerimiento del fiscal de que se subsanen las violaciones de la legislación cometidas en el transcurso de las diligencias previas, el fiscal podrá exigir tal subsanación al director de la más alta instancia de instrucción (párrafo 6 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal).

60. En caso de que el director de la más alta instancia de instrucción también estuviera en desacuerdo con el fiscal, este último podrá dirigirse al Presidente del Comité de Investigación de la Fiscalía General de la Federación de Rusia. Si el Presidente del Comité de Investigación de la Fiscalía o el director de la instancia de instrucción del poder ejecutivo federal no aceptaran el requerimiento del fiscal de que se subsanen las violaciones de la legislación cometidas durante las diligencias previas, el fiscal podrá apelar ante el Fiscal General de la Federación de Rusia, cuya decisión será definitiva (párrafo 6 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal).

61. Compete al fiscal:


  • Recusar a los órganos de investigación preliminar durante cualquier causa penal y transmitir el caso a un juez instructor, indicando obligatoriamente los motivos de tal decisión (inciso 11) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal); los fiscales mantienen esta competencia;

  • Traspasar una causa penal de un órgano encargado de las diligencias previas a otro, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 151 y en el inciso 12) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal.

62. El derecho (y la obligación) del fiscal de examinar las quejas por los actos (u omisiones) y las decisiones procesales del juez instructor, la persona encargada de la investigación preliminar o del director del órgano de instrucción (artículo 124 del Código de Procedimiento Penal) le ha sido también reconocido a los directores de los órganos de instrucción, si bien es el denunciante quien conserva el derecho a decidir ante quién presentar la denuncia.

63. Cuando el fiscal concluya que una queja está fundamentada deberá disponer su aceptación y exigir al director del órgano de instrucción correspondiente que se subsane la violación de la legislación federal (inciso 3) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal).

64. Cuando el fiscal dé por válidas las quejas por los actos (u omisiones) y las decisiones procesales de la persona encargada de la investigación preliminar, este dejará sin efecto la decisión ilícita o infundada de que se trate o bien dispondrá que cesen los actos (u omisiones) ilícitos y que se restablezcan los derechos conculcados del denunciante (incisos 4) y 6) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal).

65. Los fiscales han conservado algunas competencias durante la fase de diligencias previas:



  • La participación del fiscal en las vistas judiciales en las que se examina, en la fase preliminar, la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva, la ampliación de la prisión preventiva o bien la anulación o modificación de esta medida, así como en el examen de toda solicitud para que se lleven a cabo determinados actos procesales al amparo de un fallo judicial y al examinar quejas elevadas a un tribunal (inciso 8) del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal);

  • Recusar a un órgano de instrucción de una causa penal y ponerla en manos de un juez instructor;

  • El fiscal puede remitir una causa penal de un órgano encargado de las diligencias previas a otro;

  • El fiscal puede confirmar un auto de procesamiento.

66. La participación del fiscal en el examen por un tribunal de toda solicitud para la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva es obligatoria, independientemente de que quien haya formulado la solicitud sea la persona encargada de la investigación preliminar, con acuerdo del fiscal, o bien el juez instructor con acuerdo del director del órgano encargado de la investigación preliminar. El fiscal que participa en la vista deberá exponer al tribunal su opinión (que puede diferir de la del juez instructor o del director del órgano de investigación) ateniéndose exclusivamente a la legislación.

67. El fiscal que participe en el examen de una queja y esté en desacuerdo con el fallo del tribunal podrá recurrir la decisión en casación (artículo 354 del Código Penal). El resto de funcionarios, es decir, el juez instructor y el director del órgano de investigación, no tienen derecho a impugnar los fallos del tribunal.

68. El fiscal no puede participar en las diligencias previas ni encargarse personalmente de la instrucción u otros actos procesales.

69. Han cambiado también las competencias fiscales en relación con causas penales en las que se haya dictado auto de procesamiento. Con arreglo al artículo 211 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal debe examinar la causa en un plazo de diez días. Este artículo establece que el fiscal tiene tres posibilidades ante una causa penal:

a) Si concluye que existen razones para llevar el caso al tribunal, el fiscal confirmará el auto de procesamiento;

b) El fiscal puede remitir el caso al juez instructor para ampliar la investigación, modificar la acusación o la calificación de los delitos cometidos, o bien para que se vuelva a redactar el auto de procesamiento subsanando las deficiencias advertidas, junto con instrucciones por escrito;

c) El fiscal puede disponer que el caso se someta a un fiscal de rango superior para que confirme el auto de procesamiento si la causa que se le ha presentado compete a una instancia fiscal superior.

70. La decisión del fiscal de devolver una causa penal al juez instructor puede ser apelada por este, con el consentimiento del director del órgano de instrucción, ante el fiscal de rango superior o, en caso de desacuerdo, ante el Fiscal General de la Federación de Rusia, con el consentimiento del Presidente del Comité Investigador o bien del director del órgano ejecutivo federal correspondiente. El fiscal de rango superior deberá, antes de transcurridas 72 horas, disponer:



  • Desestimar la petición del juez instructor.

  • Anular la decisión del fiscal de rango inferior. En ese caso, el fiscal de rango superior confirmará el auto de procesamiento y lo remitirá al tribunal.

71. Por consiguiente, aunque el juez instructor y el director del órgano de instrucción tienen derecho a no estar de acuerdo con que el fiscal haya devuelto un caso para que se siga instruyendo, la decisión final corresponde a un fiscal de rango superior o al Fiscal General de la Federación de Rusia.

72. Cabe señalar que cuando un juez instructor apela la decisión del fiscal de devolver una causa para que se siga instruyendo no queda suspendido el plazo de detención preventiva del encausado, por lo que debe prorrogarse de conformidad con el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal.

73. A diferencia de su redacción anterior, el actual artículo 221 del Código de Procedimiento Penal no reconoce al fiscal el derecho a sobreseer una causa penal o una investigación de carácter penal, ni a modificar al confirmar un auto de procesamiento, la acusación propiamente dicha o la calificación de los delitos aplicando disposiciones relativas a delitos menos graves, ni a añadir o suprimir nombres de personas que deben comparecer ante el tribunal.

74. El fiscal sí tiene derecho a impartir instrucciones sobre estas cuestiones cuando devuelva una causa al juez instructor para que se siga instruyendo.

75. La reforma de los órganos de la Fiscalía ha permitido establecer el equilibrio de poderes necesario entre el desarrollo de las diligencias previas y el control de la Fiscalía, lo que ha repercutido favorablemente en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos en la fase de instrucción. Los fiscales, liberados de toda responsabilidad directa sobre el resultado de la instrucción, han comenzado a reaccionar ateniéndose más a los fundamentos del derecho cuando se producen violaciones de la legislación en el curso de la instrucción.

76. Dan fe de los resultados positivos de la reforma de los órganos de la Fiscalía las estadísticas siguientes. Si en 2006 (antes de la reforma) los tribunales habían devuelto a los órganos de la fiscalía unas 6.000 causas penales para que siguieran instruyéndose, en 2008 (justo un año después del establecimiento de las nuevas condiciones), se habían devuelto solo 701 causas.




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