Capitulo II conclusiones de derecho



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Principios Generales


1.. Se procurará incorporar el Código de conducta a la legislación y a las prácticas nacionales.

2. Para alcanzar las metas y los objetivos establecidos en el artículo 1 del Código y sus correspondientes comentarios, la definición de "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" se interpretará de la manera más amplia posible.

3. El Código de conducta será aplicable a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cualquiera que sea la jurisdicción a la que estén sometidos.

4. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban instrucción, en su formación básica y en todos los cursos consecutivos de capacitación y repaso, sobre las disposiciones de la legislación nacional que estén vinculadas con el Código de conducta, así como los demás textos básicos sobre la cuestión de los derechos humanos.


B.     Cuestiones Específicas


1.Selección, educación y capacitación. Se dará una importancia primordial a la selección, educación y capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los gobiernos promoverán asimismo la educación y la formación mediante un intercambio provechoso de ideas en los planos regional e interregional.

2. Salarios y condiciones de trabajo. Se dará a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una remuncraci6n suficiente y condiciones de trabajo adecuadas.

3. Disciplina y supervisión. Se establecerán mecanismos eficaces para garantizar la disciplina interna y el control externo, así como la supervisión de los funcionarios encargados de hacer cumplir In ley.

4. Quejas del Público. Se adoptarán disposiciones especiales, dentro de los mecanismos mencionados en el párrafo 3, para recibir y dar trámite a las quejas formuladas por particulares contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se dará a conocer públicamente la existencia de estas disposiciones



II. VIGENCIA DEL CÓDIGO

A.     En el plano nacional


1. El Código estará a disposición de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de las autoridades competentes en su propio idioma.

2. Los gobiernos darán difusión al Código y a todas las leyes internas que establezcan su aplicación, para que el público en general tenga conocimiento de los principios y derechos que contienen.

3. Como medidas para promover la aplicación del Código, las autoridades organizarán simposios sobre el papel y las funciones que incumben en la protección de los derechos humanos y la prevención del delito a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

B.     En el plano internacional


1. Los gobiernos informaran al Secretario General, en intervalos adecuados, por lo menos de cinco años, sobre la vigencia real de las disposiciones del Código.

2. El Secretario General preparará informes periódicos sobre los adelantos logrados en la aplicación del Código, basándose igualmente en las observaciones y la colaboración de los organismos especializados y las correspondientes organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.

3. Como parte de los informes mencionados, los gobiernos comunicarán al Secretario General resúmenes de las leyes reglamentos y medidas administrativas en relación con la aplicación del Código y cualquier otra información pertinente sobre la observancia de sus disposiciones, así como información sobre las dificultades con que se hubiere tropezado en su aplicación.

4. El Secretario General presentará los informes mencionados al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia para que examine y tome las medidas que procedan.

5. El Secretario General pondrá el Código y las presentes Directrices a disposición de todos los Estados y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados, en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

6. Las Naciones Unidas, como parte de sus servicios de asesoramiento y sus programas de cooperación técnica y desarrollo:

a) Pondrán a disposición de los gobiernos que los soliciten los servicios de expertos y de asesores regionales e interregionales para ayudarles a aplicar las disposiciones del Código;

b) Promoverán seminarios nacionales y regionales de capacitación y otras reuniones sobre el Código y el papel y las funciones que incumben en la protección de los derechos humanos y la prevención del delito a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

7. Se estimulará a los institutos regionales de las Naciones Unidas a que organicen seminarios y cursos prácticos de formación sobre el Código, y a que investiguen en qué medida el Código tiene vigencia real en los países de la región, así como cuáles son las dificultades con que se ha tropezado.

No hemos encontrado evidencia alguna que demuestre que la Policía de Puerto Rico haya adoptado de forma alguna las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas que preceden.


JURISPRUDENCIA APLICABLE
SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica protegen la libertad de expresión en foros públicos. A pesar de que este derecho no es de carácter absoluto, el Estado sólo podrá reglamentarlo en cuanto a tiempo, lugar y manera, siempre y cuando la reglamentación sea neutral, sobre el contenido y cuando fomente un interés apremiante del Estado. Tampoco puede impedir la existencia de otros métodos de expresión. Perry Education Assn. v. Perry Local Educators Assn., 460 U.S. 37, a la pág. 45; Unión Nacional de Trabajadores de la Salud v. Secretario de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

Ha sostenido el Tribunal Supremo de Puerto Rico que ese enfoque se impone, ya que las "leyes que en alguna forma limitan el derecho constitucional de la libertad de expresión, deben ser interpretadas restrictivamente a fin de que esa limitación no traspase el límite de lo absolutamente necesario." Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 570 (1953); Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256 (1979).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a ser oído. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).

En Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972) el Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo un minucioso análisis sobre las limitaciones a la libertad de expresión y expuso lo siguiente:

En general, una disposición legislativa que tiene como propósito la limitación de la libre expresión se verá sujeta a un examen minucioso (careful scrutiny) y será válida sólo si está redactada en términos limitados (narrowly drawn) para proteger un interés legítimo e importante del estado (legitimate and compelling state interest); Mitchell Family Planning, Inc. v. City of Royal Oak , 40 L.W. 2453 (U.S.D.C. of E. Mich., 5 de enero de 1972). Como consecuencia, sería inválida una prohibición absoluta de libre expresión y aun una restricción que, sin ser absoluta, sea innecesariamente abarcadora. Martin v. City of Struthers, 319 U.S. 141 (1942). En cuanto a las vías públicas, la Corte Suprema de los Estados Unidos "...[h]a sostenido inequívocamente que las calles son lugares apropiados para el ejercicio de la libertad de comunicar información y diseminar opiniones y que, aunque los estados y municipios pueden reglamentar adecuadamente ese privilegio en el interés público, no pueden gravar injustificadamente ni prohibir su ejercicio en estas vías públicas." Valentine v. Crestensen, 316 U.S. 52, 54 (1941). Se ha resuelto que son inconstitucionales ordenanzas que prohíben la repartición de hojas sueltas en residencias privadas a menos que se haya obtenido permiso previo del dueño. Martin v. City of Struthers, supra; Van Nuys Publishing Co. v. Thousand Oaks, 97 Cal. Rptr. 777 (1971); ordenanzas requiriendo una licencia previa para poder repartir hojas sueltas u otro material propagandístico, si el oficial a cargo de otorgar las licencias no tiene su discreción estrictamente limitada de antemano. City of Bowling Green v. Lodico, 228 N.E.2d 325 (Corte Suprema de Ohio, 1967); imposición de arbitrios sobre publicaciones religiosas vendidas sin fines de lucro. Follet v. McCormick , 321 U.S. 573 (1944); Jones v. Opelika, 319 U.S. 105 (1942); y el exigir que toda hoja suelta o publicación similar tenga impreso el nombre y dirección del que la pública. Talley v. California, 362 U.S. 60 (1959).3

En Peltz v. City of South Euclid, 228 N.E.2d 320 (1967), la Corte Suprema de Ohio declaró inconstitucional una ordenanza prohibiendo las carteles con mensajes políticos dentro de vastas zonas del municipio; y en  Pace v. Village of Walton Hills, 238 N.E.2d 542 (1968), esa misma corte declaró inconstitucional un reglamento de zonificación municipal que prohibía carteles políticos en zonas residenciales.

En Wolin v. Port of New York Authority, 392 F.2d 83, 89 (2d Cir. 1968), cert. denied, 393 U.S. 940 (1969), la Corte de Circuito Federal para el Segundo Circuito sostuvo que el edificio terminal de autobuses en la Ciudad de Nueva York era un lugar apropiado para el ejercicio de los derechos de expresión y libertad de prensa, a pesar de que el propósito primario del edificio no era ése, sino la transportación de personas. Sostuvo dicha corte, a la página 89:

"La privacidad y quietud de los residentes puede exigir que los pasillos de los edificios de apartamientos estén aislados de la excitación producida por las exhortaciones volátiles, o la callada solemnidad de la administración de la justicia puede requerir que los pasillos de las cortes se mantengan libres de demostraciones. Pero esa conclusión se basa en la sabiduría y la experiencia, ya que las fricciones creadas por cualquier expresión protegida interferiría sobremanera a otros intereses--y no sólo por el hecho de que tenga techo el edificio. Es más, el foro público puede ser, por tradición, tanto una sala de asambleas techada como una plaza a pleno sol."

En Brayton v. City of Anchorage, 386 P.2d 832 (1963), se reconoció el derecho del municipio a recobrar, en una acción civil, el costo de remover unos cincuenta carteles políticos que habían sido fijados por el demandado en unos postes del alumbrado pertenecientes a la ciudad. Ante la alegación del derecho a la libre expresión, el Tribunal Supremo de Alaska sostuvo que la ley protege al Estado contra transgresiones a su propiedad reconociéndole el derecho (common law right ) a ser indemnizado por los daños resultantes.

Y en People v. Richards, 31 N.Y.S.2d 457 (1941) se sostuvo la constitucionalidad de una ordenanza de la administración de un parque prohibiendo la fijación de carteles en el mismo, porque (1) permite la expresión en otras formas y (2) tiene un fin legítimo: la preservación de la tranquilidad en un lugar destinado al sosiego de los ciudadanos.

Para justificar las restricciones a la libre expresión en las vías públicas se han invocado ciertos intereses del Estado o la comunidad entre los cuales se destacan la privacidad del hogar, Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1950); la tranquilidad en los parques y lugares similares, People v. Richards, supra; la seguridad del tránsito, Peltz v. City of South Euclid, supra; el costo al gobierno de remover los anuncios, Brayton v. City of Anchorage, supra; el peligro que pueden crear para los trabajadores los carteles en los postes y otros lugares; Brayton v. City of Anchorage, supra; y la estética de la comunidad, Cervecería Corona v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). Véase el Informe de la Comisión de Derechos Civiles, Los derechos de expresión y el uso de las vías públicas en Puerto Rico, 1971, págs. 23--30, en el cual se ataca la prohibición absoluta de fijar carteles, sin implicar que el Estado renuncie a la reglamentación razonable, reconociéndose las diferencias que existen entre los distintos lugares y objetos públicos en que se pueden colocar pasquines, ya que hay objetos en que el valor estético o simbólico es máximo (una estatua) y otros en que es mínimo (un poste).
Es importante destacar que las protecciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son mucho más amplias que la dispuestas en la Constitución de los Estados Unidos. Está resuelto que la Constitución Federal determina el ámbito mínimo de protección que debemos reconocer en Puerto Rico, Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 (1987).

Con esta aclaración, examinaremos los parámetros impuestos bajo la Enmienda Primera en lo respectivo al ejercicio de la libertad de expresión en espacios públicos. Al amparo de dicha enmienda se ha desarrollado la doctrina del foro público, que parte de la premisa de que no hay un derecho absoluto a ejercer la libertad de expresión en la propiedad pública. El derecho a tener acceso a la propiedad pública para ejercer la libertad de palabra depende de las características de la propiedad en cuestión. International Soc'y for Krishna Consciousness, Inc. v. Lee, 505 U.S. 672 (1992); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, 473 U.S. 788, 799 (1985); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, pág. 44.

En Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos identificó tres (3) tipos de propiedad pública. El primer grupo lo componen aquellos lugares que, por tradición, han sido dedicados a la reunión pacífica y al debate público, tales como las calles, aceras y parques. Perry, supra, pág. 45. A estos lugares se les denomina "foros públicos tradicionales". En ellos, el Gobierno no puede prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de palabra. Sólo podrá reglamentar el tiempo, lugar y modo de expresarse, siempre que la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión, responda a un interés gubernamental significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo (narrowly tailored) y deje abiertas alternativas para la expresión. Íd., pág. 46. Si la reglamentación establece clasificaciones o limitaciones por razón del contenido del mensaje, debe sobrepasar un escrutinio estricto. Es decir, debe responder a un interés gubernamental apremiante y debe limitar su interferencia a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo. Burson v. Freeman, 504 U.S. 191 (1992).

De acuerdo con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el segundo grupo lo componen los foros públicos por designación. Se compone de aquellas propiedades públicas que el Gobierno ha abierto a la actividad expresiva. Una vez abiertos, aplican en éstos las mismas limitaciones al poder gubernamental de reglamentar la expresión que se emplean en los foros públicos tradicionales. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, págs. 45-46. Dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar foros públicos limitados. Éstos se abren para propósitos específicos, tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas. Por lo tanto, en esos casos, el derecho a expresarse se extendería sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. Íd., pág. 48. El Gobierno no puede crear estos foros por inacción, sino sólo deliberadamente. Cornelius, supra, pág. 802.

Por último, la tercera categoría de propiedades públicas la componen los foros no públicos. Ésta comprende aquellas propiedades públicas que no son ni foros públicos tradicionales ni foros públicos por designación. En éstas, la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable, neutral en cuanto a puntos de vista, y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión.

En materia de expresión simbólica está resuelto que el Estado puede reglamentar la misma si: a) existe un interés gubernamental sustancial; b) no se suprime la libertad de expresión; y c) la restricción se limita a lo esencial. Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931); Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971) y Tinker v. Des Maines, 393 U.S. 503; 21 L. Ed. 2d. 731 (1969). Incluso la libertad de expresión ha sido reconocida en la quema de la bandera de los Estados Unidos. Texas v. Johnson, 491 U.S. 397; 105 L. Ed. 2d. 342 (1989). En Rodríguez v. Secretario de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el balance de intereses requiere que sopesemos el alcance de la restricción contra la importancia del interés gubernamental que la anima. Debemos considerar, además, otros medios que pudiera utilizar el Estado para lograr su propósito del modo que menos lesione al derecho a expresarse, así como las vías alternas disponibles para ejercer ese derecho. Señaló nuestro más alto foro judicial que el principio rector es que, a mayor limitación, mayor debe ser el interés estatal así como la lesión a ese interés para que pueda justificarse la limitación a la luz de la Constitución.


SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los hechos acontecidos el 30 de junio de 2010 requieren dar una mirada al derecho a acceso a la información como parte de los derechos reconocidos por la Carta de Derechos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho de acceso a la información surge del Carta de Derechos como corolario al derecho de la libertad de expresión, prensa y asociación reconocidos en nuestra Ley Suprema.

En Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso lo siguiente refiriéndose al derecho de acceso a la información, siendo esta la normativa prevaleciente en nuestra jurisdicción al día de hoy:

El ideal de una verdadera democracia como desiderátum en que se inspira nuestra Constitución concibe la libertad de palabra, de prensa, de reunión pacífica y de pedir al gobierno la reparación de agravios “dentro de la más dilatada”3 visión. Por ello la Carta de Derechos expresamente consigna que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja” tales libertades. Art. II, Sec. 4. Es lógico, pues, concluir que existe una estrecha correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. La premisa es sencilla. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años.

En Puerto Rico ya habíamos intimado el alto sitial del derecho de información en   Dávila  v.  Supt. de Elecciones,  82 D.P.R. 264, 279 (1960). Allí, al interpretar el derecho estatutario de todo ciudadano de inspeccionar y copiar cualquier documento público--según la Ley de Evidencia--expresamos que “No basta con que se reconozca meramente la importante justificación política de la libertad de información.   Los ciudadanos de una sociedad que se gobierna a sí misma deben poseer el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Debe elevarse ese derecho a una posición de la más alta santidad si ha de constituir un baluarte contra un liderato insensible” (énfasis suplido y en el original).

En cuanto a las limitaciones que puede poner el Estado al acceso a la información, en Soto v. Secretario de Justicia, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la normativa establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States  v.  O’Brien, 391 U.S. 367, 377 (1968), que sostuvo que “una regulación gubernamental estaría suficientemente justificada si: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante  o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión; y (4) la restricción concomitante de los alegados derechos bajo la Primera Enmienda no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés”. A tales fines, nuestro más alto foro judicial reconoció que la Legislatura puede aprobar legislación para impartirle confidencialidad a determinada información. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo la siguiente aclaración:

No obstante, como excepción al fin, toda legislación que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad debe ser interpretada restrictivamente a favor del derecho del pueblo a mantenerse informado. Dicha legislación, como cualquier otra que incida sobre derechos fundamentales, tiene que justificarse a plenitud y contener normas claras y precisas que permitan identificar adecuadamente el material y las circunstancias en que habrá de aplicarse la norma de accesibilidad.   En otras palabras, ninguna legislación que no contenga estándares apropiados para determinar el tipo de documento e información que habrá de estar sujeta al escrutinio público y que, por el contrario, establezca una norma de confidencialidad absoluta, puede superar el rigor de la cláusula constitucional en discusión.

En este mismo caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que “[e]l Estado, como depositario de las funciones que emanan de la soberanía del Pueblo, no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”.

SOBRE EL USO EXCESIVO DE FUERZA

La Constitución de los Estados Unidos de América en su cuarta enmienda reconoce el derecho de todo ciudadano a estar protegidos en su persona y sus bienes así como contra registros y allanamientos irrazonables. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico en su sección 10 de igual forma protege el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló que el uso de fuerza por agentes es excesivo y en violación a los derechos civiles, si su uso no era razonable para las circunstancias enfrentaba. Así, en Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989), el Tribunal Supremo esbozó los criterios para evaluar cuándo la conducta de un agente constituye uso excesivo de fuerza en violación a los derechos constitucionales. Entre los criterios para evaluar la razonabilidad de la conducta del agente que ha hecho uso de fuerza están: la seriedad o gravedad del delito cometido por la persona intervenida; si la persona sospechosa representa o no una amenaza inmediata a la seguridad de los agentes o a otros; si la persona a ser arrestada está activamente resistiendo el arresto, o representa un peligro de fuga. Graham, supra, a la página 396. Véase también, Jennings v. Jones, 499 F.3rd 2, 11 (1st Cir. 2007); ASSPRO v. Mueller, 529 F.3rd 52 (1st. Cir. 2008).

Varios tribunales han resuelto que el uso de gas pimienta en circunstancias similares a las ocurridas el 30 de junio 2010 frente al Capitolio y dentro del vestíbulo de dicho edificio constituyen uso excesivo de fuerza. Por ejemplo, el uso de gas pimienta por agentes del orden público constituye uso excesivo de fuerza en circunstancias en que se utilizó contra un grupo de manifestantes que se habían encadenado unos de otros para impedir que los separaran. Los oficiales alegaron que por estar encadenados unos de otros esto les hizo difícil separarlos para proceder a ponerlos bajo arresto. Ante estas circunstancias un Tribunal concluyó que el uso de gas pimienta fue uso excesivo de fuerza. Headwaters Forest Defense v. County of Humboldt, 276 F.3d 1125, 1127-30 (9th Cir. 2002). De acuerdo con este caso, no se dieron las circunstancias identificadas en Graham, supra, que indicaran que la fuerza utilizada fue razonable. De forma similar, el uso de gas pimienta contra una persona que había cometido una infracción de ley menor, y estaba gritando descontroladamente se consideró como uso excesivo de fuerza. Vineyard v. Wilson, 311 F.3rd 1345 (11th Cir. 2002).

La conducta exhibida por agentes de la Policía de Puerto Rico el 30 de junio 2010, reflejan no sólo uso excesivo de fuerza por la utilización irrazonable de gas pimienta, sino que además por el uso de gases lacrimógenos que se utilizó en total menosprecio a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos Constitucionales de expresión y de asociación y a expresar oposición a la acción del gobierno. De igual forma, en los eventos del 30 de junio de 2010 se hizo uso de gases lacrimógenos incluso siendo lanzados los mismos desde un helicóptero de la Policía contra personas que lo único que hacían era salir del lugar en protección de sus vidas e integridad física.

Además, la conducta de los agentes de la Policía al dar patadas a los/las manifestantes, sentadas en el vestíbulo del capitolio o que se habían caído por empujones propinados por ellos mismos, constituyen uso excesivo de fuerza. Igual resultado llegamos al evaluar el uso del roten y de las macanas que hicieron los agentes ese día. No hubo circunstancias que hicieran dichos actos razonables por lo que constituyen una violación a los derechos garantizados por la Constitución de Puerto Rico y de la de los Estados Unidos.

El record refleja que luego de haber utilizado gas pimienta, afectando así la visión y la capacidad de respirar de los/las manifestantes, agentes agredieron con sus macanas, empujaron algunos escaleras abajo; incluso a uno de ellos lo lanzaron desde la parte alta de las escalinatas luego de balancearlo en el aire. Esto representa un craso menosprecio por la vida y seguridad de las personas allí presentes.
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES

Un supervisor responde legalmente por los actos de violación a derechos civiles cometidos por sus supervisados, como el caso de uso excesivo de fuerza, cuando sus actos y omisiones constituyen una condonación o aquiescencia en la supervisión. La conducta u omisión debe reflejar una indiferencia imprudente o insensible. Leyva v. Policía, ELA, 132 D.P.R. 489 (1993). El Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, estuvo presente en el Capitolio ese día desde temprano en la tarde. Ha admitido públicamente ser responsable del operativo y/o las intervenciones que allí hicieron los agentes así como de las instrucciones impartidas. El Superintendente Auxiliar de Operaciones de Campo, Leovigildo Vázquez, el Jefe de Operaciones Tácticas, Miguel Mejías, y un Oficial de alto rango identificado por su apellido Vázquez, entre otros oficiales de alto rango con funciones de supervisión, estuvieron físicamente en el Capitolio el 30 de junio 2010 durante el tiempo que ocurrían las intervenciones y violaciones descritas en este informe y presenciaron las mismas. No surge del récord acto alguno de parte de estos funcionarios para detener las agresiones, el uso indebido de gas pimienta y de gases lacrimógenos donde la vida y seguridad de los manifestantes se puso en peligro. Por el contrario, expresiones públicas del Superintendente de la Policía, sugieren que tenían planificada la forma y manera que intervinieron ese día con los manifestantes. Estos debieron prever que sus actuaciones y omisiones pusieron en movimiento la cadena de eventos que desató las agresiones, los empujones, el uso del gas pimienta y gases lacrimógenos, la falta de perímetro inicialmente y luego la irrazonabilidad del perímetro que pretendían imponer, el uso excesivo de fuerza y los daños que sufrieron los manifestantes así como la persecución irrazonable de los manifestantes que intentaban huir de las agresiones y del humo.

Existe evidencia en el récord de al menos un Oficial de la Policía, identificado como Juan D. Vargas, que estuvo involucrado en actos ilegales el 30 de junio 2010 que tenía un expediente de antecedentes de agresiones que incluía una demanda ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Este fue el oficial que desenfundó su arma e hizo disparos al aire. Sus supervisores conocían o debían razonablemente conocer de esta conducta y de su historial. Del récord lo que surge es que este oficial ha sido promovido de rango, no sancionado por violación de derechos civiles. Esto es evidencia de indiferencia imprudente o insensible a los derechos de los ciudadanos al no tomar las medidas disciplinarias correctivas y apropiadas para que las violaciones no vuelvan a ocurrir. En esta etapa de la investigación desconocemos el historial de los otros agentes que podrían arrojar más información en este aspecto.

Del récord surge, además, que el Superintendente de la Policía así como otros supervisores presentes ese día incurrieron en violaciones de derechos civiles con sus actos propios. Además responderían por su demostrado menosprecio a las violaciones de derechos y dejadez en la supervisión de los oficiales que estuvieron involucrados en los eventos del 30 de junio 2010.



1 Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.


2De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el uso de armas de fuego se considera una medida externa. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

3 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2564 (1961).




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