Capitulo II conclusiones de derecho



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CAPITULO II

CONCLUSIONES DE DERECHO



CONSTITUCION DEL E.L.A. DE PUERTO RICO


Nuestra Carta de Derechos garantiza a toda persona, entre otros, los derechos al voto, la libertad de palabra y de prensa, de asociación y a no ser privados de la libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Art. II, Secs. 2, 4, 6 y 7, Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo I, ed. 2006, pág. 24. Los principios encarnados en estas disposiciones constituyen las manifestaciones más evidentes del valor primigenio de que la dignidad del ser humano es inviolable y de que todas las personas son iguales ante la ley, Const. E.L.A., supra, Sec. 1. La garantía operacional del respeto por el Estado a estos compromisos es la prohibición absoluta a que se apruebe ley alguna que impida al ciudadano pedir al gobierno la reparación de agravios, Const. E.L.A., supra, Sec. 4, final. El Artículo III, Sec. 11, Const. E.L.A. prescribe que las sesiones de la Cámara y el Senado son públicas.

LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO

La Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, 25 L.P.R.A. sec. 3102, es la que rige la organización y deberes de esta entidad gubernamental. Esta Ley derogó la anterior Ley de la Policía de Puerto Rico, Ley Núm. 26 de 1974 y fue creada dentro del contexto del Programa Mano Dura contra el Crimen con el propósito de ajustarla a las necesidades administrativas y operacionales presentes y futuras toda vez que desde el 1974 al 1996 la Policía de Puerto Rico había crecido sustancialmente en la cantidad de sus miembros y en el ámbito de sus operaciones. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley del 1996, la misma persigue los propósitos de darle uniformidad a la estructura operacional de la Policía para hacer más ágil su administración y la utilización de sus recursos.

En su Art. 3 esta Ley establece la naturaleza de la policía así como sus deberes principales. A tales efectos dispone lo siguiente:

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará "Policía de Puerto Rico" y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen. Los miembros de la Policía estarán incluidos en el Servicio de Carrera. (Énfasis suplido).


Nótese que una de los principales deberes de la Policía de Puerto Rico contenido en el texto de su ley orgánica es precisamente observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano. Otro deber de gran importancia es la protección de las personas y la propiedad. Esta importante responsabilidad fue incumplida en los eventos que nos ocupan.

Por su parte, el Art. 4 de la Ley Orgánica de la policía establece lo relacionado con la dirección y autoridad de la Policía, a saber:


La autoridad suprema en cuanto a la dirección de la Policía será ejercida por el Gobernador de Puerto Rico, pero la administración y dirección inmediata de la organización estará delegada en un Superintendente.

El Gobernador nombrará el Superintendente con el consejo y consentimiento del Senado. Cuando el nombramiento recayere en un miembro de la Policía, mientras desempeñe el cargo de Superintendente, éste retendrá todos sus derechos y privilegios como tal, excluyendo el rango. En el caso de que la designación recaiga en un civil, éste será acreedor de todos los derechos y privilegios de un miembro de la Fuerza.

En relación con la identificación con apellido y número de placa de los miembros de la Policía de Puerto, el Art. 11 (b) de la Ley dispone claramente la obligatoriedad del mismo. Así reza el mencionado inciso:

(b) Las piezas de vestir del uniforme y el equipo de los miembros de la Fuerza serán suministrados por la Policía. El Superintendente establecerá por reglamento el uniforme y el uso apropiado del mismo. Por uniforme se entenderá la tela para la chaqueta, camisa, pantalón, botas o zapatos, gorra, capa, insignias y colores correspondientes que vienen obligados a utilizar los miembros del Cuerpo de conformidad con el Reglamento. Disponiéndose, que se considerarán parte integrante del uniforme de los miembros de la Fuerza un distintivo en tela o placa con el número de identificación del agente y el distintivo o placa indicando su apellido y que dichos miembros vendrán obligados a mostrar prominentemente y en forma claramente visible dichos distintivos o placas en todo momento mientras se encuentren en servicio activo, irrespectivamente de la vestimenta que constituya el uniforme o el equipo utilizado por el agente. No constituirá eximente o motivo para incumplir este requisito que el uniforme o equipo utilizado dificulte la exhibición  del distintivo o placa con el apellido o el número de identificación, viniendo obligado el Superintendente de la Policía a tomar las providencias necesarias para asegurar que el uniforme y el equipo aprobados para uso de los agentes cumplan con el requisito establecido en esta disposición de ley, excepto los agentes encubiertos o en ropa civil en aquellos casos en que el Superintendente determine que la identificación de un agente afecte el cumplimiento de sus deberes o la seguridad de éste. (Énfasis nuestro).


La evidencia desfilada ante esta Comisión demostró que un alto número de oficiales incumplieron con esta obligación impuesta por ley. Fue consistente el testimonio sobre oficiales en los eventos del 30 de junio de 2010 que carecían de su apellido y número de placa en sus uniformes. Incluso la evidencia demostró que la totalidad de los efectivos de la Policía Montada carecía de dicha identificación.

De igual forma, quedó demostrada la falta de interés de los supervisores en atender los reclamos de la ciudadanía que advirtieron sobre esta violación de ley. De la evidencia desfilada en las vistas públicas surgió que esta violación de ley incluso había sido llevada previamente ante la atención del propio Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.



REGLAMENTO DE PERSONAL DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO

Aunque la legislación actual de la Policía de Puerto Rico data del año 1996, su Reglamento de Personal vigente es el adoptado por el Superintendente de la Policía y aprobado por el Director de la Oficina Central de la Administración de Personal el 9 de abril de 1981. Este Reglamento fue aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 4 de mayo del mismo año y radicado ante el Departamento de Estado el 11 de mayo de 1990, identificándose con el Núm. 4216, el cual ha sufrido muy pocas enmiendas desde entonces.

En su Artículo 5, el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico define la creación y los deberes de dicho cuerpo en los siguientes términos:

(1) Creación Por virtud de la Ley Núm. 26 del 22 de agosto de 1974, según enmendada [25 L.P.R.A. secs. 1001 et seq.], se crea en el Estado Libre Asociado da Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará "Policía de Puerto Rico".


(2) Deberes y responsabilidades Dentro de la esfera de sus atribuciones todo miembro de la Fuerza, tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones y responsabilidades:
1. Proteger la vida y propiedad, impedir el crimen y el desorden.
2. Prevenir, descubrir y perseguir el delito.
3. Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales.
4. Observar y procurar la protección de los derechos civiles del ciudadano.
5. Observar en todo momento una conducta ejemplar.
6. Tomar las providencias necesarias para garantizar la protección de la persona detenida.
7. Tratar cortésmente al público y prestar la debida ayuda a las personas que la requieran.
8. Prestar la debida protección al pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito.
9. Obedecer las órdenes legalmente emitidas por sus superiores.
10. Ser puntual en sus compromisos oficiales y diligente en el cumplimiento de su deber, actuando siempre en forma ecuánime, serena y justa.
11. Orientar y aconsejar al público sobre el mejor cumplimiento de la ley, así como en todo lo que concierne a la seguridad pública. (Énfasis suplido)
Por su parte, el Art. 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico dispone lo que dentro de dicho organismo se consideran faltas graves, a saber:

  1. Se considerarán faltas graves las siguientes:

 

  1. Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades



  1. Amenazar con, o hacer uso de un arma de fuego contra cualquier persona, excepto en casos de legítima defensa propia o la de un semejante.

 

  1. Dejar las armas de reglamento o cualquier otra arma que esté autorizado a portar o poseer al alcance de personas que pueden usarlas indebidamente o permitir que otras personas las usen, o no tomar las debidas precauciones con éstas. 




  1. Disparar un arma de fuego al aire, contra animales, objetos o estructuras viciosamente o sin justificación alguna




  1. Imputar a cualquier persona actos que den lugar a una investigación administrativa o a la radicación de una denuncia o acusación, a sabiendas que los hechos imputados son falsos.

 

  1. Alterar, modificar, retirar o dejar de presentar cualquier denuncia o acusación sin la debida autorización.

 

(7) Redactar o someter cualquier informe oficial o suplir información para la redacción de éste, a sabiendas de que toda o parte de la misma es falsa. 


(8) Pedir, aceptar o convenir en aceptar u ofrecer cualquier soborno, dinero, regalos o cualquier otro objeto a cambio de permitir actos contrarios a la ley. 
(9) Usar lenguaje ofensivo, impropio o denigrante contra el Gobernador, miembros de la Legislatura, Rama Judicial, Rama Ejecutiva, Agencia, Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, miembros de la Fuerza, funcionarios y empleados de la Policía, o cualquier otra institución debidamente constituida o contra cualquier ciudadano particular. 
(10) Realizar actos por los cuales fuere convicto en un tribunal de justicia competente de delito grave o delito menos grave que conlleve depravación moral, o por violación de los derechos civiles de un ciudadano. 
(11) Hacer uso excesivo de bebidas alcohólicas, o hacer uso de bebidas alcohólicas estando en servicio. 
(12) Conducir un vehículo de motor o hacer funcionar el mismo bajo los efectos de bebidas embriagantes. 
(13) Permitir el uso de bebidas embriagantes o sustancias controladas a personas que estén bajo su custodia o bajo investigación. 
(14) Desacatar y desobedecer órdenes legales comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier superior o funcionario de la Policía de Puerto Rico con autoridad para ello, o realizar actos de insubordinación o indisciplina. 
(15) Usar drogas, tranquilizantes o estimulantes, a menos que los mismos sean por prescripción facultativa. 
(16) Poseer o traficar con cualesquiera de las sustancias controladas por ley, a menos que éstas sean el producto de evidencia obtenida en el desempeño de sus funciones. 
(17) Ridiculizar, censurar o criticar adversamente por escrito u oralmente, en público o privado, las actuaciones directas, determinaciones u órdenes legales de cualquier organismo judicial o cuasijudicial, funcionario público, o miembro de la Fuerza con autoridad para emitir órdenes. 
(18) Declarar falsamente o inducir a declarar falsamente a otra persona ante un magistrado, oficial investigador, organismo judicial o cuasijudicial. 
(19) Jurar o suscribir cualquier documento alterando o falseando los hechos. 
(20) Falsificar la firma en un documento oficial o en cualquier otro documento. 
(21) Hacer apuestas en los hipódromos, galleras o cualquier otro lugar donde se celebren deportes o juegos autorizados por ley, mientras esté en el desempeño de sus funciones oficiales, o cuando esté vistiendo el uniforme. Los miembros de la Fuerza no podrán hacer apuestas ilegales. No se incurrirá en la infracción de esta regla cuando la misma resulte del cumplimiento de un deber policíaco y sólo con el consentimiento específico de un miembro superior en rango con autoridad para ello. En estos casos bajo ningún concepto deberá usarse el uniforme. 
(22) Hacer manifestaciones públicas que pongan en duda la integridad, honradez o competencia de cualquier funcionario público o persona particular. 
(23) Vender, prestar, regalar, ceder, utilizar o en cualquier forma disponer indebidamente de propiedad que haya sido puesta a su disposición para uso oficial. 
(24) Apropiarse ilegalmente de bienes pertenecientes a otras personas o aquellos que le hayan sido confiados en el curso de sus funciones. 
(25) Influir, estorbar, o intimidar a cualquier elector en el proceso de votación, o al ir a o venir de un colegio electoral. 
(26) Procrear hijos fuera del matrimonio. 
(27) Observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento del Cuerpo de la Policía. 
(28) Vivir en concubinato. 
(29) Asociarse con prostitutas o personas de reputación dudosa. 
(30) Visitar casas de prostitución o realizar cual[es]quiera otros actos que sean contrarios al pudor, honestidad y buenas costumbres de la sociedad. No incurrirá en la infracción de las Reglas 29 y 30 cuando lo haga en el cumplimiento del deber y con el consentimiento de un oficial superior en rango. En estos casos, bajo ningún concepto deberá usarse el uniforme. 
(31) En caso de emergencia, dejar de personarse al servicio para recibir instrucciones. 
(32) Dejar de comparecer a examen médico o evaluación sicológica cuando le sea requerido por el Superintendente o su representante oficial a un médico de la Policía, o no presentarse a cualquier otro examen de comparecencia compulsoria en la fecha, hora y sitio para el cual fue debidamente citado. 
(33) Abandonar el servicio asignado sin la debida autorización o sin haber sido debidamente relevado, entendiéndose, también, por abandono de servicio las siguientes situaciones: 
(a) Dormirse en el servicio. 

(b) No presentarse a tomar servicio a la fecha, hora y lugar indicado. 


(34) Comentar o comunicar asuntos policíacos de naturaleza confidencial a personas no autorizadas. 
(35) Dar a la publicidad o hacer entrega de documentos oficiales, registros, declaraciones juradas, fotografías, películas, grabaciones o informes o cualquier material oficial en poder de la Policía de Puerto Rico sin la debida autorización. 
(36) Dar, comunicar o divulgar, consentir que se dé, comunique o divulgue a persona no autorizada información sobre cualquier investigación o asunto oficial que se haya realizado, se esté realizando, o en los que haya participado o de los que sea parte. 
(37) Dar, comunicar o divulgar a persona no autorizada información de carácter oficial que haya venido a su conocimiento. 
(38) Utilizar propiedad del Gobierno para llevar a cabo investigaciones o asuntos no oficiales. 
(39) Utilizar su posición oficial para llevar a cabo investigaciones particulares. 
(40) Incurrir en mal uso o abuso de autoridad, entendiéndose como actos de mal uso o abuso de autoridad los siguientes: 
(a) Arrestos o detenciones ilegales o irrazonables. 

(b) Registros, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables. 

(c) Acometimiento y/o agresión injustificadas o excesivas. 

(d) Discrimen por razones políticas, religiosas, condición socioeconómica, o cualesquiera otras razones no aplicables a todas las personas en general. 

(e) Dilación indebida en conducir ante un magistrado a una persona arrestada o detenida. 

(f) Uso de violencia injustificada, coacción física o sicológica, intimidación o prolongación indebida sobre o de una persona arrestada o detenida para fines de investigación. 

(g) Negativa del funcionario para permitir que un arrestado o detenido involuntariamente se comunique con su familiar más cercano o con su abogado. 

(h) Interceptación, grabación o cualesquiera otras transgresiones mediante artefactos físicos, químicos o electrónicos de las comunicaciones privadas. 

(i) Incitar a una persona para la comisión de un delito en los casos que de no mediar esa incitación, ésta no lo hubiere cometido o intentado realizar. 

(j) Persecución maliciosa. 

(k) Calumnia, libelo o difamación. 

(l) Falsa representación o impostura. 

(m) Utilización de evidencia falsa que vincule a una persona con la comisión de un delito. 

(n) Iniciar y continuar una vigilancia o investigación ostensible, notoria e intensa sobre una persona cuando por razón de estas características pierde toda efectividad como mecanismo prudente y discreto de investigación policíaca. 



(o) Obstruir, impedir o interrumpir ilegal o irrazonablemente el ejercicio legal y pacífico de las libertades de petición en vías o lugares públicos. 
(41) Comunicar o divulgar por cualquier medio información que pueda servir de ayuda a los infractores de la ley para evitar que se les descubra, arreste, investigue o sancione. 
(42) Ofrecerse a declarar como testigo de reputación ante los tribunales de justicia u organismos administrativos en casos de personas sometidas a los procedimientos judiciales o cuasijudiciales. 
(43) Dar, recibir, solicitar o permitir que se dé o reciba, o solicite ayuda indebida, en los exámenes de ingreso o ascenso en la Policía de Puerto Rico. 
(44) Ingresar, reingresar, ascender, o solicitar exámenes de ascenso en la Policía mediante engaño o la ocultación de información. 
(45) Poseer o transportar cualquier instrumento mecánico o eléctrico o substancia capaz de usarse para torturar [a] seres humanos, con el propósito de obtener de éstos confesiones o cualquier otra información, o usar dichos instrumentos contra cualquier ser humano para obligarlo a confesar un delito u obtener de éste cualquier otra información. 
(46) Solicitar, pública o privadamente, dinero o cualquier objeto de valor de cualquier persona o entidad para fines de lucro. 
(47) Entregar a su supervisor, con demora innecesaria, cualquier evidencia obtenida. 
(48) Vender, prestar, utilizar o en cualquier forma disponer de evidencia obtenida. 
(49) Presentar para el cobro suyo o de otras personas comprobantes de gastos por servicios, dietas o cualquier otro concepto, sin que los mismos se hubiesen prestado. 
(50) Viajar fuera de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin informar oficialmente al Superintendente o al oficial designado por éste. 
(51) Participar en piquetes, demostraciones o manifestaciones de protesta en contra de la Policía de Puerto Rico o cualquier otro departamento, agencia u organismo del Gobierno, esté o no de servicio, o asumir actitudes de brazos caídos por simpatías con cualquier movimiento o actividad. 
(52) Poner en libertad sin la debida autorización a cualquier persona arrestada o bajo orden de encarcelación. 
(53) Dejar de conceder, sin razón justificada, las licencias, días feriados a que tenga derecho el personal. Esta falta será cometida únicamente por el miembro de la Fuerza superior en rango que estuviere a cargo de un área, zona, distrito, precinto, o cualquier otra unidad de trabajo en la Policía de Puerto Rico. 
(54) Negarse a que se le tome la muestra de sangre o aliento para determinar el por ciento de alcohol en la sangre cuando le fuere requerido por un miembro superior en rango o por un funcionario público con autoridad para ello.  (Énfasis nuestro)
Dentro del contexto de los hechos del pasado 30 de junio de 2010 en las inmediaciones del Capitolio, resaltamos los deberes y obligaciones que el Reglamento le impone a los miembros de la Policía de Puerto Rico a los fines de proteger la vida y la propiedad de las personas, observar y procurar la protección de los derechos civiles del ciudadano, observar en todo momento una conducta ejemplar, tratar cortésmente al público y prestar ayuda a las personas que requieran de la misma, prestar protección al pueblo reunido legalmente para fines lícitos, actuar de forma ecuánime, serena y justa, así como orientar al pueblo sobre el cumplimiento de la ley y la seguridad pública. Todos estos deberes y obligaciones se obviaron en este caso incurriendo los oficiales que así actuaron en faltas graves según antes definidas.
SOBRE LA UNIDAD DE OPERACIONES TÁCTICAS

Resulta llamativo que la Orden General 73-4 aplicable a la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico data del primero de julio del año 1973, es decir, tiene 37 años de antigüedad y está fundamentada en la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1956. Se trata de una Orden General bastante escueta y cuyos parámetros no quedan adecuadamente definidos.

Dicha Orden General le impone varias responsabilidades a los miembros de dicha Unidad entre las que se encuentra “tener tacto para bregar con muchedumbres” y “tener habilidad para actuar con serenidad y firmeza ante determinadas situaciones”. Por otro lado, la Orden General 73-4 impone a la Unidad de Operaciones Tácticas la obligación de observar las siguientes normas cuando entren en acción:


  1. Respeto a la propiedad privada

  2. Imparcialidad

  3. Cortesía y disciplina

  4. Valor combinado con sentido común

  5. Tacto

  6. Conocimiento

  7. Cordura

  8. Serenidad

De igual forma la Orden General 73-4 dispone que “[s]i en determinada área o lugar hubiere grandes concentraciones de personas y por razones de seguridad fuere necesario dispersarlas, se empleará el método más adecuado, dependiendo de las peculiaridades y características prevalecientes”.

Por último, entre las responsabilidades de los oficiales a cargo de los pelotones se dispone que éstos serán responsables del buen comportamiento del personal que compone su pelotón.

Nada dispone la Orden General 73-4 en relación con adiestramiento o deberes relacionados con la protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía.

SOBRE UNIDAD TÁCTICA ESPECIALIZADA O EL GRUPO DE LOS 100

El 9 de marzo de 2010 el actual Superintendente de la Policía, Sr. José E. Figueroa Sancha, firmó la Orden General 2010-2 con el propósito de crear una Unidad Táctica Especializada (denominada por sus siglas como “U.T.E.”) compuesta en su comienzo por cien (100) agentes del orden público. Esta unidad es reconocida en la calle como “el grupo de los 100” en clara alusión a su composición inicial.

Según surge de la Orden General, se crea la Unidad Táctica Especializada “como un cuerpo especializado en garantizar la protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía, en armonía con los objetivos de seguridad que emanan [de la Ley de la Policía de Puerto Rico], respondiendo a máximas de justo balance entre los derechos civiles protegidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y los deberes de los agentes del orden público de proteger la vida y la propiedad de las personas, ante situaciones de alto riesgo, según las circunstancias específicas mencionadas en [la] Orden General”.

La Exposición de Motivos de la Orden General 2010-2 reconoce las obligaciones de la Policía de Puerto Rico y a renglón seguido expone:

En la consecución de esta responsabilidad, entendemos necesario contar con una unidad táctica especializada que, garantice el ejercicio de la libertad de expresión cobijado en nuestra Constitución, pero que a la vez salvaguarden los derechos constitucionales esenciales reconocidos en nuestra Carta Magna, de manera que los mismos no se vean interrumpidos, a favor del bienestar del propio pueblo. Dicha Unidad intervendrá una vez la Unidad de Operaciones Tácticas de la Región Policíaca afectada no pueda salvaguardar estos derechos.
Es nuestro interés institucional que en la aplicabilidad de esta Orden General se eviten los actos discriminatorios de cualquier índole, por lo cual al ser activada esta Unidad Táctica Especializada se prohibirá la realización de intervenciones motivadas por condición étnica, religiosa, cultural, política o de nacionalidad, así como cualquier otra mencionada en nuestra Constitución. Y, es que lo pretendido, mediante su creación, es velar por el respeto de los derechos al disfrute de la vida y de la propiedad del colectivo. Por ello, cada intervención realizada por esta Unidad debe caracterizarse por el uso de aquellos mecanismos de seguridad que sean proporcionales al daño que se intente repeler, respondiendo a máximas de razonabilidad e integridad en el desempeño de las funciones de sus miembros.
Resaltamos el hecho de que la intervención de la Unidad Táctica Especializada quedó reservada en la Orden General para aquellas instancias en que la Unidad de Operaciones Tácticas no pueda salvaguardar los derechos de expresión y otros derechos reconocidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de manera que los mismos no sean interrumpidos.

La Orden General que nos ocupa establece los criterios de elegibilidad para pertenecer a la U.T.E. respondiendo esencialmente a requerimientos físicos tales como estatura mínima tales como estatura y no tener una condición que le imposibilite la realización de ejercicios de alto rendimiento.

La Orden General 2010-2 establece unos criterios especiales y procedimientos para su intervención que por su importancia en los hechos que nos ocupan, enumeramos íntegramente:

D. Criterios Especiales:


  1. La Unidad Táctica Especializada, en adelante U.T.E. será una altamente especializada en la intervención de situaciones, en las que surjan condiciones en las que la vida y propiedad estén en potencial riesgo mayor, ya bien porque han surgido agresiones, tentativas de agresiones, destrucción de propiedad pública o privada; uso de armas; amenazas de explosivos, o cualquier otra circunstancia particular que atente contra la seguridad nacional.




  1. A su vez, podrá intervenir en aquellas situaciones de emergencia, o cuando la seguridad pública se vea afectada, por lo que para poder ser activada, debe cumplirse con el siguiente procedimiento:




  1. El Director de la Región Policíaca donde se inicie la situación particular, solicitará al Superintendente Auxiliar en Operaciones de Campo, la activación y la intervención de la Unidad Táctica Especializada teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:




  1. se trata de una manifestación o conflicto huelgario u otro incidente en el cual, han surgido condiciones particulares en las que la vida y la propiedad están en potencial riesgo, ya bien por que han surgido agresiones, tentativas de agresiones, destrucción de propiedad pública o privada, uso de armas, amenazas de explosivos o cualquier otra circunstancia que atente contra la seguridad de los allí presentes o del pueblo y su Unidad de Operaciones Tácticas requiera el apoyo para poder restaurar el orden y la continuidad de los servicios.




  1. Cuando se le está denegando al pueblo el acceso a servicios protegidos por la Constitución, tales como: servicios hospitalarios; acceso a las escuelas, entre cualesquiera otros salvaguardados por la Constitución o por Leyes Estatales o Federales, y que en dicha situación particular, las personas que están denegando el acceso a dichos servicios, se valen de agresiones, tentativas de agresiones, de amenazas de uso de armas o de explosivos, o la tentativa del uso de éstas.

b. El Superintendente Auxiliar de Operaciones de Campo debe basarse en criterios de razonabilidad al momento de permitir la activación de la Unidad Táctica Especializada, teniendo en cuenta los criterios antes señalados. De entender que la activación de la misma es necesaria, así lo notificará al Superintendente o al Superintendente Asociado.




  1. Al momento de intervenir, los miembros de dicha Unidad, salvaguardarán que no se interrumpan los servicios esenciales al pueblo cobijados en la Constitución, tales como la educación, la salud y cualquier otro de jerarquía constitucional, o protegido por alguna Ley Estatal o Federal. A su vez, protegerán la vida y propiedad de los presentes en la situación de seguridad que se trate.




  1. Utilizarán el uniforme que determine el Superintendente o por el Superintendente Asociado, disponiéndose que como parte del mismo, se les asignará una insignia particular que los identificará como miembros de la Unidad Táctica Especializada.



  1. Las definiciones de lo que se considera una huelga, manifestación obrero- patronal, piquete, entre otros, se regirán por las cobijadas en la Orden General 2006-6 de 27 de octubre de 2006, titulada "Normas y Procedimientos para la Intervención en los Conflictos Obrero Patronal.



  1. Disponiéndose a su vez, que lo relativo al inicio de la comunicación relacionada al comienzo de un conflicto obrero patronal, se regirá por lo dispuesto en la Orden General 2006-6, antes mencionada.

Más adelante en la Orden General se establece específicamente que la Unidad Táctica Especializada sólo podrá ser activada según los parámetros indicados en el apartado 2 antes transcrito.

Llama la atención de la Orden General lo dispuesto en relación con la formación de los agentes que pertenecen a la Unidad Táctica Especializada cuando expone en su inciso D 1.5 lo siguiente:

La formación del agente que pertenece a la Unidad Táctica Especializada, deberá guardar un balance entre un entrenamiento y disciplina similar a la militar. Esto en cuanto a respuesta coordinada y efectiva, a la vez de fortalecerse en el mismo la total observancia a los derechos civiles protegidos en la Constitución. En ese sentido, procurará que derechos esenciales tales como servicios de salud y educación, no se vean afectados ante cualquier manifestación.


Más adelante la Orden General 2010-2 dispone lo referente a los deberes y responsabilidades de los agentes asignados a la U.T.E. requiriéndoles conducta objetiva e imparcial así como los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad en sus intervenciones. A tales efectos, el inciso D.2 de la Orden dispone:

Deberes y Responsabilidades


  1. Los agentes asignados a esta Unidad, deberán mostrar una conducta objetiva e imparcial ante las situaciones que se trate, pero sin descuidar su deber de evitar los actos ilegales, tales como agresiones, portación ilegal de armas, acceso ilegal a propiedad pública o privada, entre cualquier otro derecho protegido por legislación estatal o federal.




  1. Los agentes que pertenezcan a dicha Unidad, deberán utilizar la fuerza sólo para evitar un daño inmediato a una persona, a la propiedad o así mismo; así como para evitar la comisión de un delito grave.



  1. Cada vez que realicen una intervención, deberán cumplir con el requisito de proporcionalidad y razonabilidad en los medios que se valgan para utilizar la fuerza. Es decir, que no causen más daño que el necesario para evitar el daño a otra persona; a la propiedad o a sí mismo, así como para evitar la comisión de un delito grave.



  1. En cuanto a los arrestos que se vean precisados a realizar, el uso de la fuerza debe ser razonable, bajo la totalidad de las circunstancias que caracterizaron la intervención como tal. Siempre respondiendo a los mencionados criterios de razonabilidad y proporcionalidad a los cuales se hiciera referencia con anterioridad. (Énfasis suplido).

Por otro lado, esta Orden General dispone, además, lo relativo al uso del arma de reglamento disponiendo que será considerada como un instrumento defensivo y que “antes de valerse del arma de reglamento, se utilizará cualquier otro medio o alternativa posible para lograr el objetivo de seguridad pública que se trate”. Inciso D.3 de la Orden General 2010-2.

Sobre el uso del roten la Orden General dispone que el mismo se regirá por lo dispuesto en la Orden General 98-6 de 10 de julio de 1998, pero añade que los oficiales “deben utilizarlo como un arma defensiva con la que cuenta el policía para detener al oponente; someterlo a la obediencia sin tener que utilizar fuerza mortal”. Inciso D.4.1 de la Orden General 2010-2.

El inciso de la Orden General 2010-2 dispone lo relativo al uso del gas lacrimógeno y el OC Spray en los siguientes términos:



  1. Relativo al gas lacrimógeno (CSO o CN) o el OC Spray, el uso de los mismos se hará según lo amerite cada situación, analizando la totalidad de las circunstancias, siguiendo los criterios de razonabilidad y proporción al daño que se pretende evitar. Específicamente, el uso de los mismos se regirá por las siguientes normas:




    1. El uso de éstos es necesario para reprimir un motín o disturbio y/o toma de rehenes, cuando se determine que no existe el empleo de otra alternativa menos severa.




    1. Su uso se realizará después de haber analizado la totalidad de las circunstancias, siguiendo siempre los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en el empleo de estos, según el daño que se intenta evitar.




    1. Se deberá contar con la autorización de un Supervisor para el uso de tales artefactos. Este a su vez, previo a autorizar el empleo de los mismos, se regirá por losparámetros descritos en los incisos uno (1), dos (2) y tres (3). (Énfasis suplido).

De igual forma, el inciso D.7 de la Orden General disponiendo, entre otras cosas, lo siguiente:



  1. En cada intervención realizada, los agentes de dicha Unidad deberán tratar a los miembros de la prensa con respeto a la función que realizan los mismos.




  1. Los agentes pertenecientes a esta Unidad, no deben coaccionar verbal ni físicamente a los miembros de la prensa. Si el miembro de la prensa lo agrede verbalmente o impide el cumplimiento de las labores de los mismos en una situación específica, el Supervisor a cargo tomará acción para solucionar la situación que se trate. (Énfasis suplido).

Por último, la Orden Ejecutiva le impone unos deberes específicos al Director de la Unidad Táctica Especializada, quien será un oficial de rango no menor de Inspector y responde al Superintendente Auxiliar de Operaciones de Campo. Entre sus múltiples deberes está el de velar “que los miembros de dicha unidad observen los cánones de respeto a los derechos civiles en toda intervención que realice la misma”.

Llama poderosamente la atención que esta unidad fue utilizada en los eventos del 30 de junio de 2010 sin que se cumpliera con las disposiciones de la propia Orden General que la creó y su utilización fue totalmente contraria a los fines dispuestos en la Orden General.

SOBRE LA POLICÍA MONTADA

El 20 de agosto de 1998 el entonces Superintendente de la Policía, Lcdo. Pedro Toledo Dávila, aprobó la Orden General 98-8 sobre el Procedimiento para el Manejo de los Trabajos de la Policía Montada, sin embargo, la misma se limita a cuestiones administrativas. No existe en la misma disposición alguna que regule el uso que se le dará a dicha unidad y las circunstancias que justifiquen su uso.

En los eventos del 30 de junio de 2010 la Policía Montada fue utilizada para dispersar y perseguir a las personas, poniendo en riesgo la vida y seguridad de las mismas.

SOBRE EL USO DEL ARMA DE REGLAMENTO

El uso del arma de reglamento dentro de la Policía de Puerto Rico está regulado por la Orden General 2004-3 de 25 de febrero de 2004. En su inciso D esta Orden General dispone las Guías para el Uso del Arma de Reglamento bajo los siguientes términos:



D. Guías para el Uso del Arma de Reglamento


  1. Al usar un arma de fuego se utilizará sólo la mínima cantidad de fuerza que sea consistente con el logro de la misión.




  1. El arma de reglamento será considerada como un arma defensiva, NO una herramienta de arrestos.



  1. Se utilizará cualquier otro medio alternativa antes de recurrir al uso del arma de reglamento.



  1. El disparar un arma de fuego desde o contra un auto en marcha está prohibido, a no ser que los ocupantes del otro vehículo estén usando fuerza física mortal en contra del policía u otros ciudadanos.



  1. No se debe usar fuerza física mortal para efectuar un arresto, prevenir o terminar un delito grave a menos que el policía tenga motivos fundados para creer que:




  1. El ciudadano amenaza con usar fuerza física mortal.

b. El ciudadano está armado con un arma mortal y su vida o la de algún semejante se encuentra en inminente peligro de muerte o grave daño corporal.


c. Su vida o la de un ciudadano corre peligro y no existen otros medios razonables para efectuar el arresto o prevenir o terminar la comisión de un delito grave, que no sea el uso de la fuerza física mortal.


  1. El miembro de la Policía podrá usar la fuerza necesaria, aún fuerza mortal en otra persona, cuando razonablemente crea que su vida o la de un tercero se pone en riesgo o está a punto recibir grave daño corporal.

Es importante señalar que la Orden General guarda silencio sobre el uso indiscriminado del arma de reglamento así como la prohibición de su uso para amedrentar a las personas. No obstante, el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico contiene, al menos dos disposiciones sobre el uso indiscriminada del arma de reglamento que son definidas como faltas graves, a saber, el amenazar con el arma de fuero y disparar un arma de fuego al aire viciosamente o sin justificación alguna.


SOBRE EL USO DEL ROTÉN

El uso del rotén o macana por los miembros de la Policía de Puerto Rico está regulado por la Orden General 98-6 de 10 de julio de 1998. El inciso B 2 de la referida Orden dispone lo siguiente en cuanto al uso del rotén:

2. Uso:

a. El rotén o macana es un arma defensiva que utiliza el policía para detener el oponente, desarmarlo o llevarlo bajo control sin tener que utilizar la fuerza mortal.



b. En algunos deberes el uso de la fuerza es primordial. Esta debe usarse en los siguientes casos:

1) Cuando en una intervención el sospechoso u oponente rehusa comunicarse, no coopera, amenaza y ataca al policía o cualquier ciudadano

2) Prevenir o detener robo, daño o sabotaje a la propiedad

 

3) Para detener o controlar motines o muchedumbres  



 

4) Evitar que algún detenido escape

 

5) Evitar serias ofensas contra las personas (violación, asaltos, etc.)



 

6) Defensa propia o de ciudadanos

7) Facilitar el movimiento de persona o personas

 

8) Usarlos para controlar a individuos


La Orden General 98-6 le impone unas responsabilidades específicas a los miembros de la policía que causen grave daño corporal a cualquier persona mediante el suso del rotén. A tales fines dispone:

Todo miembro de la Fuerza que al hacer uso del rotén o macana, cause grave daño corporal, deberá rendir un informe detallado al Comandante de Distrito o Unidad en la que presta servicio. Este informe deberá ser enviado a la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Administrativas y Asuntos Disciplinarios para la acción correspondiente.


De la misma manera la Orden dispone tanto las áreas vulnerables del cuerpo al recibir impactos con el rotén sin ocasionar grave daño corporal así como aquéllas se de deben evitar impactar por ser puntos de impacto fatal. En cuanto a las que se deben evitar la Orden General 98-6 enumera las siguientes:

1. Hombros hacia arriba (cualquier área del cráneo

2. Area genital

3. Area espinal

 4. Plexo celíaco o plexo solar (trauma abdominal, esternón y cardíaco)

Esta Orden incluye además una lista de sugerencias efectivas en el Uso y manejo del rotén, a saber:

1. Evite alzar el rotén (macana) más allá de la cabeza para mantener bajo control a su adversario.

 

2. Evite el uso de la fuerza violenta al arrestar una persona o al intervenir con ella haciendo uso de rotén, excepto en aquellos casos que estén presentes circunstancias que justifiquen el uso de la fuerza violenta, por encontrarse en inminente peligro de sufrir daño corporal; en este caso podrá golpear al ofensor en defensa propia.



 3. Evite usar el rotén o macana para provocar al adversario.

 4. Evite impactar al ofensor, si éste se encuentra neutralizado.

5. Evite impactar en exceso las áreas vulnerables del ofensor.

 

6. Se debe evitar dar en las áreas de impacto fatal, ya que puede ocasionar la muerte del agresor o daño tal que lo incapacite seriamente o lo inutilice permanentemente. (Énfasis suplido).


Los hechos del 30 de junio de 2010 se distinguieron por el uso ilegal del roten contrario a las claras disposiciones de la Orden General 98-6, pues en reiteradas ocasiones los miembros de la Policía de Puerto Rico utilizaron el mismo con el claro propósito de causar daño físico e incluso mediante golpes en áreas de impacto fatal. Incluso se llegó a impactar con el rotén a personas que meramente estaban alejándose del área o que se encontraban lanzadas al suelo totalmente indefensas.

NORMAS DE DERECHOS HUMANOS

El 17 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó mediante la Resolución 34/169 el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Este Código establece ocho principios que deben ser observados por los cuerpos policíacos en todos los países del mundo, a saber:

Artículo 1
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Artículo 2
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.1
Artículo 3
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.2
Artículo 4
Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
Artículo 5
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6


Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
Artículo 7
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.
Artículo 8
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Posteriormente, el 24 de mayo de 1989 el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas probó la Resolución 1989/61 mediante la cual adoptó unas Directrices para la Aplicación Efectiva del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Esta Resolución fue refrendada por la Asamblea General mediante Resolución 44/162 de 16 de diciembre de 1989.

Las directrices son aprobadas por este Organismo de la ONU son las siguientes:



Directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


      1. APLICACIÓN DEL CÓDIGO





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