Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 11 de marzo de 2015



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BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 11 DE MARZO DE 2015
Se reanuda la sesión a las nueve horas.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor.


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONCURSOS DE SUBASTA DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO A LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES.

(Núm. exp. 671/000158)

AUTOR: GPS
El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.2.
El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda a iniciativa del senador Quintero y de la senadora Julios Reyes.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Coves.


La señora COVES BOTELLA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Antes de comenzar con la defensa de la moción, quisiera recordarles que hoy es 11 de marzo y deseo mandar un cariñoso saludo a las familias de las víctimas del terrorismo. Ellas saben que siempre estarán en nuestros corazones.

Señorías, esta moción es consecuencia del debate mantenido en el último Pleno con el ministro de Sanidad, el señor Alonso. Y, desde entonces, se han producido dos novedades importantes en materia sanitaria. La primera de ellas es que todo apunta a que se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los enfermos de hepatitis C para que se les suministre el medicamento que tanto necesitan, el famoso Sovaldi, aunque, eso sí, según se ha destacado, parece ser que el tratamiento va a correr a cargo de las comunidades autónomas. Y llamo la atención sobre este punto a sus señorías, porque resulta cuando menos paradójico que no se haya suscitado ningún problema competencial cuando es la comunidad autónoma la que se hace cargo del coste del tratamiento, y, sin embargo, cuando la comunidad autónoma pone en marcha medidas para ahorrar en la factura farmacéutica es cuando se plantean todos los problemas.

La segunda novedad a la que hacía referencia es que el Tribunal de Cuentas acaba de solicitar una fianza de 490 000 euros al ministro, señor Alonso, y a toda la corporación municipal de Vitoria como consecuencia de un alquiler irregular que provocó un quebranto en las arcas públicas de su ayuntamiento, lo que no deja en muy buen lugar como gestor de fondos públicos al ministro de Sanidad.

Pero volvamos al núcleo de la moción, señorías. Se trata de lograr que definitivamente Andalucía pueda llevar a cabo una selección de medicamentos para conseguir dos cosas. Por un lado, un ahorro importante en la factura farmacéutica a costa del beneficio que tienen las grandes industrias farmacéuticas. Y, por otro lado, incrementar la adhesión de los pacientes al tratamiento, puesto que tendrían la misma presentación, el mismo medicamento, durante al menos un tiempo de dos años.

Señorías, resultó un tanto decepcionante el debate con el ministro, porque se repitieron mucho los argumentos. Cuando se rebatían y no había más, él se dedicó a desprestigiar a la sanidad pública andaluza; sanidad que, por otro lado, es la sexta mejor valorada de todos los sistemas sanitarios que existen en el Estado español. En cualquier caso, si ustedes quieren un debate sobre la sanidad pública, sobre la situación en la que se encuentran los profesionales o la inversión pública, no hay ningún problema. Pero esta es una moción que lo que trata de conseguir es que en Andalucía se lleve a cabo definitivamente la selección de medicamentos. Porque ya ha quedado claro, señorías, que esta medida no rompe la unidad de mercado. Y ha quedado claro, señorías, que no provoca desabastecimiento, por mucho que ustedes lo hayan dicho después de haber interrumpido hasta en tres ocasiones la subasta de la selección de medicamentos y de que los tribunales hayan levantado esa suspensión que ustedes habían solicitado. No se conoce que se hayan producido alertas sanitarias como consecuencia de ese desabastecimiento.

Pero de todos los argumentos que ustedes han utilizado y que han quedado demostrados, hay uno en el que me voy a detener por su trascendencia. Ustedes han acusado de que esta selección de medicamentos rompe el principio de igualdad porque los andaluces no van a poder acceder a todos los medicamentos como ocurre con el resto de los españoles. Mire, hasta ahora, quien determina, quien selecciona la presentación de un medicamento es el farmacéutico, una vez que el médico ha recetado, ha prescrito el principio activo. Puede ocurrir que en un municipio haya dos farmacias y que un farmacéutico dispense una presentación, una marca, un laboratorio, y el otro farmacéutico dispense otro. ¿Se rompe aquí el principio de igualdad, señorías? ¿La mitad del pueblo es desigual al resto del pueblo? Pero es que, además, puede ocurrir que ese medicamento sea distinto al que se dispense en la farmacia del pueblo de al lado.

Señorías, ¿por qué es más justo que sea el farmacéutico el que seleccione el medicamento en vez de la Administración? ¿Es que ustedes pretenden que todas las oficinas de farmacia tengan todas las presentaciones de todos los principios activos que hay en el mercado? Señorías, no hay razones para decir que este sistema rompe el principio de igualdad.

Le voy a decir más. Tradicionalmente en España los hospitales han llevado a cabo la selección y subasta de los medicamentos, y probablemente los medicamentos que se utilicen en el Gregorio Marañón sean distintos de los que se utilizan en el Virgen del Rocío de Sevilla. Yo nunca he oído al Partido Popular quejarse de que se rompe el principio de igualdad.

No hay razones, ni tan siquiera hay razones competenciales. Saben que tenemos razón. Aquí de lo que se trata, una vez más, es de utilizar la justicia contra Andalucía estrictamente por razones ideológicas. No hay incompatibilidad entre este sistema...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora COVES BOTELLA: Gracias, presidente, ya acabo.

No hay incompatibilidad entre el sistema que ha puesto en marcha el Gobierno de España con el de Andalucía, solamente tiene que echar a andar. Si el Partido Popular no quiere copiar nuestro sistema, el que hemos puesto en marcha en Andalucía, no lo hagan, pero al menos no molesten.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Coalición Canaria va a apoyar la moción. En el turno de portavoces explicaré las razones de ese apoyo, pero en este voy a defender la enmienda que hemos presentado.

Formulamos una enmienda de adición en la que proponemos que se incorpore al texto la siguiente propuesta: Dar cumplimiento a una ley que está vigente, la Ley de 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue aprobada con un amplio consenso. Esa ley establecía un mecanismo claro de financiación de las nuevas prestaciones sanitarias para hacer sostenible el sistema. El artículo 10, que lleva por título “Financiación”, en su apartado 3, dice: La inclusión de una nueva prestación en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud se debe acompañar de una memoria económica que contenga la valoración del impacto positivo o negativo que pueda suponer. Dicha memoria se elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su análisis en el contexto de dicho principio de lealtad institucional. Toda prestación nueva debe ser evaluada desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia y contar con la financiación adecuada. Si se decide introducir en el catálogo de servicios y prestaciones del sistema público algo nuevo, señorías, debe estar financiado si queremos hacer sostenible el sistema. No es cierto que se puedan prestar más servicios con menos dinero; eso es llevar a la quiebra el sistema público sanitario.

Esta cuestión ya se resolvió en el 2003 con esta Ley de cohesión. En aquel entonces se decidió cómo evaluar de forma sistemática la incorporación de nuevas prestaciones, entre ellas los nuevos medicamentos, para asegurar que estuvieran financiados, y desde entonces, desgraciadamente esta ley se viene incumpliendo. El Gobierno de España no puede legislar e introducir prestaciones nuevas o servicios sin que estén financiados e inducir a las comunidades autónomas a incrementar el gasto, a incurrir en déficit o, lo que es peor, a tener que suprimir otros servicios o empeorar su calidad. Este es el sentido de la enmienda que hemos presentado porque esto es lo que implica la lealtad institucional, y no hacerlo significa poner en quiebra el sistema.

Como saben, señorías, los medicamentos son prestaciones sanitarias y deben seguir este criterio si queremos mantener la sostenibilidad y la equidad en el acceso a ellos. Lo contrario es hacer demagogia y ahora mismo electoralismo partidista, lo que me parece muy peligroso. Eso es lo que está haciendo en este momento el Gobierno de España. No es leal institucionalmente recortar 14 000 millones de euros a la financiación del sistema público durante estos tres años y que ahora, en elecciones, el mismo presidente del Gobierno de España que ha promovido los recortes tome la decisión de incluir tratamientos -que está bien-, como el de la hepatitis C, pero no financiarlos y trasladar ese agujero de no financiación a las comunidades autónomas y, además, desprestigiar ante el ciudadano la gestión de las comunidades autónomas que reclamamos más financiación para dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos. El Gobierno de España no cumple con su responsabilidad, que es coordinar y cohesionar el Sistema Nacional de Salud, y, lo más grave aún, boicotea a aquellas comunidades que ponen en marcha medidas de gestión para abaratar el gasto en medicamentos sin perjudicar a los ciudadanos. Parece que a las señorías del Partido Popular no les gusta que las medidas de austeridad se les impongan a los grandes beneficios de las multinacionales de la industria farmacéutica, eso no, pero en cambio sí a los ciudadanos.

Señorías, teniendo en cuenta que el porcentaje de gasto en medicamentos sobre el total de gasto sanitario es cada vez mayor, y no porque se produzca un aumento de las recetas, sino porque aumenta el precio medio de las recetas, así como el precio de los nuevos medicamentos, de las nuevas moléculas -hablamos, por ejemplo, de hepatitis C, de alternativas terapéuticas para enfermedades autoinmunes, el cáncer, etcétera-, planteamos en el segundo apartado de la enmienda que el Gobierno de España -y concluyo, señor presidente- debe liderar en el seno del Consejo Interterritorial un pacto sobre la financiación de los medicamentos, especialmente las nuevas moléculas más costosas, y que lo haga siempre que hayan demostrado su eficiencia, su eficacia, y también que ese pacto garantice el acceso de todos los ciudadanos a los mismos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora JULIOS REYES: ...y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Coves, para indicar si acepta o no la enmienda.


La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Julios su enmienda y decirle que la vamos a aceptar porque va a enriquecer la moción que hemos presentado. Además, estamos absolutamente de acuerdo en exigir al Gobierno que cumpla las leyes que rigen en España -esa es la primera parte de su enmienda-, sobre todo porque la sanidad española va a tener que hacer frente en los próximos años a unos retos muy importantes, como el tratamiento de enfermedades; en este caso hemos comentado el de la hepatitis C, pero seguro que habrá otros que requieran un estudio pormenorizado por parte del Gobierno sobre la financiación.

Quiero recordar, además, que en el último Consejo Interterritorial hubo varias comunidades autónomas que solicitaron al Gobierno de España la posibilidad de este pacto sobre la financiación de medicamentos. El Gobierno de España hasta ahora o no ha contestado o ha dicho que no, pero esta petición incluso viene respaldada por la Organización Médica Colegial. Por tanto, le agradezco su enmienda, que vamos a aceptar porque así la moción quedará mucho más redonda.

Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Aragón.
La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Popular, cómo no, se adhiere a las palabras referentes al homenaje a las víctimas del 11−M.

El Grupo Popular va a votar en contra de esta moción, y lo va a hacer porque va a dejar de hacer demagogia. Nos acercamos a unas elecciones andaluzas y el Grupo Socialista, al que le gusta muy poco hablar de Andalucía, hoy trae aquí a Andalucía -supongo que no me regañará porque hable de su comunidad autónoma- con una demagogia extrema, hablando de que esta medida está favoreciendo a los andaluces. Pues le tengo que decir que no es así. El Gobierno del Partido Popular presentó un recurso al marco normativo y a todas las subastas por injusto. Es impugnable, y por supuesto que la ley ampara al Gobierno de la nación, pero lo ha hecho por injusto. Por injusto con los andaluces y andaluzas, como ustedes dicen. ¿Por qué? Por muchos motivos.

En primer lugar, voy a desmontar algunas cosas que ha dicho la senadora Coves. Dice que el farmacéutico es el que decide la prescripción y que parece que nosotros queremos que el farmacéutico decida. No. El Gobierno y la Consejería del Gobierno andaluz han privado al médico de su criterio médico. Ha sido un monopolio de la Consejería. Pero lo más gordo es que en la Consejería eligen una serie de empresas, ninguna de ellas española, unas empresas que no aportan PIB alguno a la nación española. Y en cuanto a los genéricos, ¿son todos iguales? Sí, pero puntuando los genéricos del 1 al 10, estos aprueban con un 5 raspón. Han sido unas medidas que para nada han velado por la mejora, por la seguridad y por la adherencia al tratamiento de los andaluces. En absoluto. Ha sido una medida meramente economicista y con un monopolio total de la Consejería. Es verdad que en el Gobierno andaluz están muy acostumbrados a estos monopolios, pero llegar a monopolizar el criterio médico poniendo en riesgo la adherencia al tratamiento de los andaluces, no es de recibo. Y además han conseguido que los pacientes andaluces sean de segunda categoría. Porque, señorías, todos los pacientes españoles, quitando a los andaluces con esta subasta, tienen derecho a acceder a todo tipo de medicamentos, pero ustedes les han privado de ellos en Andalucía, tienen que ser los que decida la Consejería con un pacto entre esta y las empresas y donde el dinero repercute exclusivamente en la Consejería, y no precisamente en beneficio de la sanidad andaluza ni de los andaluces. En el turno de portavoces me referiré a ello. Y ustedes hablan mucho de que el Tribunal Constitucional ha sido contundente, pero a la vez dicen que no ha entrado en el fondo. Claro, solo ha entrado en la forma. Se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y a los cinco meses −porque así son las formas que marca la ley− tuvo que levantar esa paralización cautelar. Y el juzgado contencioso−administrativo no se puede pronunciar en tanto en cuanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Nosotros entendemos que es una medida injusta para los andaluces. Las comunidades autónomas tienen sus competencias, por supuesto, y el Gobierno de la nación las respeta. Pueden aprobar sus carteras de servicio, pero sin olvidar la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Y la mayor competencia que tiene el Gobierno de la nación, que deben respetar todas las comunidades autónomas, es velar por la igualdad de todos los ciudadanos, vivan en el territorio en que vivan, y pedir para ellos la mejor calidad, en este caso la mejor calidad en los medicamentos para los andaluces y para el resto de España. Eso es lo que está defendiendo el Gobierno del Partido Popular. Y cuando ustedes hablan de la hepatitis y nos dicen que el tratamiento va a correr a cargo de las autonomías, sí, las competencias son autonómicas, pero eso va a través del FLA, y les recuerdo que ese es un pacto con todas las comunidades autónomas, incluyendo la andaluza. Y también les recuerdo la magnífica gestión del ministerio.

Y no entiendo que venga usted hoy a hablar del ministro Alonso, un ministro excelente que está velando -cosa que ustedes no hacen- con todo el Gobierno popular por conseguir la mejor sanidad para los andaluces, porque se lo merecen los andaluces. Y a pesar de lo que ustedes digan, el Gobierno popular y el Grupo Popular velarán por el interés de los andaluces. Y hablan ustedes de un ahorro importante y de la adhesión al tratamiento. Eso es falso. Y hablan ustedes de la igualdad, a lo que luego nos referiremos. Y dice la senadora Coves que si no queremos copiar su sistema, al menos les dejemos actuar. ¡Dios nos libre de copiar su sistema! ¡Dios nos libre de copiar su sistema! Después tendré oportunidad de hablar de las deficiencias del sistema de salud andaluz por culpa del Gobierno socialista de Andalucía.

Muchas gracias, señorías y señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Aragón.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como comenté, Coalición Canaria va a apoyar esta moción, tanto por la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 –debate que ya hemos tenido en esta Cámara en otras ocasiones- como por la retirada del recurso de inconstitucionalidad al sistema de selección de medicamentos de la Junta de Andalucía.



Nos parece que el Gobierno de España es desleal al impedir que una comunidad autónoma introduzca criterios de gestión para disminuir el gasto en medicamentos, sin perjudicar al ciudadano. El actual reparto de competencias entre el Estado y las autonomías que tenemos en España permite que las comunidades autónomas puedan gestionar los recursos sanitarios, y más aún cuando estos recursos son recortados de forma unilateral por el Gobierno de España. Y además lo digo con conocimiento de causa, por un antecedente que sufrimos en Canarias en el año 1997: la comunidad autónoma, en un artículo de la Ley de presupuestos de 1997, introdujo la fijación de precios de referencia de las especialidades farmacéuticas, que no existía en España, pero la Ley general de sanidad sí que lo permitía, aunque, desde entonces, desde dicha ley, ningún Gobierno de España lo había desarrollado –y lo digo claro- ante las fuertes presiones que la industria farmacéutica había ejercido en todos los ministerios. Señorías, se suspendió dicho artículo de forma cautelar, y tuvimos que esperar más de seis años para que un gobierno de España decidiera desarrollar los precios de referencia, impulsar los genéricos y la prescripción de los principios activos. En toda la Europa desarrollada España es la última en desarrollar y en implementar estas medidas. ¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno de España hace ese papel? Ese no es el papel del Estado: ni como, ni dejo comer. El Tribunal Constitucional se pronunció en 2004, siete años después, y admitió una sentencia en la que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad; la sentencia consideró la norma canaria ajustada a la Constitución y, por lo tanto, a derecho. Voy a destacar algunos aspectos de esa sentencia porque me parece que vienen al caso de la moción presentada por sus señorías. Uno, puso en valor y le dio la razón a la defensa que realizaban el Gobierno y el Parlamento de Canarias al entender que la norma tenía como finalidad la mejora de la gestión de los recursos públicos a través de la contención del gasto relativo a la prestación farmacéutica dispensada por el Servicio Canario de Salud. Dos, el tribunal también consideró que la norma canaria no era inconstitucional pues no legislaba sobre competencias exclusivas del Estado en materia de medicamentos sobre la fabricación o la comercialización, sino que actuaba en la prestación sanitaria y regulaba, con relación al acceso a la prestación farmacéutica, en condiciones de igualdad; una medida de gestión para abaratar gastos, para favorecer la igualdad en el acceso a la prestación del medicamento. Asimismo consideraba que si la fijación de las bases generales de la coordinación por parte del Estado deben llegar al grado de vaciar de contenido las competencias que en materia de sanidad hayan asumido las comunidades autónomas, la norma del Estado no tendría sentido; es decir, que no se puede vaciar de contenido, a la hora de reclamar las competencias básicas del Estado, la capacidad de gestión de las comunidades autónomas. Sentencia del Tribunal Constitucional.

Señora portavoz del Grupo Popular, el Gobierno de España, en vez de buscar la confrontación, en vez de buscar el enfrentamiento institucional y territorial, debería trabajar por cohesionar el sistema, por coordinar el sistema, por valorar aquellas medidas de contención del gasto que demuestren ser eficaces y que sean puestas en marcha por cualquier administración autonómica, por cualquiera -hay que ponerlas en valor para que el resto de las comunidades autónomas las conozcan-. Debería trabajar también para mejorar el acceso igualitario de los ciudadanos de cualquier territorio de España a los nuevos medicamentos, incluso a las nuevas moléculas, que todos sabemos que van a encarecer mucho más el coste de esta prestación. Debemos buscar, insisto, fórmulas de financiación para poder garantizar el acceso a los nuevos medicamentos de forma igualitaria en todo el territorio que hagan sostenible el sistema. Pero, claro, para eso hay que tener una posición política clara...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora JULIOS REYES: Concluyo, señor presidente.

Para eso hay que tener una posición política clara, como es defender el Estado del bienestar y los servicios públicos, y no parece, señoría, que ese sea el caso.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, con su permiso, intervengo desde el escaño, porque parece que el día de hoy también va a ser maratoniano.

Nosotros vamos a apoyar la moción, evidentemente. No vamos a entrar en el fondo del asunto pues, respecto a la subasta que lleve a cabo el Gobierno andaluz, el Grupo Vasco no tiene realmente una opinión formada. Pero, desde luego, lo que sí tenemos claro es que en Andalucía debe ser el Gobierno andaluz quien sepa lo que tiene que hacer, siempre que no afecte a terceros y a otras instituciones, como es el caso. Y si no lo sabe o lo hace mal, el día 11 alguien se lo recordará −para bien de ustedes, si lo han hecho bien, o para bien de la oposición, si lo han hecho mal−. Por lo tanto, eso es lo que hoy podemos decir, esa es la base de la democracia. Así es como verdaderamente se respeta esa lealtad institucional de la que hablaba la senadora Julios.

Si entramos en la parte dispositiva, voy a empezar por el final: derogar el Real Decreto Ley 16/2012. Nosotros estamos de acuerdo con la derogación −lo hemos dicho casi todas las semanas−, pero cuando el Gobierno vasco decidió no aplicar el copago y no retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales, el Gobierno del Estado recurrió. Gracias a Dios, por suerte o por desgracia –ya veremos por qué−, hubo que aplicar el copago –aunque de la manera menos traumática posible, lo cual fue una buena idea− y el mismo tribunal suspendió la retirada de tarjetas a los inmigrantes. Y esto me lleva al primer punto de la moción: retirar los recursos ante el Tribunal Constitucional y dejar de poner obstáculos jurídicos. Yo creo que esto es esencial, porque lo que vemos es que nos hacemos trampas en el solitario. Tenemos una distribución política del Estado que se decidió como se decidió. Existe una Constitución, con la que podemos estar de acuerdo o no, pero es la que hay. Lo que sucede es que, vía recursos, estamos vaciando parte de las competencias de las comunidades autónomas, bien porque se recurren aquellas decisiones que el Gobierno central no puede controlar y que se toman en los parlamentos autonómicos, o, al revés, porque se fuerza la invasión competencial que obliga a las comunidades autónomas a recurrir los recursos −valga la redundancia−. Y en esto les puedo asegurar que el delegado del Gobierno del País Vasco es un especialista, es un recurrente recurrente, porque lo hace mucho y porque no interpone más que recursos: más de 60 a decisiones municipales que tienen que ver con el Euskera −cuestión que no se refiere a este caso, pero que refleja un poco la medida del asunto del que estamos hablando.



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