Bogotá, Enero de 2015 juzgados penales municipales (reparto)



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Bogotá, Enero de 2015



JUZGADOS PENALES MUNICIPALES (REPARTO).

E. S. D.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Accionante: XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

Cedula: XXXXXXX de Bogotá.

Contra: SURA EPS.
XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, ciudadana colombiana mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía, cuyo número y lugar de expedición aparecen con mi firma, ante usted respetuosamente acudo para promover Acción de Tutela, actuando en nombre propio en contra de la SURA EPS, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto reglamentario 2591 de 1991, para que judicialmente se me conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la Vida, artículo 11 C.P.; A la Salud, artículo 49 C.P.; A la Seguridad Social, artículo 48 C.P, a la Igualdad y a la Dignidad Humana, artículo 1 y SS de la C.P, los cuales considero vulnerados y/o amenazados por la entidad accionada.

MEDIDA PROVISIONAL Y URGENTE
De manera atenta le solicito Señor Juez fallar con una medida precautelatoria, y se le ordene a la SURA EPS, que en un término no superior a 48 horas me sea autorizado y entregado el tratamiento con el medicamento BEVACIZUMAB (AVASTIN) que requiero urgentemente para salvaguardar mi derecho a la vida y la salud, esta petición la presento teniendo en cuenta lo contemplado en el Artículo 7 del Decreto 2591 del 91 y teniendo en cuenta mi estado de salud, ya que si la SURA EPS no me suministra el tratamiento, mi salud, así como mi calidad y cantidad de vida se disminuyen por la falta del medicamento.
Mi petición se fundamenta en los siguientes hechos y consideraciones.


      1. HECHOS




  1. Estoy afiliada al sistema nacional de seguridad social en salud, régimen contributivo, y la entidad que se encarga de administrar mis recursos de salud es SURA EPS.




  1. Soy una persona de 67 años.



  1. Mi diagnóstico es de CANCER DE OVARIO y esta enfermedad requiere atención inmediata y continua, la enfermedad ha progresado cada día más.


  1. Para tratar esta enfermedad el médico tratante me vienen tratando con el medicamento, BEVACIZUMAB (AVASTIN), por más de tres años, ante la poca efectividad de los medicamentos que están en el POS, donde la EPS me autorizaba el medicamento sin ningún problema.




  1. El cáncer de ovario Es un tipo de cáncer que comienza en los ovarios, los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos.




  1. Para el 14 de Enero de 2015, mi médico oncólogo tratante, Dr. ALIRIO ZULUAGA me ordena nuevamente el medicamento BEVACIZUMAB (AVASTIN), explicado el beneficio de la terapia biológica con dicho medicamento, adicional que no hay sustitutos, este es fundamental para CONTROLAR la patología que padezco CANCER DE OVARIO.




  1. El 14 de enero de 2015, se radico ante la EPS SURA para su autorización, donde el 19 de enero de 2015 mediante formato de justificación de medicamento me informa que el mismo fue negado por no cumplir los requisitos de la normatividad vigente, donde da entender que no cuenta con registro INVIMA para mi patología.




  1. La EPS niega el medicamento y entrega del BEVACIZUMAB (AVASTIN), ordenado y justificado por mi médico tratantes bajo el argumento de que este no cuenta con registro INVIMA en la patología que padezco, ese no es fundamento, pues el alcance del registro del INVIMA, no puede interpretarse como un criterio excluyente sobre la idoneidad del medicamento en cada situación concreta, frente al cual el medico especialista cuenta con autonomía basada en su capacidad profesional aplicada de manera especifica a la problemática particular.




  1. No se entiende como después de tres años donde la EPS SURA venia entregándome el medicamento ahora de forma unilateral me niega el tratamiento.



  1. Esta Peligrosa tramitología de tipo administrativo exigido a los pacientes sin razón alguna por parte de SURA EPS me está vulnerando, el derecho a conservar mi salud, y a tener un tratamiento eficaz y adherente que permita el control de la enfermedad.




  1. Señor Juez, no puedo esperar más tiempo sin el medicamento formulado por el médico tratante BEVACIZUMAB (AVASTIN), tengo conocimiento que la ley 100 del 93, es clara cuando afirma que las entidades de salud pueden autorizar medicamentos y procedimientos que estén fuera del POS, también la corte constitucional en repetidos fallos de tutela se ha pronunciado frente a la entrega de medicamentos y procedimientos que se encuentran en el plan obligatorio de salud, ha dicho la corte que es obligación de las entidades de salud, realizar todo lo que este a su alcance para salvaguardar la salud y la vida del usuario, que el usuario no solamente tiene derecho a la vida y la salud, sino a una vida con calidad y dignidad. El negarme la entrega del medicamento me vulnera mi derecho a la vida, pues se me está negando la oportunidad de poder obtener un tratamiento eficaz.



  1. Es de tener en cuenta señor juez que durante el acto médico la autonomía tiene que ver con las condiciones en que se da la relación médico-paciente. A partir de la implementación de la Ley 100 se cambió a la medicina de una profesión de compromiso social, a un oficio que, al disminuir costos, resulte en mayores márgenes de utilidad para las entidades intermediarias. Esta intromisión ha afectado la práctica médica y llevó a un trato distante del paciente, considerándolo una entidad patológica y no una persona que tiene una enfermedad. Este modelo técnico de atención se centra en el órgano y no en el enfermo, que adquiere connotaciones de cliente. Con esto se corre el peligro de parcelar el cuerpo físico del paciente e ignorar su personalidad; lo que restringe la autonomía del acto médico en la búsqueda del bien integral del ser humano que consulta.



  1. Clara ha sido la Corte Constitucional en determinar la función de los C.T.C. y al respecto ha reiterado:


LEY 23 DE 1981

Por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica

CAPÍTULO I



DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1°. – La siguiente declaración de principios constituye el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre Ética Médica.

1°. – La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político o religioso.

El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual.

Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones  humanísticas que le son inherentes.

TITULO II.

PRÁCTICA PROFESIONAL

CAPÍTULO I

DE LAS RELACIONES DEL MÉDICO CON EL PACIENTE

ARTÍCULO 3°. – El médico dispensará los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite

ARTÍCULO 13. – El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad



El Comité Técnico Científico de toda E.P.S. es un órgano de carácter administrativo, encargado de garantizar la correcta prestación del servicio y la defensa de los derechos de los afiliados.
Los Comités Técnico Científicos son órganos de las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S.) encargados de atender las reclamaciones que presentan los afiliados y beneficiarios, en relación con hechos de ocurrencia asistencial que presuntamente afecten al usuario respecto de la adecuada prestación de los servicios de salud. En el la Resolución 3099 de 2008, por la cual se reglamentan los Comités, se incluye un parágrafo en el que se señala qué se entenderá por “hechos de naturaleza asistencial”, incluyendo dentro de ellos, especialmente, las condiciones y el procedimiento para la prescripción de medicamentos que no se encuentren en el listado aprobado por la CRES.
La Resolución 3099 de 2008, recoge los criterios que deben tener en cuenta los Comités para autorizar medicamentos no incluido en el P.O.S.
En cuanto a la conformación del Comité, la misma Resolución señala que éste estará conformado por tres personas. Un representante de la E.P.S., un representante de la I.P.S. y un representante de los usuarios. La norma tan sólo exige que uno de sus miembros sea médico.
En conclusión, teniendo en cuenta su composición y sus funciones, es posible concluir que el Comité Técnico Científico es un órgano de carácter administrativo, que tiene como misión atender los reclamos que presenten los afiliados y beneficiarios de la E.P.S., en razón a la ocurrencia de hechos que conlleven una inadecuada prestación del servicio de salud. El Comité tiene el deber de velar porque todos los servicios a que tienen derecho los usuarios efectivamente se les presten y que ello se haga correctamente, en estricto cumpli­miento de lo previsto en la Constitución y la ley, y de acuerdo con los criterios deontológico de la profesión médica.

El Comité Técnico Científico, pese a su nombre, no es en estricto sentido un órgano de carácter técnico. No se trata, por ejemplo, de un grupo de médicos que tienen como función someter a revisión científica las autorizaciones de medicamentos o tratamientos excluidos del P.O.S. La exigencia de que tan sólo uno de los miembros del Comité sea médico, muestra que no se trata de un tribunal profesional interno de la E.P.S. en el que se someten a consideración las decisiones de carácter médico, sino de un órgano administrativo que debe asegurar que los actuaciones de la entidad y sus procedimientos, se adecuen a las formas preestablecidas, así como también garantizar el goce efectivo de un adecuado servicio de salud.


Todo lo anterior hace ver la flagrante violación a la que estoy siendo sometida en mis Derechos Fundamentales.
En lo que tiene que ver con medicamentos no autorizados por el INVIMA y ordenados por el medico tratante, la Corte Constitucional ha venido sosteniendo una postura que, para mayor claridad, es transcrita en su totalidad:

“En relación de los medicamentos que, además de no estar cubiertos por el Plan Obligatorio de salud POS, no cuenta con registro en el INVIMA para su producción, envase y comercialización, y que indefectiblemente resultan necesarios para hacer eficaz la protección del derecho a la salud del paciente, esta Corporación ha expuesto consideraciones adicionales.


En sentencia T-884 de 2004, se manifestó en estudio de sentencia de tutela proferida en el caso de un ciudadano a quien su EPS le negó el suministro del medicamento sin registro del INVIMA, prescrito por su médico tratante. Señalo que, en tanto el medicamento indicado era el único que aliviaba los síntomas de la enfermedad, la EPS debía suministrarlos contando con el derecho de repetir por los sobrecostos en los que incurriera.”
De igual manera, en la mencionada sentencia se hizo referencia a la sentencia T-173 de 2003 considero la Corte Constitucional, que cuando una persona acuda a la acción de tutela para lograr el suministro de un medicamento que alivie su padecimiento, solicita la protección de su derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. En todo caso, cuando el medicamento prescrito este fuera de plan de beneficios del POS el paciente debe acreditar (i) que la exclusión amenaza sus derechos fundamentales, (ii) que el medicamento no pueda ser reemplazado por uno que este contemplado en el POS y que tenga igual efectividad, (iii) que no puede asumir el costo del mismo y (iv) que haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS a la cual está afiliado.

El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección por vía de la Acción de Tutela
De acuerdo a los principios que rigen la Seguridad social y el precedente constitucional, se tiene que la Empresas promotoras de salud EPS están obligadas a prestar atención a sus afiliados y a garantizar un adecuado tratamiento, lo que incluye, todos los procedimientos médicos y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS que el paciente requiera según criterio del médico tratante afiliado a la EPS, cuyo costo debe ser asumido a través del reaseguro que debe adquirir la entidad, que es la que garantiza la cobertura del riesgo económico derivado de la atención de los afiliados que resulten con enfermedades de alto costo en su manejo o bien, con base en el equilibrio que debe existir a su interior, dada precisamente la correlación entre el derecho constitucional y la obligación del estado para prestarlo y garantizarlo en razón de esa delegación a que hace mención el art. 179 de la Ley 100 de 1993.
La Corte igualmente ha señalado que el deber del Estado de prestar de manera eficiente el conjunto de los servicios públicos obligación que asumen los entes privados que se comprometan con este deber. Regularidad, calidad y continuidad son, entonces los principios que traducen finalmente el mandato superior de eficiencia; así, “el servicio público se caracteriza por la continuidad en la prestación del mismo”. A su vez, el art. 49 de la carta consagra que “la atención a la salud es un servicio público a cargo de la entidad responsable. Por lo tanto, al ser la salud un servicio público no puede interrumpirse su prestación por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su dignidad”.
En mi caso se evidencia que la vulneración de los derechos fundamentales está galopante y que no es justo desde ningún esquema que la EPS solamente mediante la orden de un juez de Tutela cumpla sus obligaciones legales y Constitucionales. El punto en salud adquiere tintes dramáticos si se tiene en cuenta que padezco una enfermedad que día a día deteriora mi calidad de vida y cuya única posibilidad de controlarla es el tratamiento adecuado y el medicamento que no fue autorizado por la EPS; la omisión en sí misma constituye una conducta reprochable por parte de la entidad.
Así las cosas resulta equivocado el planteamiento de la EPS, toda vez que si bien las normas de salud contemplan ciertas exclusiones en cuanto a la prestación de servicios, esto es, procedimientos médicos o suministro de medicamentos, también lo es, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, que la conducta adoptada por la entidad no puede chocar con la prevalencia de los derechos fundamentales y en especial con la supremacía del texto constitucional que los contiene, y que dispone de su protección; por lo tanto, en el caso concreto, se requiere que la impostergable aplicación de las normas superiores , como el derecho a la vida, la salud, y su integridad personal, los cuales no pueden supeditarse a criterios legales; en consecuencia, si los postulados constitucionales vinculan a la administración, con mayor razón deben guiar la tarea del juez de tutela al ser encargado de la misión de defender los derechos fundamentales.

DERECHOS SOBRE LOS CUALES SE INVOCA LA PROTECCIÓN:

La negligencia administrativa de SURA EPS de agilizar el suministro del medicamento atrás descrito, viola varios derechos fundamentales como son el derecho a un adecuado nivel de vida consagrado en el art. 25 de la Declaración Universal de derechos Humanos que conforme a los dispuesto en los arts.93 y 94 de nuestra carta prevalece sobre el orden interno y la enunciación de derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución. También se está violando el derecho a la vida en forma indirecta, ya que la no entrega y suministro oportuno del medicamento agiliza como se explicó en el capítulo anterior el proceso de deterioro que sufro.
Considero violado el derecho a la dignidad humana por cuanto en los postulados de la Constitución, es importante reconocer los derechos fundamentales de las personas es un derecho preferente sobre los demás, por lo cual se reconoce la dignidad en el sentido de que el ser humano pueda llevar una vida digna en condiciones tales que se facilite su participación dentro de la sociedad. Se trata pues de defender la vida, pero también una cierta calidad de ella, por lo tanto es necesario que exista un marco de condiciones de salud integral, es decir, físico y emocional que le permitan la existencia con calidad a mi vida. Por lo tanto, es necesario que exista no la vida en sí o la dignidad por sí misma, sino un marco de condiciones de salud integral, es decir, física y emocional, que le permitan la existencia con calidad a la persona, y esa calidad, en mi caso, hace referencia a la entrega de un medicamento que me proporcionará condiciones de vida digna en cuanto a calidad y cantidad y que si no se suministran de manera oportuna y diligente me aproximan a una crisis y a la afección de órganos que podrían causar desenlaces fatales en MI ORGANISMO.
El derecho a la salud contiene una serie de elementos, que se enmarcan, en primer lugar como un resultado – efecto del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. El reconocimiento del derecho a la salud prohíbe conductas de los individuos que causen daño a otro, imponiendo a estos las sanciones y responsabilidades a que hay lugar. Por ello se afirma que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto significa que al reconocerle a alguien el derecho a la vida se le está reconociendo como algo suyo el derecho a ser y a permanecer en el ser. De tal modo que no sólo se viola este derecho con el homicidio, sino con todo acto que no le permita ser lo que es, que le impida obrar conforme a la dignidad humana que le corresponde por el hecho de ser persona.
Utilizo de manera acertada la figura de la TUTELA por ver amenazados mis derechos fundamentales, por parte de SURA EPS, se amenaza el derecho fundamental a la salud (art. 49 C.N) y el derecho a la igualdad, entre otros.

PRUEBAS

Ruego al señor juez se sirva tener en cuenta y practicar las siguientes pruebas:





  1. Documentales: (Anexas a la Tutela)

  • Copia de mi Cedula de Ciudadanía

  • Copia del carnet de afiliación a SURA EPS

  • Copia de las formula médica. BEVACIZUMAB (AVASTIN)

  • Copia de la negación de medicamento BEVACIZUMAB (AVASTIN)

  • Resumen de la Historia Clínica.



PRETENSIONES.
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor juez disponer y ordenar a la parte accionada proteger y TUTELAR los derechos a la salud en su condición de derecho derivado de la vida a mi favor.
Por lo anterior, ordenar a SURA EPS, para que en el término que ordene de 48 horas se me autorice y suministre el medicamento denominado BEVACIZUMAB (AVASTIN) en la dosis formulada por el médico tratante de manera oportuna y diligente para el manejo de la enfermedad de CANCER DE OVARIO que requiero a fin de lograr un adecuado tratamiento y por ende un mínimo de calidad de vida.
PREVENIR A SURA EPS, para que en adelante continúe prestándome la atención médica y asistencial que mi salud requiere y además, me dé el tratamiento integral y me sea entregado en la cantidad y fecha ordenada por mi médico tratante y que mi EPS me suministre tratamiento integral para el manejo y tratamiento de mi enfermedad que padezco CANCER DE OVARIO. Se entiende por tratamiento integral, fórmulas médicas, exámenes de diagnóstico, exámenes especializados, consultas de médicos generales y especialistas y hospitalización cuando el caso lo amerite.

JURAMENTO.
Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he instaurado otra ACCION DE TUTELA con fundamento en los mismos hechos y derechos materia de esta acción de acuerdo a lo determinado por el art. 37 del Decreto 2591 de 1991.

COMPETENCIA.
Es usted competente señor Juez, por la naturaleza constitucional del asunto y por tener jurisdicción en el lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados, conforme al art. 37 del decreto 2591 de 1991.

NOTIFICACIONES.
A SURA EPS en la ______________________________________________________
Recibiré notificaciones en la secretaria de su despacho o en la carrera XX B No. XX – XX interior 7 apto 302. Teléfonos: XXXXXXX- XXXXXXXXXX
Del señor juez

XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

C.C. XXXXXXX de Bogotá.

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