Ayuntamiento valle de la serena provincia de badajoz



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Tercera. Perfil del contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, los órganos de contratación de este Ayuntamiento difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante es la que se especificará en la siguiente página Web institucional: www.valledelaserena.com

Cuarta. Procedimiento y forma de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del TRLCSP.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150 del TRLCSP.

Quinta. Calificación y naturaleza.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de servicios públicos tal y como establece el artículo 8 del TRLCSP.

La naturaleza de la concesión que vinculará al contratista con el Ayuntamiento de Valle de la Serena será la propia de la concesión administrativa de servicio público a que se refieren el ya citado artículo 8 del TRLCSP, el artículo 227 del citado texto legal, y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en cuanto no se oponga a aquél.

El servicio objeto de concesión continuará ostentando, en todo momento de su vigencia, la misma calificación jurídica de Servicio Público Municipal.

Sexta. Aptitud y capacidad para contratar.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. Asimismo podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

La capacidad de obrar del empresario se acreditará de las siguientes formas:

  • Los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate.

  • Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de conformidad con la legislación del estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración responsable o certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

  • De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente en España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Así mismo, deberán justificar, en el mismo informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

De acuerdo con el artículo 70 del TRLCSP, la prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Séptima. Exigencia de solvencia.

Tal como dispone el artículo 62 del TRLCSP, el licitador deberá acreditar estar en posesión de condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, y profesional o técnica, tal como se especifica en el presente pliego.

Octava. Solvencia económica y financiera.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

        • Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

        • Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

        • Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Novena. Solvencia técnica o profesional.

De conformidad con el criterio expuesto por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su Informe 51/05, de 19 de diciembre de 2005, se exige como criterio de solvencia técnica o profesional para poder concurrir a la presente licitación, y, en consecuencia, para ser adjudicatario del contrato, la experiencia mínima de un año ininterrumpido en la gestión de salas de velatorios, tanto de titularidad pública como privada.

Dicha solvencia técnica o profesional podrá acreditarse por los medios siguientes:

        • Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en, al menos, el último año, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta del mismo, mediante una declaración del empresario.

        • Declaración de la plantilla media anual de la empresa en el último año, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

Décima. Bienes e instalaciones municipales cuyo goce se entrega al concesionario.

El Ayuntamiento de Valle de la Serena pone a disposición del concesionario del servicio, para su prestación en legal forma, la instalación del edificio de Sala de Velatorios, sin horno crematorio, ubicado en parcela 1 del polígono 13 de este término municipal, que se encuentra inscrito, por título de obra nueva terminada, en el Registro de la Propiedad de Castuera (Badajoz), y sobre el cual no existen trámites pendientes en materia de autorizaciones administrativas para el desarrollo del servicio, encontrándose inscrito en el correspondiente registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el número EF – 129 – EX.

Así mismo, se pone a disposición del concesionario el mobiliario que figura en anejo aparte.

El concesionario no podrá alterar las instalaciones del edificio, ni realizar obras en él, salvo autorización expresa del órgano competente del Ayuntamiento.

Undécima. Tipo de licitación.

El tipo mínimo de canon anual global que satisfacer al Ayuntamiento por parte del concesionario será de 2000 euros, con un IVA aplicable del 21 % (420 euros), que figurará como partida aparte.

El canon citado, o el que acabe determinado en función de las ofertas presentadas, será actualizado anualmente conforme al Índice General de Precios al Consumo o al Índice que lo sustituyere, y será abonado al Ayuntamiento por parte del concesionario, por mitades, los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada año natural.

Decimosegunda. Duración de la concesión.

El plazo de duración de la concesión es de 15 años, contados a partir de la fecha de comienzo de la prestación del servicio, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes a contar desde la firma del contrato.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes del plazo de su vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento en su caso de los daños que se causaren, o sin él, si no procediesen.

Decimotercera. Tarifas.

Las tarifas máximas y mínimas que aplicar son las aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria de 3 de diciembre de 2010 (Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio, publicado que fue su texto íntegro en el BOP número 28, de 10 de febrero de 2011), y cuyo artículo 6 fijaba la tarifa por utilización de la Sala de Velatorios en 100 euros por servicio, cantidad que se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC o índice que lo sustituya.

Decimocuarta. Reversión.

Al término del plazo de concesión, revertirán a favor del Ayuntamiento el edificio puesto a disposición del concesionario, con sus instalaciones fijas, incluidas las que hubieran sido establecidas por el concesionario, así como el material incluido en la concesión. El concesionario se obliga, consecuentemente, a dejar el edificio libre y expedito a disposición del Ayuntamiento al término de la concesión, reconociéndose expresamente la potestad municipal para acordar y ejecutar el lanzamiento de no cumplirse lo pactado.

El órgano o funcionario competente del Ayuntamiento levantará acta de la reversión de la concesión, en presencia del concesionario, que deberá ser notificado con antelación suficiente de dicho acto. En el acta se reflejará el estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose los deterioros que en su caso presenten, y, de ser imputables al concesionario, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente en el que se concretará el importe de las reparaciones que se exigirán al aquél. Si fuere necesario realizar cualquier tipo de obra o reparación en el edificio o sus instalaciones, o reponer material fungible, para recuperar el estado de conservación adecuado, se concederá al contratista un plazo de 15 días para la realización de las reparaciones o reposiciones necesarias que, en caso de incumplimiento, ejecutará subsidiariamente el Ayuntamiento con cargo a la garantía definitiva, reclamándole al concesionario el exceso, si lo hubiere, por la vía pertinente.

La recepción tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación de la extinción de la concesión.

Decimoquinta. Situación respectiva del concesionario y del Ayuntamiento.

15.1. El Ayuntamiento de Valle de la Serena es titular del servicio que presta de forma indirecta, ostentando este servicio, en todo momento, la calificación de servicio público municipal de su titularidad, cuya competencia tiene atribuida de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, lo que justifica el control de su gestión y la inspección del servicio en todo momento. A este respecto, corresponden al Ayuntamiento de Valle de la Serena las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en el TRLCSP

15.2. El Ayuntamiento de Valle de la Serena se reserva la facultad de dictar disposiciones encaminadas a su mayor efectividad y mejor atención ciudadana, que serán de obligado cumplimiento por el concesionario.

15.3. El concesionario tendrá derecho a lo siguiente:

1) Percibir la retribución correspondiente por la prestación del servicio, en forma de tarifas abonadas por los usuarios del servicio.

2) Compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de la concesión en los casos en que concurra cualquiera de las circunstancias que se refieren los números 2°, 3° y 4° del párrafo 2° del artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

3) Ser respetado por terceros en su condición de contratista y concesionario del servicio, con el apoyo y protección necesaria del Ayuntamiento para que pueda prestar el servicio con normalidad y para evitar perturbaciones que obstaculicen su desempeño, o para que cesen, en caso de producirse.

4) Proponer al Ayuntamiento cuantas modificaciones estime indispensables como mejoras en la prestación del servicio y que no estén previstas en el pliego o en la proposición presentada por el concesionario.

5) Los demás que le atribuya la normativa vigente.

15.4. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato y con respeto a la buena fe contractual, el concesionario tendrá las siguientes obligaciones:

  1. Abonar de forma puntual el canon que se establezca, y adscribir al servicio el vehículo que se citará en la cláusula 18.1, caso de haberlo consignado así en la oferta.

  2. Destinar el edificio y material afectos a la concesión exclusivamente a la prestación del servicio.

  3. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía de la Administración.

  4. Permitir que en todo momento los técnicos municipales competentes puedan inspeccionar el estado de conservación del edificio y de todas sus instalaciones y material, así como la misma prestación del servicio.

  5. Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la autorización expresa del Pleno de la Corporación y en las condiciones fijadas en el pliego.

  6. Respetar el objeto de la concesión no pudiendo subarrendar, ceder ni traspasar su derecho a terceros salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

  7. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.

  8. Conservar en perfecto estado de los bienes y materiales afectos a la concesión, instalaciones y servicios con que cuente, que habrán de revertir a la Corporación al término de la concesión.

  9. Mantener la limpieza general de dependencias, almacenes, anexos y posibles futuras instalaciones, cuidando todo con el máximo decoro, efectuando las reparaciones que fueran precisas al efecto y cumpliendo estrictamente las disposiciones en matera de sanidad e higiene, todo ello de acuerdo con la normativa aplicable y con lo que al efecto dicte el Ayuntamiento. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, así como de la señalada en el punto anterior, el Ayuntamiento podrá designar un interventor de la concesión, que vigilará la conservación de las instalaciones y material, e informará a la Corporación sobre las reparaciones o sustituciones necesarias a tal efecto.

  10. Correr con los gastos de energía eléctrica, agua, teléfono, recogida de basuras, alcantarillado, depuración, o cualquier otro derivado de la prestación del servicio, correspondiendo al mismo la contratación a su nombre de dichos servicios y suministros, debiendo presentar en el contrato copia de los contratos de suministros y acreditar el pago de los recibos cuando fuera requerido para ello. En ningún caso podrá aparecer el Ayuntamiento como responsable subsidiario del abono de los gastos por su contratación o consumo. Así mismo, antes de la finalización de la concesión y como requisito previo para la devolución de la garantía definitiva, el concesionario deberá justificar ante el Ayuntamiento estar al corriente de todos esos pagos.

  11. Indemnizar a terceros por los daños que se ocasionen por el funcionamiento del servicio, quedando obligado a suscribir la correspondiente póliza de accidentes y responsabilidad civil, y a presentar copia de dicho contrato en el Ayuntamiento, para debida constancia.

  12. Llevar a cabo la gestión de la Sala de Velatorio Municipal con sujeción a lo establecido en la Ordenanza Municipal y bajo la denominación de " Sala de Velatorio Municipal de Valle de la Serena", no pudiendo añadir su nombre y firma comercial.

  13. Cumplir la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad, Salud e Higiene en el trabajo, respecto de los trabajos objeto del contrato.

  14. Abonar el pago de los salarios, gastos de seguridad social, mutualismo laboral, en su caso, y demás obligaciones con todo el personal a emplear por el concesionario para la prestación del servicio, que no tendrá ninguna relación laboral con el Ayuntamiento, y sin que, en ningún caso, pueda alegarse derecho alguno por el personal de que disponga el contratista para la ejecución del contrato, en relación con el Ayuntamiento de Valle de la Serena, ni exigirse a éste responsabilidades de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas que se adopten se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.

  15. Satisfacer cuantos tributos graven el ejercicio de la actividad, así como obtener cuantas licencias y autorizaciones sean necesarias a tal efecto.

  16. Abrir al público todos los días del año, las veinticuatro horas, es decir, horario ininterrumpido cuando existiera algún servicio que prestar, si bien las actividades afines podrán tener horarios distintos de atención al público. Cualquier modificación de los horarios establecidos, requerirá la aprobación del Ayuntamiento.

  17. Llevar un Libro de Reclamaciones a disposición de los usuarios, dando cuenta de las quejas, observaciones y reclamaciones anotadas en el mismo al Ayuntamiento.

  18. Mantener a la vista del público el detalle de las tarifas que se establezcan por la prestación de los servicios.

  19. Cumplir y respetar lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

A las obligaciones señaladas a los números 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 se les atribuyen expresamente el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f) del TRLCSP.

15.5. El Ayuntamiento ostentará las siguientes facultades:

1) Fiscalizar la prestación del servicio por el concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar las instalaciones, material y documentación relacionados con el objeto de la concesión.

2) Rescatar la concesión, por razones de interés público, en las condiciones que se establecen en el pliego y en la normativa vigente.

3) Asumir temporalmente la prestación del servicio cuando el concesionario no lo pudiera llevar a cabo.

4) Las demás que le atribuye este pliego y la normativa vigente sobre la materia.

Decimosexta. De las garantías de la contratación.

16.1. De la garantía provisional.

Será requisito necesario para acudir al procedimiento abierto convocado acreditar la constitución, a favor del órgano de contratación, de una garantía provisional equivalente al 2% del tipo de licitación, excluido el IVA. Dicha garantía habrá de ser constituida:

  1. En metálico o en valores públicos o privados adecuadamente avalados.

  2. Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España y presentado ante la Alcaldía.

  3. Por contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo entregarse el certificado del contrato a la Alcaldía.

La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después de la formulación por la Mesa de Contratación de la propuesta de adjudicación del contrato. La garantía será retenida al licitador incluido en la referida propuesta, e incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

En caso de no formalización del contrato por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el presente pliego.

16.2. Garantía definitiva.

Así mismo, el licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva del 4 % del importe de adjudicación, excluido el IVA, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde que se le notifique tal circunstancia y por las mismas formas de constitución que las señaladas para la garantía provisional. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el Ayuntamiento no efectuará la adjudicación a su favor, y se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Esta garantía responderá de los conceptos reflejados en el artículo 100 del TRLCSP.

La garantía definitiva será devuelta una vez cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento y revertidas las instalaciones y equipamiento afectos al servicio.

16.3. Extensión de la garantía.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato.

16.4. Preferencia en la ejecución de la garantía.

Para hacer efectiva la garantía, el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que funde su pretensión.

Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio.

16.6. Garantías prestadas por terceros.

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantía a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de exclusión a que se refieren el artículo 1830 y concordantes del Código Civil.

El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP y PAC)

En el caso de seguro de caución:

  1. Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado el Ayuntamiento.

  2. La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

  3. El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.



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