Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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Principales tendencias conceptuales agregadas


Partiendo de las tendencias agregadas, se desarrollan algunas de las especificidades de los grandes conceptos agregados: tercer sector, non profit sector, economía social y economía social y solidaria.

El tercer sector y sus caracterizaciones desde el enfoque anglosajón

El tercer sector como componente organizativo (en especial su componente asociativo) ha sido tratado por el derecho, la historia, la sociología y la economía desde inicios de la década de los cincuenta del siglo pasado. Su difusión como componente sujeto a regulación a nivel mundial, generó la multiplicación de estudios sobre la acción social que ejercen. Sin embargo, es a partir de la década de los setenta cuando comienzan a configurarse los primeros pasos de clasificación organizacional del tercer sector con algunos trazos de teoría económica.

Ya entrada la década de los ochenta comienzan a estructurarse estudios sobre las organizaciones del tercer sector como productoras de bienes públicos y en buena medida, como agentes de transferencia de competencias públicas en un marco de caída de las condiciones impuestas bajo los diferentes Estados de bienestar. Para algunos, “el tercer sector es aquel que comprende las micro-organizaciones económicas ubicadas entre el sector privado lucrativo y el sector público”13 (Anheir, 1991). Desde este punto de vista, el concepto de tercer sector se construye de forma residual a partir de la negación de pertenencia al sector privado lucrativo o al sector público. Para otros, el tercer sector abarca “el espacio correspondiente a la intersección existente entre el sector privado lucrativo y el sector público o, el punto donde el sector privado termina y el sector estatal comienza” (Landeau, 1995, p. 5).

En todo caso, el concepto se construye a partir de abordar a un grupo de organizaciones diferenciándolas de dos grandes complejos de organizaciones: el sector público y el sector privado con fines lucrativos. De esta manera, comienza a estructurarse un concepto asociado a las organizaciones que siendo privadas no mantienen únicamente objetivos lucrativos y/o de interés general.

A este punto surgen interrogantes como: ¿qué tipo de organizaciones pueden hacer parte de este sector?, ¿cómo y de dónde surge este tipo de organizaciones?, ¿qué impacto pueden arrojar estas organizaciones desde el ámbito político, social y cultural? Las respuestas a lo anterior se contestan otorgando a la conceptualización mostrada un contenido.

Entre los avances científicos más destacados en esa vía se encuentra el trabajo del profesor Benedetto Gui, quien en 1991 publicó un artículo bastante citado en la literatura sobre tercer sector14 en tanto plantea un enfoque en el que existe un agente beneficiario de la actividad de las organizaciones que no es el de inversor, y en el que se analizan los roles dominantes (por ejemplo, en la toma de decisiones) para determinar qué organizaciones buscan el interés general y cuáles el interés mutuo. Las de índole mutual se caracterizan por la coincidencia entre los agentes aportes de recursos y sus beneficiarios; en las de índole benéfico no existe tal condición, lo que implica que los aportantes de los recursos lo hacen a la espera de que los beneficios se transfieran a unos terceros definidos por sus carencias, focalización de grupos de interés u otras condiciones. Bajo esta lectura, podría considerarse que las empresas que describe Gui como de índole mutual son las que conocemos como sin ánimo de lucro y en las que el lucro es sólo un medio para la consecución de fines mayores; mientras que las de índole benéfico, son las que explícitamente excluyen la generación de lucro y por tanto, serían no lucrativas.

De otra parte, el profesor Mertens (1999) retoma el aporte de Gui para destacar la importancia de la independencia de los agentes dominantes de las autoridades públicas. Por último, otro estudio de importancia sustantiva ha sido el realizado desde el Center of Civil Society de la Universidad Johns Hopkins (Salamon y Anheir, 1999), donde se ha otorgado contenido al tercer sector con base en criterios clasificatorios para las formas empresariales que forman parte de él.

Los criterios otorgados para entender a una organización dentro del tercer sector implica que la organización sea privada, independiente del sector público y esté estructurada administrativamente de forma legal. Adicionalmente, debe tener carácter no lucrativo y por lo tanto, no pueden repartirse beneficios a quienes controlan la organización. La participación en la empresa debe ser totalmente voluntaria.

Por su parte, algunos autores europeos consideran incluidas en el tercer sector “las organizaciones privadas que, en virtud de sus reglas constitutivas, no pueden distribuir sus beneficios a las personas que la controlan, teniendo que destinarse los mismos bien a la realización de sus objetivos, bien a la ayuda de personas que no ejerzan ningún control sobre la organización” (Chaves y Monzón, 2002, p. 13). Pero bajo el enfoque anglosajón, el tercer sector, como sinónimo del sector no lucrativo, se basa en las expresiones organizacionales donde existe aplicación del principio de no distribución de beneficios y por lo tanto, organizaciones de índole mutuo como las cooperativas quedan excluidas (Chaves y Monzón, 2002).

Las empresas sin ánimo de lucro tienen como característica que el objeto constitutivo se realiza a partir de fines distintos al del beneficio lucrativo. Lo anterior implica que las empresas utilizan los excedentes de su accionar económico como medio para cumplir un objetivo social previamente determinado. Por tanto, deberán obtener beneficios y aplicarlos a su objeto social, dado que la ausencia de beneficios da una mala señal de gestión administrativa para los inversores (sean estos miembros, donantes o voluntarios). En contraste, bajo la expresión no lucrativa se enmarcan las organizaciones que estatutariamente impiden una distribución de los excedentes entre sus gestores. Por ello, en este caso, de obtenerse excedentes se deben reinvertir en la causa que beneficie a terceros.

Hansmann (citado en Herrera, 1998, p. 176) propone una tipología articulada en la financiación y en la forma de control como criterio clasificatorio. Existen, para el autor, dos fuentes de financiación que determinan dos tipos de organizaciones: aquellas fundadas en los donativos, subvenciones y contribuciones privadas y las fundadas en las ventas. En cuanto a las formas de control, es posible distinguir organizaciones controladas por los aportantes (mutuales) y organizaciones empresariales, donde el consejo de administración no está ligado a la figura de los benefactores.

La clasificación propuesta por Hansmann es la de:



  • Organizaciones de mutualistas

  • Organizaciones del sector empresarial

  • Organizaciones de donativos

  • Organizaciones de venta mutualista

Finalmente, se destacan los estudios sobre tercer sector que relacionados a la sociedad civil distinguen espacios de intercooperación con el sector público y el privado.

Para el profesor Guerra, el tercer sector se define como un conjunto de organizaciones autónomas de la sociedad civil, fundadas y constituidas con el objeto de producir bienestar, inspiradas en valores solidarios, cuyas eventuales ganancias monetarias no se dividen entre los asociados (Guerra, 2004, p. 21).

Al respecto cabe destacar que entre los autores que siguen esta línea conceptual hay una tendencia, particularmente en los países de habla inglesa, a construir la noción de tercer sector como encarnación física de la sociedad civil (Roitter, 2004, p. 18), mientras que otros autores enfatizan que el tercer sector es sólo parte de una dimensión mayor denominada sociedad civil y con fronteras poco claras y en constante renovación.15

Bajo este enfoque conceptual, cobra fuerza la noción esbozada al inicio de este apartado: “la economía social, solidaria y el tercer sector son conceptos que se construyen sobre realidades situacionales”. Sin duda, a cada espacio de desenvolvimiento le corresponde un marco legal, de financiación y fomento que impacta en el tipo de organizaciones existentes y en el grado de desarrollo que alcanzan.

Retomando el análisis del profesor Gui sobre organizaciones que buscan el interés general y organizaciones que buscan el interés mutuo, se anota como conclusión que, tomando en cuenta que el tercer sector se construye a partir de particularidades culturales, económicas, políticas y sociales, en algunas latitudes las organizaciones de bienestar general constituyen buena parte del contenido del tercer sector16 y por tanto, son temas de interés especial en la investigación el voluntariado y la no redistribución de ingresos. Por otra parte, en los países donde el bienestar mutuo ha tenido mayor desarrollo, se expresa un notable interés en la investigación de los grados de asociatividad, autogestión, incidencia de la misma, democracia en la toma de decisiones y lógicas de financiación, reparto de excedentes, entre otros.

Como el tercer sector termina siendo, bajo el enfoque anglosajón, sinónimo del Non-profit sector, vale la pena dar una breve mirada sobre esta noción. Como expresión, se especifica que sus organizaciones movilizan recursos voluntarios con fines filantrópicos y de caridad, la procura de fines superiores como el bienestar general y que no tienen como fin último la generación de lucro.

En las organizaciones no lucrativas, la característica distintiva es la existencia de unas reglas organizativas que impiden que los beneficios sean distribuidos entre quienes ejercen control sobre las mismas, lo cual permite que los beneficios generados se reinviertan en el fortalecimiento de la organización y se destine a beneficiar a terceros. En estas organizaciones, los inversores tienden a no obtener rentas y eventualmente, pueden sentirse desincentivados por expectativas de rentas casi nulas (Chaves y Monzón, 2001).

Las fundaciones, las ONG y los voluntariados son las formas jurídicas más representativas de las non profit organization, quienes regularmente se financian de donaciones y cuotas de sostenimiento por parte de beneficiarios, y en donde las actividades misionales se orientan a la satisfacción de terceros. El estudio de estas organizaciones se ha orientado al análisis del surgimiento de la organización asociativa en entornos caracterizados por deficiencias del Estado y del mercado, y como una respuesta a las demandas residuales de bienes colectivos. De este enfoque se desprende la teoría de la demanda de las entidades sin ánimo de lucro.

Los trabajos empíricos muestran la proliferación de entidades sin ánimo de lucro, entre las cuales se encuentran hospitales, guarderías, escuelas e incluso universidades, como una respuesta a las limitadas capacidades de cobertura de las organizaciones públicas. Otros trabajos de índole más teórico muestran que los donantes se ven incentivados a establecer sus transacciones con entidades en las cuales predomina el principio de no distribución, dada la confianza que les brinda frente a posibles fallas de mercado. Bajo esta óptica, las entidades sin ánimo de lucro aparecen como la opción óptima del demandante para la satisfacción de sus necesidades. Al respecto, Sajardo (1999) menciona que estas entidades garantizan una asignación óptima para ciertas actividades económicas.

Las investigaciones indican que las preferencias nacen por las valoraciones que se hacen de las funciones sin fines lucrativos de los grupos asociativos, en escenarios de asimetrías de información. Hay evidencia que muestra cómo los consumidores, ante el desconocimiento de las características de calidad y cantidad de un bien o servicio, prefieren confiar sus asignaciones a entidades sin ánimo de lucro, dado que bajo la función objetivo de las empresas lucrativas se podría provocar un aprovechamiento de la información ofreciendo servicios de baja calidad (Defourny, 1994). Otras investigaciones indican que las preferencias vienen dadas por la opción de optimización que representan las entidades para minimizar el costo asociado a determinadas transacciones (Sajardo, 1999).

De otra parte, a través de la especificación de los móviles de los productores es posible aproximarse, de una forma más rigurosa, a comprender el comportamiento de las entidades sin ánimo de lucro. Bajo esta concepción se estructura la teoría de la oferta de las entidades sin ánimo de lucro. Los trabajos empíricos sobre esta línea de trabajo muestran “que históricamente la producción privada sin fines de lucro de servicios sociales, médicos o educativos no ha sido impulsada por empresarios individuales sino por grupos que funcionan más por motivaciones de orden religiosos o ideológico” (Defourny, 1994, p. 137).

Los servicios prestados por este tipo de asociaciones se caracterizan por ser, para buena parte de los oferentes, un medio de promoción de su fe e incluso de reclutamiento de voluntarios y colaboradores de la organización. En este caso, se busca optimizar la captación de adeptos a ideas, causas sociales, políticas o culturales, creencias o fe sacramental.

Para otros, la prestación de servicios responde a motivos como la adhesión a causas de orden ideológico que promueven un mejor estatus social. En esta situación, la entidad sin ánimo de lucro surge como incentivo intangible de prestigio, prestancia, estatus social y representatividad de intereses socialmente legítimos. Para algunos otros agentes, este tipo de asociaciones se asemejan a máscaras con las cuales se disfraza una actividad de tipo mercantil.

En los estudios que integran bajo una misma dimensión la teoría de la oferta y la teoría de la demanda (Ben-Ner y Van Hoomissen, 1991), el factor que motiva la demanda y la creación de entidades sin ánimo de lucro, es la carencia de un bien o servicio inadecuadamente ofertado por el sector público o por el sector privado mercantil. Se forman, entonces, coaliciones de individuos que se asocian con el objeto de producir para ellos, o para otros, los servicios carentes; siempre que el beneficio que le reporte el control de la organización sea mayor que los costos que implican su formación. Su beneficio neto excede el beneficio potencialmente alcanzable con otras alternativas institucionales.

El factor que motiva la oferta va asociado a la capacidad de los demandantes, dado que como grupos de intereses organizados se asocian para hacer frente a sus necesidades. Los demandantes de servicios de entidades sin ánimo de lucro reducen el conflicto de intereses entre ambas partes, aumentando su excedente del consumidor y garantizando el cumplimiento del objeto social para los oferentes, maximizando de esta manera el bienestar general.

Desde la teoría neoclásica, se ha modelado el comportamiento de organizaciones como hospitales, centros educativos y organizaciones artísticas, mediante la especificación de una función objetivo que busca la maximización de la calidad y/o cantidad de bienes ofrecidos y maximización del presupuesto.

Para otros autores, más allá del comportamiento objetivo de las entidades sin ánimo de lucro, es fundamental determinar la eficacia productiva de estas organizaciones bajo la premisa de que tienden a cierto nivel de ineficacia productiva, toda vez que no hay estímulos para la minimización de costos en tanto el principio de no distribución de ganancias hace innecesaria la minimización. Un elemento adicional de ineficacia operativa de las entidades sin ánimo de lucro proviene de su lenta capacidad de reacción ante cambios en las cantidades demandas, debido a su limitada disponibilidad de financiación para ampliar la capacidad de producción en comparación con las empresas lucrativas.

No obstante, las entidades sin ánimo de lucro parecen tener una gran longevidad con respecto a las empresas del Estado y a las empresas lucrativas. Anheier y Seibel (1990) constatan que al estar menos sometidas a la presión del mercado y los vaivenes de la política, pueden perdurar más en el tiempo. Pero su perdurabilidad no está determinada por las cualidades que poseen, lo que a la larga constituye su talón de Aquiles. Por el contrario, la no distribución de beneficios se constituye en una cualidad para la asignación óptima de recursos. Tal condición puede generar pérdida de eficacia y eficiencia.

Las entidades sin ánimo de lucro responden a un motivo fundacional particular que determina su demanda, oferta y ámbitos de actuación dentro de la sociedad. Sin embargo, la diversidad de contenidos que envuelven a estas organizaciones recrea varias especificidades:


  1. Filantrópicas.

  2. De apoyo a instituciones.

  3. Abocadas al mercado.

  4. Abocadas a la justicia social.

  5. De desarrollo social.

  6. Reivindicativas.

  7. De representación.

  8. De expresión.

  9. De autogestión y cogestión.

Las entidades filantrópicas se basan en prescripciones religiosas, culturales o éticas ante una determinada situación. Actúan a favor de situaciones entendidas como socialmente deseables, focalizando sus áreas de intervención hacia poblaciones “necesitadas”. Los programas que se desprenden son predominantemente asistencialistas. El ámbito de acceso a los bienes y servicios es selectivo. Este tipo de asociaciones es auspiciado por un agente donante, quien establece las reglas de producción, distribución y consumo.

En las entidades de apoyo institucional, su conformación está predeterminada a la pertenencia, adhesión y subordinación a un sistema mayor de servicios sociales que busca mediante la provisión de bienes públicos atender las fallas de mercado. Este tipo de asociaciones se caracteriza por tener una mínima independencia en su toma de decisiones y focalización de las actividades y poblaciones objetivo. Actúan en pro del cumplimiento de unos objetivos trazados por fuera de la entidad, y en pro de su fortalecimiento institucional. Los programas que se desprenden buscan solucionar necesidades básicas determinadas por las entidades públicas y el acceso a sus bienes y servicios tiende a ser público. Pese a que este tipo de entidades son auspiciadas por entidades públicas, eventualmente algunas privadas pueden desempeñar este papel en tanto existan incentivos fiscales e impositivos.

Las entidades abocadas al mercado basan sus actuaciones en la defensa de estrategias mercantiles para suplir fallas de Estado en la provisión de servicios sociales. Actúan en pro del cambio individual y, generalmente, vinculan estrechamente a sus estrategias valores de tipo religioso, moral y de responsabilidad individual en la satisfacción de necesidades. Los programas que se desprenden son asistenciales y a corto plazo, aunque como estrategia de negocios es factible derivar programas sociales de largo aliento. El acceso a bienes y servicios es selectivo, y utiliza mecanismos de mercado para focalizar los beneficiarios.

Las entidades abocadas a la justicia social basan sus programas en un análisis crítico de la desigualdad de clases, sus causas, efectos e impactos. Propenden por la democratización, justicia y equidad no sólo de las instituciones sino de las relaciones sociales. Desarrollan programas en actividades diversas y en cuanto a grupos de interés atendidos, dado que el acceso está focalizado a las poblaciones excluidas. Sus actuaciones son directas o mediadas por movimientos sociales afines a causas comunes.

Las entidades de desarrollo social orientan su visión a los problemas ligados al desarrollo económico, social, cultural y humano bajo el establecimiento de compromisos gubernamentales, empresariales y de la colectividad. Se busca promover el desarrollo en todas sus dimensiones mediante la participación activa de todos los agentes que actúan en la sociedad, y las actividades se relacionan con estos objetivos. El acceso es focalizado a grupos socialmente excluidos, auspiciado por un mecanismo que integre al sector público, privado y la sociedad civil.

Las entidades reivindicativas surgen de la necesidad de organizar a los grupos de personas para presionar, ante otros agentes, una serie de intereses compartidos. El tipo de programas que estas entidades realizan, son fundamentalmente enfocados a la reforma social mediante actividades de presión que buscan un acceso universal, para los grupos de interés, de una serie de bienes y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida, basado en principios doctrinales de justicia social. El auspicio suele ser gestionario e independiente de estamentos gubernamentales.

Las entidades de representación basan sus programas en actividades de representación institucional de agentes organizados bajo un interés común. A diferencia de las asociaciones reivindicativas, desarrollan actividades de concertación y el auspicio y la participación en la toma de decisiones viene recreado por la membresía.

Las entidades de expresión surgen de grupos organizados para la realización de actividades de índole cultural, recreativa o de aficiones compartidas, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la disposición de capital cultural para los beneficiarios. Pese a que su actividad se realiza bajo la noción de acceso universal, en la práctica el acceso es focalizado por áreas geográficas y por aficiones comunes, en ocasiones dependiendo del auspicio de entidades gubernamentales o privadas. Habitualmente, su alto componente de voluntariado genera círculos de control empresarial cerrados.

Las entidades de autogestión y cogestión surgen de grupos autodirigidos nacidos con el fin de satisfacer una necesidad, sea de índole económico, cultural, político o ambiental, a través de una empresa en la que priman los intereses colectivos a los aportes individuales y el acceso es libre a la entrada y a la salida, aunque en la práctica puede ir en contra de los objetivos de los asociados. Los auspicios son generalmente provenientes de relaciones de membresía.

A las relaciones anotadas se derivan híbridos, como por ejemplo aquellos movidos por incentivos fiscales, los cuales son dirigidos ateniéndose a las especificidades que impone el donante. Existen otros en los que el auspiciante obtiene satisfacción a través de la financiación de acciones colectivas tendientes a la inclusión social o donde el auspiciante se adhiere a una causa de desarrollo global mediante sistemas de responsabilidad de agentes públicos y privados. Hay otras formas donde los programas se desarrollan desde entes gubernamentales dirigidos a reformas del régimen de bienestar social.



La economía social

La economía social hace referencia a empresas formalmente constituidas que a partir de los principios de la cooperación, producen bienes y servicios para sus socios de forma autogestionaria.17 Con una rica historia que data del siglo xviii, la economía social estudia preponderantemente a entidades donde los aportantes son los mismos beneficiarios de la actividad empresarial, pero no excluye a las organizaciones non profit basadas en la transferencia de beneficios a terceros.

Así, las principales organizaciones de la economía social se relacionan con empresas cooperativas, mutualistas y asociativas caracterizadas por:


  1. Primacía del hombre y del objeto social sobre el capital.

  2. Adhesión voluntaria y abierta.

  3. Conjunción de los intereses de los miembros, usuarios y/o del interés general.

  4. Distribución de excedentes y toma de decisiones no ligadas directamente al capital y aplicación de los excedentes al objeto social.

  5. Autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos.

Bajo los parámetros anteriores, organizaciones sindicales, partidos políticos, de defensa de derechos, organizaciones informales, sacramentales y organizaciones controladas por agentes externos, como entidades gubernamentales, se consideran agentes de proximidad a la economía social, pero no constituyentes.

No obstante, con el objeto de integrar las diferentes formas organizacionales de economía social vigentes en los países miembros de la Unión Europea, esta corriente ha ampliado sus fronteras organizacionales para dar cabida a empresas que a primera vista parecen no satisfacer plenamente las características enunciadas. Es el caso de algunas sociedades laborales en España, microempresas solidarias en Italia, empresas de interés general en Alemania, algunas formas cooperativas que admiten la apertura a la inversión foránea y algunas fundaciones en las que los excedentes no sean apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan o financian.

Desde otra óptica, Barea y Monzón (1999) han propuesto una clasificación de las entidades de economía social por sectores que se presenta en la tabla 1, sobre la base de sus características diferenciales y de acuerdo con el sistema europeo de cuentas económicas integradas, según las principales formas jurídicas de propiedad.

Tabla 1. Clasificación de las entidades de economía social





Sector institucional

Organizaciones microeconómicas

Sector de mercado

Empresas no financieras

Cooperativas, sociedades laborales, Sociedades agrarias de transformación, empresas mercantiles no financieras, otros productores privados

Instituciones de crédito

Cooperativas de crédito, secciones de crédito de las cooperativas, cajas de ahorro.

Empresas de seguros

Mutuas de seguros, mutualidades de previsión social, cooperativas de seguros.

Sector de no mercado

Producción de servicios no destinados a la venta (ISFLSH)

Asociaciones, fundaciones, instituciones religiosas, partidos políticos, sindicatos.

Fuente: Barea y Monzón (1999).

Cabe anotar que, en la propuesta de Barea y Monzón, una empresa se clasifica en el sector de productores de mercado si las ventas cubren más del 50% de los costos de producción, y en el de productores no de mercado, cuando las ventas no superan este porcentaje. En este caso, se agrupan en el sector de “instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares” (ISFLSH).

Finalmente, pese a las distancias académicas y a la inexistencia de criterios unánimes de estructuración organizacional, la noción de economía social posee el patrimonio de la más amplia tradición investigativa con respecto a las empresas autogestionarias18 y de ser ampliamente difundida en los países de la Unión Europea. Su tradición de corte mutualista la configura como la opción sectorial más afín a los principios del movimiento cooperativo mundial.

En la búsqueda de establecer parámetros de ordenamiento conceptual, el profesor belga Jacques Defourny19 (Monzón y Defourny, 1987) plantea al tercer sector como representación de la no lucratividad y la economía social como representante del concepto “sin ánimo de lucro”, y traza fronteras para mostrar los espacios propios de la economía social (figura 5).

En la figura 5, se ilustran los nexos de proximidad entre la economía social, el sector público, el sindical, el privado y el comunitario. Estos nexos develan vínculos de intereses por el bien común y que se materializan en acciones colaborativas basadas, desde la economía social, en el principio de interés por la comunidad y la generación de bienes y servicios socialmente deseables que se realizan.

En el caso de la economía social y su relación con el sector público, se destacan las empresas cooperativas o asociativas que con apoyo del Estado presta servicios públicos. La economía social y el sector comunitario mantienen relaciones siempre que la gestión de actividades municipales por parte de empresas de economía social se lleve a cabo en colaboración con asociaciones locales. La interfase entre economía social y sector privado se establece cuando desde la empresa privada se concierta una participación de los trabajadores en la propiedad, gestión y resultados de esta.20 La interfase que relaciona el sector de economía social y el sindical muestra relaciones en sindicatos creados desde una empresa participativa y autogestionados (Defourny, 1987, p. 25).


Empresa mutualista

Empresa asociativa

Sector privado o empresa participativa

Sector local o empresa comunitaria

Sector sindical o empresa paritaria

Sector público o empresa concertada

Sector de economía social

Empresa cooperativa




Figura 5. La economía social y sus interfaces

Fuente: Desroche (1983, p. 205).

Sin embargo, la economía social está compuesta preponderantemente por empresas, cuya finalidad esencial es realizar actividad económica directa en beneficio de sus integrantes. Al decir de Namorado (2006), únicamente deben ser consideradas de ESS las organizaciones que realicen actividades económicas, de modo que abarquen naturalmente la producción de bienes y la prestación de servicios, en una racionalidad que implique la maximización de los resultados, la contención de los costos y la reproductibilidad de las virtualidades productivas. Este criterio es ampliado hasta incluir a organizaciones cuyos fines sean paralelos o colaterales con la actividad principal que desarrollan las empresas, como sería las entidades que realizan acciones de representación y defensa de los intereses del sector, de investigación, información y educación.

Estos antecedentes sirvieron para el desarrollo de una conceptualización ampliamente aceptada de economía social. Para el CIRIEC, la economía social se define como:

…el conjunto de empresas privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no está ligadas directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también agrupa a aquellas entidades organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, controlan y financian… (Monzón, 2009).

Sobre lo anterior se asienta en buena medida la construcción conceptual que se realiza en Latinoamérica frente a la economía solidaria.



La economía social y solidaria

Desde finales de los años setenta del siglo pasado se desarrolló en Latinoamérica y con influencia de autores canadienses y franceses una noción de economía solidaria en la que el énfasis se hace en las organizaciones “alternativas” que por fuera del mercado actúan para solventar necesidades económicas, sociales y culturales desde un ámbito local. Esta noción abrigó el concepto de economía solidaria, economía del trabajo, economía de la solidaridad y más recientemente socioeconomía solidaria.

El surgimiento de estas formas de organización empresarial estuvo signado por las limitaciones de la economía del mercado para utilizar plenamente los factores productivos, soportada en el principio maximizador. La percepción entre un gran número de agentes económicos acerca de la movilización de recursos productivos a través de empresas orientadas por prácticas de solidaridad y reciprocidad y relaciones no jerárquicas, originó una corriente de pensamiento y de acción para enfrentar problemas de provisión de bienes públicos y de mercado.

En la corriente de economía solidaria, es posible distinguir cuando menos tres distintos enfoques que contienen intenciones y realidades organizacionales particulares:



  1. El enfoque de economía solidaria como espacio de iniciativas asociacionistas de articulación junto al mercado y al Estado.

  2. El enfoque de economía solidaria como conjunción de expresiones locales populares.

  3. El enfoque de economía solidaria como fuerza de transformación social alternativa.

Bajo el primer enfoque, se identifican prácticas de mercado y de no mercado –como el trueque– que coexisten bajo un singular híbrido en el cual se fortalecen los círculos económicos mediante la confianza, la reciprocidad (Laville, 1994) y el altruismo como mecanismo de asignación (Pérez, 2000).21

Bajo el segundo enfoque, se pone el acento no sólo en las organizaciones, sino también en sus actividades y otras experiencias que trascienden lo meramente económico y se sitúan en la esfera de la organización popular, la cual se constituye para muchas personas excluidas del mercado como una opción de vida (Razeto, 2003).

Bajo este enfoque, las organizaciones parecen ser portadoras de una racionalidad especial, de una lógica interna sustentada en un tipo de comportamientos y de prácticas sociales diferentes de otros agentes con los que se podría comparar. Las organizaciones solidarias buscan superar la marginación y la exclusión, creando redes sociales que les habilitan para adelantar objetivos más amplios.

Bajo el tercer enfoque, las empresas de economía solidaria son portadoras de un nuevo paradigma de desarrollo que gira en torno al ser humano, la justicia social y la sostenibilidad, creando una regulación socioeconómica renovada alternativa a la mundialización neoliberal (Boulianne, 2003). Bajo este enfoque se estructuran iniciativas socioeconómicas en sectores como la provisión de empleo, alimentación, educación, sanidad y vivienda, mediante prácticas de finanzas solidarias, comercio justo, agricultura sostenible, entre otras iniciativas que promueven una economía fundada en la cultura de la cooperación y en la ética de la solidaridad.

Las organizaciones que constituyen la economía solidaria abarcan una amplia variedad de formas de organización. Tal heterogeneidad depende de los contextos en que surgen, de las problemáticas que enfrentan, y de las características de quienes las promueven e integran. Desde la vertiente latinoamericana, se les identifica con organizaciones de pequeños grupos de personas o familias, que buscan colectivamente encarar un problema económico inmediato. Si se trata de desempleados, la asociación buscará establecer mecanismos para ofertar su fuerza laboral; si de por medio hay problemas de abastecimiento de bienes de consumo básico, se organizarán actividades tendientes a la obtención y suministro de tales bienes a los asociados; si enfrentan problemas de vivienda, salud, recreación, etc., buscarán actividades que den respuesta a dichas necesidades.

Razeto (2003) presenta una tipología relativamente amplia de las organizaciones de la economía popular:

a) Empresas asociativas, donde se incluyen: cooperativas, empresas de trabajadores y talleres autogestionados, talleres solidarios, huertos familiares y comunitarios, comprando juntos, ollas comunes, pre-cooperativas de vivienda, grupos de autoayuda, etc. Dentro de esta categoría se incluyen también las experiencias económicas comunitarias y barriales.

b) Microempresas, pequeños talleres y negocios de carácter familiar. El universo de las microempresas incluye tipos de actividad muy variados en los ámbitos de la producción de bienes, en la prestación de servicios, en el pequeño comercio. Destaca las enormes diferencias en las formas organizativas. Muchas microempresas son más unidades de trabajo que empresas propiamente tales, y en tal sentido el difundido concepto de talleres laborales refleja una parte de esta realidad. Hay también diferencias en el grado de formalidad y legalidad con que operan.

c) Iniciativas individuales no establecidas o informales, de comercio ambulante, servicios domiciliarios, trabajos ocasionales o eventuales, etc. En esta categoría pueden incluirse muchas modalidades de “trabajo por cuenta propia”, así como el surgimiento de una infinidad de oficios informales propios de la economía popular.

d) Soluciones asistenciales, mendicidad e inserción en sistemas de beneficencia pública o privada. Este es también un mundo complejo; la participación en el mismo, que tradicionalmente estaba reservada a grupos humanos de definidas características (minusválidos, ancianos, huérfanos, enfermos, etc.), se extiende hoy a numerosas personas y familias en condiciones de trabajar pero cuya fuerza laboral no es damandada por el mercado, lo que hace que estas formas de beneficencia constituyan hoy una de las alternativas de subsistencia abiertas al mundo popular más pobre y marginal.

e) Actividades ilegales y a menudo delincuenciales tales como el expendio de drogas, la delincuencia callejera, la prostitución, etc. Es conocido el aumento de la delincuencia especialmente en las grandes ciudades de América Latina, que genera una creciente inseguridad ciudadana. Si bien estas actividades ilegales no constituyen realmente formas económicas en el sentido convencional de la expresión, de hecho son formas empresariales de carácter criminal.

Por su parte, para Guerra (2004, p. 21), la economía solidaria se define como un conjunto de organizaciones autónomas de la sociedad civil, fundadas y constituidas con el objeto de producir bienestar, inspiradas en valores solidarios, cuyas eventuales ganancias monetarias no se dividen entre los asociados. La experiencia indica que estos grupos se organizan en torno a alguna necesidad económica y se caracterizan por vincular a sus actividades las dimensiones políticas e ideológicas que profesan, puesto que su accionar no obedece a una lógica puramente económica. Se ha detectado que allí confluyen reivindicaciones políticas, de inclusión social y de mejoramiento de sus condiciones de vida.



Las unidades económicas solidarias comprenden: familias, comunidades, unidades campesinas, organizaciones económicas populares, cooperativas, asociaciones de trabajo voluntario, y pueden ser de producción y consumo, sean estos bienes o servicios. Se pueden mencionar algunas ventajas frente a las empresas convencionales de mercado.

  1. Desde el lado de la operación de las unidades económicas solidarias, se menciona que los costos de información y comunicación son menores que los observados en las empresas convencionales. La gestión colectiva y participativa, aunque puede implicar determinados costos económicos, puede ser un medio de desarrollo personal y cultural.

  2. Pueden aprovechar recursos que por su menor productividad son desechados por las organizaciones de mercado y así pueden ocupar a los ancianos, trabajadores menos calificados o de menor productividad, e incluso personas inválidas.

  3. Es más factible utilizar tecnologías tradicionales, que desde una perspectiva de rentabilidad resultaría ineficiente. En otras palabras, es más factible emplear recursos marginales, con lo cual se pueden tener menores costos de operación. Aún no hay claridad sobre el porqué estas unidades económicas operando con recursos de baja productividad, puedan producir para el mercado en términos competitivos.

  4. En estas organizaciones se tiende a operar con un número de miembros que, desde el punto de vista de la simple relación técnica entre fuerza de trabajo y medios de producción, puede resultar elevado, dado que los intereses y objetivos de cada participante no entran en oposición directa con los de los otros.

En la tabla 2, se resumen las diferentes acepciones respecto a la corriente de economía solidaria.


La economía solidaria como:

Espacio de iniciativas asociacionistas

Conjunción de expresiones locales populares

Alternativa de transformación social

Énfasis

Iniciativas de articulación junto al mercado y al Estado

Expresiones socioeconómicas populares que mitigan fallas de mercado

Alternativas empresariales ante la mundialización neoliberal

Contenido organizacional

Voluntariados, ONG, cooperativas de desarrollo local

Empresas familiares, organizaciones populares informales, cooperativas

Redes de trueque, solidaridad, organizaciones locales

Tabla 2. Economía solidaria: distintas acepciones

Fuente: adaptado de Álvarez y Gordo (2007).

No obstante, la particularidad conceptual dada en América Latina ha calado en otras latitudes al fusionar en una misma expresión la tradición europea de la economía social con la de economía solidaria.

Para el recién creado grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (Freedman, 2013), la economía social y solidaria se refiere a las organizaciones que tienen objetivos económicos, sociales y ambientales a menudo explícitos, e implican diversas formas de cooperación y solidaridad. Estos incluyen las cooperativas, los grupos de mujeres de autoayuda, empresas sociales o comunitarias, redes de comercio justo y asociaciones de trabajadores de la economía informal.




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