Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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PREGUNTA 3: ¿En su experiencia el Estado colombiano ha dispuesto las medidas de fomento, promoción, acceso a los mercados y su correspondiente vínculo presupuestal para garantizar que los objetivos trazados se cumplan?

Entrevistado

Respuestas

Alberto García Müller

Las partidas presupuestarias directas son ínfimas, e impiden desarrollar una política pública coherente y de impacto significativo. Adicionalmente, las cargas parafiscales que se imponen a las entidades del sector (20% de excedentes para educación formal, contribuciones al órgano de fiscalización, pagos a las cámaras de comercio, contribuciones al fondo de garantías) las sobrecargan financieramente, lo que compromete su sostenibilidad financiera.

De otra parte, las acciones de promoción y fomento las realiza un órgano público (UAEOS) que obedece a lineamientos gubernamentales no concertados con el sector solidario, sino más bien, unilaterales. Ello produce discontinuidad de programas según la orientación de los funcionarios encargados de implementarlos.



Christian Mora

Es una pregunta interesante; hay que hacer un análisis retrospectivo de las diferentes etapas y gobiernos en la historia del cooperativismo; destacaría en la etapa de la Promoción 1930 – 1958 el desarrollo normativo (Ley 134 de 1931, Decreto 1339 y 874 de 1932, Ley 128 1936); en la etapa del planeamiento (1975 – 1989), El Plandecoop, la Ley 24 de 1981 que creó el Dancoop, la Ley 79 de 1988; otras importantes anteriores el decreto 1598 de 1963 y 2059 de 1968 (etapa de la integración); en algunas se otorgaron recursos, pero en general el apoyo a las políticas públicas ha sido intermitente e insuficiente a pesar de los mandatos constitucionales (Artículo 58, 60 y 64).


Enrique Valderrama

El presupuesto para el fomento es lánguido, no alcanza para todas las necesidades de fomento para la amplia gama de entidades a las que debe atender.

Enrique Valencia

En forma concreta debo decir que el sector de la economía solidaria en Colombia, en los últimos años, ha contado con poco apoyo del gobierno y las normas expedidas para su fomento y fortalecimiento son escasas, por no decir que ninguna. Antes por el contrario se ha desestimulado al sector. El crecimiento social y económico logrado por el mismo se ha dado gracias a su dirigencia y a la aceptación del pueblo a las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, especialmente. Hacia futuro no se tiene claro el panorama en especial al tratamiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro.

Esperanza Puentes

Lo que resulta una contradicción muy grande con el fomento, promoción y desarrollo del modelo asociativo solidario es que el Estado sea su determinador; me explico, las empresas solidarias surgen de la voluntad de personas y comunidades que autónomamente encuentran en estas formas asociativas un mecanismo para generarse mejores condiciones de vida. En esa medida y bajo esa lógica es que las organizaciones son sostenibles en sus balances sociales. Pero el Estado pretende impulsarlas sin considerar la iniciativa de la sociedad civil, y una vez constituidas las organizaciones difícilmente logran autogestión porque se han formado a la sombra del paternalismo estatal. La presencia y el apoyo del Estado son fundamentales. Lo que resulta contraproducente es intentar marcar los tiempos, modos y condiciones para que surjan este tipo de organizaciones y, contradictoriamente cuando ya existen, generarles una serie de barreras como las que enfrentan las cooperativas financieras para canalizar recursos en proyectos de vivienda o, establecer escenarios tributarios no consecuentes con el carácter económico de las mismas. El decreto 2880/2004, es un botón de muestra de esas contradicciones.

Hernando Zabala

Tal como lo señalé líneas arriba, hubo momentos de coyuntura durante el siglo XX en dónde el estado le apostó enormemente al sector (obviamente bajo una visión paternalista, intervencionista y utilitarista). Ocurrió por ejemplo a finales de los años treinta hasta el año 1945, cuando los gobiernos liberales destinaron enormes recursos para promover la constitución de cooperativas dirigidas a la producción agropecuaria y a la comercialización, también para el caso de la vivienda. A comienzos de los años sesenta se realizó un enorme esfuerzo por crear cooperativas de la reforma agraria (destinando recursos a la compra de tierras, por ejemplo), al mejoramiento del transporte público (entregando subsidios a las cooperativas) y a la creación de un instrumento financiero como FINANCIACOOP (para manejar los créditos de redescuento para cooperativas de ahorro y crédito); también puede ser un caso, la promoción de los llamados colegios cooperativos. Sin embargo, con la introducción de lineamientos neoliberales –o por la acción de intereses oscuros- la acción sobre el mundo rural desapareció (efecto del Pacto del Chicoral), se dio al traste con los colegios cooperativos (eliminación de subsidios) y se acabaron los cupos de redescuento.

Hoy no hay una política de fomento que contribuya a que el sector (especialmente las cooperativas) tengan unas mayores probabilidades de acceso a los mercados. Existen los instrumentos de financiamiento clásicos (institutos estatales para el fomento de las mipyme) que no hacen caso de la naturaleza socioeconómica de estas organizaciones y, por tanto son de poco acceso para el sector. El único instrumento que pudo haber mantenido la dinámica anteriores a los ochenta sería el FONES (incluido en la Ley 454 de 1998 –aunque no definido-, desde el cual se esperaba se formaran recursos mixtos (del Estado y del sector); nunca ha habido desde 1999 una intención del Estado por crear este mecanismo ni nunca se han dispuesto recursos, presupuestales para que opere. Lo único que hay en Colombia son algunos aportes de gobiernos locales (caso formación de un fondo especial en el Departamento de Antioquia y otro en Medellín) y acciones de fortalecimiento a través de procesos municipales (algunos municipios de Antioquia) en desarrollo de planes de acción que devienen de planes territoriales; pero esto último, siempre ha estado plegado a los programas de gobierno de los mandatarios locales.




Miguel Fajardo

En estos territorios de las provincias del sur de Santander la asignación de presupuestos para el impulso de la economía solidaria han sido nulos. Alguna vez el departamento creó una mesa de trabajo para el desarrollo solidario del departamento pero no asignó recursos. En Barranca hubo un trabajo de fortalecimiento de las cooperativas y empresas de economía solidaria. Pero de manera general y visible los gobiernos territoriales no tienen gran interés en fortalecer los procesos de organización de empresas de economía solidaria.

El gobierno central (nacional) ha creado un sistema amplio de subsidios encaminados a resolver el problema de la pobreza. Todos los subsidios son distribuidos de manera individual a la población que está en riesgo. En mi concepto el modelo de subsidio establecido no contribuye a la superación de la pobreza. La gente necesita y reclama oportunidades de empleo, mejores condiciones para la salud y la educación, mejores vías de transporte.




Néstor Rodríguez

Creo que se han dispuesto de algunos recursos, inicialmente en el Dancoop, luego en Dansocial, ahora en Organizaciones solidarias, por ejemplo. Sin embargo, creo que han sido escasos y sin la orientación suficiente para que las organizaciones solidarias logren un protagonismo importante en la vida económica nacional. A la hora de la verdad, el papel que se les ha dado es de complemento al gran capital quien verdaderamente tiene las riendas de este país económico (perdón por lo coloquial).

Rafael González

En la actualidad estamos trabajando en ese tema, el desconocimiento del beneficio que traería al país generar una política general para el sector de la economía solidaria, no se ha permitido que se destinen los recursos suficientes para la atención del sector, caso específico, Medellín destina casi 200 mil millones anuales para el sector y la nación 3.500 millones.

Raquel Oses

Primero que todo, los organismos Estatales no actúan con las organizaciones solidarias, y tampoco entre ellos mismos, los organismos Estatales tampoco se articulan.

Carlos Acero

No. Entre la regulación estatal, la falta de presupuesto público y la debilidad institucional podría decirse que la política pública del Estado pareciera ser es que no haya política para el sector. Lo poco que existe se limita, restringe, minimiza o no alcanza el efecto positivo deseado.

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que las medidas de política fiscal son idóneas para procurar el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias?

Entrevistado

Respuesta

Alberto García Müller

La política fiscal hacia la ES constituye una traba importante para su desarrollo y consolidación, lo cual contradice el espíritu constitucional y legislativo de promoción y fomento. Incluso, las organizaciones solidarias soportan una carga fiscal inequitativa y contradictoria con su rol de entidades de interés social y hasta son objeto de doble tributación.

Pero, además, se desconoce la especificidad de la ES al someterla a exenciones o exoneraciones parciales y muchas veces caprichosas, en lugar de darles un trato fiscal específico, acorde con su naturaleza social, no productora de renta.




Christian Mora

Las medidas de política fiscal no son idóneas para que las cooperativas cumplan con su objeto social; en ocasiones son contradictorias, persiguen al sector, desconocen la filosofía, naturaleza jurídica y doctrina cooperativa; no reconocen su especificidad, van en contravía con sus programas, tampoco tienen en cuenta su potencial para el desarrollo del país; la próxima reforma tributaria es una amenaza latente para el sector.

Enrique Valderrama

Las políticas fiscales solo contemplan el no pago de impuestos sobre la renta, pero le coloca un cumulo de limitaciones a los excedentes y cada que hay reformas amenazan con quitarla

Enrique Valencia

Hacia futuro no se tiene claro el panorama especialmente al tratamiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro. En Colombia abundan las entidades sin ánimo de lucro. Las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, en alto porcentaje, obran de acuerdo con la ley y cumplen con el objeto social para el cual fueron constituidas. Sus excedentes económicos han sido destinados para educación, solidaridad, y fortalecimiento patrimonial, entre otros fines, lo cual ha contribuido al desarrollo del pueblo colombiano en general; en particular, de las mismas organizaciones. Sin embargo, se tiene la amenaza de gravar hasta con el 20% sus excedentes, lo cual atentaría contra la labor social que cumplen estas organizaciones y su crecimiento económico. El sector solidario desempeña un papel preponderante en la vida de Colombia. Desde el punto de vista social, directamente, alberga como asociados a cerca de 6 millones de compatriotas quienes residen a lo largo y ancho del país. En forma indirecta a cerca de 16 millones. Día a día más colombianos se vinculan al mismo. En lo que respecta a los diferentes sectores de la economía, las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales hacen presencia en actividades como transporte, salud, seguros, educación, vivienda, financiero, mutual, turismo, agrícola, servicios, pesca, entre otros. Las cooperativas, fondos de empleados y mutuales albergan a colombianos que no tienen cabida en otros sectores de la economía. El desempeño y crecimiento actual de la economía tiene un actor importantes y ese es el solidario. La participación en el producto interno bruto PIB es destacable. Los activos, pasivos y patrimonio representan varios billones de pesos, participación creciente. Varias cooperativas se encuentran entre las más grandes empresas colombianas. A futuro cercano el sector será actor principal en la etapa de posconflicto de las negociaciones de paz, de éste darse, gracias a la penetración y presencia en más de 900 municipios del país, especialmente en áreas rurales, y a la capacidad de trabajo social del que está revestido. El sector solidario es muy cercano al pueblo ya que sus Principios cooperativos así lo señalan.

Esperanza Puentes

Creo que ante la ausencia de un diálogo abierto y la apática participación política del sector en asuntos nacionales, de alguna manera esta situación justifica que el gobierno establezca estas políticas de espaldas al interés del sector y no con un criterio de gana - gana. Me parece también pertinente mencionar que la falta de unidad intergremial en el propio sector no permite que haya vocería efectiva y el gobierno sabe eso y lo aprovecha. Las cooperativas por ejemplo, se han casado con el espejismo de ser movimiento cooperativo cuando en realidad lo que practican es un cooperativismo de marca. En esa medida el sector solidario se atomiza y desgasta en iniciativas gremiales que no fructifican en respuestas y propuestas para atender temas del orden nacional como el que plantea la pregunta.

Hernando Zabala

Volviendo a la historia, tácitamente hasta los años ochenta las empresas cooperativas y asimiladas como del sector solidario, fueron declarados no contribuyentes del impuesto a la renta y sus complementarios. Luego, con los ajustes fiscales de finales de los años ochenta, se pasó al esquema de la exención (condición de favorabilidad dispuesta por el gobernante) habida cuenta de su reconocimiento como agentes de desarrollo, y en el 2003 dicha exención fue condicionada al pago de una contribución (20% del excedente anual) con destinada a colaborar con el Estado en propósitos de cobertura educativa.

Existe pues una política fiscal nacional de favorabilidad, en su variable de exención, la cual siempre estuvo sujeto a la posibilidad del pago de un impuesto cuando no se cumplieran o se comprobara el incumplimiento del propósito no lucrativo (determinado en la Ley 79 de 1988). Cuando la reforma tributaria del 2003 impone la contribución del 20% para educación formal, en estricto sentido se declara a las cooperativas y mutuales sujetas al impuesto general para entidades sin ánimo (previsto en el 20%) cuando pierden su naturaleza; ello significa que tácitamente es aceptado que la función de los organismos cooperativos y de las mutuales es de carácter lucrativo, situación que ha conllevado a que en el informe final de la comisión de estudios sobre régimen tributario especial se concluya que estas organizaciones (especialmente las cooperativas) deben asimilarse a sociedades comerciales.

La tendencia, pues, es a eliminar la exención tributaria. En el campo del impuesto al patrimonio, existe una condición especial para determinar la base de tributación, pero dicho beneficio no parte de entender la función social sino la naturaleza misma del patrimonio cooperativo (en dónde definitivamente una parte es de propiedad individual de sus miembros: si se grabara el capital social individual y, a su vez, el patrimonio individual del asociado, se volvería al principio de la doble tributación que fue abolido en Colombia en 1936).

Así las cosas, en materia fiscal, nuevamente lo que prevalecerá son los beneficios locales, estrictamente dirigidos a baja en tarifa de impuestos de industria y comercio, atendiendo a la fortaleza que pueda tener el movimiento dentro de las dinámicas territoriales.



Miguel Fajardo

En este aspecto considero que hay una equivocación institucionalizada: se consideran las empresas de economía solidaria como empresas que generan renta, como empresas del sector capitalista. (Lamentablemente algunos empresarios solidarios creen que son empresarios capitalistas). Las empresas de economía solidaria trabajan como empresas sociales que resuelven problemas comunes de manera auto-gestionadas. Si cumplen esta condición deberían tener un trato fiscal diferenciado. Colombia está en mora de contar con una legislación fiscal diferenciada para cada uno de los tres grandes modelos empresariales: las empresas públicas, las empresas de capital, y las empresas de la economía solidaria. La tendencia, sin embargo es contar con una única política fiscal sin regímenes especiales.

Néstor Rodríguez

Pareciera que en materia fiscal el objetivo único, al momento de expedir normas en esta materia, es recaudar ingresos para el Estado y no propiamente se encaminan a lograr el cumplimiento de los objetivos de determinado sector. El sector cooperativo y solidario es sujeto de todos los impuestos a excepción del impuesto de renta, que en las cooperativas tienen un tratamiento especial, pero de todos modos también es fuente de recursos para el Estado. El problema no está en sin las organizaciones solidarias (por el hecho de ser solidarias) son objeto de impuesto de renta o no, todo el que produzca riqueza debe pagar ese tributo independientemente de la forma jurídica que tenga. El problema está que se cobre dicho tributo, cuando se pasan, unos dineros, de un bolsillo a otro del mismo dueño. El tributo se generó cuando se recibió el dinero inicialmente.

Rafael González

Creo que se deberían generar mayores beneficios que por lo menos sean parecidos a los programas de fomento de economía solidaria caso S.A.S. con exención de impuestos por los primeros cinco años, el sector carece de beneficios.

Raquel Oses

Las medidas de política fiscal, No son idóneas para procurar el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias, pues en últimas, aunque permanezcan a un régimen especial, de todas maneras según la actividad económica que desarrollen tributan, y respecto al tema de excedentes están gravadas con el Decreto 2880. Aquello de especial es un sofisma de distracción.

Carlos Acero

La normatividad fiscal para el sector de la economía solidaria obedece a un propósito de recaudo y control más que a un desarrollo armónico y estructurado de una política pública diferencial y basada en el principio de equidad tributaria.

PREGUNTA 5: ¿Cree usted que existen ofertas institucionales para suprimir los obstáculos a la competitividad cooperativa?

Entrevistado

Respuesta

Alberto García Müller

La pléyade normativa sobre ES en sus diversas manifestaciones, niveles y contenidos constituye un fuerte obstáculo para el desarrollo y consolidación del sector. Las entidades superiores del sector (salvo –en mi conocimiento- la Confederación de Cooperativa de Antioquia) podrían ser inculpadas por la “marea negra normativa” que aqueja al sector solidario, por aquello de que “quien calla, otorga”, ya que no se han pronunciado respecto de ella, y en los casos que sí, lo han hecho de forma complaciente con las propuestas gubernamentales como fue el caso de la aplicación de las NIIF.


Christian Mora

No existen ofertas institucionales integrales y permanentes donde participen los estamentos nacionales y regionales del cooperativismo para suprimir esos obstáculos; las restricciones fiscales y en el comercio exterior son evidentes; no se reconoce el potencial que es tan claro en la Ley 79 de 1988; tal vez hay una esperanza en el postacuerdo de la Habana donde el cooperativismo adquiere gran relieve.


Enrique Valderrama

Son pocas las ofertas y por el contrario el mismo estado pone los obstáculos, en materia de vivienda las cooperativas de ahorro y crédito no tiene acceso a los subsidios de vivienda que da el estado y a la banca sí.


Enrique Valencia

El marco de supervisión, vigilancia y control está dado básicamente para: las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de aporte y crédito, cooperativas multiactivas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, entre otras; es decir, para las organizaciones cuya supervisión corresponde a la Supersolidaria. Así mismo, para las cooperativas financieras o que ejercen actividad financiera como las de seguros que están a cargo de la SuperFinanciera. Para otra clase de cooperativas, como las de transporte, salud, educación, entre otras, el marco de supervisión, como entidades solidarias, es precario ya que no se presenta coordinación entre las diferentes superintendencias que las vigilan y controlan. Puede decirse que no existe coordinación y trabajo mancomunado entre las diferentes superintendencias para vigilar, controlar y supervisar a todas las organizaciones solidarias que cumplen diversas tareas de acuerdo con su objeto social.

Esperanza Puentes

Bueno la aplicación de la política pública puede en algunos casos admitir sesgos y tintes dependiendo de quién o qué entidad las aplique. Por ejemplo, la gobernación del Cauca, ha facilitado la acción de un proyecto de formalización de pequeños productores agropecuarios en cooperativas y otras formas de asociación, en una alianza interinstitucional liderada por COOPERMONDO y en la que participan otros actores del gremio cooperativo y del gobierno nacional. Considero que este tipo de experiencias hace la diferencia, donde también se requiere una estrategia definida por parte de organizaciones del sector dedicadas a la actividad financiera para apoyarlas https://www.youtube.com/watch?v=xLdU5qpvEmc. El sector debe aprender a leer estas oportunidades para aprovecharlas al máximo y trabajar de la mano con el gobierno en las propuestas.

Hernando Zabala

A pesar de la declaratoria constitucional y legal acerca del interés común y la necesidad de promoción, protección y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad, en el país existen múltiples obstáculos jurídicos para que este sector logre un desenvolvimiento pleno.

Estos obstáculos provienen de dos fuentes principales: a) la legislativa; b) la institucional. Múltiples leyes han introducido barreras para el ejercicio de la actividad económica de diferentes tipos de entidades solidarias: por ejemplo para la contratación estatal; la recepción de recursos de liquidez de órganos gubernamentales; la imposibilidad de autorizar ciertas actividades(corredores de seguros, agencias de viajes o comercializadoras internacionales) no reguladas de manera especial a las entidades solidarias; la práctica negación del ejercicio del cooperativismo de trabajo asociado; limitación al derecho de asociación (poniendo requisitos imposibles de cumplir para crear cooperativas con actividad financiera); exigencias de transformación que no se colocan a otros tipos de sociedades; etc. De otro lado, sobre todo desde el órgano de supervisión estatal, se colocan obstáculos para el libre desarrollo de actividades (particularmente en cuanto a la actividad financiera) o se establecen condiciones (en actos administrativo) que limitan la autogestión y la autonomía.

Desde 2009 se han producido estudios diversos haciendo ver estos obstáculos y la necesidad de eliminarlos para permitir el libre desarrollo empresarial de las empresas de economía solidaria y contribuir a que ellas sean competitivas en el mercado, máxime cuando son absolutamente necesarias sus intervenciones para transformar el entorno económico de Colombia. Sin embargo, la institucionalidad pública ha hecho caso omiso de estos estudios y advertencias y no se ha presentado ninguna declaración favorable hacia la supresión de estas barreras.

CONFECOOP inició desde el 2014 una acción intensa por la defensa jurídica, particularmente centrada en el propósito de eliminar obstáculos, haciendo uso de diferentes mecanismos de petición y demanda. Las instituciones públicas responsables de dar respuesta (Consejo de Estado, superintendencias, Colpensiones y otras) muestran una apatía enorme por seguir el debido proceso (por ejemplo, la demanda del Decreto 2025 de 2011 que limitó la actividad económica de las CTA, a cuatro años y medio de haberse producido la demanda correspondiente, ni siquiera ha producido informes sobre el particular).

Definitivamente la institucionalidad no se encuentra interesa en la supresión de obstáculos, es por esta razón se ha llegado a un acuerdo tácito entre la dirigencia del sector respecto de que la única fórmula posible sería la acción legislativa, a través de dos mecanismos que requerirían un ejercicio muy grande de negociación política: a) La reforma a las leyes 79/88 y 454/98 para dar mayor viabilidad al sector; b) La promulgación de una ley especial que desarrolle los contenidos de la Constitución Política (artículos 58, 64 y 333), determinando con precisión el alcance de los procesos de promoción, protección y fomento, mediante la cual puedan eliminarse las barreras impuestas desde el año 1998.


Miguel Fajardo

El sector, aunque de una manera débil, ha urgido al gobierno central en el establecimiento de normas que realmente contribuyan al fortalecimiento de la economía solidaria. No ha habido ninguna respuesta. O sí la respuesta ha sido el favorecimiento de las grandes empresas nacionales y multinacionales. Si observamos las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales y las bancas comunales (servicios financieros colectivos) la tendencia es a homologarlos a entidades financieras comerciales.

Es claro que al interior de las empresas de economía solidaria se debe superar el desafío de la construcción de IDENTIDAD PROPIA. La identidad cooperativa o solidaria no está en la sigla: sino en la vigencia de una ética solidaria en todas las acciones y procesos que desarrollan las empresas que dicen llamarse solidarias.



Néstor Rodríguez

Ni siquiera se tiene claro que es la competitividad cooperativa, se le asemeja a la competitividad en cualquier otro sector. Por el modelo de organización que representan tienen diferencias importantes que deben ser consideradas al tratar el tema de competitividad. Como no se tiene conocimiento, la oferta institucional no puede contribuir a suprimir los obstáculos a la competitividad cooperativa.

Rafael González

No específicamente, para este propósito se requiere de un plan o programa nacional de apoyo al sector, en el cual se den algunos beneficios a la promoción y fomento de las organizaciones de economía solidaria y que les permita ser reconocidas de la misma manera que algunas empresas del sector privado capitalista.

Raquel Oses

En Colombia NO, existe un marco de supervisión y acompañamiento basado en la especificidad para el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias, a las más grandes se les aplican solamente los instrumentos orientados por el sistema financiero de capital, después de la crisis de los años 90.

Carlos Acero

Pueden encontrarse aspectos puntuales pero no corresponde a una política pública concertada, de mediano y largo plazo, ni mucho menos promotora de inclusión social y económica. En los últimos 15 años el cooperativismo y la economía solidaria han sido objeto de regulación que restringe, limita o impide, en algunos casos, la operación normal, adecuada y legítima de algunas actividades, sin más consideración que por la naturaleza solidaria y cooperativa. Un avance se dio este año en la reglamentación para acceder a cupos de redescuento de Finagro. Es un paso importante pero no suficiente en este campo.

Son comunes las restricciones para las cooperativas de ahorro y crédito, para las cooperativas de trabajo asociado (en donde hay un esfuerzo sistemático del Estado para limitar su operación), para las cooperativas de producción que ven limitadas o restringidas sus actividades por las barreras administrativas de acceso a bienes y servicios públicos, como el crédito o la asistencia técnica, sólo por citar algunas.




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