Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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6.CONCLUSIONES


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El cooperativismo tiene más de 85 años de vida institucional en Colombia. En sus orígenes, se nutrió del fomento de líderes sociales y políticos que encontraron en esta forma organizacional un instrumento para resolver problemas de la nación.

Tras una revisión de hitos históricos de las políticas públicas dirigidas a las cooperativas, un análisis a sus principales instituciones, fuentes normativas, principales fundamentos doctrinales, contextos geopolíticos actuales, opiniones de algunos de sus actores; y tras un breve repaso por temas de coyuntura como los provenientes de recientes estandarizaciones contables y presiones fiscales, se extrajo información que junto a la proveniente de la literatura académica, nos da la certidumbre de que los estudios del cooperativismo enmarcados dentro de la economía social y solidaria tienen un lugar importante en el desarrollo de las ciencias sociales, políticas y económicas.

Un primer aspecto abordado fue el análisis de las políticas públicas aplicables a las cooperativas, el cual se realizó a partir de identificar fundamentos, lineamientos y particularidades teóricas desarrolladas por autores de diferentes latitudes. Estas sirvieron de referente para evaluar y caracterizar la experiencia colombiana en la construcción de políticas públicas, nos permitió develar su estructura y a partir de esta claridad, proponer un modelo de políticas públicas en el marco de los acuerdos de paz y la internacionalización dirigida a las cooperativas.

Fue así entonces como en la revisión documental se halló una veta que devela la persistencia en Colombia de fallas en el engranaje de políticas públicas, que repercuten en la generación de incentivos institucionales para la desnaturalización de las cooperativas. Por ello, las prácticas organizacionales que se fomentan desde las políticas públicas tienden a servir de instrumento para solventar las fallas de Estado, que son transferidas a las cooperativas de manera desarticulada, generando concurrencia, duplicidad y solapamiento entre las políticas públicas de fomento y las de supervisión y control.

Entre los hallazgos se encontraron: problemas de concepción contradictorias por parte de las entidades públicas, la instrumentalización histórica de las cooperativas, la ausencia de mesas de coordinación y co-construcción de políticas públicas, asimetrías de información e incertidumbre estadística bajo múltiples fuentes de información, la existencia de recurrentes estudios que profundizan en los mismos elementos cognitivos básicos de la cooperación y la preponderancia de algunos tipos de cooperativas124. Dichos problemas nos dieron indicios para plantear la necesidad de observar las instituciones y políticas existentes.

Como aspecto positivo, encontramos un importante reconocimiento jurídico-normativo e institucional del cooperativismo, por lo que volcamos los ojos a mirar cómo optimizar lo existente y cómo nutrirnos de experiencias latinas de Europa y América, en una propuesta que ambiciosamente llamamos “modelo”, no porque haya recorrido exitosos caminos empíricos, sino porque se basa en una canasta de buenas prácticas extraídas de la literatura doctrinal y de políticas públicas que, puestas en conjunto y con algunas orientaciones, permitirían generar espacios para co-construir propuestas basadas en el bien común.

Con esa acotación pensamos que en cualquier territorio donde existan cooperativas, seguir sus nociones doctrinales y atender a los avances cognitivos de la literatura, en un marco de co-construcción de políticas públicas articuladas, puede brindar oportunidades para el potenciamiento de nuevas formas de hacer economía que abogan por la sostenibilidad territorial, la cohesión social y la práctica de una auténtica democracia participativa (tan golpeada en estos tiempos).

Así entonces, luego del camino recorrido en la construcción del modelo, identificamos un punto de partida para la propuesta: aclarar conceptualmente las disonancias que existen frente a lo que se entiende por cooperativismo y la economía social y solidaria, algunas de ellas por desconocimiento, otras por la inducción de imaginarios sin evidencia empírica. También identificamos un sencillo marco conceptual a propósito de las políticas de fomento y algunas herramientas asociadas a las políticas de supervisión y control.

Pero esto es sólo un punto de partida. Se requiere profundizar en estos estudios que se realizan a veces por detrás de las innovadoras prácticas que millares de ciudadanos están desarrollando en todo el planeta.

En los inicios de este trabajo nos preguntábamos si se pueden estudiar de manera científica los fenómenos sociales relevantes para las políticas públicas. Y nos dimos cuenta de que sí, desde el lente de las políticas públicas dirigidas a las cooperativas. Lo anterior, a través de la ávida búsqueda documental en algunos países de Europa y América. No terminábamos de acceder a nuevos conocimientos cuando nos llegaban más y más documentos que hacían casi imposible la labor de estar al día.

Son señales de que la economía social y solidaria está en auge y en buena medida viene impulsada porque sus prácticas son de las pocas que logran apuntar a acuerdos mundiales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la encíclica papal Laudato Si, y las metas trazadas en el COP21 para reducir la contaminación y con ello el crecimiento económico.

De manera que los cambios planetarios, también inciden en la realización de crecientes nuevas prácticas de proximidad al cooperativismo que desde la academia se han terminado de documentar, analizar y proyectar, pese a la multiplicación de estudios y estudiantes. Esto parece ser una tendencia irreversible.

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Como en antaño, los cimientos científicos de una nueva economía son introducidos desde los estudios de las ciencias naturales, las cuales terminan reconociendo que el absolutismo del individualismo no se traduce necesariamente en una evolución para las especies.

Llevado a la socio-economía, notables biólogos, neurocientíficos, economistas, sociólogos y antropólogos sociales, entre otras áreas disciplinares, nos muestran que la economía de mercado capitalista es incapaz de explicar nuevos equilibrios expresados en la identidad de organizaciones de economía social, solidaria, tercer sector y entidades sin ánimo de lucro, entre otras denominaciones, que venían operando bajo un manto aparente de invisibilidad estadística.

Las organizaciones de economía social y solidaria parecen tener una gran longevidad con respecto a las empresas del Estado y a las empresas lucrativas. Hay evidencias que constatan que estas organizaciones, al estar menos sometidas a la presión del mercado y los vaivenes de la política, pueden perdurar más en el tiempo. Su perdurabilidad está determinada por las cualidades que poseen, al contrario de lo que postulaban algunos investigadores de finales del siglo pasado identificados con el estudio de las non profit.

Se configuran así otras formas de hacer economía marcadas por dos grandes tendencias conceptuales con aplicación polivalente en Colombia: las non profit sector y la economía social y solidaria. El cooperativismo tiene elementos de las dos, pero encuentra, por su tradición y especificidad, mayor cercanía al concepto de economía social y solidaria.

Todas estas empresas tienen como denominador común la adhesión a valores que se integran en su gestión económica como aspectos orientadores y como determinantes de la institucionalidad que les caracteriza. Este denominador común, configura una especificidad propia y una lógica de acción que diferencia a estas empresas de las privadas mercantiles y las públicas. Por otra parte, la igualdad en el derecho de voto, la democracia en la toma de decisiones, el interés limitado en la retribución de aportes y la creación de un patrimonio irrepartible, entre otros, suman distancias con otro tipo de empresas.

Las particularidades de las organizaciones en mención justifican un tratamiento diferenciado, dados los altos costes que deben asumir en su operación cotidiana, los productos socialmente deseables que generan y la orientación al interés común que persiguen. Esto es objeto fundamental de las políticas públicas, las cuales deben partir de la articulación entre sus medidas.

Bajo la concepción de la economía social y solidaria, el cooperativismo gana la pluralidad requerida para traspasar las discusiones absolutistas del mercado como realidad única, las pretensiones de constituirse como la única alternativa para liquidar los resquicios del capitalismo o de sentar su imagen en una insignificancia numérica que sólo mira la punta del iceberg: los resultados económicos.

Ganar espacios de actuación gracias al encuadramiento de la economía social y solidaria como uno de los actores del sistema actual, permite enfatizar en sus principales aspectos distintivos: por citar uno, la generación de aportes al bien común basados en la dinamización de su capital social.

Retomando los estudios aplicados al caso colombiano, se encontró que los títulos y contenidos donde se enmarca al cooperativismo generan disonancias cognitivas que terminan confundiendo a las autoridades públicas e invisibilizan la identidad de un sector con características particulares.

Ello explica en alguna medida la hibridación desmutualizante de algunas cooperativas. Hay evidencia sobre la dependencia que las cooperativas tienen con la dinámica de crecimiento de las empresas lucrativas y cómo sus relaciones económicas se determinan casi exclusivamente en el mercado, por lo que estas empresas terminan en la práctica atenuando por una parte, las fallas de mercado y por otra, fortaleciendo los mecanismos competitivos, pero es posible que en el camino pierdan su identidad.

También hay ausencias cognitivas en la búsqueda de las cooperativas por obtener mayores dimensiones financieras. Con esto se tiende a mantener constante la incidencia en sus asociados, y se acentúa la obtención de beneficios a través de las operaciones con terceros, generando en definitiva un mercado para clientes en detrimento de los asociados. Preponderantemente en esos casos, las estructuras directivas suelen crear mecanismos para garantizar su perpetua permanencia que inducen a generar ineficiencias internas, aumentar los costos de transacción en que deben incurrir para tomar decisiones, pero sobre todo, crean la imagen del líder irremplazable, restando participación a los asociados. Por ello, es menester insistir en generar acuerdos conceptuales mínimos que tiendan a proyectar, visualizar y encausar a las cooperativas en los nuevos asuntos mundiales.

Sin embargo, es necesario advertir que no siempre la interacción entre lo público y lo cooperativo produce buenos frutos. Cuando los intentos de lograr sinergias entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil se realizan en contextos locales caracterizados por una baja asociatividad e integración entre los miembros de la comunidad, el resultado más probable es el clientelismo. Este es un riesgo que se debe evitar y sobre el cual deben estar atentos tanto los responsables del sistema como las comunidades locales.

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Las cooperativas se configuran como un hecho social que demanda y ofrece soluciones para sus beneficiarios, y por ende, es parte de la vida política de los territorios, constituyéndose como uno de los potenciales actores políticos que mayor presión podrían ejercer al momento de construir políticas públicas, participar de su producción y evaluación. Por ende, la cooperativa es una institución en la que el análisis de las ciencias sociales y las políticas públicas tiene cabida.

Existen referentes desde las políticas públicas para orientar el desarrollo de las cooperativas. La experiencia internacional consultada da cuenta de tendencias para el fomento en entornos que abogan por generar compromisos de desarrollo sostenible, mediante actuaciones en red, y un cambio necesario en las formas de producir y consumir mirando a las cooperativas como opción integral y no solamente instrumental.

Sin embargo, hay dicotomías en las políticas públicas por la persistencia de un sistema económico que aboga, de manera excluyente, por un pretendido desarrollo económico basado en la unicidad del libre mercado capitalista. Esto termina generando tensiones por las presiones fiscales y de estandarización que de él se desprenden.

Rebasar el óptimo de Pareto, asimilando a las cooperativas a las empresas de capital en busca de obtener mayores fiscales, traerá consecuencias frente a las trasferencias que hacen las cooperativas a sus asociados, aumentando progresivamente las demandas sociales, y generará obstáculos para propiciar la creación de nuevas organizaciones que alivien el deteriorado panorama social que vive el país, en un contexto donde se profundizarán los conflictos locales como resultado de la necesaria participación democrática de actores que antes del conflicto no encontraban cómo realizar demandas sociales.

Para articular y coordinar esfuerzos, es menester que las acciones de fomento:



  • Se ejerzan de una forma más colaborativa multiplicando los efectos de la concurrencia de intereses.

  • Propicien una mayor participación de agentes estatales y no estatales para llegar a acuerdos que mitiguen los solapamientos.

  • Afiancen mecanismos para la protección y el fomento al desarrollo empresarial de la economía social y solidaria.

Buscando en todo caso que el entramado institucional abogue por el interés general (y no sólo por sus expectativas instrumentales) mediante la actuación en red.

Tomando como referencia a países latinos como Portugal, España, Francia, Canadá, Ecuador, Brasil y Argentina, se extraen algunas lecciones que sirven como canasta de buenas prácticas en políticas públicas:



  • Se concede importancia a la contribución de la economía social y solidaria al desarrollo nacional y no se les excluye del ejercicio de actividades económicas esenciales.

  • Se da reconocimiento a la identidad propia del sector y al mismo se le permite participar en la definición e implementación de las acciones públicas.

  • De haber razones instrumentales para la promoción de cierto tipo de empresas, esta se hace con carácter minoritario, pues se entiende que el cooperativismo cumple una función integral generadora de circuitos económicos.

  • Los controles tienden a ser más tutelares que punitivos.

  • Cuenta con importantes programas de financiación, asistencia técnica y de formación.

Estamos en medio de una afortunada ventana de oportunidad para que la relación del Estado con el cooperativismo logre optimizarse. El evento relevante es, indudablemente, el acuerdo de paz.

Uno de los temas del acuerdo es la promoción al desarrollo sostenible en el ámbito rural por medio de cooperativas, y en dicho tema, se aúnan los intereses de los más importantes agentes de la política nacional. Ello ha generado un clima propicio para establecer acuerdos, alianzas y acciones, por parte de todos los grupos de interés próximos al cooperativismo. En definitiva, hay una agenda que puede propiciar un cambio para optimizar las políticas públicas dirigidas al cooperativismo.



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Luego de un examen por casi 85 años de historia de políticas públicas dirigidas a las cooperativas en Colombia, se revela, con algunas excepciones, que:



  • Hay un patrón de desarticulación entre las políticas.

  • Las cooperativas han sido instrumentalizadas a lo largo de su historia de relaciones con el Estado.

  • En las últimas tres décadas, las políticas públicas no han tratado al cooperativismo de forma integral.

  • La institucionalidad relacionada al cooperativismo, y sus organismos de adscripción, han tenido cambios periódicos coincidentes con los períodos gubernamentales.

La intervención con fines instrumentales del Estado terminó generando costosas estructuras de intervención, incomprensión de la lógica de las organizaciones, discrecionalidad por parte de los funcionarios y tendencias a una regulación que asimila a estas organizaciones con firmas de capital. Esto es particularmente notable en los casos de las cooperativas fomentadas para la reforma agraria, algunas cooperativas financieras y en las cooperativas de trabajo asociado.

Sin embargo, las cooperativas han permanecido pese a sus relaciones, a veces antagonistas, con el Estado. Estas organizaciones han aportado al desarrollo local, pero son invisibles. En un contexto de búsqueda de instrumentos para la convivencia pacífica, como el actual, y en un marco de internacionalización, las cooperativas son agentes indispensables del sistema socioeconómico. No obstante, las necesidades de fomento hacia una convivencia pacífica no encuentran correspondencia con las medidas implementadas en busca de procurar una mayor internacionalización económica. De manera que convivencia pacífica e internacionalización, como se tratan en la actualidad en las políticas públicas dirigidas a las cooperativas, siguen caminos contrarios que se acentúan por la construcción de imaginarios sobre el cooperativismo en los medios de comunicación que no tienen asidero empírico.

Para fomentar adecuadamente a las cooperativas, se requiere prestar atención al territorio, tanto por la vocación territorial de las cooperativas como por las condiciones particulares de las posibilidades de construcción de ciudadanía en entornos con distintos tipos de adversidad. De manera que, no es que no sea posible desarrollar iniciativas cooperativas en entornos violentos, sin confianza y débiles estructuras de cooperación, sino que las medidas de fomento deben ser distintas.

La evidencia geopolítica permite afirmar que la asociatividad es una condición para el desarrollo de organizaciones de la economía solidaria, pero también es uno de los factores que determina el nivel de capital social de un determinado territorio. Pero la inseguridad política e institucional determina la incertidumbre económica y comunitaria, y por ende, el bienestar subjetivo. Ello refuerza la tesis según la cual se requieren políticas públicas específicas que atiendan a estos elementos buscando opciones organizacionales híbridas y con específicas orientaciones en torno a la creación, fomento y fortalecimiento.



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Al examinar las instituciones actuales relacionadas a políticas públicas dirigidas a las cooperativas, se encuentra que entre los organismos identificados para el fomento, supervisión y control, no existen criterios de agregación para el tratamiento específico del sector cooperativo. Esto permite aseverar, como hallazgo evaluativo, que el sector cooperativo no tiene una estructura transversal que le permita desarrollarse autónomamente, sino de manera disgregada y atado a las consideraciones específicas de cada organismo.

Lo anterior tiene como consecuencia, en materia de dispersión del gasto público, la presencia de duplicidades y concurrencias entre organismos del Estado, e ilustra que la actuación desarticulada genera solapamiento entre las funciones de fomento y supervisión.

La mayoría de políticas de fomento que generan múltiples organismos del Estado, se desarrollan de manera accesoria a las actividades principales de los mismos, tendiendo a ser estas de carácter instrumental y circunstancial, que en el ámbito territorial estimulan resultados contrarios al emprendimiento y generan una racionalidad económica por parte de los beneficiarios que asimila a los organismos de fomento como responsables de su manutención por razones caritativas y de beneficencia (lo anterior lo denominamos trampa de la donación).

Las percepciones de los actores consultados confirman lo anterior, pero también el examen histórico de las instituciones, las tendencias a la muerte de cooperativas por abandono en el acompañamiento y los obstáculos jurídicos y comerciales para la actuación de las cooperativas en los mercados.

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En Colombia corren en paralelo dos conceptos que definen el universo del objeto del presente estudio: las entidades sin ánimo de lucro y la economía solidaria. El primero, fruto del análisis anglosajón del non profit y el segundo, heredero de las tradiciones europeas de la asociatividad y democracia cooperativa.

En rigor, el sector de la economía social y solidaria, sean de mercado o de no mercado, no sólo está contenido en la intersección con el sector estatal (como Administraciones Públicas Cooperativas) y en la intersección entre este y el sector empresarial capitalista, como lo plantean algunos instrumentos de política pública en Colombia; sino también como sector propio. Esto da cuenta de que el universo de la economía social y solidaria es polivalente, admite la hibridación empresarial y abarca ejercicios de mercado y no mercado con el sector estatal, con el sector público y creación de mercados propios.

Sin embargo, abrigar bajo un mismo tratamiento fiscal a organizaciones como fundaciones y cooperativas, es sin duda una tipología que no se corresponde con los avances conceptuales reconocidos en la materia. Tampoco corresponde aplicar estándares financieros similares, bajos las NIIF, a cooperativas que a empresas de capital, por la particular noción que frente a la capitalización, retorno y corrección de precios tienen las primeras frente a las segundas.

Esto hace parte de una ambigüedad conceptual no resuelta por las instituciones colombianas, en las que persisten confusiones terminológicas tras el otorgamiento de diferentes énfasis instrumentales al contenido constitucional de la economía solidaria y de las ESAL. Prueba de ello son los últimos conceptos en los que pretende ampararse una próxima reforma tributaria, que demuestran desconocimiento de la jurisprudencia colombiana, la emisión de conceptos de organismos como la DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria, las propuestas de organismos internacionales y el estado del arte sobre la cuestión.

Por ello, partiendo de los aportes que hacen organizaciones pertenecientes al polivalente concepto de sociedad civil y de los resultados en términos de bien común, enmarcar al cooperativismo sólo en el sector de economía social y solidaria para evitar su instrumentalización y asimilación con empresas de otra naturaleza.

Esto reafirma la noción según la cual al cooperativismo se le ha percibido como una herramienta para introducir unas determinadas culturas económicas, especialmente financieras, que contribuyen al desarrollo de particulares estrategias macroeconómicas o de ajuste económico, pero no como un instrumento para auto-impulsar su aparato productivo y generarle competitividad. En este marco ha radicado la dificultad para que el cooperativismo se constituya como un actor protagónico de la economía: se ha conformado como un mecanismo que no se fortalece a sí mismo, sino que con su accionar complementa las estrategias económicas de otros sectores económicos (el del mercado capitalista y el del Estado).

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Ante hallazgos de asimetrías de información, se propone el concepto de vida asociativa como mecanismo de monitoreo del estado real de las organizaciones. Entendemos por vida asociativa un estado de situación de la relación entre la cooperativa y sus miembros caracterizado por la constatación de realización de actividades socioeconómicas, verificación de que las mismas se realizan en apego a la especificidad cooperativa y la evidencia de transferencias hacia los asociados que logran satisfacer sus necesidades en el marco del acto cooperativo.

Este mismo concepto es retomado para realizar propuestas de medición por medio del balance social. Para hacer del balance social una herramienta confiable de suministro de información para toma de decisiones como la gestión del crecimiento organizacional, debe constituirse como un reporte del accionar para satisfacer las siguientes áreas:


  • Naturaleza: evidencias de estrategias para el cumplimiento de su naturaleza organizacional.

  • Función objetivo: satisfacción del bienestar de sus asociados calculadas a partir de la maximización de las utilidades netas per cápita de los asociados (valor agregado solidario).

  • Responsabilidad administrativa interna: relación de actividades socioeconómicas en el marco del acto cooperativo.

A partir del balance social, se podría evitar la asimilación de las cooperativas con empresas de capital y generar adecuaciones a las NIIF que les permitan converger con la especificidad cooperativa. También permitirían pasar de la asimilación de las cooperativas a las empresas de capital y verificar su autenticidad en un marco de reconocimiento explícito, que debe tender progresivamente al autocontrol como medida de optimización de las políticas públicas abriendo una puerta para facilitar la co-construcción de políticas públicas.

Ante hallazgos de dispersión institucional y disonancias cognitivas, se propone un marco conceptual de delimitación sectorial para las cooperativas que parten del concepto del bien común. Se entiende que las organizaciones de economía social y solidaria actúan preponderantemente para sus miembros, sin que por ello se pierda su naturaleza comunitaria. Su comunidad se cohesiona, en primera medida, por sus criterios de membresía; su objetivo es beneficiarlas y por extensión involucra a grupos de interés más amplios; el cálculo de su incidencia viene dado por el aporte al bien común de sus miembros; su especificidad organizacional promueve la ampliación de espacios para la democratización de la economía, la participación autogestionaria y la autonomía que se expresa en la búsqueda del autocontrol.

Por otra parte, el sector de organizaciones de servicio social actúa preferentemente para solventar carencias de colectivos sociales que frecuentemente no logran obtener los beneficios del Estado de Bienestar. Por ello, sus relaciones con el Estado y con causas benéficas y filantrópicas de la sociedad son de mayor proximidad que las de las organizaciones de economía social y solidaria (la cual busca ante todo su autonomía basada en la autogestión), y en ocasiones, actúan de la mano con organismos públicos para solventar necesidades comunitarias. El cálculo de su incidencia viene dado por el aporte al bien común de los beneficiarios, y su eficiencia se mide en la medida en que generan mayores aportes con menores costos.

También se propone la articulación entre la promoción, la protección y el fortalecimiento para el desarrollo empresarial como síntesis de los avances en la literatura sobre esta materia. La propuesta enfatiza en que el fomento se entiende como una actividad de impulso a la iniciativa privada que se realiza a través de estímulos institucionales mediante el establecimiento de condiciones adecuadas dirigidas a crear un entorno favorable para el desarrollo autónomo del sector solidario, y que está comprendido por un conjunto de actividades ordenadas desde las estructuras gubernamentales, dirigidas a satisfacer indirectamente algunas necesidades de carácter público o que son de interés público, básicamente relacionadas con procesos de promoción, protección o fortalecimiento de dicha actividad.

Se proponen adicionalmente medidas para solventar los obstáculos actuales, a fin de que las cooperativas actúen en los mercados, y se proponen medidas concretas para llevar soluciones a los diferentes territorios desde una mirada integral:


  • Territorios de alta vulnerabilidad cívica: como lugares de la geografía colombiana que presentan un alto índice de conflicto, por permanecer en ellos fuerzas armadas de diversa índole. Se encuentran aislados de los beneficios del desarrollo y con una población que sufre enormemente por la inexistencia de un ambiente de paz. En este caso, son necesarias políticas de promoción orientadas a la construcción de tejido social y en ello es menester hibridar acciones culturales, con las sociales y económicas.

  • Territorios en proceso de postconflicto: como territorios donde persisten altos niveles de concentración de la riqueza y la tierra. Están caracterizados por la presencia de grupos asociativos que se constituyen como una de las expresiones de la sociedad civil más activas por su accionar y puesta en común de condiciones para la reconstrucción, reconciliación y resolución del conflicto. De manera que la conformación cívica determina que la orientación de las políticas públicas sea al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los actores solidarios y civiles organizados.

  • Territorios en vías de consolidación: como territorios caracterizados por la actuación de organizaciones que entre sí mantienen vínculos de redes solidarias. En estos territorios, el énfasis promotor propuesto se basa en el fortalecimiento de los organismos de integración y movimientos existentes a partir de la generación de alianzas con organismos nacionales de promoción y entidades locales gubernamentales. Con ello se espera avanzar en el establecimiento de circuitos económicos que permitan mejorar las apuestas productivas por medio de la creación de cadenas de comercialización, desarrollo de mercados internos e implementación de procesos de agregación de valor generadores de empleo local.

Finalmente, se propone la creación de una mesa de concertación con actores de proximidad a los intereses de cooperativas y de las demás empresas de economía social y solidaria, con miras a generar espacios de co-construcción de políticas públicas, aprovechar la ventana de oportunidad de los actuales procesos de paz y de generación de una matriz de opinión proclive a la cooperación y a la asociatividad, en un país donde históricamente se han generado más desincentivos institucionales que incentivos para la cohesión social.



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