Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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5.3 Propuesta para la superación de obstáculos normativos


Definidos los obstáculos normativos para el desarrollo del sector de economía solidaria en Colombia, en este apartado se presenta un conjunto de propuestas alternativas tendientes a superar dichos obstáculos normativos.

Se parte de la afirmación de que para lograr conseguir que el cooperativismo impacte favorablemente sobre la economía nacional y sobre la población de manera directa, la política pública debe diseñarse de manera que la figura empresarial cooperativa se promueva y fortalezca como opción de vida para un mayor número de colombianos, contribuyendo a asegurar una sociedad más igualitaria pero con una mayor dinámica de crecimiento.

Esto significa que los poderes públicos deben reconocer en este modelo empresarial un aliado importante para democratizar los mercados, generar cohesión social y participación democrática propiciando un ordenamiento jurídico que promueva su desarrollo y estimule la participación ampliada de estas formas empresariales en el concierto de la economía nacional.

En tal sentido, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se propone:



  1. Inclusión financiera para los campesinos principalmente en zonas rurales dispersas, a través de la habilitación del acceso a los recursos de redescuento a cooperativas y ONG financieras minimizando trámites, y la capacitación de las microfinancieras rurales para que brinden mejores servicios a los usuarios financieros y fortalezcan su capacidad técnica y operativa.

  2. Desarrollar mecanismos que acerquen a los pequeños productores a los mercados de las ciudades, incluyéndoles en los planes de abastecimiento de las ciudades y en las estrategias de compras públicas de entidades del Estado.

  3. Prestación de servicios para el mercadeo de los productos, y la provisión de maquinaria e infraestructura para los procesos de transformación, almacenamiento y distribución de los productos de economía familiar campesina.

  4. Brindar servicios de apoyo integral que correspondan a las necesidades de los productores y las condiciones de los mercados, garantizar el uso eficiente del suelo y de los recursos hídricos, optimizar las condiciones de comercialización y logística para la producción agropecuaria a nivel regional, mejorar la gestión de riesgos de mercado y climáticos, incrementar la oferta de recursos financieros para el sector y lograr el aprovechamiento comercial para la agricultura.

  5. En materia de financiamiento se propone desarrollar una banca, y su respectiva institucionalidad, moderna y ajustada a la realidad de la actividad agropecuaria. Se debe contar con más recursos de crédito para el sector, especialmente para aquellos grupos poblacionales que tienen mayores limitaciones para acceder a mecanismos de financiación. Esto va de la mano con acciones para facilitar el acceso a los recursos de redescuento a cooperativas y ONG financieras, y para promover la creación de fondos rotatorios de cooperativas y asociaciones de usuarios.

  6. Creación de un modelo de aseguramiento que integre tanto al seguro agropecuario como el catastrófico.

  7. Establecer un modelo eficiente de comercialización y distribución de productos agropecuarios, construyendo un portafolio de soluciones logísticas para la producción agropecuaria en diferentes regiones del país y desarrollando un plan de aprovechamiento comercial para el acceso real de los productos agropecuarios a los mercados.

Para que el cooperativismo actúe integralmente en estas materias, es necesaria una acción mancomunada con diferentes instancias gubernamentales, mediante alianzas que promuevan el desarrollo social y económico del país.

En el corto plazo se requiere despejar las incertidumbres normativas que han caracterizado la relación del Estado con el Cooperativismo en las últimas dos décadas, aprovechando este momento para producir normas que faciliten y flexibilicen las actuaciones del sector, generándose así una mayor armonía en las relaciones entre el Estado y las cooperativas. Esto se haría posible si:



  1. Se fortaleciera la normatividad para la intervención de cooperativas con actividad financiera de manera que puedan ampliar su radio de acción, especialmente en zonas desatendidas.

  2. Se utilizara el modelo cooperativo para ser agente propulsor de zonas de desarrollo rural integral y de postconflicto, como una opción empresarial idónea que puede dar salida a la oferta de bienes y servicios necesarios para la población campesina.

  3. Se mejorara el marco de inversión y contratación pública (y privada) con las cooperativas, eliminando barreras que hoy impiden un desarrollo más avanzado.

  4. Se establecieran mecanismos que facilitaran la organización de cooperativas y otras entidades de economía solidaria para la promoción de vivienda, especialmente de interés social.

  5. Se crearan instrumentos pedagógicos para promover desde el sistema educativo la participación de los colombianos en la formación, organización, participación y uso de los servicios cooperativos.

En el propósito de facilitar al cooperativismo una mejor intervención dentro de las metas del plan nacional de desarrollo 2015, deberían eliminarse una cierta cantidad de barreras jurídicas que hoy tiene el cooperativismo. En este sentido, sería conveniente introducir en ajustes legislativos en temas tales como:

  1. Modificación de normas que impiden que las cooperativas sean destinatarias de recursos e inversiones públicas (entre ellos de fondos de recursos educativos).

  2. Explicitar mecanismos para que las cooperativas con actividad financiera participen plenamente de procesos de bancarización.

  3. Facilitar mecanismos para que el cooperativismo fortalezca su propio sistema financiero y se amplíe el espectro de oferta financiera.

  4. Mejorar las condiciones para la contratación con el Estado.

  5. Asegurar un tratamiento tributario especial y adecuado a su función social; facilitar la normatividad para la creación, organización y fortalecimiento de comercializadoras de naturaleza cooperativa.

En síntesis, resulta oportuno proponer un ajuste legislativo en esta coyuntura, especialmente relacionada con la prospectiva de un nuevo escenario transformador del campo en la que se otorga al sector cooperativo funciones como la de irrigación de recursos de crédito, asistencia técnica para el desarrollo agropecuario, servicios sociales y profesionales, comercialización de productos y fortalecimiento de la asociatividad de productores.

Un marco jurídico favorable, no restrictivo y que elimine barreras normativas hoy vigentes, es indispensable para que el cooperativismo pueda cumplir este papel y para que se movilice en función de contribuir con el Gobierno Nacional en este propósito de modernización del país. Para ello, se solicita:



  1. Privilegiar en la política de desarrollo rural integral, el estímulo a la forma empresarial cooperativa, asociativa y solidaria como alternativa de organización de los productores del campo.

  2. Flexibilizar las condiciones (del Decreto 1525 de 2008) que limita la inversión de recursos de liquidez del sector público en las cooperativas; mediante este ajuste se podrían re-direccionar recursos dispuestos en plan de desarrollo para el fortalecimiento del sector agrario a través de organizaciones cooperativas.

  3. Flexibilizar las condiciones (del Decreto 4791 de 2008) para que las cooperativas con actividad financiera sean destinatarias de fondos de servicios educativos.

  4. Flexibilizar el acceso de las cooperativas a créditos de redescuento con los bancos de segundo piso como Finagro, Findeter y Bancoldex, ofreciendo líneas de crédito a tasas que promuevan su colocación en beneficio de las comunidades.

  5. Para que el cooperativismo participe de manera integral de las políticas de bancarización de la población campesina deberán eliminarse las limitaciones (presentes en el Decreto 1159 de 2012).

  6. Dar oportunidades para que el cooperativismo fortalezca su sistema financiero y amplíe la oferta de productos financieros a la población rural, implica derogar un conjunto y ajustar un conjunto de normas de la Ley 454 de 1998: artículos 47, 48 y 50.

  7. Facilitar los procesos de contratación de entes públicos con las organizaciones cooperativas y de economía solidaria (precisando los términos del artículo 10 de la Ley 1150 de 2007).

  8. Hacer viables las disposiciones de la Ley 454 de 1998 en materia de conformación del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria (FONES) estableciendo mecanismos ciertos de formación de su patrimonio (Ley 454/98, art. 26) y ajustando la constitución de su Junta Directiva con mayor representación del sector (Ley 454/98, art. 27).

  9. Para dotarse de recursos financieros que estimulen la participación del sector en el desarrollo del país, es necesario realizar un ajuste en las normas de contribución tributaria que se le imponen al sector (en la Ley 863 de 2003), reorientando el destino de dicha imposición hacia propósitos de desarrollo de la economía rural.

  10. Desarrollar lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política mediante el estímulo de medios de financiación con base cooperativa y promoción de formas asociativas para la ejecución de los programas de vivienda.

  11. Determinar los alcances de la norma sobre comercializadoras internacionales (previstas en el Decreto 0380 de 2012 o eliminación de la norma restrictiva del Decreto 502 de 1997), para permitir el desarrollo de la política de comercialización de productos del agro bajo la figura jurídica cooperativa.

  12. Impulso de ciclos educativos en cultura de la solidaridad y el modelo cooperativo en todas las instituciones públicas y privadas del país, motivando el emprendimiento y la educación financiera.


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