Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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1.INTRODUCCIÓN


En las siguientes líneas, presentamos el interés investigativo del tema, la justificación y motivación de investigación, la construcción metodológica y su lógica investigativa y la estructuración de nuestra investigación como introducción general.
    1. Interés investigativo: las políticas públicas en cooperativismo y economía solidaria en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización


Uno de los mayores desafíos con los que se enfrentan las economías contemporáneas, es el de dotar a sus ciudadanos de las condiciones mínimas para su movilización como actores del desarrollo social, económico, ambiental, político y cultural de sus territorios.

Los esfuerzos que han hecho los Estados para enfrentar este desafío van de la mano con el apoyo a organizaciones de la economía social y solidaria, con el ánimo de propiciar un compromiso compartido en la gestión de lo local y potenciar acciones que contribuyan a un funcionamiento eficiente de los mercados.

Lo anterior, en un contexto socioeconómico donde son actores del desarrollo no sólo las organizaciones capitalistas que concurren al mercado y el Estado, sino también las expresiones organizadas de la sociedad civil y los agentes de la economía social y solidaria, como el cooperativismo, tal como lo refiere la constitución portuguesa, en su artículo 288 inciso f, donde se establece la “coexistencia del sector público, el privado y el cooperativo y social de propiedad de los medios de producción” (citado en de Sá, 2013, p. 2).

Desde fines del siglo pasado y hasta el presente, diversos autores (Salamon y Anheier, 1999; Chaves y Monzón, 2008; Laval y Dardot, 2015), vienen advirtiendo una revolución asociativa global caracterizada por el incremento del número de organizaciones asociativas proclives a generar prácticas que mejoran las condiciones de vida de la población. Estas prácticas se evidencian en millares de experiencias en todo el mundo que dan cuenta de nuevas formas de hacer economía y generar valor, donde el hombre, sus necesidades y la preservación de su entorno son el centro de la acción organizacional, en un marco de reproducción de la vida.

Al unísono, estas organizaciones generan valor social y cultural que se expresa bajo el concepto de capital social, entendido como “el conjunto de recursos, reales o potenciales, que resultan de la participación de un individuo o de un grupo, en una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas, hechas de conocimiento y reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1986, p. 248).

La polivalencia de formas jurídicas, desde cooperativas hasta fundaciones y voluntariados, hasta juntas de acción comunal, da cuenta de la riqueza de las prácticas provenientes de una sociedad civil cada vez más ávida de resolver sus problemas de forma organizada. A estas organizaciones se les estructura internacionalmente como organizaciones del tercer sector, de economía social o solidaria, y tienen la posibilidad de interactuar entre el mercado y el Estado para contribuir a mitigar los fallos generados por estos, aumentar el capital social comunitario y el bien común bajo un enfoque de proximidad con los territorios, bajo formas híbridas entre la sociedad civil, el mercado y el Estado (de Sá, 2010; Bance y Bernier, 2011).

Existe documentada evidencia de que las organizaciones solidarias que apelan a su identidad logran mayores dotaciones de capital social que repercuten en mayores capacidades para actuar en la esfera de la producción, la distribución o el intercambio de bienes y servicios y con ello, promueven alternativas sustentables de trabajo y de generación de ingresos (Caracciolo y Foti, 2003).

Dentro del universo de estas empresas, las cooperativas tienen un lugar privilegiado en el desarrollo territorial por su vocación de trabajo para sus miembros, formación permanente y servicio para la comunidad. Ello es reconocido, entre otros, por la Organización de las Naciones Unidas (2014), la Organización Internacional de Trabajo (Fonteneau y otros, 2011) y la Comisión Económica de la Unión Europea (Comité Económico y Social Europeo, 2015), quienes destacan la incidencia de estas organizaciones en el crecimiento sostenible, cohesión e innovación social.

Hay todavía otro aspecto que da a las cooperativas un lugar distinto en el ámbito de la economía social y solidaria:

[…] a principios del siglo XXI las cooperativas que integraban la Alianza Cooperativa Internacional tenían más de mil millones de miembros (más de un séptimo de la humanidad) en un centenar de países. Por ejemplo, 240 millones en India, 160 millones en China o 120 millones en los Estados Unidos (Namorado, 2013, p. 25).

Dado que las cooperativas son organizaciones sociales donde la democracia y el capital social construido y en construcción determinan teóricamente su quehacer estratégico, es de esperar que las políticas públicas fortalezcan estas condiciones de favorabilidad organizacional.

Es menester considerar que toda política pública está basada sobre la teoría y los valores y está condicionada por una estructura socio-económica y las instituciones definidas. Así lo plantea el profesor español Rafael Chaves al comienzo de su artículo Public Policies and social economy in Spain and Europe (2008). Para el autor en mención, la estructura socioeconómica define los intentos públicos para ser alcanzados por las políticas, así como los instrumentos utilizados. Las instituciones definen, entre otras cosas, los problemas socio-económicos a resolver, los actores del proceso político-económico, su relación con el poder, la estructura cultural e ideológica, la prioridad dada a los objetivos y los instrumentos que se utilizan.

Este enfoque es útil para identificar el entramado que rodea a las organizaciones de la economía social y solidaria como uno de los actores del desarrollo local más dinámicos en los últimos años (Informe Toia del Parlamento Europeo, 2009; Coen, 2010; VOSEC, 2010; Cooperatives Europe, 2010; Social Economy Europe, 2010).

Para autores como Hintze (2010), la implementación de nuevas políticas públicas pro-asociativas en la región latinoamericana tiene como antecedente la búsqueda de fortalecer organizaciones alternativas que mitiguen los efectos perversos del neoliberalismo. Esta autora enriquece análisis a partir del trabajo desarrollado por Laville para Europa, en el cual encuentra insuficiencias en los enfoques de políticas públicas dirigidos sólo a las empresas de capital y a las empresas públicas. Posteriormente, el mismo autor (Laville, 2011) consolida su trabajo ubicando el quehacer histórico de las organizaciones asociativas en Europa y generando un marco de economía política para repensar el tratamiento que en las políticas públicas debería establecerse para las mismas.

Para Laville (2011), en el desarrollo de las organizaciones asociativas transcurren tres fases no correspondidas por un marco institucional favorable. Una primera fase donde se crean organizaciones como expresión de la naturaleza democrática de la sociedad. Las operaciones mercantiles de estas organizaciones generan el inicio de la segunda fase caracterizada por la marginación ante las reacciones de empresas capitalistas. Por último, la tercera fase se caracteriza por la institucionalización de lo social, signada por la intervención jurídica, bajo la cual las organizaciones de la economía social se abocan a la generación de resultados que apoyan el Estado de bienestar.

Sin embargo, en la conjunción entre creación de organizaciones, operación de estas en los mercados, competencia directa con las empresas de capital y la búsqueda instrumental del Estado de transferirle a las organizaciones asociativas acciones propias del Estado de bienestar, se generan ambivalencias que afectan su quehacer. Los hallazgos en la materia señalan dificultades del Estado para fomentar el dinamismo de la sociedad civil con las políticas implementadas.

En este contexto, la evidencia de renovadas acciones en materia de comercio justo, servicios locales, redes de intercambio, autoproducción y otras actividades relacionadas con el emprendimiento solidario, dan orientaciones para responder a la inquietud de sociedades europeas y latinoamericanas acerca de cómo puede la política pública recuperar la capacidad de respuesta para mejorar las condiciones de vida en los territorios (Laville, 2005).

Este marco inicial sirve de orientador para analizar las políticas públicas de las cooperativas como agentes de la economía social y solidaria en un territorio determinado. No obstante, resultaría insuficiente sin conocer las especificidades teóricas y organizacionales de las empresas protagonistas de estos procesos.

La literatura da cuenta de cómo la democracia y el fomento al capital social no siempre son las reglas que determinan las estrategias de orientación de los administradores de las organizaciones de la economía social y solidaria. Por el contrario, suelen establecerse formas paralelas de ejercicio del poder que conllevan disímiles resultados en cuanto a decisiones respecta.

Lo que para un grupo de directivos puede resultar conveniente desde el punto de vista estratégico para mantenerse en el poder, se puede convertir a largo plazo en un obstáculo para el crecimiento organizacional, su empoderamiento político, el fortalecimiento del capital social y el libre ejercicio de la democracia (Beverley, 2011). Estos enfoques de gestión guardan estrecha relación con la naturaleza de incentivos y desincentivos que puede reportar una política pública pro-asociativa.

Son varias las investigaciones que dan cuenta de esta situación y han generado recomendaciones para propiciar un estado de la situación más próximo a la naturaleza y especificidad de las cooperativas. Sin embargo, estos trabajos carecen de instrumentos que relacionen la incidencia de las políticas públicas en el desenvolvimiento de prácticas coincidentes con la naturaleza de las organizaciones solidarias, y ello genera vacíos técnicos que pueden repercutir en su gestión organizacional.

En este contexto, se puede preguntar ¿qué prácticas organizacionales promueven las políticas públicas en cooperativismo?, ¿existen políticas concatenadas que brinden incentivos al accionar cooperativo?, ¿es posible identificar elementos de políticas públicas que sirvan de punto de partida para ser replicadas en distintas latitudes?

Algunos autores como Calame (2008), afirman que uno de los instrumentos que puede contribuir a dinamizar la actividad participativa de las organizaciones y sus directivos viene dado por la inclusión de mecanismos de verificación y reporte del accionar dispuestos en políticas públicas concertadas. Sin embargo, lo que se pone de relieve son protuberantes desacuerdos entre los agentes determinantes de las políticas públicas, de manera que estas, en consecuencia, responden a intereses particulares que terminan solapándose entre sí.

Identificar la relación entre la naturaleza de las políticas públicas y la contribución que realizan las distintas entidades a su formulación, implementación y evaluación, configura una veta a partir de la cual es posible analizar desde las ciencias sociales las orientaciones que optimicen la gestión de estas organizaciones y los resultados de las políticas públicas implementadas.

Ahondar en dichas materias no sólo es apasionante por el escaso tratamiento científico en algunos países, sino además conveniente, si ha de postularse que las cooperativas tienen un papel que jugar en la consolidación de nuevas formas de hacer democracia, contribuir al desarrollo territorial y mejorar las relaciones socioeconómicas de los mercados.

La mayoría de referentes conceptuales permiten abordar el asunto desde el lente de las ciencias sociales, la teoría de las políticas públicas, el institucionalismo económico y la doctrina de las organizaciones de economía social y solidaria y en particular de las cooperativas que son el objeto de estudio de la presente tesis.

Con ello se contribuye a comprender los vaivenes de las políticas públicas, proponer opciones para la articulación de iniciativas y generar acciones institucionales que optimicen el accionar empresarial y los resultados cívicos en pro del desarrollo local. Lo anterior, en un contexto en el que la perplejidad por el determinismo de las políticas públicas permeadas por el paradigma de la empresa de capital, se postula como fin de la historia no sólo de las prácticas económicas, sino también de las alternativas institucionales de articular entramados cívicos que dinamicen el desarrollo territorial y el comportamiento de los mercados (Fukuyama, 1994).

Es de particular interés estudiar las condiciones institucionales del desenvolvimiento de las cooperativas en países en proceso de reconstrucción cívica, en tanto estas poseen potenciales de acción que combinan factores socioeconómicos, cívicos, culturales y políticos que son señalados en la literatura como proclives al desarrollo local (Emmanuel y MacPherson, 2006).

En este contexto, países como Colombia son objeto de atención por estar insertos en la internacionalización de mercados, situados en procesos de diálogos de paz y porque transitan un período histórico donde la democracia, la cohesión y la desigualdad son sus mayores desafíos.

Dado que estos tres últimos estadios institucionales son resultados del accionar en cooperativas, es obvio pensar que en estas organizaciones tienen un importante rol que ejercer en la co-construcción cívica. De ahí el interés en abordar la temáticas del cooperativismo, sus instituciones y propuestas como aporte a la generación de condiciones para lograr mayores niveles de democracia, cohesión y equidad.

Con este interés se ha realizado, desde inicios del programa de doctorado de la Universidad de Lisboa, varios estudios,1 conferencias y vinculaciones académicas pensando, desde distintos puntos de vista, los factores que condicionan el desarrollo de las cooperativas y cómo las instituciones obstaculizan o proyectan los resultados finales.

Estos documentos se han nutrido de documentación de origen euroamericano y buscan plasmarse en la presente tesis desde los aprendizajes que se derivan de la exploración y análisis documental hasta la fundamentación de un método para consolidar un enfoque que permita optimizar las relaciones entre el Estado y las cooperativas.




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