Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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Análisis de principales obstáculos jurídicos y comerciales110


Este apartado se dedica a revisar los dispositivos normativos (legales, reglamentarios y de práctica administrativa) que obstaculizan el desarrollo del cooperativismo en Colombia, de manera que una vez estén plenamente identificadas y examinadas las incongruencias con normas de rango superior, ilegalidades, carencias y defectos, se presenten propuestas para superarlas, y así, dotar al sector de una base normativa adecuada para su desarrollo y consolidación.

El cooperativismo colombiano, desde el año 1931, ha contado con normas que definen su participación en el concierto del sistema productivo nacional. Pero, a pesar de que se reconoce la importancia de la fuerza cooperativa, siempre se le ha percibido como una herramienta para introducir unas determinadas culturas económicas, especialmente financieras, que contribuyan al desarrollo de particulares estrategias macroeconómicas o de ajuste económico, pero no como un instrumento de especial importancia para el desarrollo del país, para impulsar su aparato productivo y generarle competitividad.

En este marco ha radicado la dificultad para que el cooperativismo se constituya como un actor protagónico de la economía: se ha conformado como un mecanismo que no se fortalece a sí mismo, sino que con su accionar complementa las estrategias económicas de otros sectores económicos (el del mercado capitalista y el del Estado).

De lo anterior se puede concluir que en Colombia no se ha concatenado una política pública de largo plazo que permita al cooperativismo (y las cooperativas) visibilizarse dentro del esfuerzo conjunto de desarrollo nacional, y el Estado parece desconocer la naturaleza del cooperativismo, tendiéndose a producir una posición intervencionista que rompe con los principios de autonomía y libre desarrollo empresarial.

A partir de 2011, se han configurado nuevas situaciones restrictivas de orden legal, relacionadas con las limitaciones para el ejercicio de actividades bajo la fórmula de cooperativas de trabajo asociado, la desaparición de antiguas favorabilidades para el cooperativismo con actividad financiera y los ajustes agregados a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. Así mismo, se han producido actos administrativos que limitan las posibilidades del actuar del cooperativismo en materia de contrataciones, de ampliación de sus servicios financieros o sociales, y de acceso a prerrogativas que sí se otorgan al sector privado lucrativo.

En este sentido, el propio Departamento Administrativo Nacional de Planeación ha identificado lo anterior, manifestando que (Documento CONPES 3639 de 2010) en la regulación que incide en el desarrollo empresarial del sector hay obstáculos que se han generado y mantenido en el tiempo por la insuficiente revisión de la normatividad, la compleja gestión para efectuar las modificaciones respectivas y el desconocimiento que se tiene del sector.

El desempeño de las cooperativas en los diferentes órdenes, en Colombia, se ve afectado por una serie de situaciones de conflicto que han producido un deterioro paulatino de las relaciones con diferentes órganos gubernamentales, que detallamos a continuación.

Normas que colocan barreras a la actividad financiera cooperativa

Siendo la actividad financiera la organizadora de los procesos monetarios, es indispensable tomar en cuenta la capacidad que tienen y puedan tener las cooperativas para participar coherentemente del sistema financiero del país. Si se encuentran barreras a estas capacidades, necesariamente se afectará el ordenamiento productivo general.

En otro sentido, las más diversas actividades productivas en las cuales pueda intervenir el cooperativismo colombiano, requieren de un instrumento financiero propio o de acceso a productos financieros de fomento que se ordenen desde las estructuras estatales.

Desde la Ley 134 de 1931, la cual previó la actividad financiera cooperativa como coadyuvante en la mejor estructuración del sistema financiero público, se introdujeron algunas prerrogativas para el sector (significando una política de favorabilidad jurídica para la promoción del cooperativismo en el país) destinadas a las cooperativas de crédito, a los organismos de segundo grado con carácter cooperativo, o a las cooperativas del agro.

En esas primeras décadas, el cooperativismo tuvo acceso a la red financiera pública, con amplias posibilidades de operación del crédito, ilimitada capacidad de captación de ahorros y acceso a recursos estatales; aunque, obviamente, sujeto a las condiciones de la cultura cooperativa y de la normativa financiera vigente. Luego se produjo el Decreto Ley 1598 de 1963, que pretendió establecer un marco de relaciones en el cual se aceptaba la inserción coherente del movimiento a la política de refundación económica del país.

Algunas de sus normas permitieron que las cooperativas de ahorro y crédito realizaran una captación masiva e ilimitada, para utilizarse en operaciones de crédito, especialmente para el fomento agropecuario y de la vivienda popular, así como para la modernización urbana; además, se gozaba de operaciones de redescuento con el Banco de la República. Por entonces se mantuvo el principio de que el cooperativismo debía contar con un instituto de financiamiento propio, al cual contribuiría el Estado con recursos y prerrogativas. Como resultado se dio la creación del Instituto de Financiamiento Cooperativo (FINANCIACOOP).

La Ley 79 de 1988 reconoció garantías al sector, al introducir la posibilidad de crear cualquier institución financiera bajo la naturaleza cooperativa, permitir la transformación de los organismos de segundo grado en bancos cooperativos y establecer que a través de ellos se podrían canalizar recursos estatales para el fomento.

Sin embargo, con la promulgación de la Ley 454 de 1998 y ajustes incorporados al estatuto orgánico financiero, las variadas prerrogativas de antaño quedaron absolutamente limitadas a unas cuantas, con la tendencia creciente a eliminarlas definitivamente, tal como ha venido ocurriendo recientemente. Así, la actitud gubernamental frente al cooperativismo con actividad financiera se ha forjado alrededor de una posición de desconfianza frente a la capacidad del sector para ofrecer servicios financieros a la población.

Situaciones específicas que verifican esta afirmación son:

a) El pago de mesadas pensionales

La Ley 952 de 2005 permitió que las cooperativas con actividad financiera pudieran efectuar los pagos de las mesadas pensionales de los asociados. Se autorizó a los operadores de pensiones para consignar las mesadas pensionales en las cuentas que tuvieran sus beneficiarios en cooperativas vigiladas por las superintendencias Financiera y de Economía Solidaria, previa la suscripción de convenios con dichas entidades. Esto es, se creó la obligación, para todos los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones, de que tuvieran a su cargo el giro y pago de las mesadas pensionales, de consignar dicha mesada a cada pensionado en cuentas individuales, en la entidad financiera que el beneficiario eligiera.

Ante esta definición legal, de inmediato diversas cooperativas del país y asociados pensionados de las mismas, solicitaron reiteradamente al antiguo Seguro Social, la propuesta de establecer un convenio de la naturaleza dispuesta en la norma. Sin embargo, hoy en día ninguna cooperativa ha podido hacer convenios con el antiguo Seguro Social ni con otros operadores pensionales. Se han recibido objeciones de todo tipo, sin argumentos jurídicos válidos; también se han colocado requisitos inalcanzables en el corto plazo para las cooperativas.

b) La captación de recursos de entidades estatales

Mediante el Decreto 538 de febrero de 2008, el Gobierno Nacional determinó el régimen de inversión de los excedentes de liquidez de los diferentes establecimientos públicos. El Decreto excluyó a las cooperativas de recibir inversiones del Estado, en detrimento del principio de igualdad. Esta exclusión se configuró al introducir el concepto de que los funcionarios responsables sólo podrían invertir excedentes de liquidez en establecimientos bancarios que contaran con calificación AAA. Se produjo así una norma inferior que desechaba el ordenamiento constitucional en materia de fomento de las empresas de economía solidaria y dejaba sin piso la disposición de la Ley 79 de 1988 (artículo 141) en cuanto a la posibilidad de autorizar inversiones públicas en el sistema financiero cooperativo.

Adicionalmente, el Decreto 4791 de 2008 reserva a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera el manejo de los recursos de los fondos de servicios educativos, con lo cual se deja por fuera a las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

En resumen, se niega el derecho de las cooperativas a manejar recursos del Estado, muchos de los cuales provienen de obligaciones que estas últimas asumen (tales como las inversiones en educación formal), bajo el argumento de que deben cumplir las altas calificaciones exigidas, que sólo pueden ser suministradas por unos cuantos bancos comerciales.

c) Subsidio para créditos de vivienda

El Decreto 1143 de 2009 implementó un mecanismo de subsidio sobre la tasa de interés de los créditos hipotecarios para vivienda nueva otorgados por los establecimientos de crédito. Muchas cooperativas con actividad financiera realizan operaciones de crédito hipotecario con sus asociados, pero el Decreto no contempla al sector cooperativo como posible beneficiario.

En otro sentido, se han venido presentando grandes dificultades para que los asociados de las cooperativas puedan acceder a los subsidios de vivienda, ya que la interpretación de los operadores del mismo es que sólo podrán acceder a este beneficio las personas que tengan cuentas de ahorro programado para vivienda en las instituciones supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

De esta manera, la tradición de ahorro previsivo en las cooperativas, desaparece con estas disposiciones excluyentes que desconocen la ley.

d) Primas al FOGACOOP

La Ley 454 ordenó la formación del Fondo de Garantías del Sector Cooperativo (FOGACOOP) y obligó a las cooperativas autorizadas para el ejercicio de la actividad financiera a solicitar su inscripción al FOGACOOP y suscribir convenios de seguros mediante el pago de una prima periódica. Realizando un comparativo con las características de la prima que el sector financiero comercial tiene con el FOGAFIN, se ha encontrado una condición de desigualdad que hace que las cooperativas realicen mayores esfuerzos en este sentido; esto es, los porcentajes del pago de primas por parte de las cooperativas resultan superiores respecto de los porcentajes que pagan los establecimientos de crédito.

e) Programas de bancarización y corresponsalías

El Gobierno Nacional, en miras a incentivar el ingreso de los colombianos al sistema financiero, propiciando el acceso a sus beneficios, estableció normas para ampliar la bancarización (Decreto 2233 del 7 de Julio de 2006). Sin embargo, este decreto, que regula la utilización de corresponsalías, se ha limitado exclusivamente a los establecimientos de crédito (regulados por la Superintendencia Financiera), dejando por fuera a las cooperativas de ahorro y crédito y a las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.

De otro lado, para incentivar la bancarización y, a su vez, asegurar el recaudo de impuestos, se produjo la Ley 1430 de 2010. Se prevé allí la masificación de las operaciones financieras electrónicas a partir de enero del 2014, sobre todo en relación con pagos a proveedores sujetos de impuestos.

Sin embargo, la norma reglamentaria que se ha producido para hacer realidad esta tendencia del sistema financiero colombiano (Decreto 1159 de 2012) con el fin de asegurar el control y la eficiencia en el recaudo de los impuestos nacionales y de las retenciones en la fuente, excluye a las cooperativas con actividad financiera no supervisadas por la Superintendencia Financiera para ser operadoras del proceso.

f) Las libranzas

La Ley 1527 de 2012, elimina prerrogativas a las cooperativas rnateria de libranzas, ya que se permite indiscriminadamente la participación del mercado capitalista en operaciones de crédito, estimulando el consumismo a ultranza y haciendo uso del beneficio de la libranza en cualquier circunstancia. Con la expedición de la Ley, se forja un conjunto de situaciones que ponen en condiciones de desmejora al sector cooperativo dentro del conjunto del mercado financiero y del mercado de provisión de bienes y servicios.

g) Prohibición de realizar operaciones financieras entre cooperativas

La Ley 454 de 1998 introdujo restricciones para que las cooperativas con actividad financiera pudieran realizar actividades de intercambio entre ellas. Esta norma ha hecho imposible que los fondos de liquidez sean utilizados para fortalecer el sector o que las cooperativas puedan colaborar con la recuperación de otras en situaciones de dificultad. Esta restricción está impidiendo la formación de un amplio proceso de intercooperación financiera, y haciendo que aparezcan intermediarios que en nada contribuyen con este propósito.

(h) Prohibición de formación de bancos cooperativos

En Colombia no se autorizan operaciones financieras bajo la modalidad de banca cooperativa, mientras que sí existen extensas normas que las definen y establecen como sociedades comerciales. Aunque existen instituciones de este tipo propiedad de las cooperativas, la figura jurídica corresponde a sociedad comercial.

De otro lado, no hay precisión normativa respecto de la figura de organismo cooperativo de segundo grado de carácter financiero; esto es, no existen normas reglamentarias que precisen el papel de este tipo de instituciones, como banca de fomento o banca de segundo piso, lo que no ha permitido establecer un mecanismo de largo plazo para producir inter-cooperaciones y avanzar hacia la conformación de redes financieras con apoyos verticales.

i) La actividad financiera con asociados y no asociados

La captación de ahorros de asociados es un instrumento de recepción de recursos financieros para cumplir una función básica de la cooperativa: otorgar el servicio de crédito a los mismos asociados. Por tanto, la definición clásica de actividad financiera no aplica a este tipo de cooperativas.

Sin embargo, la Ley 454/98 estableció la prohibición de ejercicio de la actividad financiera con terceros en el caso de las cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria.

Así mismo, las cooperativas no pueden realizar corretaje de seguros: el Estatuto, establece que los corredores de seguros deben ser sociedades anónimas, excluyendo a las cooperativas de esta posibilidad y desconociendo la Ley 79 de 1988.

j) Prohibición de contar con cuentas corrientes y realizar otras operaciones financieras

En Colombia, la captación a través de cuentas corrientes sólo se permite a los establecimientos bancarios. En consecuencia, a las cooperativas, por su naturaleza no comercial, les es vedada la operación de cuentas corrientes.

Por la Ley 454/98, en el país no es permitido que las cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria accedan a las operaciones de remesas desde y hacia el exterior. Así mismo, aunque el Estatuto Financiero le otorga a las cooperativas financieras el carácter de instituciones de crédito, les veda la posibilidad de realizar operaciones de leasing.



Afectaciones sobre la asociatividad para el trabajo

Con la promulgación de la Ley 79 de 1988 y el Decreto Reglamento 468 de 1990, se legisló por primera vez sobre el subsistema de trabajo asociado y se abrieron las puertas para su incentivación por intermedio de gran número de agencias del Estado y grupos promotores de la Sociedad Civil. Sin embargo, desde 2006, se ha producido una gran cantidad de normas jurídicas que limitan y han pretendido eliminar del ordenamiento jurídico al cooperativismo de trabajo asociado. Entre ellas tenemos las siguientes:

a) La imposición de contribuciones especiales

En el Decreto 2996 de 2004, se estableció la obligatoriedad para las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado de realizar contribuciones especiales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación. Este fue un decreto abiertamente contrario a la naturaleza de las relaciones de trabajo en las cooperativas, al darles a estas el carácter de empleadoras y obligarles a pagar aportes parafiscales. Un fallo de la Corte Constitucional a favor de la demanda del mismo, hizo que el Gobierno Nacional elevara dicha norma a categoría de Ley en el año 2008 (Ley 1533/2008), estableciendo dicha obligación e instituyéndose una violación flagrante a la naturaleza específica del trabajo asociado.

b) Prohibición de actuar en actividades tercerizadas

El Decreto 2025 (2011) entroniza normas que violan la Constitución Política y el ordenamiento jurídico colombiano, imponiendo condiciones a las cooperativas que no se le exigen a ninguna otra forma empresarial, exhibiendo amenazas que no se compadecen con el Estado Social de Derecho, estableciendo conceptos que van en contravía de la naturaleza del cooperativismo. En esencia, este Decreto introdujo el concepto de actividad misional y la prohibición expresa de tercerizar (los procesos que se involucran en dicha actividad) a través de las CTA.

c) De otra parte, el Ministerio de Defensa ha restringido las autorizaciones para que las pre-cooperativas puedan desarrollar su objeto social a través del servicio de vigilancia y seguridad privada (Circular 46/2007).

Afectaciones en la actividad transportadora

La postura política que desconoce la naturaleza cooperativa y las condiciones particulares del cooperativismo colombiano, también están afectando enormemente al sub-sector transportador. La tradición del cooperativismo con esta actividad, que viene desde los años treinta del siglo XX y se incentivó grandemente en los años sesenta y setenta, se empieza a desmoronar con la presencia de normas que exigen más de lo que pueden dar. El hecho es que desconocen realidades enormes como la de que la mayoría de los colombianos se moviliza a través de pequeñas organizaciones empresariales de carácter cooperativo (en las grandes ciudades y en cientos de pequeños poblados).

La política pública en este sentido es contradictoria al imponer –de un lado– la asociatividad económica y –del otro– exigir condiciones de ajuste económico sin ningún tipo de colaboración de fomento para las empresas existentes. De seguir en ese orden, necesariamente se llegará a la concentración de capitales en la industria del transporte.

Múltiples normas están afectando el servicio de transporte cooperativo, tendiendo a la desaparición de gran cantidad de empresas, sin que haya una atención adecuada desde el Estado. En el orden nacional, estas situaciones están relacionadas con normas que exigen mínimos patrimoniales, la reposición del parque automotor, la conformación de conglomerados para atender los sistemas masivos de transporte, el proyecto de ley de sanciones, las normas sobre seguridad social y responsabilidad civil extra-contractual.



Afectaciones transversales

Dentro de este inventario de restricciones, limitaciones y barreras al ejercicio de la actividad económica cooperativa, se presentan una serie de situaciones transversales o que afectan al conjunto de cooperativas (sin tomar en cuenta la actividad económica particular que puedan adelantar).

a) Incorrecto entendimiento de la naturaleza cooperativa en la Ley 79 de 1988

Las formulaciones relacionadas con las definiciones de Acuerdo Cooperativo, Acto Cooperativo, el concepto “sin ánimo de lucro”, entre otras, son normas en plena vigencia que han contribuido a mantener las diferenciaciones y a otorgar personalidad a la forma organizativa que identifica propiamente al cooperativismo.

Sin embargo, las proposiciones de la Ley no son las más ajustadas a la propia doctrina del Derecho Cooperativo, sobre todo en relación con la definición de la actividad no lucrativa.

b) Los problemas de la Ley 454 de 1988 en cuanto a incompatibilidades de los dirigentes

La norma universaliza la incompatibilidad, sobre todo en relación con la celebración de contratos (excluyendo sólo a las cooperativas de trabajo asociado) y ha llevado a que el supervisor establezca disposiciones por las cuales los trabajadores de una cooperativa (diferentes a las CTA) no tienen acceso a los órganos de dirección y control.

c) El problema de la sujeción al impuesto a la renta

Los diferentes proyectos de reforma tributaria, relacionados con impuesto a la renta, han pretendido colocar a las cooperativas dentro de los mismos parámetros de las sociedades comerciales, desconociendo la naturaleza de sus operaciones económicas, surgidas de una relación de mutualidad y cooperación entre sus miembros. En todos los proyectos de reforma se intenta colocar a las cooperativas como sujetos del impuesto.

El Estatuto Tributario excluye como sujetos pasivos del impuesto a todas aquellas organizaciones no públicas que tienen una función social sin ánimo de lucro (o sea, que no pretenden la reproducción del capital invertido). Entre ellas, se han listado organizaciones que (en principio) no parecen cumplir con la norma de no sujeción. Sin embargo, a pesar del largo inventario, las cooperativas y demás organizaciones reconocidas como de economía solidaria que cumplen con la condición de no participar del hecho generador del impuesto no aparecen en el listado.

Además, el mismo Estatuto contempla normas sobre exención del impuesto de renta para organizaciones que se conciben como sujetos pasivos del mismo, pero que por consideraciones a su función social el Estado les otorga tal beneficio en contraprestación al cumplimiento de sus fines o –como en el caso de las mutuales y cooperativas– a la inversión de parte de sus excedentes en programas públicos (educación formal).

d) La injerencia en la educación cooperativa

La Directiva 31 de 2000, y más específicamente los decretos posteriores que la reglamentaron, configuraron una intervención directa del Estado en un tema que es de vital importancia para el sector cooperativo y que representa la más nítida expresión de su autonomía (el derecho a formar a su propio grupo humano).

El Estatuto Tributario determina que las cooperativas y otras entidades del sector solidario son contribuyentes del impuesto de renta del régimen especial y consagra una exención. Esta exención se otorga si estas organizaciones destinan parte de sus excedentes a inversiones en la educación formal.

e) Barreras al ejercicio de la libre asociación y la autonomía

Varias normas tienden a establecer innumerables requisitos para la constitución de empresas del sector solidario. Particularmente, en la Circular Básica Jurídica, se produce una normativa que hace imposible que en Colombia puedan formarse cooperativas de ahorro y crédito. Este hecho constituye una clara violación al derecho de asociación.

A su vez, esta misma Circular ha introducido una serie de precisiones respecto de los procesos de transformación que pueden efectuar las entidades supervisadas. Sin embargo, los funcionarios de este órgano vienen estableciendo restricciones para impedir el cambio estatutario en cuanto a clase de cooperativa, advirtiendo que ello es una transformación; específicamente, ello se ha dado en el caso de las cooperativas de trabajo asociado que optan por transformar su régimen.

En consecuencia, los procesos emprendidos por algunas cooperativas no son de transformación sino de conversión, que implican cambio en condiciones estatutarias y en régimen de trabajo (cuando se trata de CTA), que no requieren de autorización especial; la conversión sólo está regulada por la Ley 454/98, cuando voluntariamente una cooperativa quiere asumir la forma especializada, multiactiva o integral.

f) Restricciones al ejercicio de la comercialización internacional

De no aclararse las normas vigentes, las cooperativas no pueden ser comercializadoras internacionales. En principio, de acuerdo a la reglamentación contenida en el Decreto 1740 de 1994 (modificado por el artículo 1 del Decreto 93 de 2003), en tanto la naturaleza cooperativa no se contempla como sociedad comercial, se limitaría su actuación como comercializadora autorizadas.

g) Imposibilidad de crear agencias de viajes

El Decreto 502 de 1997 (artículos 2, 4 y 6), establece que las agencias de viaje deben constituirse como empresas comerciales (entendiéndose como formas jurídica reguladas por el derecho comercial), eliminando la posibilidad de que las cooperativas se constituyan como tales.



Barreras al ejercicio de la gestión, intervencionismo por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria (SES)

Las relaciones con el Estado se han visto también tremendamente deterioradas por la tendencia normativista e intervencionista de sus órganos de control, en especial por la Superintendencia de Economía Solidaria, ente desde el cual se viene adelantando un estilo de supervisión que viola la autonomía, ejercida bajo el principio de discrecionalidad gubernamental para hacer cumplir la ley.

El siguiente es un inventario de situaciones conflictivas configuradas en los últimos tiempos:

a) Autorización para celebrar asambleas ordinarias y posesión de los administradores en las cooperativas con actividad financiera.

La Circular Básica Jurídica, justificándose en las definiciones de la Ley 454 de 1998 o en una pretendida búsqueda de eficiencia administrativa, exige de las cooperativas con actividad financiera, dar cumplimiento a requisitos que no tienen ningún soporte en normas superiores. Al menos dos situaciones resultan bastante visibles:

Primera: Las asambleas ordinarias, en las cuales (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 79/88) deberá procederse a aprobar o improbar los estados financieros, sólo se realizan una vez la SES le dé el visto bueno a dichos estados financieros.

Segunda: los miembros de Consejos de Administración, una vez elegidos en las asambleas, sólo pueden posesionarse cuando la SES le dé el visto bueno a sus hojas de vida.

b) Requerimientos en el manejo de indicadores financieros

Muchas cooperativas con actividad financiera se han visto fuertemente presionadas en los últimos años por la firma de pactos de cumplimiento de ajustes suscritos con la SES; pactos que incluyen la definición de una estructura financiera, acorde con parámetros que se señalan en la Circular Básica Contable y Financiera o dispuestos por los funcionarios.

c) Control sobre erogaciones de fondos sociales y gastos ordinarios

Las cooperativas son compelidas a utilizar sus fondos sociales y reservas de acuerdo con el criterio de algún funcionario, a efectuar los gastos de administración según estándares gubernamentales, a realizar sus actos de gobierno según la interpretación del interventor, generando ajustes contables que violan elementales normas técnicas.

Barreras al ejercicio de la contratación

La satanización de la fórmula de organización económica cooperativa y la utilización de los errores cometidos por muchas de ellas han incentivado la formación de normas específicas que limitan la contratación. Veamos:

a) Limitaciones genéricas a la contratación directa

Oficinas jurídicas de diversos entes territoriales (departamentales o municipales) impiden la contratación directa con entidades de economía solidaria, con base en el contenido del artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, que introduce “medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993”. De esta manera, le está siendo vedada la contratación directa a las cooperativas y se está trasladando esta o prefiriéndose a otras formas jurídicas, tales como fundaciones y corporaciones.

b) Limitación expresa a contratar con cooperativas de trabajo asociado

Diferentes entidades estatales están restringiendo de manera expresa el derecho de contratación de las CTA, luego de la promulgación del Decreto 2025 de 2011, generalizando la prohibición de tercerización de actividades misionales, a través de reglamentaciones en sus procesos internos.




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