Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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Asimilación empresarial y NIIF107


La internacionalización de las organizaciones solidarias, la incidencia que en ellas produce el aumento del dinamismo comercial entre las naciones y la firma de numerosos tratados de libre comercio (TLC), han puesto de relieve la necesidad de contar con instrumentos financieros que logren adecuar las particularidades contables locales a las necesidades de las transacciones económicas internacionales y que permitan unificar criterios en el suministro de información contable.

Con tal propósito, se han generado propuestas de estandarización de procedimientos que permitan tener unidad de criterios y faciliten la comercialización e intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países. Un ejemplo de ello lo representan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que han sido propuestas a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009, que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, donde se señala el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de reglamentar y de vigilar su cumplimiento.

A su vez, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el “Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales”, bajo el argumento de que para acceder a la inversión extranjera y a mercados internacionales de capitales, es necesario ofrecer los medios que permitan atraer inversiones para promover el desarrollo, generar empleo e imprimirle la dinámica suficiente a la economía nacional, lo cual requiere normas de alta calidad en materia de contabilidad, revelación de información financiera y aseguramiento de la información, para proyectar confianza, transparencia y posibilidades de comparar los estados financieros

Sin embargo, una de las principales dificultades de este hecho radica en que las estandarizaciones han sido diseñadas bajo la lógica de las empresas capitalistas, sin tener en cuenta las particularidades de las empresas de economía solidaria, lo que puede causar diferencias instrumentales para reportar y direccionar el quehacer organizacional.

En rigor, la lógica de las NIIF se basa en empresas de capital que buscan realizar transacciones internacionales, cotizan en bolsa y están prestas a operaciones de compra y venta. Como estas normas hacen parte de los TLC, tienden a convertirse en normatividad internacional. Estas particularidades generan dos posturas cuando de implementación se trata: la satanización de la herramienta basada en su aparente ilegalidad o su dogmatización procedimental basada en una propuesta de virtual irreversibilidad y garantizada convergencia.

Sea cual sea el caso, no hay unicidad en Latinoamérica frente al tratamiento de las NIIF en el ámbito de las organizaciones solidarias. Mientras que en Brasil, Chile, Guatemala, Panamá y Colombia propenden por su aplicación, en Perú, El Salvador, México y Uruguay condicionan una armonización a la especificidad cooperativa, y en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana se han buscado mecanismos alternativos para evitar su implementación.

Los retos en Colombia podemos resumirlos en: necesidad de mitigar la desnaturalización en su implementación (particularmente frente a la consideración que los aportes sociales tienen al ser contabilizados como pasivos en el momento de la desvinculación asociativa) y evitar la asimilación de organizaciones solidarias a empresas de capital (sobre todo por la propensión a medirlas como empresas transables y los costos de implementación que conlleva), necesidad de articular las leyes cooperativas y las emanadas de la aplicación de las NIIF con respecto al patrimonio y su constitución desde los aportes sociales –los cuales determinan la fuente de financiación de muchas-.

Sobre este tema, no hay negociaciones que en la actualidad permitan una convergencia basada en la especificidad cooperativa108 y la Superintendencia de Economía Solidaria ha generado al menos seis normas para su exigibilidad gradual que en la práctica se han tenido que posponer por la poca aplicación de las entidades.

En este caso, la naturaleza de la cooperativa dista de la función objetivo del sistema financiero tradicional y por ende, la aplicación de las NIIF sin excepciones genera pérdida de transparencia en los mercados. Por otra parte, es inconveniente aplicar una misma orientación para todas las cooperativas, dada la diferencia en la naturaleza de sus operaciones comerciales y sociales.

Sin embargo, la aplicación unilateral por parte de los organismos de supervisión de las cooperativas manifiesta no sólo la poca construcción compartida de políticas públicas, sino además las duplicidades que se generan entre marcos normativos basados en la especificad cooperativa y marcos normativos basados en la asimilación de estas a las empresas de capital. En este caso, la solución a las diferencias jurídicas tiende a la supresión de unas normas jurídicas de orden superior como la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998 por decretos reglamentarios que en la práctica postulan algunos aspectos contrarios.


    1. Percepción de actores


Hasta el momento se ha realizado una evaluación de las políticas públicas dirigidas a las cooperativas con base en análisis de la concurrencia y duplicidad en instituciones públicas, los principales problemas de información e imaginarios que se entretejen para justificar medidas que llevan al solapamiento entre medidas de fomento y supervisión.

En este apartado, se realiza un estudio de las principales percepciones que actores relevantes del Estado, el gremio cooperativo, la academia, líderes de movimientos sociales y de medios de comunicación tienen sobre estos, la articulación de la política pública y sobre aspectos puntuales como la implementación de las NIIF reseñadas líneas arriba.


      1. Indagación sobre la percepción de articulación de políticas públicas


Entre el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de abril de 2016, se realizó un cuestionario abierto que indagó la percepción que sobre de articulación de políticas públicas dirigidas al cooperativismo tienen once expertos del sector cooperativo, los cuales han sido actores de algunos de los más importantes episodios cooperativos. En el Anexo 3 se apuntan datos generales de los entrevistados, el ámbito de actuación de los mismos y la relación de respuestas presentadas en forma sintética. La redacción de las preguntas fue orientada hacia el sector de economía solidaria, en tanto a esta es a donde se han dirigido las políticas públicas en las últimas dos décadas.

El fundamento del cuestionario radica en las evidencias que sugieren que algunas iniciativas públicas se repiten sin alcanzar los objetivos trazados, se solapan entre sí generando dispersión del gasto público y elevados costos de transacción en el relacionamiento de las empresas solidarias con el Estado. En adición, persisten debilidades instrumentales para entender el quehacer de la economía solidaria, lo que conlleva a plantear que el aprendizaje institucional de más de ocho décadas no ha permeado la formulación, orientación, estrategias y decisiones públicas ni gremiales. Cada pregunta tuvo un análisis preliminar que sintetiza algunos de los aspectos estudiados en el capítulo del entorno cooperativo en Colombia, en relación con los fundamentos conceptuales precisados en los capítulos 2 y 3 del presente documento. Esto permitió analizar las respuestas. La relación entre la síntesis realizada y preguntas se presenta en la tabla 12.


Tabla 12. Relación entre la síntesis del entorno cooperativo en relación a los fundamentos conceptuales y formulación de preguntas

Análisis preliminar

Formulación de preguntas

En Colombia la economía solidaria tiene reconocimiento institucional, al igual que su fomento. De ahí derivan leyes, decretos y la disposición de una institucionalidad específica. Más, el reconocimiento a la expresión organizacional no implica necesariamente el reconocimiento a su especificidad.

1. ¿A su juicio la economía solidaria en Colombia es reconocida por el Estado en tanto forma jurídica, capacidad de operar en todos los sectores de actividad económica y reconocimiento como actor político?

El reconocimiento institucional tiene que ver también con las organizaciones de fomento y supervisión que se crean para tal fin, además incluye todos aquellos organismos que realizan actividades en pro del fortalecimiento de la economía solidaria o que, de forma instrumental, soportan sus metas operativas a través del desenvolvimiento con expresiones organizadas de la sociedad civil y en particular con las empresas solidarias.

2. ¿Considera usted que el despliegue de organismos que actúan con las organizaciones solidarias, está concatenado?

Algunos autores dan cuenta de que, dada la autonomía que por principio se establece en las organizaciones solidarias, el principal mecanismo de políticas públicas es el de la promoción y ello lógicamente requiere una disposición presupuestal.

3. ¿En su experiencia el Estado colombiano ha dispuesto las medidas de fomento, promoción, acceso a los mercados y su correspondiente vínculo presupuestal para garantizar que los objetivos trazados se cumplan?

Con las medidas presupuestarias y los espacios permitidos para la operación en los mercados, como condición para el fortalecimiento empresarial, se crean las bases para el diseño de la política fiscal. Esta tiene el difícil reto de articular los principios constitucionales del bien común, el interés general y la utilidad social con la naturaleza de las entidades sin ánimo de lucro y la especificidad de las organizaciones solidarias.

4. ¿Considera usted que las medidas de política fiscal son idóneas para procurar el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias?

La polivalencia de instituciones, normatividad y la búsqueda de instrumentalización de las organizaciones solidarias, generan un amplio marco de disposiciones estatales que pueden concatenarse entre sí, solaparse u obstaculizar su desenvolvimiento.

5. ¿Cree usted que existen ofertas institucionales para suprimir los obstáculos a la competitividad cooperativa?

La supervisión de organizaciones solidarias incluye, entre otras, la disposición de instituciones, funcionarios que supervisen y acompañen, presupuestos y reglas de juego que permitan el cumplimiento de su razón de ser. En Colombia se han identificado algunas medidas de supervisión y acompañamiento que asimilan a las organizaciones solidarias con las empresas lucrativas y otras que por el contrario han generado instrumentos propios para monitorear el cumplimiento de la especificidad solidaria.

6. ¿A su juicio, existe un marco de supervisión y acompañamiento basado en la especificidad para el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias?

Las organizaciones solidarias conforman un sector minoritario del universo empresarial colombiano. Por ello la literatura especializada enfatiza en la necesidad de generar políticas de promoción, fomento educativo e investigación que articulan medidas de carácter cognitivo en las organizaciones solidarias.

7. ¿Considera usted que las medidas carácter cognitivo se articulan a las medidas de oferta institucional para el fomento, supervisión y acompañamiento de las organizaciones solidarias en Colombia?

Fuente: elaboración propia.

Análisis de la primera pregunta

¿A su juicio, la economía solidaria en Colombia es reconocida por el Estado en tanto forma jurídica, capacidad de operar en todos los sectores de actividad económica y reconocimiento como actor político?

Es criterio mayoritario de los entrevistados que, desde el punto de vista formal, la economía solidaria en Colombia tiene un importante acervo jurídico de reconocimiento genérico, tanto de rango constitucional como legal, aunque con limitaciones para actuar en determinadas áreas de la actividad económica, legislación que debería ser reformada y actualizada. Sin embargo, en el accionar concreto de la administración, se restringe el accionar de la economía solidaria, incluso por normatividad de las entidades de supervisión y control. Y el propio sector de la economía solidaria no ha tenido una actitud proactiva en defensa y promoción de sus derechos e intereses. La política pública encuentra su límite en los presupuestos públicos que no establecen partidas, ni a nivel nacional ni territorial (salvo contadas excepciones) para materializar los preceptos constitucionales y legales.

Lo anterior coincide con el análisis preliminar según el cual en Colombia la economía solidaria tiene reconocimiento institucional, al igual que su fomento. De ahí derivan leyes, decretos y la disposición de una institucionalidad específica. Más, el reconocimiento a la expresión organizacional no implica necesariamente el reconocimiento práctico a su especificidad.



Análisis de la segunda pregunta

¿Considera usted que el despliegue de organismos que actúan con las organizaciones solidarias, está concatenado?

Es criterio compartido la inexistencia de concatenación, articulación, coordinación o dirección conjunta o unitaria de acciones de las diversas entidades públicas con competencia en el fomento y control de la economía solidaria en Colombia. Ello, tanto a escala nacional como territorial.

La institucionalidad es precaria, careciéndose de una visión global o de una estrategia integral del Estado respecto de la economía solidaria. La institucionalidad actual no alcanza a permear adecuada y permanentemente a las restantes agencias públicas que pueden relacionarse con el sector de la economía solidaria. Los esfuerzos son puntuales, episódicos y no sostenibles en el tiempo. Al no ser una estrategia integral del Estado, los esfuerzos de algunas agencias públicas son puntuales y no alcanzan a consolidar un objetivo misional o estratégico en esas otras agencias.

Salvo algunas excepciones, no se toma en cuenta a los organismos de integración del sector en el diseño y ejecución de las actividades de fomento y de control. Se corre el riesgo de que, de no traspasarse paulatinamente las acciones de fomento y, por sobre todo, de control, en vías de la autopromoción y el autocontrol del sector, desaparecerán las entidades públicas especializadas en el fomento y el control de la economía solidaria, dándosele un tratamiento similar al que se da a las entidades de naturaleza lucrativa, contrariando el principio de trata diferencial a entidades de naturaleza diversa.

Lo anterior da cuenta de la existencia de organizaciones de fomento y supervisión que apuntan preponderantemente a señalar que estas entidades actúan de forma instrumental y soportan sus metas operativas a través del desenvolvimiento con expresiones organizadas de la sociedad civil y en particular con las empresas solidarias.



Análisis de la tercera pregunta

¿En su experiencia, el Estado colombiano ha dispuesto las medidas de fomento, promoción, acceso a los mercados y su correspondiente vínculo presupuestal para garantizar que los objetivos trazados se cumplan?

Las respuestas reconocen que históricamente en determinados períodos y para determinadas ramas de actividad económica, se ejecutaron importantes recursos para el desarrollo de la economía solidaria. Sin embargo, en la actualidad el Estado colombiano no tiene una política coherente de fomento del sector solidario acorde con su naturaleza específica. Antes bien, el accionar público se ha caracterizado por una visión paternalista, intervencionista y utilitaria de la economía solidaria, violentando su autonomía y desestimulando su desarrollo. Por otra parte, nunca se han instrumentalizado partidas presupuestarias suficientes para el fomento del sector solidario, por lo que podría decirse que el financiamiento de las actividades de fomento del Estado hacia la economía solidaria puede ser caracterizado por ser intermitente, insuficiente, lánguido y sin orientación precisa.

En síntesis, entre la regulación estatal, la falta de presupuesto público y la debilidad institucional podría decirse que la política pública del Estado es que no haya política para el sector. Lo poco que existe se limita, restringe, minimiza o no alcanza el efecto positivo deseado.

Lo anterior apunta a precisar que, de forma general, el principal mecanismo de políticas públicas es el de la promoción y ello pareciera no tener una disposición presupuestal.

Análisis de la cuarta pregunta

¿Considera usted que las medidas de política fiscal son idóneas para procurar el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias?

Aunque en términos generales se puede afirmar que las entidades solidarias en Colombia tienen un trato fiscal favorable, el mismo no se fundamenta en su naturaleza diferencial, presentándose la tendencia de ir suprimiendo los beneficios tributarios anteriormente concedidos al sector (de considerarlo inicialmente no contribuyente del impuesto a la renta a someterlo al régimen de exenciones impositivas) hasta su eliminación total, pasando a darle a las entidades solidarias igual trato que a las demás empresas. Se puede afirmar que el trato fiscal que se da al sector solidario es inequitativo e inadecuado para su desarrollo.

En definitiva, se puede afirmar que la normatividad fiscal para el sector de la economía solidaria obedece a un propósito de recaudo y control, más que a un desarrollo armónico y estructurado de una política pública diferencial y basada en el principio de equidad tributaria.

En relación a la revisión de fundamentos y el análisis de contexto, las respuestas coinciden en que la política fiscal tiene el reto de articular los principios constitucionales del bien común, el interés general y la utilidad social con la naturaleza de las entidades sin ánimo de lucro y la especificidad de las organizaciones solidarias. Sin embargo, no pareciera existir evidencia del interés por la creciente presión fiscal.

Análisis de la quinta pregunta

¿Cree usted que existen ofertas institucionales para suprimir los obstáculos a la competitividad cooperativa?

Pueden encontrarse aspectos puntuales pero no corresponde a una política pública concertada, de mediano y largo plazo, ni mucho menos promotora de inclusión social y económica. En los últimos 15 años, el cooperativismo y la economía solidaria han sido objeto de regulación que restringe, limita o impide, en algunos casos, la operación normal, adecuada y legítima de algunas actividades, sin más consideración que por la naturaleza solidaria y cooperativa.

Los entrevistados coinciden en afirmar que las principales barreras que obstaculizan la competitividad de las organizaciones solidarias son de índole normativa e institucional. Pero también influye la indiferencia de los organismos superiores del sector solidario que aún parecen no han sido superadas, a pesar de sus crecientes esfuerzos y comprometen su desarrollo y contribución al proceso de paz. A ello se suma la pérdida progresiva de identidad cooperativa de muchas entidades (especialmente de índole financiera) que se hacen pasar como solidarias, pero que en la realidad responden a las mismas prácticas prevalecientes en el sector lucrativo, por lo que no contribuyen a diferenciarlas del mismo ante las autoridades públicas.

Las propuestas más viables consisten, por una parte, en propiciar reformas a la normativa actual, de manera de establecer un marco legal favorable, y por la otra, demostrar la contribución que puede hacer la economía solidaria en el proceso de paz, particularmente en los territorios rurales de alta vulnerabilidad.

De manera que la polivalencia de instituciones, normatividad y la búsqueda de instrumentalización de las organizaciones solidarias, generan disposiciones estatales que parecen solaparse u obstaculizar su desenvolvimiento.



Análisis de la sexta pregunta

¿A su juicio, existe un marco de supervisión y acompañamiento basado en la especificidad para el cumplimiento del objeto social de las organizaciones solidarias?

En términos generales, no existen programas de acompañamiento de las organizaciones solidarias, sino, antes por el contrario, de mero control de carácter más punitivo que tutelar. En todo caso, la supervisión pública es dispersa (por rama de actividad económica), no toma en cuenta la especificidad de la organización de economía solidaria, utilizando variables e indicadores tomados de los empleados para las empresas de capital. Se desconoce la utilidad del balance social cooperativo o solidario como instrumento eficaz para el control de la especificidad sectorial.

En el caso de la supervisión adelantada en razón de la actividad, no de la naturaleza (actividades económicas especializadas), las entidades de control responsables no se preocupan por la naturaleza jurídica cooperativa y por la observancia de su principio de identidad, sino que se dedican a vigilar la actividad económica respectiva, con los mismos parámetros con los que vigilan a las empresas de capital. No se preocupan por la supervisión con carácter subjetivo. Los problemas de gobierno cooperativo, identidad cooperativa y sus derivados, no son materia de supervisión, en la inmensa mayoría de los casos.

Al respecto, hay señales recurrentes que dan cuenta de la creciente asimilación de las organizaciones solidarias con las empresas lucrativas sin generar instrumentos propios para monitorear el cumplimiento de la especificidad solidaria.

Análisis de la séptima pregunta

¿Considera usted que las medidas carácter cognitivo se articulan a las medidas de oferta institucional para el fomento, supervisión y acompañamiento de las organizaciones solidarias en Colombia?

Sobre los aspectos cognitivos en materia de economía solidaria se puede afirmar que se caracterizan por:


  1. Desde el Estado no se ha estructurado un proceso en este campo. La educación cooperativa, a pesar de estar consignada en la Ley General de Educación, no encuentra un desarrollo en las instituciones de educación formal.

  2. Las medidas cognitivas desarrolladas por el sector público no coinciden con los requerimientos de las organizaciones solidarias, en tanto que en el proceso de diseño como en el de ejecución, no toman en cuenta las opiniones de los organismos de integración. Además, están a cargo de funcionarios con serias carencias en el conocimiento de la especificidad del sector solidario.

  3. Hay una notable diferencia de planteamientos entre las diversas instituciones que ejecutan programas cognitivos de economía solidaria, estando actualmente concentrados casi exclusivamente en la UAEOS, cuando anteriormente se asumían por otras entidades como el SENA

  4. La casi totalidad de los programas educativos se concentran en contenidos históricos, doctrinarios, legales y contables, dejándose de lado aspectos gerenciales y financieros, de comercialización, etc., de manera que al darse mayor énfasis en lo organizativo que en lo gerencial, los programas cognitivos no tienen relevancia en la supervivencia de las entidades solidarias.

  5. Hay esfuerzos importantes, aunque dispersos desde el propio sector, para promover los procesos de educación y formación cooperativa. Estos son ofrecidos por entidades de segundo grado de carácter cooperativo o por instituciones auxiliares especializadas en el tema.

  6. Pero, quizás, lo más característico (y preocupante) es lo que se ha denominado “ruptura cognitiva”, según la cual la mayor parte de los directivos y administrativos practican la economía solidaria con criterios de la economía capitalista, y no tienen interés en capacitarse y actualizarse en materia de economía solidaria.

La literatura especializada enfatiza en la necesidad de generar políticas de promoción, fomento educativo e investigación que articulan medidas de carácter cognitivo en las organizaciones solidarias y esto parece ser una tarea pendiente en Colombia.
      1. Indagación sobre la percepción de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)109


El focus group se enmarca en el método de la “dinámica de grupos” como una técnica cualitativa de recolección de información de tipo exploratoria que consiste en generar una discusión libre y guiada sobre un tema específico en un grupo de personas que fueron previamente seleccionadas.

Con este método, se buscó explorar y sistematizar las principales argumentaciones esgrimidas por los diferentes grupos de interés y las distintas posturas adoptadas frente a la temática. Para ello se realizaron mesas de recolección de información, bajo la técnica de grupos focales, con expertos ubicados en Bogotá, Medellín y Cali. Así, el 12 de diciembre de 2013 se realizó en la sede del Centro de Investigación y Educación Cooperativa un grupo focal con expertos del sector solidario para identificar tendencias y discusiones centrales frente a la implementación de las NIIF en el sector solidario.

Esta herramienta se implementa con el propósito de escuchar a las personas que, después de un análisis riguroso del ámbito del sector solidario en Colombia, se ha considerado que son idóneas para ofrecer aportes relevantes para abordar comprensivamente el proceso de implementación de las NIIF en el sector solidario del país. Durante la conversación con los analistas, especialistas y líderes convocados para esta experiencia, se tendrá lugar para la discusión, para el desacuerdo, pero también para el discernimiento de los elementos que deben tenerse en cuenta en el diseño de la herramienta pedagógica que se espera contribuya a facilitar el proceso de implementación de la normatividad contable y financiera internacional.

Los invitados a participar del grupo focal fueron:



  • Jorge Sastoque: economista y administrador de empresas. Magíster en Administración Financiera. Gerente de la cooperativa Copinke, fue miembro fundador de la Escuela de Administración Cooperativa y dirigente de varias cooperativas colombianas.

  • Iván Darío Duque Escobar: gerente de Fagas, Especialista en Gestión de Empresas Solidarias y uno de los líderes del análisis de la incidencia de las NIIF en los fondos de empleados de Colombia.

  • Daniel Olaya: investigador, docente, Doctor en Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de la Universidad Icesi, y de la Universidad de Castilla-LaMancha.

  • Hernando Zabala Salazar: investigador y consultor en integración cooperativa, estrategias empresariales y gestión cooperativa. Autor de varios escritos sobre los obstáculos doctrinales que presentan la aplicación de las NIIF en las organizaciones solidarias.

  • Salomón Sotelo: educador, líder cooperativo, director de un organismo solidario de segundo grado para la promoción de la formación integral del sistema nacional de la economía solidaria, la Central de Integración y Capacitación Cooperativa (CINCOP).

  • Néstor Rodríguez: profesor e investigador en economía solidaria. Contador, economista y autor de estudios sobre cuentas satélites de las organizaciones solidarias, historia del cooperativismo y fundamentos conceptuales de las organizaciones solidarias.

  • Alfonso Camargo: líder y contador de la Federación de Cooperativas de Educación (FENSECOOP), quienes vienen desarrollando acciones gremiales para el estudio de la incidencia de las NIIF en las cooperativas de aporte y crédito.

El grupo focal fue orientado por los profesores Javier Andrés Silva y Juan Fernando Álvarez. Lo que a continuación se presenta es la síntesis de las discusiones frente a dos preguntas:

1. ¿Creen ustedes conveniente establecer disposiciones obligatorias para implementar las NIIF en las organizaciones solidarias?

2. ¿Qué alternativas podrían compartirse para la solución de casos particulares en los que se apliquen las NIIF?

Las respuestas obtenidas dan cuenta de las posiciones encontradas frente a la implementación de las NIIF, pero también revelan avidez por participar de las discusiones que a 2013 se adelantaban. A la fecha, persiste un hermetismo participativo que sigue generando incertidumbre en las organizaciones cooperativas y que han aprovechado consultores y oferentes de sistemas para aumentar los costos cognitivos en un asunto aún inconcluso. En la tabla 13 se sintetizan las respuestas que en general se suman al listado de acciones no concatenadas con el sector y que dan señales inequívocas acerca de la formulación de políticas públicas por vías mono-constructivas, tal como se describió en los fundamentos conceptuales.



Tabla 13. Categorización de respuestas del Focus Group con respecto a la implementación de las NIIF

Preguntas

Categorización de respuestas

Tendencias frente a las NIIF

¿Creen ustedes conveniente implementar disposiciones obligatorias para implementar las NIIF en las organizaciones solidarias?

No, en tanto no va acorde con la identidad cooperativa.

Respuestas de Duque, Sastoque y Zabala (50% de los participantes).



Depende del tratamiento que se haga de situaciones particulares como los pasivos. Respuestas de Rodríguez y Otero (33% de los participantes)

No hay razones por las cuales deban negarse las NIIF pues las cooperativas son como cualquier empresa. Respuestas de Olaya (17% de los participantes)

¿Qué alternativas podrían compartirse para la solución de casos particulares en los que se apliquen las NIIF?

Defender la naturaleza, proponer tasas de mercado cooperativo y fomentar el retorno cooperativo. Respuestas de Duque, Sastoque y Zabala (50% de los participantes).

Desarrollar un ajuste gradual y voluntario con aportes destinados a patrimonio y a financiación de préstamos. Respuestas de Camargo y Rodríguez (33% de los participantes).

Generar unas NIIF particulares para el sector cooperativo basado en un estudio amplio de la naturaleza del patrimonio, Respuesta de Olaya (17% de los participantes)

Fuente: elaboración propia.


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