Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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Entorno general


Una vez explorados los principales hitos históricos de las políticas públicas dirigidas a las cooperativas de 1931 a la fecha y presentadas las diferentes dimensiones del cooperativismo colombiano, corresponde en este apartado poner énfasis en el entorno que circunda a las cooperativas en Colombia.

El estudio aborda el contexto actual en el que se plantea la paz para Colombia, incluyendo la orientación hacia la internacionalización dispuesta como modelo de desarrollo en los últimos períodos gubernamentales y cómo las políticas públicas generan condiciones para el desarrollo local de las cooperativas. De esta realidad se identifica un marco institucional que servirá de conductor en los próximos años para entender la orientación de las relaciones del Estado con las cooperativas, los acentos institucionales y normativos, y sirve de fundamento para plantear la articulación de políticas existentes que hagan converger las necesidades del Estado con las respuestas cooperativas, basadas en un relacionamiento de co-construcción mutuamente benéfico.


      1. Colombia: en busca de la convivencia pacífica75


Colombia ha transitado por varios conflictos armados a lo largo de su historia, al punto de que es posible afirmar que: “…las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 31).

El Centro Nacional de Memoria Histórica es quizá una de las entidades con mayor credibilidad sobre estudios acerca del conflicto armado. En su informe Basta Ya (2013), se registra que desde el 1 de febrero de 1958 al 31 de diciembre de 2012, se calcula que el conflicto armado colombiano ha representado la muerte de más de 220.000 personas, de los cuales 177.307 eran civiles. De 1985 a 2012, se calcula que 5.712.506 personas han sido desplazadas de forma forzosa. De 1970 a 2010, se registran 27.023 secuestros y desde 1985 a 2012 se registran 25.077 desapariciones forzadas. De 1985 a 2012, hay 10.189 víctimas de minas y se contabilizan desde, 1980 a 2012, casi 2.000 masacres.

Es un espacio común el delimitar el conflicto actual en el marco del alzamiento en armas de los grupos armados ilegales. Sin embargo, el conflicto armado se presenta en el marco de otros conflictos de carácter muy diverso: conflictos regionales, ambientales, territoriales y económicos, entre otros, que configuran un escenario en el que se aumenta el nivel de conflictividad en la sociedad.

En dichos registros han estado involucrados distintos grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, militares y otros agentes del Estado que a lo largo de más cinco décadas han causado, por distintas razones, ideologías y demandas, devastación en todos los cimientos institucionales, cívicos, económicos y sociales del país. Por ello, plantear que las negociaciones que se gestan en la actualidad constituyen la llave que abre las puertas del postconflicto no sólo reduce la dimensión del problema, sino que lo oculta.

Tras un rastreo a los principales eventos sobre postconflicto en Colombia, quien escribe reseñó en Mora (2015, pp.295) los siguientes pensamientos de notables autores colombianos: el antropólogo Darío Fajardo, deja claro que “[…] si entramos en una fase de terminación del conflicto armado, los conflictos se van a profundizar, porque van a haber muchos sectores con voz, sectores que piden poner sobre la mesa sus circunstancias reales”. Por otra parte, el economista Oscar Alfonso declara: “Durante el posconflicto se va a presentar una violencia que aún desconocemos”. En palabras de Cecilia López, “La sociedad colombiana empezará a manifestar sus desengaños y sus frustraciones”. De hecho, los problemas en materia de la construcción de la paz son muchos, variados y alrededor de los cuales se relacionan factores de toda índole.

En este contexto, el 4 de septiembre de 2012 se da inicio formal a los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la principal guerrilla del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No era la primera vez que se intentaba negociar con esta guerrilla. De hecho, en 2002 hubo un intento de acuerdo frustrado por el secuestro de un senador luego del desvío de un avión comercial. También hubo intentos de acuerdos de paz años atrás, la mayoría de ellos fallidos, algunos que finalizaron con la incorporación de grupos guerrilleros a la vida política (y que influyeron en la realización de una nueva Constitución para el país), y otros por medio de los cuales los actores guerrilleros desmovilizados en armas e incorporados a la vida política fueron asesinados por los propios organismos del Estado (como es el caso de cerca de 3.500 militantes del partido político Unión Patriótica). De manera que los procesos de paz en Colombia son de vieja data y en su consecución han logrado múltiples resultados que no contribuyen a generar confianza entre los actores.

Sin embargo, la reciente decisión del Gobierno Nacional de entablar diálogos conducentes a la paz con las FARC, ha sido llevada como una política nacional que busca garantizar la terminación del conflicto y buscar la históricamente anhelada justicia social. Al tenor de lo anterior, la mayoría de instituciones gubernamentales se han plegado a generar condiciones para que los diálogos de paz conduzcan a un acuerdo duradero con la principal guerrilla del país, involucrar a otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y generar un marco de desarrollo social que evite las costosas insurrecciones armadas que han frenado el despliegue de las fuerzas productivas del país, el fortalecimiento de organizaciones civiles y su desarrollo.

En el capítulo anterior se ha identificado que el rol de las cooperativas es múltiple. Desde la generación de condiciones locales para el ejercicio participativo de la democracia, la cohesión social, hasta la dinamización de los mercados, las cooperativas son un agente fundamental en el contexto de búsqueda de la convivencia pacífica.

Tal como nos señala Putnam (citado por de Sá y Pequito, 2015), “un alto nivel de capital social mejora el trabajo en equipo en una praxis que promueve la creación y el fortalecimiento de los lazos de confianza, junto con la puesta en común de los valores éticos y la solidaridad, la apertura a la innovación y la solución pacífica de los conflictos”.

Cabe preguntarse ahora sobre los elementos que relacionan a las cooperativas como agentes de convivencia pacífica en el contexto colombiano. Para ello, se revisarán en las siguientes líneas los factores económicos que justifican la búsqueda de terminar el conflicto, junto al rol que las cooperativas pueden desempeñar en mitigar las causas históricas del conflicto y cuáles son las propuestas que pueden enmarcar tal desarrollo.



Factores estructurales del conflicto: La terminación de las negociaciones con la firma de un tratado y una dejación de las armas insurgentes, es apenas el comienzo de la construcción de la paz, proceso que supone una constelación muy compleja de problemáticas: los comportamientos, la cultura, la política, las creencias y las condiciones materiales de la vida cotidiana se encuentran relacionados dinámicamente con el problema de la reconstrucción de una sociedad en la que se han experimentado décadas de conflicto social y armado. En esta situación ex - post hemos de situar la convivencia pacífica como resultado de los amplios procesos de co-construcción pacífica previos (Vuotto, 2012).

Específicamente, es en el ámbito de la cotidianidad de las comunidades donde se inicia el entroncamiento dinámico de los aspectos del asunto: la manera como los grupos concretos de personas abordan el problema de para qué viven, cómo y dónde obtienen recursos y cómo se organizan para vivir, es aquella realidad en la que debe enfocarse el planteamiento de la construcción de la paz en todo conflicto.

La condición en la que las personas tienen acceso a posibilidades suficientes para satisfacer las necesidades que suponen la consolidación de sus vidas y las de sus descendientes, desactiva el riesgo de restablecer la lucha violenta como mecanismo de disposición de recursos de sobrevida.

Con el fin de identificar inicialmente el contexto de estudio sobre la convivencia pacífica, algunos autores parten del establecimiento de algunas preguntas: ¿Cuál es la principal problemática de la sociedad colombiana que conlleva a obstaculizar la convivencia pacífica?: ¿La violencia?, ¿la corrupción?, ¿la falta de educación?

Para los economistas más ortodoxos, es el conflicto en sí mismo. Según un estudio del Banco Mundial (Giugale, Lafourcade y Luff, 2003), el conflicto reduce el crecimiento del PIB todos los años en dos puntos porcentuales. Por tanto, si el conflicto lleva al menos 60 años, el PIB debería ser cuando menos tres veces mayor al actual. Bajo esta noción, el crecimiento del PIB incide directamente en la reducción de la pobreza y por tanto, el país tendría niveles mínimos de pobreza.

Otros analistas piensan que es el desempleo (Libreros, 1999, p. 21; Tavares, 1977, p. 52) y en sus exposiciones sitúan como causa al sistema económico imperante. Bajo este enfoque, las políticas de privatización de las funciones estatales, los procesos de política de apertura económica, el aumento demográfico, las políticas de reforma laboral y los procesos de masivo desplazamiento forzado de mano de obra rural no preparada para la sobrevida urbana son causa y multiplicador del desempleo y en esa variable se identifica el más importante desafío de nuestra sociedad.

Aunque el panorama expuesto es importante, puede resultar insuficiente para abordar plenamente la problemática del conflicto social y político que se vive en Colombia en tanto tiende a invisibilizar la incidencia histórica de otros factores. El estado socioeconómico actual es resultado de orientaciones sistémicas que se han construido durante dos siglos de experiencia republicana; las dificultades que se han experimentado en los últimos cincuenta años no están exentas de relacionarse con trayectorias sociales que comprometen periodos temporales más amplios. Esta mirada amplia es descrita de forma minuciosa por economistas como Bértola y Ocampo (2013) y Kalmanovitz (2003).

Así, el estado socioeconómico actual se circunscribe a la herencia colonial de sociedades altamente segmentadas donde persisten las brechas entre las regiones, donde el Estado no ha podido posicionarse como institución central y en donde este estado de cosas se configura como consecuencia y causa a la vez de la persistente desigualdad y distribución desigual de recursos en las regiones.

Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y ello incide en los resultados que cabría esperar en procesos como la apertura comercial, el manejo de los equilibrios fiscales y los monetarios, en un contexto donde la circulación de dineros fruto de actividades ilegales generó una suerte de cultura de la ilegalidad aún presente en varias regiones del país y prácticas ampliadas de rentismo. Ambas orientaciones son disonantes con la orientación hacia la competitividad propuesta desde el Estado.

Para Bértola y Ocampo (2013), una de las principales tareas pendientes es la de propiciar una óptima relación entre el Estado y el mercado. Esta relación es en la actualidad materia de discusión bajo la administración actual que le denomina “tercera vía” y en la cual las organizaciones solidarias juegan un papel preponderante en la generación de condiciones que permiten la relación entre ciudadanos organizados e instituciones locales a partir de dinámicas de mercado. No obstante, estas relaciones se ven obstaculizadas por el actuar díscolo del Estado, en el cual persisten los intereses de algunos agentes privados quienes perciben como un peligro la entrada al mercado de nuevos actores76.

En la veta de la historia económica, otros autores como Kalmanovitz (2003) identifican, bajo técnico de historiografía latinoamericana, cómo en la época republicana del país se dan condiciones disgregantes por la consolidación de lo que denomina “servidumbre dominante” y las condiciones demográficas que generaron conflictos de poder regional que menguaron el poder del gobierno central y en ello su actuación como garante de condiciones institucionales generó la entrada tardía al desarrollo capitalista de la nación.

La continuidad de procesos en los últimos ciento cincuenta años, propició una economía orientada hacia la exportación, en la cual se “aumentó la concentración de la tenencia de la tierra”77 (LeGrand, 1986, p. 139) y progresivamente el desplazamiento de colectivos a territorios en los cuales el desarraigo y la incapacidad competitiva, por falta de herramientas técnicas y educativas, generó el crecimiento de otro país paralelo, desencadenado de los grandes proyectos nacionales de desarrollo.

Estos planteamientos suponen una inquietud según la cual cabe preguntarse: ¿la reconstrucción de la sociedad en el marco de un proceso de resolución de conflictos puede plantearse bajo el mismo modelo económico de competencia desigual por acceso a mercados internacionales y de basar la búsqueda colombiana de la riqueza en la exportación de recursos rentísticos? En otras palabras, ¿hay algo que podamos hacer en materia de paz mientras no se discuta el modelo económico?

Jesús Antonio Bejarano es un economista colombiano que se dedicó a reflexionar sobre esta pregunta. En calidad de alto asesor presidencial en materia de paz, a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, dejó claro que en Colombia hay una percepción ilusoria según la cual la solución del conflicto es un asunto que compete a los políticos y al Estado, y en la que,

[…] salvo solidaridades genéricas y puramente discursivas, no es mayor el papel que deben tener los agentes económicos como conjunto social, mientras la defensa del interés particular los lleva como individuos, en muchos casos, a formas de convivencia con la justicia privada, contribuyendo así a propiciar, en el mediano plazo, condiciones para la intensificación del conflicto (Bejarano, 1990, p. 155)78.

De acuerdo con lo anterior, es precisa una reconsideración sobre el papel de los agentes económicos en la solución de los conflictos, mediante un espectro de compromisos en los que predomine la racionalidad a largo plazo y no la racionalidad económica de corto plazo que ha terminado imponiéndose en Colombia. Dicho de otra manera, y con palabra del autor, “la solución de los conflictos requiere de la formulación de un marco normativo de la sociedad, que combine los principios de justicia distributiva con los de la legitimidad democrática” (Bejarano, 1990, p. 163).

Para Bejarano (1995, p. 170), es “indispensable considerar a las personas, antes que como individuos racionales que exigen la satisfacción de sus deseos, como miembros de una colectividad que son susceptibles de organizar razonablemente un esquema de cooperación compartido, que construya un sentido colectivo de lo justo”.

Por otra parte, el profesor Augusto Libreros (1999, p. 9) cuestiona el hecho de que, al parecer, “los habitantes del planeta y de Colombia hubieran asumido la vida como una lucha incesante y un combate sin tregua”, haciendo comunes expresiones como la lucha por la vida, contra el hambre, contra la vejez, contra la escasez; la lucha por salvar el planeta, por combatir la corrupción y la pobreza.

Este campo habitual de lucha se expresa especialmente en el ámbito de las relaciones económicas, que está habituado a la lucha por los mercados, a la derrota de las empresas a manos de las grandes multinacionales poderosas y a la condena de hambruna para las poblaciones que no pueden acceder a los recursos monetarios y productivos. Lo problemático, según sus observaciones, es que se haya llegado a considerar la vida de los seres humanos, en todos los órdenes, como una batalla que dirime triunfadores y vencidos.

Sus propuestas inician con la idea de desactivar no solo las armas bélicas, sino también las armas económicas, tan letales como aquellas. En el desarrollo de sus propuestas plantea generar un marco cívico de opciones de vida y de generación de ingresos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en materias tan diversas como el trabajo, la educación, la recuperación de tecnologías tradicionales o comunitarias, la producción agropecuaria, el fomento de la economía campesina, el reciclaje, la alimentación, la distribución de la tierra, la adecuación alternativa de los espacios públicos, la generación de vivienda autogestionada y solidaria, el fomento del crédito campesino y barrial, la democratización de la toma de decisiones en materia de política pública e incluso el replanteamiento del régimen carcelario.

La hipótesis del profesor Libreros deja claro que es posible y necesaria la construcción de una economía con características originales y con la suficiente capacidad de solucionar sus problemas sin atacar a nadie, como mecanismo para la construcción de un camino colectivo para la paz. Se trata de gestionar posibilidades, habilidades, talentos y recursos para el fortalecimiento de iniciativas personales, familiares y asociativas que garanticen los ingresos necesarios y la dignidad de las personas (p. 45), toda vez que la economía predominantemente insolidaria ha impedido a numerosas poblaciones el acceso a ingresos suficientes para conseguir la consolidación de una vida digna en las comunidades.

Así, el reconocimiento de esta realidad nos somete a considerar otras formas de generación de ingresos que no dependan exclusivamente de los vínculos contractuales que se producen en el marco de lo que se conoce como empleo formal. Es preciso, entonces, “recurrir a la inventiva, a la creatividad”, para enfrentar la enfermiza creencia en soluciones económicas que se restringen a la promesa de la creación de nuevos empleos no autónomos.



Causas del conflicto y alternatividad cooperativa: Han sido los múltiples los espacios de discusión en materia de paz que se han propiciado en el país. La realización de un proceso de negociación ha multiplicado el número de estudios, eventos, foros y encuentros en la materia.

Estos estudios y encuentros tienen la virtud de congregar a numerosos analistas, quienes desde sus prismas plasman la visión deseada de un país con convivencia pacífica, como también los elementos que involucra tratar tal asunto, los antecedentes del conflicto y los puntos neurálgicos que sirven de causas, efectos e impactos.

De los eventos realizados pondremos el foco, en este apartado, en un encuentro denominado Propuestas Postconflicto en lo Económico, Territorial y Social realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, entre los meses de marzo y junio del año 2014. Dicho Encuentro se propuso rescatar elementos que sitúen causas del conflicto y permitan dirigir la mirada a entender, bajo ese entorno, cómo pueden contribuir las cooperativas.

Se sintetizan cuatro grandes temas alrededor del conflicto que se establecieron como estructurales y a partir de estos se describe la alternatividad cooperativa.



La minería extractiva a cielo abierto es insostenible

De acuerdo con el abogado y ambientalista Rafael Colmenares, “ha habido en Colombia un cambio en la orientación del modelo económico” (citado por Álvarez, en Mora, 2015). Se ha pasado de ser un país que había logrado desarrollar una industria de bienes de consumo y donde la producción agropecuaria tenía una importancia muy grande, a un país que hoy importa más del 70% de los alimentos que consume y una industria en franca decadencia basada en el extractivismo rentístico.



El atraso en infraestructura física y social como resultado de la corrupción política

Menos del 1% del PIB es invertido públicamente en infraestructura en Colombia. El país requiere multiplicar su inversión anual en infraestructura, de acuerdo con la investigadora María Teresa Ramírez y con el economista Diego Otero.

Por lo general, se considera que el tema de la infraestructura es únicamente la materia de las carreteras, sin considerar que también las escuelas, los hospitales, las viviendas, la energía eléctrica, los acueductos y los alcantarillados lo son. ¿Quién hace las obras que se requieren? En las regiones, cuenta el economista Diego Otero, piensan que hospitales y carreteras son obras de políticos con nombre propio, y no de la nación o del municipio o del departamento. La síntesis del investigador es la siguiente frase: “El país está privatizado. Obras con nombre propio: un país privatizado, proclive enormemente a la corrupción”.

Colombia es un país sin condiciones para la formación, para la educación o para la ciencia

Según el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales, el Ministerio de Educación está en el lugar número 11 de la agenda de un consejo de ministros; el medio ambiente es el número 12.

Colombia es un país que cuenta con 250 doctores graduados por año, mientras que Brasil cuenta con 12.000 doctores anualmente. No hay una estrategia nacional para el uso de los recursos en investigación y en educación: “Los estudiantes se van de sus regiones, se hacen doctores en el exterior, y cuando vuelven no saben qué hacer porque no tienen laboratorios, ni edificios, ni salones, ni estudiantes alfabetizados, ni rectores o supervisores competentes […] los profesores en Colombia no están siendo formados” (citado por Álvarez, en Mora, 2015).

En Colombia hay una enorme desigualdad fruto del abandono de las políticas sociales

De acuerdo con el economista Cesar Giraldo, la política social en Colombia de los últimos 25 años ha sido tomar decisiones en materia de flexibilización del código del trabajo (no pagar horas extras, quitar los aportes parafiscales a instituciones educativas de formación para el trabajo y de protección de niños y adolescentes, autorizar contratos de prestación de servicios sin cargar los pagos de seguridad social al empleador, autorizar contratos temporales que no dan seguridad jurídica y laboral al trabajador, entre otras), y pagar subsidios directos a familias pobres. La política social en Colombia, en esto están de acuerdo economistas, antropólogos, sociólogos y abogados invitados, ha sido la impuesta por el Banco Mundial: asistencialismo y subsidios a las clientelas políticas.



Aportes de las cooperativas en la co-construcción de una agenda de paz: Vistos los problemas que priorizó la academia, se abordan ahora las perspectivas de reflexión para el cambio y las propuestas concretas que desde el sector solidario pueden hacerse para el escenario de posconflicto.

Diversificar la economía: La expresión que titula este apartado puede tener varias lecturas. Desde un enfoque macro, que acentúa en la búsqueda de un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y armónico, hasta un enfoque meso que enfatiza en sectores que impulsan la economía y las respectivas medidas de políticas públicas que se deben desarrollar en consecuencia.

Para el sociólogo Fabio Velázquez (citado por Álvarez, en Mora, 2015), “se requiere una política de diversificación económica para un país minero y rentista; hay otras fuentes de ingresos y otros sectores que pueden generar empleo, riqueza y soluciones […] esta política de diversificación económica, además, debe considerar planes de acción en el largo plazo”. Esta es una acepción en la que se exige una perspectiva amplia, que incluya otras opciones económicas distintas a las que han sido implementadas durante el último medio siglo en el país.

Sin embargo, es un sector que no cabe duda que impulsa la generación de ingresos en los territorios. Quizá el problema agobiante no provenga de la fuente de generación, sino de la estructuración de estos ingresos como mecanismos de asignación de precios y eficiencia en los mercados.

Al respecto, las cooperativas han servido históricamente de lubricante para dinamizar los mercados locales, en espacios donde las actividades extractivas no brindan alternativas para la reinversión de sus ingresos. Las cooperativas mineras, por ejemplo, han logrado organizar la actividad productiva, legalizar en otros casos la extractiva y en la mayoría de los casos aglutinar demandas de bienes y servicios que dinamizan los mercados locales generando con ello una mayor retención de recursos en los territorios.

En el ámbito de la agricultura, la discusión toca elementos de la expansión minera como si únicamente de bienes sustitutos se tratara. El asunto es más complejo y en la discusión se imbrican las visiones tradicionales de siembra con las que abogan por una agricultura más ecológica frente a la visión de explotación intensiva del gran capital.

De acuerdo con el investigador en economía Albert Berry (citado por Álvarez, en Mora, 2015), el conflicto por la tierra en Colombia le ha quitado mucha tierra a las actividades familiares de pequeña agricultura. La construcción de la paz en Colombia –sigue diciendo Berry–, puede ser la base de una reforma agraria que dedique una plataforma especial para pequeñas unidades productivas. ¿Cómo puede explicarse eso? “La pequeña agricultura alcanza una productividad de la tierra, por hectárea, muchísimo mayor que la que se obtiene con la grande, porque genera mucho más empleo por unidad de tierra”. Bajo esta lectura, se presenta como consigna diversificar la economía con énfasis en la pequeña agricultura familiar que se ha organizado históricamente a través de asociaciones cooperativas.



Participación: De acuerdo con el antropólogo Darío Fajardo, “el país se está llenando de nuevos procesos, cuya principal consigna es Tierra y Participación”. Para el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, José Guillermo García, “La participación de la sociedad civil en la negociación es un asunto determinante”. En este caso, la sociedad civil está representada no solo por actores víctimas del conflicto, sino también por movimientos organizados de la sociedad civil como el cooperativo.

Para Cecilia López, por su parte, este asunto tendrá una manifestación específica en relación con los procesos de paz: uno de los efectos de la prolongada lucha armada en Colombia ha sido la deslegitimación de la protesta social como mecanismo democrático para expresar los desacuerdos o las infamias. La movilización social será una de las claves de la construcción de la paz a la que se está aproximando la sociedad colombiana. El desafío para los grupos organizados de personas en el país será conseguir propuestas sobre el modelo social. Un país de territorios solamente puede alcanzarse mediante la generación de escenarios de concertación.

Los elementos anteriores configuran vetas seminales que han sido tratadas, desde un enfoque de resistencia, por el movimiento cooperativo, el cual aboga por una visión tripartita del desarrollo: Estado- empresa de capital - cooperativismo (como una de las expresiones de la economía solidaria y la sociedad civil organizada).

Tres casos cooperativos que aportan a la convivencia pacífica con el apoyo de la cooperación internacional: En el marco de la política que el gobierno de Colombia está desarrollando, en busca de la construcción de una paz duradera, y empleando la estrategia de aprovechar recursos de cooperación internacional, se ha venido llevando a cabo la experiencia de los Laboratorios de Paz, que materializan el apoyo que brinda la Unión Europea al gobierno de Colombia, como parte del esfuerzo por edificar un país en paz, sobre la base del impulso a procesos regionales y comunitarios de justicia social, prosperidad colectiva y democracia con participación de las comunidades.

Es pertinente recoger los valiosos aportes de tres casos específicos de iniciativas en las que un proyecto comunitario se desarrolla, con aportes de la Unión Europea, ejecutados por cooperativas: la Cooperativa Agropecuaria Productora de Miel, que vincula a 242 familias, entre las que se encuentran desplazados, retornados, jóvenes afrodescendientes y madres cabeza de familia, en municipios de la zona de los Montes de María (en los departamentos de Sucre y de Bolívar) (Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación y Departamento para la Prosperidad Social, 2012, p. 154); la Cooperativa de Artesanos de San Jacinto, que también se encuentra en esta misma región que se conoce como los Montes de María; y la Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria, que vincula grupos de mujeres rurales de algunos municipios del departamento del Cauca. Los proyectos se han concentrado en el fortalecimiento organizativo, administrativo, técnico y productivo de las cooperativas con el acompañamiento de técnicos en cada área de desarrollo.

Con la convicción de que el trabajo colectivo y solidario da mayores resultados, estas experiencias se diferencian de iniciativas similares que se desarrollan con organizaciones cuya naturaleza no es cooperativa, por su permanencia en el tiempo y porque adquieren autonomía que las lleva a mediano plazo a no depender exclusivamente de la existencia de recursos externos.

Las oportunidades que encuentran las comunidades vinculadas a organizaciones cooperativas y que enfrentan situaciones de reconstrucción social en zonas de conflicto permiten asegurar que los proyectos de fortalecimiento de las entidades de este tipo deben ser integrales, incluyendo procesos formativos, procesos de fortalecimiento organizativo y de acompañamiento a las actividades productivas.

En estas experiencias existen dinámicas de mercado y de no mercado que aprovechan y orientan las capacidades sociales sin desconocer las condiciones propias de intercambio recíproco que se establecen en nuestros países a partir de la familia, el compadrazgo y la amistad (Lomnitz, 1975). No como pautas clientelares, sino desde el rigor de la confianza de redes y objetivos de superación comunes.

En todas estas experiencias se han generado bienes públicos no estatales, se han creado reglas de intercambio con eficiencia económica y la sociedad civil no sólo se ha fortalecido sino que participa y co-produce políticas públicas en ambientes tradicionalmente hostiles, muchas veces creados con fines instrumentales. En todas estas experiencias la paz es un proceso práctico que se reproduce generando bienestar en la comunidad, aceptándola e imbricándola como elemento generador de soluciones y no como ente receptor de dádivas clientelistas.


      1. Entorno económico: en busca de la internacionalización79


Desde la apertura económica de Colombia en el año de 1991, se han incrementado los flujos de comercio internacional. A los productos tradicionales de las exportaciones colombianas se han agregado nuevos productos con valores añadidos que contribuyen a dinamizar la transformación productiva del país y los procesos de redistribución de la renta.

El aumento del flujo de comercio internacional ha venido dado preponderantemente por la generación de incentivos a la dinamización exportadora, la creciente presencia de flujos migratorios al país y el aumento progresivo de las inversiones extranjeras.

Pero ello no implica que exista la totalidad de condiciones propicias para una internacionalización competitiva. Se trata de un proceso en plena construcción. De hecho, aún hay desencuentros entre políticas comerciales, cambiarias, de desarrollo productivo e innovación, financieras, y condiciones de infraestructura. En este contexto, gravitan las organizaciones cooperativas colombianas, quienes actúan en un marco local adverso pero no escapan a las condiciones internacionales de competencia.

Desde este punto de vista la internacionalización puede entenderse como el proceso de adaptación de los negocios al contexto global (Calof y Beamish, 1995). Así, en el caso de las cooperativas, la internacionalización abarcaría las condiciones por medio de las cuales se generan posibilidades para asistir a los mercados nacionales o internacionales sin perder la identidad que les caracteriza.

En este sentido, un estudio sobre la internacionalización debe abarcar necesariamente cuáles condiciones doctrinales requieren las organizaciones cooperativas para dinamizar su oferta productiva de bienes y servicios sin perder su núcleo fundacional: los asociados, su contexto y los mercados que ha creado o cuando menos contribuye a dinamizar.

Lo anterior implica que la internacionalización cooperativa plantea la existencia de circuitos socioeconómicos que atienden a estrategias de desarrollo cooperativo, de manera que la decisión de internacionalización no debe venir dada sólo por los argumentos clásicos de las firmas capitalistas de expandir los mercados, generar mayores ganancias o generar mayores escalas que optimicen el proceso productivo.

De hecho, si el acento de las firmas capitalistas es la maximización de utilidades y para ello utilizan como medio el trabajo, en el caso de las cooperativas pasa lo contrario: el acento se pone en las personas, quienes utilizan el capital como medio y no como fin. Como las personas se sitúan en determinados contextos territoriales, las cooperativas actúan localmente, generando dinámicas socioeconómicas que propician desarrollo local. Una propuesta de políticas públicas que no considere el contexto de internacionalización, no podrá ser viable en un contexto que exige competir sin perder por ello la búsqueda de reproducir mejores condiciones en lo local.

Por tanto, las cooperativas pueden servir de punto de transición entre las prácticas económicas actuales en escenarios adversos y la organización de prácticas internacionalizadas que promueve el Estado, articulando lo local a esquemas de competitividad en los que el país se inserta como mecanismo de adaptación a los procesos de internacionalización.

Con ello, se lograría desdibujar la actual presencia de dos discursos: uno basado en la economía, tal como se fomenta desde la academia, los gremios, las políticas públicas, y otro totalmente distinto que desconoce las prácticas locales, las economías de subsistencia, los circuitos entre ciudadanos y todos aquellos emprendimientos que no provienen del gran capital, sino de las iniciativas de los ciudadanos organizados con base en unos valores diferenciados. La generación de mercados en el ámbito local es un reto fundamental para orientar vida económica, dinamismo e intercambio, que contribuyen al acercamiento entre los mundos que gravitan en el país.

De manera que el desarrollo de procesos de internacionalización requiere la recreación de mercados con reglas de juego compartidas basadas en la legalidad de sus funciones, y en ello las cooperativas son un actor fundamental, por su naturaleza que brinda espacios para el encuentro entre actores, políticas e iniciativas socioeconómicas.


      1. Geopolítica del conflicto colombiano


Colombia es el único país de América del Sur que tiene salida directa al Océano Atlántico y al Pacífico, y cuenta con una gran riqueza en recursos naturales renovables y no renovables, así como una abundante flora y fauna. La diversidad del clima y la topografía permiten la producción de una amplia variedad de cultivos y productos forestales. Desde las escarpadas colinas de la región Andina hasta las llanuras caribeñas tropicales, la agricultura colombiana refleja la diversidad de sus paisajes y climas. Los cultivos también se ven influenciados por los distintos pisos térmicos (OCDE, 2015).

Según la OECD (2015), el 39,5% del total de la superficie del suelo colombiano puede ser destinada a explotación agrícola. A pesar de una insuficiente infraestructura en cuanto a sistemas de riego, el país cuenta con abundantes recursos de agua dulce. Tales condiciones no han sido aprovechadas equitativamente, dada la confluencia de recurrentes prácticas de exclusión y criminalidad que han desembocado en despojo y concentración de la tierra, con el correspondiente desplazamiento a las grandes urbes de ingentes grupos de campesinos. Ello contrasta con el paulatino descenso de la pobreza del 70% en el 2001 al 46,8% en 2012.

Bajo estas condiciones, se ha propuesto una política de desarrollo agrícola basada en la explotación intensiva de cultivos, pero paradójicamente, la contribución de la agricultura en el PIB descendió del 16,5% en 1990 al 5,2% en 2013. Asimismo, la contribución del sector al empleo también experimentó un descenso, pasando del 26% en 1990 al 17,5% en 2013. En síntesis, Colombia es un país con potencialidades agrícolas que apuesta preponderantemente por la explotación intensiva en un contexto de desplazamiento, búsqueda de disminución de la pobreza y de la participación ciudadana en la recreación de mercados destruidos por el conflicto.

Pocos estudios abordan cuáles podrían ser las alternativas óptimas de inclusión social y generación de condiciones para la convivencia pacífica en un previsible proceso de fomento al desarrollo local como implementación del post-acuerdo. Sin embargo, es menester articular las políticas públicas con miras a generar procesos de fomento e intervención territorial cónsonos con el post-acuerdo.

Desde el estudio de las cooperativas se ha encontrado una veta por optimizar luego de hacer un rastreo histórico de estas organizaciones, sus relaciones con el Estado y las potencialidades que pueden desplegar para generar convivencia pacífica, inclusión y cohesión social.

Dadas las condiciones adversas en cientos de municipios del territorio nacional, se requiere conocer las particularidades geopolíticas de los territorios, con el fin de dar un acento local a las diferentes iniciativas de promoción de políticas públicas que bajo este trabajo buscan ser articuladas. Por ello, en este apartado se identifican las condiciones geopolíticas que configuran el entorno, donde las cooperativas podrán incidir desde sus estructuras para garantizar la convivencia pacífica.

Las anteriores consideraciones nos acercan a plantear que el fomento de las organizaciones solidarias en lo local, en un marco de post-acuerdo, debe considerar las particularidades de los territorios en el marco de la geopolítica del conflicto. Para ello, se hará un rastreo de recientes investigaciones que sirvan de soporte para entender las dinámicas territoriales donde deben desenvolverse las cooperativas.

Autores como Roa y Navas (2014) plantean que el desarrollo y su implementación son motor de conflictos sociales. El estudio histórico y geopolítico del relacionamiento entre instituciones en lo local muestra cómo las luchas tienen como punto de partida la apropiación de los patrimonios naturales por parte de diversos actores y encuentran particular tensión frente a la permanencia en el territorio, el restablecimiento de los medios de subsistencia, formas de vida tradicionales y el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

Al respecto, Salas (2010, p. 9) señala:

…la dinámica de las territorialidades de estos espacios estratégicos del conflicto armado colombiano se ha desplegado a través de tres niveles: en el nacional, en el regional y en el subregional-local. Para cada uno de ellos existe una dinámica territorial, en donde los actores armados han configurado una condición multiescalar de las territorialidades de los corredores y territorios geoestratégicos en Colombia…

En este contexto, implementar una política pública de intervención sin matices podría generar resultados contraproducentes. Uno de los efectos perversos de las fallas en el direccionamiento de la política pública es la generación de incentivos a la dependencia por parte de los beneficiarios.

Florece así la paradoja del promotor de iniciativas de fomento a la asociatividad, el emprendimiento social y la innovación: mientras el planeador central procura fomentar la creación de organizaciones, la falta de acompañamiento y reconocimiento a la especificidad local genera problemas de sostenibilidad que terminan llevando a las organizaciones a su languidez; pero si el acompañamiento no logra generar condiciones para la autogestión organizacional basada en las ventajas locales, se genera una propensión por la dependencia de los apoyos externos.

Una vía para evitar esta situación es generar procesos de intervención y adecuación de las políticas públicas adaptadas a las particularidades territoriales en donde se desarrollan. Para Vicente Torrijos (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), la acción de grupos armados se basa en intereses por fortalecer el acceso a territorios caracterizados por la explotación ilegal de recursos. Sin embargo, su presencia es temporal, en tanto hay evidencias de que cuando las vocaciones de control y de poder se debilitan en el nivel nacional, la disputa sobre los corredores y territorios estratégicos se hace más intensa (Salas, 2010). Por ello, la territorialidad en espacios de conflicto se manifiesta en la búsqueda del control económico y político, afectando con ello a las organizaciones solidarias.

Entre tanto, los productores locales apelan a la organización asociativa para blindar su producción y en algunos territorios, donde el costo de la comercialización está plagado de riesgos altos para los comercializadores y distribuidores, cooperativas de acopio y distribución (Orozco y otros, 2013).

Hay evidencias para plantear que la sostenibilidad de estas organizaciones implica la conformación de formas híbridas de organización. Por ello, la opción cívica que constituye la posible formación de redes entre organizaciones como fundaciones, corporaciones y cooperativas, entre otros, es una de las estrategias más idóneas en algunos territorios con los evidentes matices locales que desde el análisis de mapas se pueden establecer. Para el análisis, se toman datos consolidados del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC, 2014).

La afectación espacial de la intensidad del conflicto armado está focalizada en tres grandes sectores:



  • En el nororiente del país, específicamente en el eje de los departamentos de Arauca, la región del Catatumbo (en Norte de Santander) y su corredor al Atlántico por la Guajira.

  • En el noroccidente del país, a partir de los corredores entre el Magdalena Medio y el Urabá antioqueño.

  • En el sur, estructurando un amplio corredor entre los departamentos de Chocó y Nariño y los departamentos de Huila, Cauca y Caquetá.

La clasificación territorial se realiza por intensidad del conflicto, entendida por dos factores: presencia de grupos armados del conflicto interno y número de eventos del conflicto en municipios de Colombia. Esta, sirve de punto de partida para analizar zonas geográficas donde se pondrá énfasis de intervención en un proceso de post-acuerdo.

Cabe advertir que no todas las zonas fuertemente asediadas por el conflicto armado tendrán el mismo nivel de presencia de actores estatales y no estatales. Al menos tres condiciones lo determinarán:



  • Condiciones de control y seguridad: determinado por aquellos territorios donde persisten asedios por parte de grupos armados no cobijados por los actuales procesos de paz.

  • Condiciones logísticas: determinado por aquellos territorios donde la accesibilidad y la ausencia de bienes públicos básicos se convierten en una limitante para la presencia de actores estatales y no estatales.

  • Condiciones cívicas: determinado por aquellos territorios donde la presencia de grupos externos a las comunidades es considerada un acicate para la desorganización, búsqueda masiva de rentas y acciones civiles de resistencia institucional.

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Figura 18. Tipología de los municipios de Colombia según el conflicto armado interno

Fuente: CERAC (2015).

Los territorios en color azul y verde del mapa, muestran control armado de grupos armados y de las fuerzas del Estado, respectivamente.

Para los grupos armados, un primer vistazo da cuenta de la existencia de áreas territoriales comunicadas entre sí y su configuración en red facilita la movilidad de cultivos ilícitos hacia otros destinos, de recursos minerales, tráfico de animales, entre otras actividades ilícitas que soportan financieramente su estructura. En contraste, para las fuerzas del Estado, las áreas bajo control absoluto están identificadas con espacios fundamentalmente urbanos y sobre territorios de alta montaña y medios de transporte (fluvial y terrestre).

Esto sugiere que el conflicto armado colombiano se explica en buena medida por las pretensiones de poder y de control de los actores armados sobre los territorios con potencial económico, y los corredores estratégicos que ofrecen ventajas y garantizan la conducción de la guerra en Colombia (Toro y otros, 2012).

Por su parte, Salas (2010) determina, tras un estudio geográfico de las zonas en conflicto, que la dinámica de las territorialidades y sus corredores registra un fenómeno de presencia muy similar a lo ocurrido con los cultivos de coca. Pero también con otras actividades de índole extractiva minera. De hecho, para el autor en mención, la mayoría de hechos de violencia se manifiestan en los municipios correspondientes a estos corredores y territorios de conflicto.

Se entiende por territorios estratégicos los espacios geográficos configurados a partir de la confluencia de dos o más corredores estratégicos identificados en ella, y que los actores armados pretenden controlar por su importancia geoeconómica. En todos ellos, según Salas (2010), hacen presencia todos los actores armados del conflicto.

Por ello, una variable que geopolíticamente tiende a ser fundamental en el análisis es la correspondiente a la confluencia que existe entre presencia de grupos armados, cultivos de coca y extracción minera.

Al respecto, la Contraloría General de la Nación ha realizado estudios sobre estas materias, cruzando los territorios con vocación minera frente a los municipios donde se han practicado despojos que tradicionalmente fueron asociados en el ámbito rural sólo con la búsqueda de apropiación para el manejo extensivo agrícola y ganadero, de la mano de los actores armados en connivencia con los poderes locales.

Los resultados dan cuenta de una coincidencia significativa. En las áreas donde históricamente ha habido despojos de tierras y que se solicita su restitución, hay presencia de actividades mineras tal como se ilustra en la figura 19.





Figura 19. Intervención territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia

Fuente: Vargas (2013, citado en UAEGRTD, 2013).

Casi todos los municipios focalizados para la restitución coinciden con la existencia de títulos mineros. Para Vargas (2013), un análisis de este mapa conduce a plantear la necesidad de que la política pública atienda a la coincidencia espacial entre la presencia minera y el desplazamiento forzado interno, confinamiento territorial de poblaciones (vinculados a homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, masacres y torturas), violencia anti-sindical y vulneración de derechos asociados a la supervivencia física y cultural de sujetos colectivos de especial protección constitucional.

Estos elementos fueron descritos líneas arriba, cuando se planteaba la especificidad de resistencia por causas ambientales y culturales, pero fundamentalmente por paradigmas económicos encontrados, por parte de las organizaciones de la economía solidaria.

A similares conclusiones llegan Higuita y Londoño (2015), tras un estudio del desplazamiento de departamentos como Risaralda, Chocó y Caquetá. Los mismos dan cuenta de la prevalencia de una lógica económica donde prevalece la acumulación económica en correlación con la acumulación de la miseria por la ausencia de un régimen democrático que incide en el aumento de los índices de exclusión. En estos territorios, existen altos grados de conflictividad y por ello la evidencia documentada plantea vetas para afirmar la inexistencia de sistemas cívicos de fortalecimiento democrático.

Por ello, es útil dar un vistazo al conflicto desde el aspecto de las luchas sociales de las cuales algunas organizaciones solidarias son actores vivos de las reivindicaciones por otras alternativas.

El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), aporta en la figura 19, la identificación de municipios donde se han realizado luchas sociales relacionadas con la explotación de petróleo, carbón y oro en el periodo 2001-2011. Con este mapa se identifican los sectores de resistencia que actores sociales han ejercido frente a la expansión de la extracción minera en el país (Toro y otros, 2012). Este mapa guarda coincidencia con la figura 18.



Figura 20. Luchas sociales en Colombia asociadas a la explotación de petróleo, carbón y oro 2001-2011

Fuente: Toro, Fuerro, Coronada y Roa (2012), adaptado de CINEP (2012).

El relacionamiento geopolítico de presencia de grupos armados, explotaciones mineras, despojo y luchas sociales, permite ahondar en aspectos fundamentales para justificar un tratamiento de especificidad para los territorios que serán objeto de intervención en el marco del postacuerdo de la Habana.

Se puede aseverar que aquellas comunidades asentadas en territorios de presencia de actividades extractivas o de producción de insumos para sustancias ilícitas, enfrentan una particular forma de violencia: el despojo. Este es perpetrado tanto por grupos armados como por su contubernio con los poderes locales e incluso en algunos casos, con grandes conglomerados de empresas transnacionales.

La organización por fuera de la protección cívica genera altos costos para las comunidades y especialmente, para las solidarias, como expresión organizada de la sociedad civil. Por ello, cabe indagar sobre la presencia de estos grupos, con el fin de explorar la concentración de grupos solidarios formales como medios de reconstrucción cívica.

De la lectura de la figura 21, se deduce que la presencia de organizaciones solidarias va en contravía de los territorios en conflicto. Su asentamiento es amplio en el territorio pero de forma agregada es el ámbito urbano el de su actuación. No obstante, revisten especial atención los casos de Antioquia y Valle, que siendo departamentos con alta presencia asociativa, son a su vez territorios donde persisten altos niveles de concentración de la riqueza, tierra y violencia (IEMP, 2015). En estos territorios, la conformación cívica determina que la orientación de las políticas públicas sea al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los actores solidarios y civiles organizados.





Figura 21. Acciones de grupos al margen de la ley y organizaciones solidarias (2002-2012)

Fuente: IEMP (2015).

Por otra parte, en departamentos como Chocó y La Guajira, se combina ausencia de grupos asociativos y solidarios con altos niveles de pobreza y ausencia protuberante de bienes públicos. Bajo estos territorios la intervención a través de políticas públicas debe privilegiar el establecimiento de condiciones para el ejercicio de iniciativas socioeconómicas, en lo cual el enlace de emprendimientos culturales se configura como uno de los factores de mayor preponderancia a la hora de articular colectivos. La importancia de generar políticas diferenciadas de promoción, acompañamiento y beneficios fiscales transitorios, se pone de relieve, situando a estas regiones como un laboratorio de construcción cívica entre los actores estatales y no estatales.

En departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, la presencia de espacios territoriales que sirven de corredores de ilegalidad con la existencia de movimientos cívicos de resistencia, algunos de ellos expresados bajo la forma de organizaciones solidarias, genera un ámbito de actuación en el que deben combinarse políticas de adecuación institucional con apoyo a organizaciones solidarias como medio de formalización, legalización de actividades y apuestas hacia vocaciones productivas generadoras de valor.

La incesante resistencia de algunos grupos solidarios se manifiesta en la organización a partir de entidades como ONG, fundaciones, corporaciones y asociaciones campesinas. Por ello, el espectro del voluntariado organizado es uno de los agentes constructores de democracia territorial en el que coexisten colectivos que han buscado colonizar ciertos espacios territoriales, junto a indígenas, afrodescendientes, grupos de estudiantes y activistas por el ambiente, la preservación de semillas, la producción agroecológica, entre otros. Hay coincidencias entre las zonas y corredores donde se acentúa el conflicto armado, las zonas de explotación minera y de luchas de movimientos sociales; caso contrario a la presencia de organizaciones solidarias en el territorio.

Al respecto, la evidencia geopolítica permite afirmar que la asociatividad es una condición para el desarrollo de organizaciones de la economía solidaria, pero también es uno de los factores que determina el nivel de capital social de un determinado territorio. Orozco, Forero y Wills (2013), documentan cómo el bienestar subjetivo es influenciado de manera positiva por la existencia de redes sociales, el nivel de confianza y el grado de reciprocidad, coincidiendo empíricamente con los postulados del capital social. Pero la inseguridad política e institucional determina la incertidumbre económica y comunitaria y por ende, el bienestar subjetivo. Ello refuerza la tesis según la cual se requieren políticas públicas específicas que atiendan a estos elementos, buscando opciones organizacionales solidarias o híbridas y con específicas orientaciones en torno a la creación, fomento y fortalecimiento.

Corresponde, en el capítulo siguiente, ahondar en la evaluación de las políticas públicas dirigidas a las cooperativas. Para ello, se parte del entorno presentado desde el análisis histórico, político y geográfico, para ahondar en las condiciones institucionales del cooperativismo colombiano para el desarrollo de su potencial como generador de convivencia pacífica en un contexto de internacionalización de los mercados.



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