Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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Dimensiones del cooperativismo en Colombia


Cuantitativamente, se desconoce el total de organizaciones conformantes de la economía solidaria, sus variables internas y su incidencia en el desarrollo del país (Cárdenas y otros, 2005; Álvarez y otros, 2007). Esto ocurre en buena parte porque la visibilidad sectorial de la economía solidaria, en todos sus componentes organizacionales, aún no existe y no es reconocida estadísticamente de forma agregada. Sólo se reconocen de manera parcial los agregados de las formas empresariales de cooperativas, fondos de empleados y mutuales.

La data de lo que se denomina empresas de economía solidaria está dispersa en un sinnúmero de instituciones públicas y privadas que van desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las Cámaras de Comercio, diversos ministerios, superintendencias de control y vigilancia de distintas actividades económicas, gremios de entidades solidarias, hasta alcaldías y municipios en todo el país. No obstante, dentro del universo solidario, el segmento con mayor reconocimiento institucional, visibilidad y certeza estadística, es el de las cooperativas en todas sus formas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. En este apartado se apuntan algunas cifras que dan cuenta de la dimensión de estas organizaciones en Colombia con base en las últimas estadísticas disponibles (a diciembre de 2014) en la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop, 2015, p. 3) .


      1. Grandes agregados


En 2014 se tiene el registro de 6.008 empresas solidarias (Confecoop, 2015), de las cuales 4.088 corresponde a cooperativas (el 68%), 1713 (un 28,5%) a fondos de empleados y 207 (3,4%) a asociaciones mutuales.

En términos asociativos, las cooperativas asocian a 5.821.035 personas69. Sus actividades en el área del consumo permiten el acceso a crédito, ahorro, vivienda, salud, previsión exequial, educación, recreación, víveres y productos perecederos, entre otros, a más del 90% de estas personas70.

El cooperativismo tiene presencia territorial en los 32 departamentos que configuran la división político-territorial del país y 522 de sus 1.123 municipios. El 77.5% de estas organizaciones son consideradas microempresas, el 17.6% pequeñas empresas y sólo el 4.9% están en el sector de medianas y grandes empresas.

En el ámbito laboral, generan 247.594 empleos directos, lo que equivale a poco más del 1% de la Población Económicamente Activa71 del país. Claro está que la depuración de la población económicamente activa no involucra los asociados trabajadores que pertenecen a las cooperativas de trabajo asociado.

Desde el punto de vista financiero, las cooperativas tienen un patrimonio por el orden de los 3.870 millones de dólares, activos por 9.920 millones de dólares, pasivos por 6.050 millones de dólares, ingresos por poco más de 8.078 millones de dólares y excedentes por poco más de 114 millones de dólares.

Por otra parte, realizan aportes sustantivos en el área de educación para sus asociados y destinan el 20% de sus excedentes anuales a la financiación de programas públicos de educación formal, por lo que el rango de acción y su incidencia coinciden directamente con las áreas del interés general.


      1. Tipología cooperativa


Las cooperativas preponderantes por tipo de actividad son:

  • Sector financiero, crediticio y seguros: 36% del universo y 64% de los activos totales del sector:

    • Cooperativas crediticias: 1.290 (31%).

    • Cooperativas financieras: 187 (5%).

    • Cooperativas de seguros: 3.

  • Servicios empresariales, sociales y personales: 1.014 empresas (25% del universo) y 3% de los activos totales del sector.

  • Transporte y comunicaciones: 603 empresas (15% del universo) y 4% de los activos totales del sector.

  • Agropecuario e industrias alimenticias: 308 empresas (7% del universo) y 8% de los activos totales del sector.

  • Comercialización y consumo: 228 empresas (6% del universo) y 7% de los activos totales del sector

  • Servicios sociales y de salud: 180 empresas (4% del universo) y 6% de los activos totales del sector.

  • Educación: 76 empresas (2% del universo) y 2% de los activos totales del sector.

  • Otras actividades: 200 empresas (5% del universo) y 2% de los activos totales del sector.

En el ámbito urbano, han primado tradicionalmente las cooperativas de ahorro y crédito y más recientemente, las cooperativas financieras y de seguros. Sus prácticas en la gestión tienden a estar más formalizadas que en el ámbito rural, pero a su vez la participación suele ser un factor poco desarrollado entre un cúmulo de entidades que deben competir en igualdad de condiciones por el aseguramiento del bienestar de sus asociados, a fin de lograr su fidelización.

Similar accionar siguen las cooperativas funerarias, quienes a través de la realización de convenios intracooperativos han logrado asegurar buena parte de su clientela y generar dinámicas de escala que les han otorgado un posicionamiento privilegiado en el cooperativismo. En el ámbito interno, estas empresas siguen una dinámica de constante innovación en los servicios que ofrecen; en efecto, los servicios funerarios cooperativos en Colombia son referentes en la región no sólo por su calidad, cobertura y organización administrativa, sino también por contar con tecnologías de punta en los temas que desarrollan. Tal es la incidencia empresarial de las cooperativas funerarias, que en Colombia han logrado presionar el mercado hacia una mejora constante, en buena parte determinan los precios y han logrado crear una cultura de la previsión a partir de sus convenios de servicios programados con miles de instituciones públicas y privadas.

En el ámbito rural, las cooperativas agrarias son uno de los tipos de cooperativas más antiguas. En ellas, han primado las formas de cooperativización en el proceso de comercialización, distribución y de conglomerados de ahorro y crédito.

Este tipo de cooperativas se han mantenido en el tiempo y una de las razones tiene que ver con su fundamento en las culturas locales y en el potencial productivo que aprovechan en los diferentes territorios donde se desenvuelven. Bajo estas premisas, es posible mencionar un sinfin de casos significativos con incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, acceso a bienes y servicios no provistos desde el Estado ni desde el mercado, empoderamiento de los asociados a su territorio, mejora en los procesos productivos, en los ingresos familiares y supresión de algunas fases de los ciclos económicos72, beneficiando en definitiva a los consumidores.

Su incidencia es notable, por cuanto históricamente han permitido a sus asociados acceder al mercado crediticio en condiciones más favorables que por medio de las entidades tradicionales; sin embargo, no hay cálculos agregados del costo de oportunidad de estos programas con respecto al sistema bancario tradicional. Sus dimensiones son importantes y su repercusión en el quehacer suele ser difuminada por la tendencia a exigirles y evaluarles de forma similar a bancos y otras entidades financieras lucrativas. Muchas de estas entidades prestan servicios conexos vía multiactividad o alianzas con otras organizaciones. Pero en todo caso, tienden a promover el desarrollo exclusivo de secciones de actividad económicamente rentables, así en estas no se generen beneficios sociales, dado que asumen que al final del período los “negocios rentables financian las causas sociales” (Álvarez, 2008).

Otro hito destacable es el de las cooperativas de salud creadas hace más de una década a partir de un nuevo sistema de protección social, donde las empresas privadas adquieren un papel relevante como gestoras y prestadoras de servicios en el ámbito de la salud. Las cooperativas de salud se caracterizan porque su principal incidencia viene dada por la diferenciación en el servicio, dado que en términos de precios siguen las tendencias del mercado.

Por otra parte, hay cooperativas con incidencia en el ámbito de la generación de condiciones para superar la trampa de la pobreza (Jiménez, 1988). Es el caso de las cooperativas de recicladores y algunas cooperativas de producción en el ámbito urbano y rural. En este tipo de cooperativas, la acción colectiva genera diferenciadores con respecto a similares iniciativas asociativas fomentados desde instancias gubernamentales y no gubernamentales.

La ventaja de la agregación y la acción conjunta repercute al unísono del crecimiento organizacional, en los asociados. Desde el punto de vista económico, su eficiencia viene dada por la supresión de un eslabón en la distribución y comercialización de los desechos y por otra parte, en la capacitación para la mejora de su producción, realización de convenios con entidades para la recolección y separación en fuente de desechos y el aseguramiento de precios fijos como proveedores.

En el ámbito de la educación, se tiene una amplia oferta de instituciones de formación para el trabajo, colegios cooperativos e instituciones de educación superior que ofrecen programas no formales e informales de formación73 como cursos cortos, talleres y diplomados, a fin de cumplir una normatividad que obliga a todas las entidades cooperativas a brindar programas para su asociados con contenidos estandarizados en intensidades de 20, 40 y 80 horas (como parte de la ejecución de su partida para el fondo de educación); y, por otra parte, programas educativos formales a sectores de la población carenciados con programas que van desde los conducentes a títulos de bachiller, hasta formación de postgrados.

En este sentido, las cooperativas de educación e instituciones próximas, han incidido positivamente al desarrollo educativo al facilitar a vastos sectores de la población excluidas de la educación la posibilidad de insertarse en ellas con jornadas y matrículas acordes con sus capacidades (Villar, 2002).

Finalmente, merecen una mención especial las cooperativas de trabajo asociado. Estas entidades tienen dentro de sí un universo bastante variado de prácticas, la mayoría, surgidas recientemente (en la última década) de la promoción estatal o de empresas capitalistas, no tienen claras las diferencias patronales que son parte de su identidad. Otras, teniéndolo claro, han optado por diversificar sus fuentes de clientes a fin de garantizar niveles de productividad tal que pueden mejorar sus ingresos. En este tipo de cooperativas de trabajo asociado se ha configurado una fuerte presión normativa, a fin de tratar de garantizar que no estén siendo utilizadas como instrumentos de tercerización y precarización laboral.

De este subsector cooperativo se destaca, aún cuando son los menos, la existencia de una serie de cooperativas surgidas de la unión de necesidades de trabajadores que, siendo independientes a la promoción del Estado y las empresas capitalistas, han logrado generar empleo digno para sus asociados, pero sobre todo han garantizado una aceptación en los mercados por la calidad de su producción y han generado mecanismos productivos que garantizan estabilidad laboral y mejorar sustantivamente sus retribuciones (Uribe, 1995).

De manera que en el tema de trabajo asociado existe una diversidad de prácticas que difícilmente permitirían encajarlas en un sólo modelo jurídico y esto conlleva claros problemas en su regulación, promoción y entendimiento doctrinal.

      1. Las cooperativas y la financiación de la educación pública


Según datos suministrados por la Confederación de Cooperativas de Colombia, las cooperativas colombianas han aportado al sector público de educación formal de Colombia cerca de 240 millones de dólares en los últimos 15 años en un marco de intervención que abarca toda la geografía nacional y en la que se evidencian escenarios de crisis económica, social, política y ambiental diferenciadas. Sin embargo, estos resultados son escuetamente difundidos y no hay estudios que evidencien de que tal accionar repercuta en un mejoramiento de la reputación empresarial de las cooperativas tal como lo plantea la literatura especializada (Carlot y otros, 2015).

Bajo este panorama es claro, que el cooperativismo en Colombia es significativo en términos empresariales y sociales, sin contar de forma explícita con el universo más amplio de la economía solidaria: las organizaciones solidarias de desarrollo74 y las otras formas empresariales: fondos de empleados y asociaciones mutuales. Y aunque de manera general podría afirmarse que cerca de la mitad de las familias colombianas se benefician de alguna u otra manera de las acciones cooperativas, su reconocimiento social es mínimo para su incidencia, su presencia histórica y su inserción en los discursos políticos por más de ocho décadas.


      1. Razones de la invisibilidad cooperativa


Puede haber muchas razones que expliquen la brecha entre reconocimiento social e incidencia de las prácticas cooperativas en Colombia, unas en su índole interno y otras en su índole externo. En el índole interno, se destaca, entre otras razones, la inexistencia de condiciones para el desarrollo organizacional presentes en el imaginario asociativo e institucional.

La primera, la débil integración sectorial con gremios, que si bien están realizando enormes esfuerzos de representación, no cuentan aún con una base social amplia que conforme un movimiento y que actué coordinadamente en iniciativas socioempresariales (Uribe, 1998; Jaramillo, 2000; Álvarez y Serrano, 2006).

En segundo término, la ausencia de identidad y sentido de pertenencia a este tipo de organizaciones por parte de la mayoría de asociados, quienes ven en ellas un medio utilitarista de acceso al crédito y consumo de bienes y servicios difícilmente realizables en el mercado capitalista o en el ámbito de dotaciones públicas (Sudarsky, 1988).

En tercer lugar, la tendencia de las organizaciones a crecer en sus dimensiones empresariales, manteniendo constante la incidencia en sus asociados y beneficiarios y acentuando la atención a terceros, generando en definitiva un mercado para clientes en detrimento de los asociados.

Finalmente, las estructuras directivas suelen crear mecanismos para garantizar su perpetua permanencia que inducen a generar ineficiencias internas, aumentar los costos de transacción en que deben incurrir para tomar decisiones, pero sobre todo, crean la imagen del líder irremplazable, restando participación a los asociados.

Desde el índole externo se destaca, entre otras razones, la precaria atención que se presta a las particularidades organizativas de las cooperativas. Mientras que desde los distintos gobiernos se ha incurrido en la instrumentalización de las figuras asociativas para cumplir fines de interés general y transferir parte de sus competencias, por parte de algunos empresarios capitalistas la instrumentalización se ha aplicado como mecanismo competitivo para reducir los costes laborales y satisfacer prácticas de pseudo-responsabilidad social con sello de marketing social (Urrea, 2006; Álvarez y otros, 2007). En ambas prácticas, las particularidades de las cooperativas suelen no ser tomadas en cuenta y el desarrollo de iniciativas asociativas suele verse limitado en su independencia a los designios de los promotores.

Por otra parte, la ausencia de una definición clara acerca de los actores que hacen parte de la economía solidaria y su especificidad, redunda en la dispersión a la hora de aplicar políticas públicas y en la generación de espacios discrecionales por parte de los funcionarios, quienes partiendo de lecturas personales terminan generando mecanismos perversos de apoyo o prohibiciones al ejercicio económico de las cooperativas, asimilándolas en ocasiones con empresas capitalistas o de beneficencia.

Es el caso de la prohibición para las cooperativas para realizar actividades de comercializadoras internacionales, el exceso de criterios de índole mercantil a la hora de vigilar a las entidades (como la aplicación indiscriminada de Basilea II a las entidades populares de capitalización), los cambios de políticas de contratación y desarrollo de cooperativas de trabajo asociado, etc.

De forma paradójica, tiene también una repercusión negativa en la visibilidad cooperativa el exceso promocional que hacen políticos, acerca de sus potenciales como medios para el desarrollo de diferentes iniciativas de interés general no siempre cumplidas por el aparato estatal (Álvarez, 2007).

De manera que cuando las medidas fracasan, en el imaginario queda un responsable: las cooperativas que se convierten en un nicho de transferencias con responsabilidades que sobrepasan sus capacidades, o situaciones en las cuales la ausencia de independencia y autonomía genera unos costos de transacción que limitan el cumplimiento del accionar. Esta situación afecta a la imagen de todo el entramado organizacional y genera reacciones adversas en cuanto a su longevidad, legitimidad e incidencia.




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