Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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Tercer período: 1975-1989 (planeamiento)


Desde mediados de los setenta hasta finales de los ochenta, Colombia transitó, junto a otros países de Latinoamérica, lo que se consensuó en llamar la década perdida para el desarrollo. Frente a las acciones concretas de los gobiernos, se inició una fuerte acción de planeación y regulación y el fomento tomó matices menos promotores y más dirigidos hacia la supervisión de las cooperativas preponderantes en este período: las dedicadas a las actividades financieras y de ahorro y crédito.

Siendo presidente Alfonso López Michelsen, se realiza en 1975 el primer censo nacional cooperativo en un marco de bonanza cafetera. Posteriormente, en la presidencia de Julio César Turbay, la crisis petrolera mundial de 1979 afectó los mercados financieros y esto fue un elemento que aprovecharon las cooperativas de ahorro y crédito y entidades de segundo grado para expandir sus cuotas de mercado.

En 1980, se inicia un período de análisis y planeación del sector cooperativo colombiano mediante la creación, por Decreto 2620, del Comité Interinstitucional para la Promoción de Cooperativas y otras formas de economía solidaria para unificar acciones gubernamentales (Mora, 2011). También se inicia el desarrollo del proyecto COL76, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de cuyo adelanto se desprende, en 1980, el Decálogo de la Nueva Política Cooperativa.

En 1981, por recomendaciones del Decálogo de la Nueva Política Cooperativa, se crea el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP), que abrigaba las funciones de promoción y supervisión sustituyendo a la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

En 1982, mediante promulgación de un CONPES61 (Mora, 2011), se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo (PLANDECOOP) y se realizan múltiples seminarios que sustentaran el proceso de planeación. De este plan surge, en ese mismo año, la promulgación del Decreto 2873, por el cual se crea la Comisión de Concertación del Desarrollo Cooperativo.

Bajo este período se fomentaron las cadenas cooperativas para mejorar la distribución. También se crea el Comité Interinstitucional para la promoción y el desarrollo de formas asociativas como un mecanismo de coordinación de entidades públicas con el cooperativismo (Mora, 2008, p. 113). De manera que en este período se consolidan las relaciones de las cooperativas con el Estado en su más alto nivel.

Siendo presidente Belisario Betancourt se promulga, en 1984, el Decreto 2263, por el cual se regula la intervención de las cooperativas con un claro acento regulador hacia las de ahorro y crédito, y a final de su mandato, ad portas de una reforma constituyente, se promulga la Ley 79 de 1988, por la cual se regula hasta la actualidad el sector cooperativo. En su Plan de Desarrollo, Belisario Betancourt plantea la importancia del cooperativismo en programas de autoconstrucción, generación de empleo y mercadeo de bienes, y se desarrolla un ambicioso programa de creación de cooperativas para estas funciones en el ámbito rural y urbano.

Siendo presidente Virgilio Barco, en 1986, se crea el Consejo Nacional de Economía Solidaria y se adopta el concepto de economía solidaria con el Decreto 2536, que lo reconoce como un sector de gran importancia en el entorno económico nacional.

Reconociendo que: la economía solidaria está conformada por una franja de organizaciones de tipo participativo, abierto y otras formas asociativas....y la existencia de dispersión, ausencia de coordinación y cooperación mutua en el conjunto de la economía solidaria ha dificultado la modernización y el desarrollo acumulativo de las actividades básicas, en el renglón de la producción y prestación de servicios... (citado en Mora, 2008).

Si bien el cooperativismo logró en esta labor cierta independencia en la consolidación de estrategias de desarrollo, se incluyeron tareas, con apoyo público, asociadas a mitigar algunas fallas de mercado y de Estado como la provisión de vivienda y el fortalecimiento de la empresa rural y de mercadeo agrícola.

Paralelamente, el discurso político hacía énfasis en la necesidad de que las cooperativas se integraran a programas de desarrollo rural y de alimentación y nutrición como proveedores. Se hizo énfasis también en el desarrollo de cooperativas de salud, de gestión de servicios públicos, de protección ambiental y en las cooperativas de producción en zonas en conflicto como mecanismo para la paz y generación de empleo productivo.

En este período, a medida que el cooperativismo fue desarrollándose, también fueron ampliándose el discurso de apoyo al cooperativismo hacia áreas antes no tratadas como la salud, el medioambiente, la vivienda e incluso comienzan a mencionarse la opción cooperativa como mecanismo de paz y de solución a problemas en crecimiento como el desempleo.

No obstante, el accionar en las políticas públicas comenzó a hacer énfasis en la necesidad de fortalecer a estas empresas en el mercado, pero con una fuerte dosis de exigibilidad en el área de los resultados sociales. En la figura 10, se muestra el crecimiento de empresas cooperativas en el período de 1975 a 1989.

Figura 10. Número de empresas cooperativas en Colombia (1975-1989)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Economía Solidaria extraídas del año 1975 al año 1983 de Fajardo (2005), del año 1985 a 1989 de Pineda y otros (1998)62.

En síntesis, en este período el acento se puso en la asistencia técnica, se realizó un plan sectorial de desarrollo y se desarrollaron medidas de fomento que buscaron fortalecer el rol de las cooperativas como sector económico en los mercados. Las iniciativas buscaron dotar al sector de mayor eficiencia y autonomía y en efecto, el crecimiento de organizaciones cooperativas brinda señales para aseverar la relación entre el Plandecoop y el crecimiento cooperativo.



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