Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



Descargar 1.94 Mb.
Página15/41
Fecha de conversión24.05.2018
Tamaño1.94 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

3.ENTORNO DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA


Identificar el entorno del cooperativismo colombiano es central para analizar el ámbito de desenvolvimiento de las cooperativas, sus principales instituciones, actores, y los vaivenes que en la formulación y evaluación de políticas públicas se presentan.

Históricamente, el único hilo conductor de la institucionalización de medidas de promoción hacia el sector cooperativo colombiano ha sido la instrumentalización de la figura cooperativa para solventar problemas de Estado tales como vivienda, consumo, aprovisionamiento, ahorro y crédito, trabajo, y más recientemente organizaciones para la paz, entre otras tipologías organizacionales que, siendo fomentadas desde el gobierno nacional, no han logrado su perdurabilidad.

Para ello, se analizará brevemente la historia de las políticas públicas en cooperativismo a partir de una exploración documental, y finaliza este primer apartado con el análisis de dos casos históricos: el de las cooperativas de consumo y el de las cooperativas de producción.

En un segundo apartado, se identifican las grandes magnitudes y agentes del cooperativismo colombiano a partir de la sistematización de las estadísticas disponibles.

En un tercer apartado, se describe el entorno general de Colombia en la actualidad con base en la revisión de tres grandes acontecimientos: la institucionalización de la búsqueda de convivencia pacífica que involucra principalmente los actuales esfuerzos por suscribir la paz con acuerdos con las principales guerrillas del país (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– y el Ejército de Liberación Nacional –ELN–), la búsqueda por nuevos mercados a partir de la suscripción de tratados de libre comercio y los compromisos firmados por la sostenibilidad tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como en el Acuerdo COP21. Todo lo anterior enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional como base de las políticas nacionales de los presidentes de Colombia. Finalmente, el presente capítulo finaliza con un análisis geopolítico del conflicto armado en Colombia y su relación con el cooperativismo.

    1. Breve historia de las políticas públicas en cooperativismo53


Desde hace más de 85 años, las cooperativas han estado presentes en los discursos gubernamentales, donde se les ha atribuido una función económica y social portentosa. Para algunos, estas empresas reducen la pobreza, generan empleo y bienestar general. Para otros, el cooperativismo tiene la potencialidad de erigirse como una alternativa económica para superar las “agudas contradicciones colombianas”. Hay señales que indican que estas empresas han sido vistas como un instrumento para lograr el desarrollo del país.

Por ello, las políticas públicas han basado sus esfuerzos en el componente de la promoción y particularmente, en la creación de cooperativas con fines instrumentales. De manera que la promoción ha estado atada a las necesidades coyunturales de cada período histórico, transfiriendo a estas organizaciones algunos de los más ingentes problemas estatales. Así lo muestran la historia de las políticas públicas, la observación del devenir institucional de las organizaciones y el examen del acento regulatorio y promotor del Estado (Zabala, 1997; Mora, 2011). La anterior afirmación se soporta en breves indagaciones por la historia de su promoción.

Desde la institucionalización del cooperativismo, con la Ley 134 de 1931, y dependiendo del periodo histórico de que se trate (Mora, 2012), el Estado ha promovido (o castigado) a cierto tipo de cooperativas con el objeto de lograr sus fines (Álvarez y García, 2013). Por ello, las relaciones de las cooperativas con el Estado han sido tensas por la ambigüedad en su tratamiento.

Un seguimiento a los principales hechos presidenciales, de 1930 a la fecha, por periodos (Álvarez, 2007), da cuenta de la relación entre las necesidades del Estado y su procura a partir de la promoción de cierto tipo de cooperativas. De 1930 a 2015 se desarrollaron varias etapas en el fomento cooperativo. Se analiza cada período apelando a una síntesis de la literatura histórica del cooperativismo y la periodización histórica propuesta por Mora (2008), luego de realizar un mapeo de las principales publicaciones relacionadas con la historia del cooperativismo colombiano en etapas como lapsos de tiempo en los que se configuran diversos elementos claramente diferenciados y que determinan un período distintivo (Mora, 2008, p. 43).


      1. Primer período del año 1930 al año 1958 (promoción)


Dos años después de la promulgación de la primera Ley cooperativa (134 de 1931), siendo Presidente Enrique Olaya Herrera, se marcaba en su discursos la necesidad de fundar cooperativas de crédito y consumo (Márquez, 1981). Estas áreas presentaban fallas de provisión, luego de la Gran Depresión Mundial. Se legalizaron las primeras cooperativas y se dictaron otras normas que ampliaban y especificaban el contenido de la Ley marco54.

En 1932, el Decreto 1339 dotó al cooperativismo de una entidad de fomento y crédito. Ese mismo año se creó la Superintendencia de Cooperativas, y se emite un decreto que ordena a varios entes del Estado coadyuvar en todas las medidas necesarias para el establecimiento, difusión y creación de entidades cooperativas que conduzcan al desarrollo de la producción, el crédito, la industria y el abaratamiento de la subsistencia.

El objetivo era el desarrollo de una política expansionista de industrialización dirigida por el Estado (Ocampo, 2010), y reactivar la producción interna luego de la caída de los ingresos por exportaciones del café y el aumento de los pagos de la deuda externa (Ocampo, 1987).

En 1935, siendo presidente Alfonso López Pumarejo, se generan incentivos55 a las cooperativas como auxilios, subvenciones y la exención de impuestos de importación, especialmente de repuestos, y se continúa la creación de cooperativas para solventar fallas de mercado y de Estado56.

La situación económica desfavorable con respecto a los ingresos cafeteros persistía, pero la política de industrialización rendía frutos en un marco inflacionario y de creciente presión fiscal a las rentas. Ello permitió seguir impulsando al sector cooperativo como agente de desarrollo nacional, de estabilización de precios, y lo enmarcaba como un actor importante dentro de su ambiciosa reforma social (Ocampo, 1999).

En 1938, siendo presidente Eduardo Santos, cuyo hermano fue el abuelo del actual Presidente de la República, amplía las exenciones aduaneras, los auxilios a cooperativas productoras de panela, miel, café, sal y en general, a todo el campo de la producción, compra de insumos, y se establecen estímulos para las compras cooperativas. Pero en el año 1940, se decide cambiar la adscripción de la Superintendencia de Cooperativas al Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, denominándose Superintendencia de Cooperativas y Previsión Social.

En el mismo período gubernamental, se crea la Superintendencia Nacional de Cooperativas pasa al Ministerio de la Economía Nacional. Hacia 1941 se crea el Fondo Cooperativo Nacional57 y se amplían los estímulos a los municipios que quieran crear cooperativas58. En el ámbito económico, este período estuvo signado por la inestabilidad, la recuperación hacia 1940 de los precios del café y la caída del abastecimiento interno por la baja y control de importaciones en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, junto con una política crediticia expansiva.

En este período, las políticas hacia el sector cooperativo sufrieron innumerables cambios que a la postre, causaron grandes imprecisiones e incertidumbre en el desarrollo de las mismas. Cambios constantes de funcionarios, traslado administrativo de la Superintendencia de Cooperativas de un ministerio a otro, aumento progresivo de las exenciones tributarias, baja longevidad de las instituciones crediticias y surgimiento de múltiples instituciones que ofrecían servicios a las cooperativas sin que ello fuera parte de su naturaleza, configuraron un primer momento de profusidad en las políticas públicas.

Hacia 1944, siendo nuevamente Presidente Alfonso López Pumarejo, se reitera el discurso a favor del cooperativismo como organismo necesario para el desarrollo de la producción, pero se advierte que el gobierno no puede apersonarse de programas cooperativos si no cuenta con la participación de los cooperativistas, puesto que ellos deberían ser los responsables de la ejecución de sus planes y proyectos.

En este período se abre una nueva veta de fomento para las cooperativas (las cooperativas habitacionales), y se faculta al gobierno para crear cooperativas de distribución y adquirir acciones de cooperativas para la nación. Con ello, se genera la primera política de desnaturalización abierta para estas organizaciones. También se realiza nuevamente el traslado de la Superintendencia de Cooperativas del Ministerio de Economía al Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social y luego, en 1946, se traslada nuevamente al Ministerio de Fomento. Finalmente se auspicia, decreta y crea la Escuela Interamericana de Orientación Cooperativa (1946).

En el ámbito económico, se logra mejorar los índices inflacionarios y se estabiliza la moneda que venía siendo afectada por las variaciones en las tasas de cambio. A partir de 1944 mejoró el abastecimiento de insumos importados y comienza la reactivación de la economía con el motor ya no sólo del café, sino también de la creciente industria.

Hacia 1946, siendo el presidente Mariano Ospina Pérez, se resaltó la importancia del cooperativismo, como generador de un nuevo orden económico, en la solución de los problemas que tenía el país. En este contexto, las cooperativas de habitaciones, de producción agropecuaria y de colonias agrícolas cooperativas, recibieron particular fomento, continuando con las exenciones, financiación y auditoria.

En este período se dio un alto a la creación de normatividad cooperativa y se buscó mejorar las leyes existentes. En adición, se formalizó el Fondo Cooperativo Nacional59. En lo que respecta a lo económico, el país logra reactivar su economía a partir del dinamismo interno que generó el proceso de industrialización y de sustitución de importaciones. Se generaron nuevos mercados e incentivos para el desarrollo urbano. A mitad de su período, se abre otro fuente de conflicto interno tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán que tuvo como consecuencia la desaceleración del ritmo de crecimiento del incipiente sector industrial (Mora, 2008).

Hacia 1950, siendo Presidente Laureano Gómez, se ordena la liquidación, con tan sólo dos años de existencia, del Fondo Cooperativo Nacional, cuyos activos se trasladan al Banco Popular para que este brinde la asistencia financiera a las cooperativas. El contexto económico era favorable por los altos precios del café.

Hacia 1953, luego de un golpe de Estado cuyo ejercicio presidencial efectuó Gustavo Rojas Pinilla, se crea el Instituto de Colonización y Emigración, donde se le asignan funciones de fomento del cooperativismo. Hacia 1955, se traslada la Superintendencia de Cooperativas al Ministerio del Trabajo.

En los últimos años de la década del cincuenta, con el retorno a la democracia y dada la necesidad de promover el cooperativismo de vivienda y consumo, el discurso político rondó alrededor del establecimiento de cooperativas para contribuir a solucionar el problema de vivienda y organizar el mercadeo y transporte de productos agropecuarios para abaratar el costo de vida.

Finalizando este período histórico, las cooperativas crecieron de forma desigual, pero con cierta fortaleza económica. En la figura 8, se muestra cómo en 27 años de fomento cooperativo se generaron 425 cooperativas. No obstante, en este período, se destaca un punto de inflexión en 1950, año en el cual se comienzan a evidenciar las contradicciones de las políticas y comienza a disminuirse el desarrollo empresarial.

Figura 8. Número de empresas cooperativas en Colombia (1933-1958)

Fuente: Liga de Cooperativas de Estados Unidos (1970, p. 32), con base en Superintendencia Nacional de Cooperativas.

En este período, la política pública fue paternalista e intervencionista. El desarrollo cooperativo se fundamentó, en buena parte, en las amplias exenciones y facilidades que se les otorgaba.

Así, el Estado promovió, entre la década del treinta y mediados de los cincuenta del siglo pasado, el desarrollo de cooperativas para enfrentar la escasez, evitar el monopolio y el acaparamiento. En esta lógica, las cooperativas de consumo y de aprovisionamiento agrícola fueron las privilegiadas y luego las principales huérfanas del apoyo estatal.




      1. Compartir con tus amigos:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal