Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización



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El potencial cooperativo en el desarrollo local e internacionalización


Como se ha mencionado, las cooperativas se caracterizan por actuar bajo polivalentes lógicas organizacionales que desembocan: en lo económico, en maximizar los beneficios netos por asociado mediante los principios de la acción colectiva (explicadas principalmente por la Premio Nobel Elinor Ostrom); en lo social, en reproducir círculos asociativos (propios de la teoría sociológica del capital social); en lo político, en procurar la participación en todas las cosas; en lo ambiental, en la búsqueda de hábitos de consumo y producción sostenibles (difundidos en organismos como el PNUD), y en lo ético, en la adhesión a una doctrina propia que les es característica desde hace más de 160 años. Cada una de estas dimensiones está circunscrita a territorios y a reglas locales de configuración de los mercados.

Las cooperativas tienen un lugar privilegiado en el desarrollo territorial por su vocación de trabajo para sus miembros, formación permanente y servicio para la comunidad. Ello es reconocido, entre otros, por las Naciones Unidas (2014), la Organización Internacional de Trabajo (Fonteneau, 2011) y la Comisión Económica de la Unión Europea (Comité Económico y Social, 2015), quienes destacan la incidencia de estas organizaciones en el crecimiento sostenible, cohesión e innovación social.

Las organizaciones solidarias atienden a peculiares formas para organizar sus iniciativas locales. Su objetivo enfatiza en maximizar el beneficio de sus miembros medido en mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo. Para ello, utiliza como medio lo que para las empresas capitalistas es un fin: las utilidades. Las cooperativas tienen fundamentalmente una acción local (Prevost, 1996), lo que implica necesariamente un enfoque cimentado en las lógicas territoriales. Por otra parte, su perdurabilidad requiere que la presencia de los órganos del Estado se articule con el resto de organizaciones y la sociedad civil sin solaparse (Stiefel y Marshall, 1994; Cunnil, 1995; Jessop, 1999).

Como actúan en el marco de economías de mercado, muchas veces actúan bajo sus reglas, pero con pautas de distribución y operación distintas. También actúan por fuera del mercado bajo criterios propios de asignación. Cualquiera sea el caso, parten de maximizar la satisfacción del beneficio de cada uno de sus miembros en un ámbito común por medio de la aglutinación de demandas (necesidades) y satisfactores como oferta. De manera que hay una estrategia básica de generación de economías de escala.

Para empoderar a los actores locales, resulta clave visualizar a la comunidad local con todos sus integrantes, públicos y privados. Al respecto, es consenso que el desarrollo local debe tener una perspectiva empresarial, creativa e innovadora, aunando los recursos comunitarios, de infraestructura, humanos y financieros, sin olvidar sus especificidades. De manera que si hay un consenso para movilizar programas de intervención para la alternatividad y fundamentar la lógica de otra economía, es que toda acción debe gestarse, desarrollarse y valorarse desde y con los actores originarios del territorio.

Autores como Zubiría y Ducan (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), dan cuenta de cómo en los territorios en conflicto se instauró la violencia como representación de lo político, lo social y como medio de articulación con los mercados, incrementando el autoritarismo y generando difíciles escenarios para el ejercicio de proyectos alternativos. Entre ellos los representados por organizaciones solidarias, quienes en algunos casos terminan siendo organizaciones de resistencia civil.

En el presente, la apuesta por una agricultura intensiva y la búsqueda de productividad mayor en el campo, vuelve a jugar un rol que causa tensión con la orientación de organizaciones solidarias que han generado estrategias de articulación en red para sobrevivir en un medio de orientación económica que no les es afín y que tiende a desplazarlos de sus espacios de actuación en procura de la eficiencia46. A esto debe agregarse la herencia del conflicto, escuetamente documentada, de mercados dominados por mafias ligadas a la distribución que apelan a la violencia para determinar inmensas brechas entre los precios de compra al campesino y de venta al consumidor.

Pese a estos escenarios, la especificidad cooperativa puede generar vínculos con el fortalecimiento cívico local y hace factible el retorno de posibles víctimas y combatientes a los territorios enmarcados en el post-acuerdo. Las dificultades que trazan los procesos jurídicos de restitución de tierras pueden mitigarse a partir de la organización de colectivos de explotación bajo formas solidarias. La producción puede extenderse a dinamizar los mercados nacionales bajo menores costos de transacción. Los precios agrícolas pueden reducir los ciclos que se acentúan como efecto de los cambios climáticos. El empleo puede aumentar en los territorios de desenvolvimiento de estas organizaciones, y la desigualdad y la pobreza tenderá a disminuir como efecto de la inclusión de grupos de pobladores a los circuitos de producción local.

Para que la potencialidad de las organizaciones solidarias se despliegue en el territorio, es necesario formular políticas de intervención en las que:


  • Se reconozca la especificidad diferenciada de estas organizaciones frente a las concepciones del desarrollo rural basadas en el paradigma único de la explotación a gran escala. En algunos casos, la cooperativización agrícola supondrá producción a gran escala (como los desarrollados a nivel agroindustrial por Colanta); en otros casos con producción orgánica a pequeña escala en red (como los desarrollados a nivel nacional por pequeñas redes asociativas articuladas a la Confederación Agrosolidaria), con agregación de valor artesanal (como los desarrollados en el ámbito local por grupos productivos orientados por el esquema OVOP), reproducción de procesos (como los desarrollados en organizaciones fomentadas desde las microfranquicias) o una combinación de estas.

  • Se propicien espacios para la organización de circuitos económicos, creación de cadenas de comercialización, desarrollo de mercados internos e implementación de procesos de agregación de valor basados en la creación de mercados internos.

  • Se faciliten alianzas con organismos públicos y privados para garantizar la democratización de mercados actualmente signados por la presencia de mafias y carteles de formación de precios.

Bajo lo anterior, es claro que no existe unicidad organizacional en lo territorial de las cooperativas. Hay matices que expresan diferentes condiciones para el ejercicio de la asociatividad, pero que en todo caso requieren de condiciones institucionales para reproducir sus lógicas por medio de incentivos y desincentivos para aquellas organizaciones que actúan en pro del bien común.

En un contexto de internacionalización de los mercados, donde la apertura económica afecta a todas las actividades económicas incrementando la competencia comercial y se consolidan procesos de monopolización de los mismos a costa de las fusiones, las cooperativas deben aunar a sus difíciles condiciones comerciales en lo local, las presiones de conglomerados empresariales de capital que buscan expandir sus áreas de influencia a cada rincón del planeta.

Por ello, la internacionalización no es un escenario posible, sino un contexto necesario de atender. Al tenor de lo anterior, se entiende como internacionalización los procesos de adaptación de los negocios al contexto global, y esto abarcaría las condiciones por medio de las cuales se generan posibilidades para asistir a los mercados nacionales o internacionales sin perder la identidad que les caracteriza (Álvarez, 2012, p. 6).

Para adelantar procesos de internacionalización, las cooperativas requieren optimizar elementos de gestión: las relaciones de las cooperativas con los agentes, la organización de procesos, la innovación social, sistemas de calidad, los enfoques administrativos que se implementen y la responsabilidad social (Fayos y Calderón, 2013). Pero también se requieren medidas de políticas públicas que no obstaculicen su accionar con medidas discriminatorias en los mercados y por el contrario, que, siguiendo la evidencia de la ley portuguesa y los planteamientos de Stiglitz, puedan competir en mercados plurales.


      1. Las cooperativas y la convivencia pacífica47


Hay una amplia literatura que trata el tema de la convivencia pacífica y el conflicto desde distintas miradas. Se utiliza la expresión convivencia pacífica en vez de paz, en tanto señala con mayor ahínco el efecto de coexistir en un espacio determinado de manera no violenta. La convivencia pacífica se construye desde la confluencia de múltiples actores sin que exista un liderazgo predeterminado como en los procesos de paz, y no niega el conflicto, sino que logra que su tratamiento se haga bajo mecanismos que no niegan al otro.

Por la característica híbrida de los actores que generan convivencia pacífica, su trazado territorial, y por la orientación que tiene de no negar el conflicto ni negar al otro, es que se asocia en el presente escrito el concepto de convivencia pacífica a las acciones que realizan las cooperativas. Johan Galtung (2007) plantea que el ser humano tiene capacidad de paz. Esta capacidad es un tercer elemento que desdibuja la dicotomía entre paz y guerra y da como resultado una convivencia pacífica planeada, racionalizada y estructurada en comunidades de convivencia pacífica.

Por su parte, John Paul Lederach (2008) nos muestra cómo a partir de la imaginación creativa, los propios pueblos alcanzan a generar soluciones para convivir pacíficamente. Estas soluciones tienen la característica de que estar orientadas por vías distintas a los acuerdos verticales que toman los actores violentos. Así el Estado comparte su liderazgo natural con los agentes sociales, de los cuales las cooperativas preponderan por su historia, sus prácticas y su creatividad moral.

Las cooperativas tienen una larga data de acciones concretas que históricamente han servido para propiciar condiciones de paz y han tenido un despliegue mayor en materia de postconflictos48, así como organizaciones que han sido cooptadas para servir de reproductores del conflicto.

Merece la atención el estudio de la incidencia del sector cooperativo en la generación de condiciones cívicas para hacer sostenible la convivencia pacífica de los países miembros de la antigua Yugoslavia, como Eslovenia, Croacia y Serbia, quienes luego de sufrir una cruenta guerra civil, han logrado generar incentivos de optimización económica que les ubica en posiciones privilegiadas (muy alta) en cuanto a índices de desarrollo humano (muy alta para los dos primeros con los lugares 25 y 47, y alta para el tercero, con el lugar 66). Su experiencia sugiere que sus esfuerzos en educación y salud generaron capacidades de construcción y recuperación estatal sostenibles (y no efímeras, como las ayudas del Estado y los organismos de cooperación) y están fuertemente unidas a la estabilidad económica y políticas de los países (Filipov, 2006).

En los estudios disponibles, los consensos en la materia no son frecuentes, dado que los resultados del accionar cooperativo no dependen en sí mismos de estas organizaciones y sus lógicas constitutivas, sino que están íntimamente ligados al contexto donde se desenvuelven, generando en ocasiones sentidos contrarios en su incidencia.



La paz como construcción social e histórica

Los costos sociales de la desigualdad…se relacionan con la pobreza, pero también con la cooperación de diversas maneras (Cárdenas, 2011)

Vicenç Fisas es un reconocido líder mundial en materia de convivencia pacífica. Para este autor, la promoción de una cultura de paz supone la identificación de factores estructurales de riesgo, es decir, las causas de los conflictos, como la recesión económica, la desigual distribución de los recursos, los sistemas políticos no democráticos, las desigualdades sociales, los flujos de refugiados, la intolerancia cultural y la proliferación del armamento (Fisas, 2002, p. 29).

Las posibilidades de la reconstrucción de la sociedad que ha padecido una situación de conflicto bélico radican en la necesidad de considerar cómo se han acumulado vivencias de exclusión que afectan a la percepción que tienen de sí mismas las comunidades.

Los conflictos que se presentan en la actualidad se producen en Estados y en sociedades frágiles y colapsadas por un cúmulo de manifestaciones de violencia (políticas no participativas, imposibilidad de acceder a la tierra, a los bienes y a las oportunidades, prevalencia del militarismo y de la venganza en el marco de la ineficiencia y la inestabilidad de los sistemas de justicia), agravados por una economía de guerra que se basa en la “degradación de las propias comunidades, la extorsión, el mercado negro, el tráfico de armas, etc., de manera que la lógica de la guerra se construye sobre el funcionamiento de un tipo de relacionamiento económico” (Fisas, 2002, p. 29).

En este marco, es indispensable situar muy comprensivamente la idea de que la paz no es sólo una decisión política sino una construcción cultural e histórica, que se fomenta desde la educación y hasta la dinámica cotidiana de las relaciones económicas en el interior de las comunidades. Se requiere, por tanto, promover una democracia económica participativa que fomente la activación de circuitos económicos comunitarios

Así, es cada vez más necesario fomentar una cultura de paz por medio de la educación, garantizar el acceso a las mujeres al sistema educativo, revisar los planes de estudio para hacerlos coherentes con las necesidades de aprendizaje en materia de resolución de conflictos sin recurrir a la violencia, capacitar a la gente en la promoción del diálogo. Es preciso acudir al trabajo en redes con base en movimientos populares y sociales, también con participación de otros países, para afianzar estos procesos de fomento de cultura de paz mediante la educación. Si bien es crucial promover un desarrollo económico y social sostenible, se requiere que este persiga la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades económicas y sociales y el logro de la seguridad alimentaria.



Experiencias de convivencia pacífica desde el cooperativismo: Puede ser pertinente ahora considerar las experiencias que en otros países y en otras épocas se han puesto en marcha para organizar procesos de reconstrucción social después del final o durante la culminación de un conflicto armado, mediante la implementación de procesos económicos alternativos.

La tesis central que se esgrime en este apartado es que las cooperativas auténticas49 son una herramienta indispensable para fomentar la convivencia pacífica luego de procesos institucionales de pacificación. Para demostrar la validez de esta tesis se identificarán una serie de experiencias, sobre todo cooperativas, que sirven de “museo de lo posible”.

Las experiencias que se presentan a continuación exploran diversas formas de comprender la asociatividad cooperativa, la resolución de los conflictos y la construcción de los procesos de paz, en momentos históricos distintos. En estas experiencias se puede encontrar cómo las formas de asociación cooperativa contribuyen a pacificar las relaciones entre las personas que las componían, y también con los demás no asociados.

Las relaciones entre el movimiento cooperativo y la búsqueda por un mundo en paz tienen manifestaciones en la historia desde aquellas experiencias organizadas entre los últimos años del siglo antepasado y el final de la Primera Guerra Mundial (MacPherson, 2007, p. 35).

Los valores cooperativos están particularmente vinculados con el dialogo, la solidaridad y la gestación de la paz, y la proyección del movimiento cooperativo, desde sus más antiguos orígenes, ha estado relacionada con la generación de experiencias hacia la reconstrucción y la prevención de conflictos. La visión del mundo del movimiento cooperativo es una de un mundo en paz, y con desarrollo humano (MacPherson, 2007, pp. 50-51).

Bajo la convicción de que un trabajo alrededor de la construcción de la paz requiere de formas congruentes con la práctica de la democracia y la justicia social, un ejemplo concreto de la estrecha relación entre pacifismo, democracia y cooperativismo son las experiencias asociativas organizadas por las mujeres en Gran Bretaña, durante el periodo de entreguerras, en la década del treinta del siglo pasado.

La asociación cooperativa de mujeres (WCG, por su sigla en inglés) fue organizada en 1883, como un cuerpo auxiliar del movimiento cooperativo de consumidores en Inglaterra, que no solamente se encaminó a la promoción de actividades de comercio justo, sino también al trabajo para la promoción de la ciudadanía (Scott, en Emmanuel y MacPherson, 2007, p. 74).

La asociación cooperativa de mujeres atrajo a muchas personas a unirse en la persecución colectiva de la cooperación y del fortalecimiento de la ciudadanía, como mecanismos prioritarios en la causa de la paz y de la construcción social de la misma. Su compromiso con los principios cooperativos, principalmente la defensa de los procedimientos democráticos, ha permitido en sus iniciativas la promoción de muy serios debates en contra del fascismo político y del absolutismo económico. Durante la década del treinta del siglo pasado, los liderazgos de la asociación participaron en la generación de una cosmovisión pacifista, en las batallas contra el fascismo y en la promoción de proyectos cooperativos para derrotarlo en el seno de las comunidades. Sus avances tuvieron efectos no solamente en Inglaterra, sino también en España y Alemania, cuyos regímenes fascistas atentaron con destruir la operación y los logros de las organizaciones de trabajadores (Scott, en Emmanuel y MacPherson, 2007, p. 84).

Por otra parte, los inicios de la Corporación Cooperativa Mondragón se realizaron en un contexto de postguerra en los que la devastación, el hambre y el desempleo eran los problemas más acuciantes. Ello en un escenario donde la propaganda del bando ganador aplastaba las tradiciones locales, su cultura, y no facilitaba diálogos democráticos por la paz (Altuna, 2011). En este contexto, se inician labores de formación para el trabajo basadas en una férrea disciplina dirigida a implicar a los jóvenes educandos en el desarrollo empresarial del pueblo. Sumado a lo anterior, se creó una asociación de padres para buscar su compromiso frente a la implicación de los hijos en el proyecto de reconstrucción económica, cívica y política del pueblo. En ello fue fundamental el rol de un líder, el padre Arizmendiarrieta, y la creación de organizaciones auto-dirigidas bajo principios democráticos (que no existían desde el punto de vista de las instituciones del Estado): las cooperativas. De manera que la suma de un decidido liderazgo y la identificación de la cooperativa como un instrumento, iniciaron un proyecto que no ponía acento en la forma cooperativa, ni en su desarrollo, sino en el desarrollo de su territorio y la búsqueda de condiciones para la paz, el re-establecimiento democrático y cultural de sus tradiciones.

En Japón, incluso antes de 1945, los luchadores cooperativos por la paz ya encontraban en dificultades para la satisfacción de sus búsquedas en el marco de una enorme presión nacionalista y militarista; por supuesto, estas dificultades se incrementaron enormemente después de que cientos de miles de personas sufrieran las consecuencias de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La experiencia de los pacifistas miembros de experiencias cooperativas y solidarias en el marco de su énfasis para el desarme nuclear tienen muchas lecciones que presentar al movimiento cooperativo internacional en busca de la paz (Tsuzuki, en Emmanuel y MacPherson, 2007, p. 166). Los esfuerzos de los pioneros japoneses de la cooperación y del pacifismo han tenido que enfrentarse a muy duras circunstancias en que el ultra nacionalismo y el militarismo han dominado las decisiones de las grandes potencias.

Más allá de la exposición de principios para que el movimiento cooperativo pueda aportar a la pacificación y al restablecimiento de sociedades severamente afectadas por conflictos bélicos, como el caso de Japón, también puede verse la contribución del cooperativismo a la prevención de los conflictos en un país tan diverso cultural, étnica y religiosamente como es Indonesia, en el que ni las diferencias en las creencias ni los conflictos étnicos se han presentado en el interior de sus experiencias cooperativas, blindadas de este tipo de problemáticas por el principio de voluntaria y abierta adhesión en un marco de neutralidad religiosa y de no discriminación étnica (Soedjono, en Emmanuel y MacPherson, 2007, pp. 200-202).

Recientemente, las cooperativas para la reconstrucción vuelven a jugar un rol central. Luego de la devastación que causara el terremoto y tsunami en la costa de Honshu en Japón, el 11 de marzo de 2011, comenzaron a organizarse grupos de autoayuda que realizaban visitas turísticas de apoyo que posteriormente tomaron la figura de cooperativas.

Ante los desastres humanitarios, el sentido de pertenencia étnica se incrementa por el espíritu humano de sobreponerse a los eventos adversos. Bajo este impulso se entablan lazos de solidaridad simbólicos que funcionan como puentes a la confianza y a la certidumbre. Las cooperativas sirven por su estructura organizacional para organizar la acción a la que se conduce por los impulsos en reseña. En este sentido, el gremio cooperativo japonés inició sus actividades apoyando a las cooperativas que habían sufrido daños en la zona del desastre y a partir de ello se extendieron los servicios a la comunidad, siguiendo los principios cooperativos.

Entre la enorme complejidad que suponen los retos que África tiene para el mundo, los esfuerzos de las personas organizadas en asociaciones cooperativas de ese continente sirven para inspirar el trabajo que en nuestro país nos espera en la reconstrucción de nuestra sociedad, aún colonizada y tan vastamente inequitativa. En contextos en los que las sociedades están siendo golpeadas por condiciones económicas, sociales, políticas y climáticas adversas, las cooperativas de pequeños agricultores o las que ponen en marcha estrategias de salvación financiera para personas de bajos ingresos, o las que asocian productores y consumidores de pequeña escala, son las que más crudamente enfrentan la enorme diversidad de competencia y que requieren de mayor nivel de creatividad, adaptabilidad y profesionalismo.

La posibilidad que han tenido organizaciones de esta naturaleza de consolidarse como una alternativa real ante la pobreza y la miseria que deja la violencia en las comunidades civiles rurales en África, ha dependido de la capacidad que tuvieron de conocer las necesidades reales de sus miembros y de sus asociados, mientras simultáneamente ajustaban sus actividades a la competencia del mercado (Kibora, en Emmanuel y MacPherson, 2007, p. 225).

Al parecer, como lo atestigua de manera específica la experiencia de la pobreza, la miseria y el hambre en Etiopía, el impacto concreto de las transformaciones sociales debe tener lugar en el marco de las experiencias concretas de las comunidades locales, en las que, a pesar de las difíciles condiciones de sobrevida, la gente debe encontrar la manera de sobrevivir.

En este contexto adverso, especialmente entre las comunidades populares más pobres que viven la violencia y la miseria, la cooperación tiende a convertirse en un aspecto de altísima prioridad; la experiencia muestra que las actividades de las cooperativas rurales informales tienen un enorme valor para el fortalecimiento de comunidades locales de personas en las regiones más pobres de Etiopía, en las que el entendimiento mutuo no se presenta de manera espontánea en poblaciones en las que las diferencias étnicas son la característica predominante (Tenaw, citado en Kibora, en Emmanuel y MacPherson, 2007, pp. 247-248).

Sin embargo, la participación de las cooperativas en la construcción o en el mantenimiento de la paz no se reduce únicamente a la activación de estrategias para enfrentar las condiciones económicas adversas que viven sus miembros y asociados. De hecho, una de los aprendizajes en esta materia que deja la experiencia cooperativa en la región del Oeste africano ha sido la generación de nuevas estructuras de tipo asociativo, federativo o inter cooperativo. Estas organizaciones integradas por asociaciones cooperativas han contribuido a la generación de procesos sociales de paz, mediante el empoderamiento de comunidades ignoradas, dando voz a la gente que no la tiene, para que tengan la oportunidad de defender sus intereses y de hacer oír sus necesidades.

Ejemplos de ello han sido el Consejo Nacional de Consulta Rural (CNCR, por su sigla en inglés), en Senegal; la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mutuales Agrícolas, en Benín; la Unión Nacional de Cooperativas Agrícolas, también en Senegal; la Unión Regional de Cooperativas, en Burkina Faso; la Red de Organizaciones Agrícolas en el Oeste africano; y, como una experiencia de nivel continental, la Asociación Africana de Productores de Algodón (Kibora, en Emmanuel y MacPherson, 2007, pp. 230-232).
Latinoamérica ha tenido varias experiencias de paz configuradas desde la acción colectiva, generadas por grupos cooperativos en diferentes territorios. Algunas veces estas iniciativas han sido fomentadas por el Estado, otras veces surgen por iniciativa propia de líderes sociales y en otras por la acción de iglesias y ONG, entre otras.

La guerra civil que se vivió en El Salvador durante más de una década, al final del siglo pasado, entre las organizaciones de izquierda y la oligarquía salvadoreña, fue una consecuencia del desequilibrio social generado por el sistema social y político que se impuso en ese país durante el siglo xx, que produjo, entre otras consecuencias, la generación de organizaciones sociales, sindicales, solidarias y comunales, que acompañaron durante la guerra los esfuerzos por generar condiciones de sobrevida para las poblaciones afectadas, y también esfuerzos por encontrar salidas negociadas al conflicto político y la estabilización de la vida después de este (Guerrero, en Vuotto, 2012, p. 28).

Una de estas experiencias es el caso de la Cooperativa de Vainillas, ubicada en el departamento de Chalatenago, que fue una de las zonas “en las que la guerra civil se expresó con mayor violencia en cuanto al control de las fuerzas insurgentes” (p. 28). De acuerdo con el investigador salvadoreño Fernando Guerrero, la década del ochenta del siglo pasado fue el momento en el que la comunidad de Vainillas, con el apoyo y el liderazgo de las organizaciones de la iglesia católica, empezó a considerar la organización campesina para hacer frente a las condiciones de exclusión en el acceso a la tierra y de sobrellevar las consecuencias del conflicto armado, mediante la organización cooperativa, para dedicarse a la agricultura y la horticultura para asegurar la alimentación de las mismas comunidades involucradas en los procesos productivos de la cooperativa.

Lo decisivo de la estructura organizativa fue su papel en los procesos de negociación con los terratenientes sobre el acceso campesino a la tierra, una lucha reivindicativa en la que la cooperativa mantuvo un rol estratégico, “representando e informando a la población y ganando un alto nivel de credibilidad y liderazgo ante los demás campesinos no organizados” (Ibid: p. 29). Así, las experiencias que se vivieron durante el desenvolvimiento del conflicto bélico perfilaron el proceso de consolidación de estructuras organizativas cooperativas de campesinos en El Salvador, fortaleciendo la organización campesina y posibilitando la generación de relaciones solidarias con otras organizaciones y con la institucionalidad estatal, fomentando la generación de redes sociales para la reconstrucción social durante y después del conflicto.

La cooperativa de café Mut Vitz, es una organización de indígenas mayas en la región de Chiapas, en el sur de México. De acuerdo con la investigadora Andrea Levin (en Vuotto, 2012, pp. 31-32), la realidad de la producción del café en México es tremendamente desigual: la gran mayoría de sus productores son indígenas mayas que obtienen ingresos miserables, mientras que la rentabilidad en millones de dólares que se obtienen del procesamiento industrial, la comercialización y la exportación del producto queda en manos del gobierno, de los mafiosos locales y de las grandes compañías exportadoras.

En este escenario adverso, y con el apoyo de organizaciones sociales zapatistas, desde finales de la década de los noventa del siglo pasado, se ha venido llevando a cabo un proceso de desarrollo autogestionado cooperativo mediante una “sociedad solidaria de comercialización” (p. 31). En un ambiente de militarización y persecución organizada, militar o paramilitar, los productores indígenas asociados cooperativamente han conseguido mercados directos para la venta de su café en Estados Unidos y en los circuitos de mercado justo y solidario en Europa. “A través del control directo sobre el procesamiento y venta de su café, los campesinos lograron mejorar el bienestar general de su comunidad y fundamentalmente impulsaron un cambio en cuanto al respeto a los derechos indígenas en Chiapas” (p. 32).

Es así como, en el marco de la violencia misma, una asociación de campesinos indígenas trabaja en la construcción de la paz y de la sostenibilidad económica de sus comunidades, incluso mediante la articulación con redes solidarias en otros países. La cooperativa produce café ecológico, que se comercializa en circuitos de comercio justo, con la participación de un colectivo de solidaridad con la revolución zapatista, en Barcelona, España, donde se muele y se procesa industrialmente. Como puede verse en esta experiencia, la construcción de la paz mediante iniciativas cooperativas también se consolida mediante la activación de redes solidarias de carácter internacional.

En la actualidad se desarrolla en la región de la Orinoquía colombiana un proyecto de transformación productiva, social y política que involucra a jóvenes que han sido afectados por la violencia que se vive en Colombia: la Universidad de La Salle cuenta con un laboratorio experimental de paz en su campus rural en la vereda Siribana, cerca del municipio de Yopal, en el departamento de Casanare, en el que se lleva a cabo un proceso educativo incluyente para jóvenes de comunidades rurales afectadas por la violencia, quienes se alojan gratuitamente en el campus, mientras cursan programas académicos en ingeniería agronómica, liderazgo social y en investigación agrícola y ganadera.

El proyecto Utopía, que es como se denomina la iniciativa, integra “la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos, y que han sido afectados por la violencia” (Universidad de la Salle, s. f.).

El proyecto Utopía se basa en la idea de que el mundo rural está en condiciones de convertirse en la base de la construcción del desarrollo sustentable y del crecimiento económico con equidad y solidaridad, para contribuir a los procesos de reconciliación social y de democratización que se necesitan en Colombia. Así, los organizadores del proyecto Utopía, declaran que su intención es transformar a los jóvenes que han sido agredidos por la violencia en líderes comunitarios campesinos capaces de reinventar la Colombia agrícola, “y de reinventar la reconversión agropecuaria sustentable a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías” (Universidad de La Salle, s. f.).

No importando en qué contextos se desarrollan estas experiencias ni su dimensión, notamos cómo los asociados de estas organizaciones se responsabilizan frente a su realidad y la forma como operan en conjunto para procurar bienestar. En estas experiencias existen dinámicas de mercado y de no mercado que aprovechan y orientan las capacidades sociales sin desconocer las condiciones propias de intercambio recíproco que se establecen en nuestros países a partir de la familia, el compadrazgo y la amistad. No como pautas clientelares, sino desde el rigor de la confianza de redes y objetivos de superación comunes.

Por otra parte, se han generado bienes públicos no estatales, se han creado reglas de intercambio con eficiencia económica y la sociedad civil no sólo se ha fortalecido, sino que participa y co-produce políticas públicas en ambientes tradicionalmente hostiles, muchas veces creados con fines instrumentales.

La paz es un proceso práctico que se reproduce generando bienestar en la comunidad, aceptándola e imbricándola como elemento generador de soluciones y no como ente receptor de dádivas clientelistas.

El otro lado de la moneda: la instrumentalización

Las sociedades tienen más posibilidades de prosperar cuando hay incentivos claros para producir y recoger las ganancias de la cooperación social a través de la especialización y el comercio. Así reza el inicio de la lógica del poder del profesor Mancur Olson (2000), quien dedicó su vida a conocer los incentivos, motivaciones y condiciones para que una sociedad renunciara al saqueo y a la predación. Según este autor, los individuos que cooperan lo hacen para obtener beneficios individuales.

Ello encuentra eco empírico en organizaciones cooperativas que en Colombia fueron conformadas para filtrar, según el amplio estudio coordinado por Romero (2011), los dineros que financiaron las estructuras paramilitares en la costa atlántica colombiana.

Según Daren Acemoglu, James Robinson y Santos-Villagran (2009), en una democracia actores armados no estatales pueden controlar el comportamiento electoral de los ciudadanos. Esto incide en generar condiciones para una segura autodestrucción basada en brindar más incentivos para ganar que para producir, y en buscar una suerte de cleptocracia en todas las instituciones democráticas y obviamente en la orientación de las políticas. Las organizaciones solidarias no escapan a esto.

Los líderes de estos movimientos crearon, en unos casos, y en otros infiltraron, organizaciones cooperativas que sirvieran de respaldo para “limpiar” dineros provenientes del narcotráfico a partir del depósito de recursos por parte de personas naturales que luego repartían ficticiamente a todos sus asociados. También se utilizaron estas figuras para facilitar la desviación de dineros a las comunidades provenientes de las regalías. La estrategia en todo caso se basa en la triangulación económica y en el engaño a las autoridades frente a sus supuestos beneficios y beneficiarios.

Así, nos refieren los autores mencionados que en áreas sin actores armados no estatales, las políticas están focalizadas hacia los ciudadanos, mientras que en áreas donde hay actores armados no estatales, las políticas se dirigen hacia las preferencias de estos. Las organizaciones solidarias, en estos casos, son simplemente figuras jurídicas que han sido instrumentalizadas para beneficios personales, indebidos e ilegales por parte de depredadores en el sentido de Olson.

Lo anterior se relaciona con el Estado por la preponderancia de estímulos que se generan a la acción individual desarticulada, en un marco de normas sociales que reproducen conductas de búsqueda de beneficios sin pagar por ellos, de renuncia colectiva al cumplimiento de los marcos éticos y legales que configuran una sociedad abocada al bienestar general y de ausencia sistemática del Estado y de ausencia de provisión pública de bienes estatales.

En estos marcos institucionales, las cooperativas y otras organizaciones solidarias son depositarias de fuertes vínculos creados a partir de la sumisión servil y del miedo, pero no reflejan el modelo cooperativo, sino las consecuencias de una institucionalidad que brinda incentivos a la cooptación violenta de iniciativas civiles. Predominan en las organizaciones un capital social bonding basado en la exclusión y desaparición física de todos aquellos que no siguen los dictámenes de los bandidos nómadas50. Aquí la cooperación es obligatoria, la solidaridad es alcahueta y la actividad económica es ilegal.

En ese contexto, se busca individualmente la dotación de bienes públicos por cualquier vía. Nos referimos a la búsqueda de satisfacer la autoprovisión de bienes públicos como seguridad y defensa, salud, educación y tantos otros sin ningún tipo de orientación y coordinación con el interés general51.

Casi al unísono, comienza a generarse una cultura global del crimen como sostén del bienestar. Cada individuo genera en su actuación en los mercados (formales o no) cada vez más divergencia con el interés general. El resultado, siguiendo la lógica de las mafias identificadas por Gambetta (2010), es que las cooperativas que han sido instrumentalizadas por la mafia brindan aparentes sensaciones de seguridad a los que cobijan bajo su manto, pero acaban aumentado los costos de transacción y reforzando la desconfianza de todos.

Este autor da cuenta de la lógica según la cual las organizaciones depredadoras e ilegales como las acá reseñadas son las que más necesitan protección y por ello, la sincronía entre grupos paramilitares y cooperativas cooptadas por la ilegalidad en ciertos territorios es claramente una relación simbiótica que nada tiene que ver con los modelos organizacionales promovidos por el cooperativismo auténtico.

Esta situación fue implementada como modelo en Colombia (Romero, 2011), generando oligopolios del crimen y negociando algunas condiciones mínimas para asegurar productividad, con el fin de tener de donde saquear. Obviamente, en los territorios que han sufrido esta situación los mercados terminan volviéndose estériles, inocuos al interés general y se constituyen en barreras al desarrollo territorial, fortaleciendo las relaciones ilegales y la desigualdad. Lógicamente, la sociedad civil queda rezagada con escasas posibilidades de incidir en la configuración de un pacto social por el bienestar general.

En este escenario, la convivencia pacífica debe transitar de la convivencia pactada con la ilegalidad a una convivencia pactada por la sociedad civil, las instituciones del Estado y las cooperativas en un marco que contradice la aseveración contundente de Olson, pero que ha sido ampliamente reseñada por autores como Poteete, Janssen y Ostrom (2012)52. Se trata en definitiva de dos formas de ver la existencia de la cooperación: una impuesta y atada a la ilegalidad y otra como producto de la cohesión social por el desarrollo legal de los territorios.

Bajo la cooperación acordada florece la necesidad de cohesionar y solidarizar a la sociedad con causas próximas a la paz, y ello se potencia en la medida en que los lazos relacionales se construyan apelando a la sensibilización frente a lo que le ocurre a nuestros semejantes. De manera que la paz hay que repensarla como un proceso de articulación y emancipación de la sociedad civil y sus organizaciones contra la devastación que genera la existencia de condiciones institucionales favorables a la destrucción.

Está plenamente identificado desde la economía, la sociología, las ciencias políticas y la antropología que, dadas unas condiciones de construcción compartida, concatenada a los fines del interés general y bajo el condicionante de la legalidad, los grupos de interés comienzan a generar lazos de confianza (Cante y Mockus, 2006) y la sociedad civil comienza a encontrar sendas comunes para desincentivar el saqueo. Los individuos se ven reflejados en la sociedad y esta en los individuos, quienes identifican que en su condición humana existen elementos y momentos en los cuales es necesario activar el rol colectivo de construcción social.


      1. Valoración de la incidencia cooperativa


Las organizaciones cooperativas promueven su capacidad para incidir en el desarrollo de los territorios, fortalecer la democratización económica, satisfacer acuciantes necesidades sociales, incidir en la dinamización del capital social comunitario y mitigar las fallas de mercado basadas en su particular forma de gestión y el libre compartir de principios socialmente responsables.

No obstante, tener la capacidad para generar cambios, agregar valor o mejorar condiciones no implica necesariamente una acción en la materia. Las prácticas cotidianas, el cumplimiento de la identidad y la generación de satisfactores son factores que deben verificarse en las organizaciones.

Una vez exploradas las tendencias en economía social, solidaria y tercer sector y los principios de las políticas públicas subyacentes, cabe ahondar en los criterios de valoración del potencial de las cooperativas como agentes de desarrollo local, cohesión social y democratización. Esta incidencia potencial va de la mano con instrumentos para su valoración, se trata del balance social. Con este se responde a la pregunta acerca de cuáles criterios pueden servir para valorar la incidencia de las organizaciones y aporta elementos para analizar si estos criterios pueden y deben ser incorporados en las políticas públicas. En este apartado se documentará el balance social partiendo de su naturaleza, la responsabilidad social de empresas cooperativas y la generación de herramientas para medir la incidencia cooperativa.

En la medida en que el cooperativismo conozca y reconozca la lógica de sus prácticas y las magnitudes de su accionar, podrá planear acciones conjuntas para cerrar la brecha entre sus capacidades y sus resultados. Ello implica ejercicios de identificación, valoración y análisis que permiten conocer más acerca de las organizaciones y cómo puede potenciarse su incidencia. Por ello, identificar fortalezas y debilidades en las prácticas y cómo a partir de estas se analiza el impacto local, es una tarea de interés para los organismos de promoción, fomento y control, sean estos de naturaleza pública o gremial.

Sin embargo, la poca aplicación de herramientas compartidas que contribuyan a valorar la dimensión de la actividad cooperativa, la renuencia a realizar acciones que conduzcan a estandarizar la recolección de información comparable y la dificultad de generar un corpus de fácil aplicabilidad, hace mella en la optimización de las relaciones del cooperativismo. Es por ello que para Social Economy Europe (2013) el principal desafío es “co-construir, un instrumento de medición del impacto social junto a la academia clásica, las autoridades públicas y los actores de la economía social”.

Existen diversas herramientas que buscan generar pautas para estandarizar la información sobre las acciones de responsabilidad social que acometen las organizaciones. Algunos de estos instrumentos son más utilizados que otros, pero en términos generales, las cuotas de adhesión son ínfimas sobre el total de las organizaciones que realizan actividades económicas.

Por una parte se encuentran las pautas, códigos y orientaciones de responsabilidad social. En ellas, se pretenden generar lineamientos, prescripciones y compromisos frente a la responsabilidad social. Por otra parte, se encuentran las memorias sociales y los informes de sostenibilidad, por medio de los cuales se busca reportar las iniciativas de responsabilidad social de cualquier empresa con respecto a temas de interés general como la sostenibilidad, el trato a trabajadores y la orientación de actividades hacia otros grupos de interés.

Finalmente, existen metodologías para reportar la responsabilidad social de una empresa frente a su naturaleza constitutiva. En el caso de las cooperativas, el instrumento más elaborado y difundido es el balance social, instrumento que calcula, sobre la base de las acciones de las organizaciones, el cumplimiento de su naturaleza de forma periódica y con indicadores preestablecidos. Al respecto, autoras como Mugarra (1998), Lafleur (s. f.), Novkovic (2011) y Gallardo y otros (2014), han desplegado propuestas aplicadas basadas en la identificación del cumplimiento de la identidad cooperativa que terminan generando puntos de partida para la cuantificación en períodos posteriores.

Sin embargo, la frecuencia de aplicación de este instrumento es proporcionalmente más baja que el universo de cooperativas que realizan actividades de responsabilidad social. ¿Por qué ha sido tan incipiente y poco periódico el desarrollo de informes y balances sociales en las cooperativas, existiendo metodologías para su presentación? Cuatro hipótesis pueden plantearse:

1. Existe desconocimiento de las metodologías de balance social. Bajo esta primera línea hipotética, se inscriben algunas organizaciones que refieren que el tema les es desconocido, debido a que las actualizaciones en materia de herramientas de gestión no se han abordado, no han realizado mayores programas de capacitación sobre el tema y los miembros de los consejos de administración (o consejos rectores) no saben si el mismo es de aplicabilidad en sus organizaciones.

2. Los indicadores desarrollados no responden a los cuantificables ni al accionar social. Bajo esta línea hipotética, algunos directivos de las cooperativas refieren que las variables que conforman el balance social no son aplicables en sus organizaciones porque sus prácticas son muy distintas, su vocación empresarial privilegia la presentación de variables de tipo financiero y no de satisfacción social, o porque “no es posible cuantificar el bienestar”. Otras razones que se inscriben bajo esta hipótesis son que no existe un Plan Único de Cuentas de lo Social que requiera el esfuerzo para su presentación.

3. No existe información para calcularlos. Bajo esta línea hipotética podría argumentarse que el cálculo del balance social es dispendioso porque no hay personal capacitado para desarrollar el cálculo de indicadores, no se cuenta con suficiente información, existe déficit de convenciones y en adición, las memorias sociales (y no los balances) son tradicionalmente la fuente más utilizada para reportar.

4. No conviene reportarlo. Bajo esta línea hipotética podría argumentarse que el balance social es un instrumento de visibilización de productos bastante delicado de presentar cuando existen luchas de poder por intereses diferenciados. Desde un punto de vista más positivo, podría pensarse que hay temor por castigos o sanciones punitivas cuando algunas organizaciones no cumplen con todo lo que prometen. Incluso hay organizaciones que alegan la necesidad de preservar los secretos empresariales. Quienes siguen esta línea, presentan intencionalmente informes de responsabilidad social que visibilizan fundamentalmente las acciones dirigidas a la comunidad, pero tocan de forma casi anecdótica y como un inventario de actividades, las iniciativas que se realizan dirigidas a cumplir los principios cooperativos.

Sea cual sea el argumento que se esgrime, la ausencia de un cálculo del balance social trae consecuencias para la gestión organizacional. En efecto, la ausencia de información para la toma de decisiones y para la fidelización de los asociados conlleva, en mercados abiertos y de competencia, la posibilidad de que las organizaciones no optimicen su accionar. Por otra parte, conlleva que orienten la gestión a objetivos netamente financieros y sobre todo, que no sean capaces de conocer el porqué de su diferencia con las empresas de capital y su aporte diferenciado al bienestar general.

Si el balance social es el resultante de la presentación de los beneficios, los recursos liberados y la valoración del cumplimiento de la identidad organizacional como resultado de la aplicación de la identidad cooperativa, es natural que estos atiendan a un proceso de ejecución de un Plan de Acción. La organización de cooperativas lo es siempre y cuando responda a su lógica organizacional. La asociación de los resultados a la identidad organizacional da cuenta del esfuerzo de la empresa por hacer una actividad socioeconómica coherente con su identidad.

De manera que, en definitiva, el balance social mostraría el reporte de la responsabilidad social y el cumplimiento de los planes organizacionales a través de un enfoque que toma en cuenta los diferentes tipos de resultados que se dan en una organización.

Otra veta importante es la que se desprende de la búsqueda de valorar el impacto de las cooperativas. La evaluación de impacto en cooperativas es un asunto crecientemente tratado en la literatura nacional e internacional. Si en el contexto de las empresas de capital hay diferentes interpretaciones sobre qué debe medirse en materia de impacto, cuando de cooperativas se trata, la discusión es aún más intensa y sugiere la existencia de dos grandes enfoques difícilmente conciliables. Lo anterior, dado que la especificidad cooperativa genera que los esfuerzos de identificación, cálculo y análisis deban duplicarse por la doble dimensión de la cooperativa como empresa y como organización que asocia los intereses de personas (Bastidas, 2010).

Primer enfoque: para autores como Baker (2000), Crutchfield y Grant (2008) y Cohen (2012), el impacto tiene que ver con el cálculo de las magnitudes de un cambio causado por determinado emprendimiento (o proyecto). El cambio que tradicionalmente interesa a los economistas es el del ingreso como una medida de aproximación del bienestar y por ello un asunto fundamental radica en calcular monetariamente el impacto de la actividad cooperativa en el Producto Interno Bruto (PIB), estimando las principales magnitudes de ingresos y costos generados.

La naturaleza de este enfoque acerca a muchos economistas ortodoxos y permite una aproximación al aporte de las cooperativas en términos macroeconómicos, en especial en su dimensión como empresa generadora de ingresos. Bajo este enfoque, se ha logrado generar aproximaciones sobre el impacto medido en términos de aportes de las cooperativas en las cuentas nacionales, se han desarrollado propuestas de cuentas satélite que mejoran la recolección de información (Díaz, Marcuello y Marcuello, 2012) y se han realizado ejercicios de estimación del empleo generado.

Por otra parte, de la búsqueda por monetizar el agregado de las cooperativas han surgido propuestas basadas en el resultado de las cooperativas analizadas de forma individual y basadas en análisis costo beneficio como el método SROI (Narillo, 2012). En Colombia, autores como Álvarez, Castillo, Rodríguez, Andrade, Hernández y Castañeda han realizado propuestas de cálculo tratando de ahondar en esta veta, pero sin lograr aplicaciones a muestras significativas (Álvarez, 2014), dado que enfatizan en el estudio de casos.

La restricción, bajo este enfoque, radica en la inexistencia de fuentes de información confiables. Ello se soporta en la inexistencia de un plan único de cuentas de lo social que permita levantar y agregar la totalidad del aporte cooperativo, pero sobre todo, en la imposibilidad de la presunción según la cual el crecimiento de los ingresos es un buen indicador del impacto de las cooperativas (Stiglitz y Greenwald, 2015).

Segundo enfoque: Kahneman y Tversky (2000) refieren cómo la tradicional evaluación de impactos genera la ilusión de focalización al asumir que el bienestar y el impacto pueden expresarse suficientemente a partir del crecimiento de los ingresos. De ahí en adelante, es menester esperar que todo impacto se calcule, bajo la tradición económica, a partir de la creencia de que un mayor ingreso permite comprar bienes que satisfacen necesidades y generan bienestar.

Para autores como Gadrey (2006) Felber (2012) y Rojas (2014), la medición del impacto a partir de variables como el PIB no logra identificar la magnitud de generación de impacto de una cooperativa que se relaciona al bien común, la utilidad social y el bienestar y felicidad de amplios grupos de interés. Por ello, la estrategia de medir el impacto a través de la monetización de variables agregadas no es una vía que logre identificar la dimensión del impacto cooperativo.

A estas posturas, se suman iniciativas de valorar otras dimensiones como las propuestas por el Papa Francisco, quien, en su Laudato Si (2015), postula que el crecimiento más prodigioso, si no se acompaña de un auténtico progreso social y moral, se vuelve contra el hombre. Su empeño por incorporar a las mediciones cotidianas las dimensiones generadoras del valor del progreso humano, se sintoniza con las propuestas de movimientos alternativos de economistas que plantean el concepto de economía circular como pauta de aseguramiento de la producción y los recursos para las generaciones presentes y las futuras.





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