Anual 2010 Cap. IV colombia



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CAPÍTULO IV*
DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN
COLOMBIA1


  1. Como en años anteriores la situación registrada en la República de Colombia durante el año 2010 se enmarca en los criterios establecidos en la introducción del Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”, “Comisión”). En el caso de Colombia, dichos criterios resultan relevantes en particular en lo que respecta a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, la Comisión ha adoptado las siguientes consideraciones sobre el particular, conforme al procedimiento establecido en el artículo 59(1)(h) de su Reglamento2, a fin de que sean incluidas en su Informe Anual. La versión preliminar del presente informe fue remitida a la República de Colombia el 25 de enero de 2011, para sus observaciones. El 25 de febrero de 2011 el Estado presentó sus observaciones las cuales han sido incorporadas en lo pertinente al presente informe3.




  1. La CIDH es particularmente consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil. También es consciente del efecto que el negocio del narcotráfico ha tenido en el empleo de la violencia y de los esfuerzos del Estado destinados a combatir ese fenómeno. La Comisión observa que a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “AUC”), grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos y que tras cinco años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz únicamente se han proferido dos condenas que aún no se encuentran en firme. Asimismo, el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y es necesario que las investigaciones se adelanten con celeridad y de que se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos.




  1. La Comisión destaca que a pesar de los desafíos el Estado colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos. Entre éstos esfuerzos se destaca que el 22 de noviembre de 2010 el Vicepresidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y representantes de la comunidad internacional y de la sociedad civil firmaron la Declaración Conjunta Hacia una Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual convoca a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos, a realizarse en diciembre de 2011, y que tendrá por objeto elaborar una agenda común para un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional en torno a una política permanente de promoción y respeto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario4.




  1. La Comisión observa, sin embargo, que junto a las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos –como la arriba citada— pervive la violencia y continúa golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil. Existen además nuevos desafíos para administrar justicia y asegurar la reparación integral del daño causado a las víctimas del conflicto.




  1. Consecuentemente, con base en información recibida del Estado y de la sociedad civil, la CIDH ha elaborado una serie de consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2010. Particularmente, se abordan los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto incluyendo la participación de los líderes paramilitares postulados a la Ley de Justicia Paz, que se encuentran en Colombia y de los que han sido extraditados a los Estados Unidos, en los procesos tramitados bajo dicha Ley, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y las actividades de inteligencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y operadores de justicia.



I. LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA en colombia





  1. La CIDH continúa recibiendo denuncias sobre la comisión de crímenes por parte de agentes del Estado y grupos armados al margen de la ley5. Además de los grupos armados emergentes, a los que se hará referencia en la sección siguiente, las FARC y el ELN continúan perpetrando actos de violencia con el fin de atemorizar y castigar a civiles y comunidades y emplean minas antipersonales en violación a las normas del derecho internacional humanitario. Estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil alimentan la continuidad del fenómeno del desplazamiento interno.




  1. La CIDH nota que el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados ilegales, como las FARC y el ELN, aún constituyen una práctica6. Asimismo, la Comisión manifiesta su especial preocupación por la utilización de niños para fines de inteligencia por miembros de la Fuerza Pública7. En sus observaciones, el Estado señaló que “no es política de las Fuerzas Armadas utilizar niños para fines de inteligencia” e informó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ejército Nacional suscribieron un Convenio Interadministrativo de Colaboración 059 de 2009 que tiene como objetivo general capacitar al personal de la Fuerza Pública en la protección y asistencia que se les debe dar a los niños y niñas8. Asimismo, la Comisión toma nota del documento CONPES sobre la “Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados” de 19 de julio de 2010, entre otras iniciativas adoptadas por el Estado9 sin embargo, observa que la prohibición legal de utilización de niños por parte de las Fuerzas Armadas no está acompañada de una política destinada a evitar esta práctica. Al respecto, la Comisión dará seguimiento a la adopción de políticas en este ámbito y su efectiva implementación.





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