Alegaciones prug personales



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ALEGACIONES CONTRA EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. -----, con DNI…., mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en ----, ante este Organismo respetuosamente comparece y



EXPONE

I.- Que el pasado día 26 de diciembre de 2017, por el Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, se dictó Resolución por la que se sometía a trámite de audiencia e información pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el Ámbito de la Comunidad de Madrid, concediéndose plazo de 45 días al objeto de que cuantas personas se consideraran afectadas pudieran proceder a emitir su opinión y aportaciones al efecto.

II.- Que como colectivo de ciclistas de montaña, y de manera un tanto sorpresiva, nos hemos encontrado con que la regulación que se nos propone se presenta en unos términos mucho más restrictivos que los que se acordaron y plasmaron en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado mediante Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, normativa que supuso el comienzo del proceso normativo que desembocó en la aprobación de la Ley 7/2013, de 25 de junio, por la que se declaró el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y que, de derecho, regula hasta hoy la práctica de esta disciplina en el ámbito de Parque Nacional.

III.- Que en estos términos, y como colectivo de ciclistas de la bicicleta de montaña, no podemos estar de acuerdo con semejante restricción de nuestros derechos, entendiendo imprescindible manifestar nuestra posición al respecto en el entendimiento de que nuestras aportaciones serán tenidas en cuenta en el proyecto definitivo de Decreto, motivo éste por el cual, en tiempo y forma, y dentro del plazo conferido al efecto, por medio del presente escrito procedemos a efectuar las siguientes



ALEGACIONES

PRIMERA.-PRIMERA. - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA AL CONTRAVENIR EL PROYECTO DE REGULACIÓN DE DECRETO LA NORMATIAIVA BÁSICA EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN QUE SE IMPONE A ESTOS EFECTOS CON CARÁCTER PREFERENTE

En primer término, con el borrador de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el Ámbito de la Comunidad de Madrid que se nos presenta a trámite de alegaciones, entendemos que se infringe el principio de jerarquía normativa, desde la perspectiva de que en el mismo se incorporan como incompatibles de facto actividades de uso público y social como la de la práctica del ciclismo de montaña que en modo alguno se califican como tales ni en La Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, ni menos aún en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, tampoco en el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, normas todas ellas cuyo régimen jurídico de protección debemos recordar que tiene carácter preferente frente a cualquier otra normativa sectorial sobre el territorio del Parque Nacional.

En este sentido, nos remitimos expresamente a la propia Ley de declaración del Parque Nacional en cuyo art. 3.1 dedicado al Régimen jurídico del protección en modo alguno se cataloga con carácter general como uso o actividad expresamente prohibida la de la circulación con bicicletas de montaña por el interior del Parque. En este sentido, en el mencionado artículo de La Ley 7/2013, expresamente se refiere:

c) Independientemente de lo anterior, quedan prohibidos en el interior del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama todos aquellos usos y actividades declarados como incompatibles por el Plan Rector de Uso y Gestión por alterar o poner en peligro la estabilidad de los sistemas naturales, los procesos ecológicos, o la integridad de sus componentes físicos o biológicos.



En particular, queda prohibido:

1) El desarrollo en el territorio del Parque Nacional de nuevos usos o actividades que supongan cambios en la actual estructura, apariencia o composición del paisaje a conservar.

2) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de construcción, edificación e instalación permanente, así como de infraestructuras tales como tendidos eléctricos, parques eólicos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o remontes mecánicos, aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos, redes energéticas, trazados de vías de comunicación, caminos, entre otras. Excepcionalmente, la Administración gestora, previo informe del Patronato y de la Comisión de Coordinación, podrá autorizar instalaciones que resulten precisas para una adecuada gestión del Parque o debidamente justificadas por razón de protección ambiental o interés social, siempre que no exista otra solución satisfactoria.

3) La explotación y extracción de minería y áridos, la realización de cualquier tipo de vertidos o abandono de residuos, la tala con fines comerciales, la caza deportiva y comercial y la pesca deportiva y recreativa, y con carácter general, cualquier actuación que pueda suponer destrucción, deterioro o transformación de los elementos naturales singulares de la zona. No quedan afectadas por la prohibición anterior las actividades que la administración gestora del Parque Nacional, de acuerdo con las determinaciones que establezca el Plan Rector de Uso y Gestión, programe en materia de control de poblaciones, ordenación de masas forestales, o erradicación de especies exóticas invasoras.

4) Todas aquellas actividades que queden prohibidas en la legislación básica sobre Parques Nacionales y en sus instrumentos de desarrollo, en particular el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, así como las que sean identificadas como incompatibles con las finalidades del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en su Plan Rector de Uso y Gestión

prohibición general que sí se efectúa de facto, por el contrario en la regulación del P.R.U.G. a la que a continuación haremos referencia.

Desde esta perspectiva, la actividad del ciclismo de montaña no se encuentra entre las que con carácter listado se mencionan en el citado artículo como excluidas, circunstancia ésta que conlleva que, para su posible exclusión, debieran darse aquéllas otras condiciones para la catalogación de una actividad como incompatible, esto es, la de que el uso o actividad pueda “alterar o poner en peligro la estabilidad de los sistemas naturales, los procesos ecológicos, o la integridad de sus componentes físicos o biológicos”.

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y tal y como conoce sobradamente la Administración al haber sido estos informes tomados en cuenta a la hora de la elaboración del P.O.R.N, la práctica del ciclismo de montaña, en los términos autorizados en aquél instrumento normativo vigente a día de hoy, ni altera, ni pone en peligro la estabilidad de los sistemas naturales, ni de los procesos ecológicos, o la integridad de sus componentes físicos o biológicos, siempre y cuando se lleva a cabo en unos términos de convivencia, respecto y civismo como los que se propugnan desde esta Asociación.

En este sentido, en la regulación vigente y que dio origen a la Ley de declaración del Parque, el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, por el que se aprobaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, -P.O.R.N.-, expresamente se establecía en su apartado 4.4.8.17:

La circulación de bicicletas de montaña y velocípedos en general en las zonas del ámbito de ordenación que admitan este uso se limitará a pistas forestales y caminos abiertos por maquinaria de anchura de plataforma superior a los tres metros, así como a las pistas, caminos, senderos, vías pecuarias vías de tránsito y rutas tradicionalmente utilizados; salvo en las Zonas de Reserva donde estará prohibida y sin perjuicio de la regulación que sobre esta actividad establezcan los instrumentos de gestión de los espacios naturales que se declaren…”

Pues bien, en estos términos, y habiendo sido aquéllaaquella regulación el resultado de un complicado e importante esfuerzo entre los diferentes agentes intervinientes, no encontramos ahora razón alguna para que la Administración nos presente el Proyecto de Borrador de Decreto del P.R.U.G en unos términos tan restrictivos que, de facto, suponen la declaración de la incompatibilidad de la práctica del ciclismo de montaña en la mayor parte del territorio del Parque Nacional.

A mayor abundamiento, queremos en este momento procesal llamar la atención de esta Administración en el sentido de que, entre las finalidades y objetivos de la declaración del Parque Nacional, no sólo se encuentran los de la protección y conservación, con los que nos mostramos absolutamente de acuerdo como no podía ser de otro modo dada la naturaleza de la inmensa mayoría de los practicantes de esta actividad. En este sentido, en el propio articulado de la Ley en La Ley 7/2013 de declaración del Parque Nacional, y al mismo nivel que los anteriores, se señalan expresamente los objetivos de, textualmente, “d) Contribuir a un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” así como “g) Ordenar, de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público para toda la sociedad, incluyendo a las personas con alguna discapacidad.”.

Y, en este sentido, resulta evidente que tan extrema restricción propuesta al uso de la bicicleta de montaña en modo alguno contribuye a la consecución de estos objetivos, con un evidente perjuicio no sólo para los practicantes de esta modalidad deportiva sino, a mayores, del desarrollo adecuado de las áreas de influencia socio económica del Parque que se van a ver gravemente perjudicadas en sus economías como consecuencia de tan exageradas restricciones. Y en este contexto, resulta a todas luces necesario traer a colación varias precisiones.

En primer lugar, el consenso plasmado en el documento del Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, por el que se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y tal y como se recogía expresamente en su propia Exposición de Motivos, no fue sino el resultado de un trabajo por el que se conseguía conciliar de modo equitativo las necesidades de desarrollo y ambientales, huyendo de extremismos utópicos y de trasnochados planteamientos de enfrentamiento del hombre con el medio, citamos textualmente el preámbulo de este Decreto.

En estos términos, no se entiende que la regulación que en aquélaquel momento se presentaba como idónea tras un largo e intenso proceso negociador desde todas las partes interesadas, se obvie total y absolutamente con la presentación de este borrador, hasta el punto de colisionar en su redacción propuesta con el ejercicio de otros derechos fundamentales.

En este sentido, en el art. 5 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, expresamente se previene que “La declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute social a todas las personas con independencia de sus características individuales (edad, discapacidad, nivel cultural, etc.) así como la promoción de la sensibilización ambiental de la sociedad, el fomento de la investigación científica y el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio.”.

Pues bien, leída atentamente la propuesta que se nos transmite, no podemos por menos que estar en total y absoluto desacuerdo con la redacción que se propone pues, tan restrictiva regulación, no sólo va a impedir ejercer nuestro legítimo derecho al uso y disfrute social del Parque Nacional desde nuestras bicicletas de montaña sino también, lo que es más importante si cabe, va a impedir en buena medida el desarrollo sostenible de importantes áreas de influencia socioeconómica en el perímetro del Parque que, en buena medida, dependen de las actividades turísticas directa o indirectamente. Circunstancia ésta que creemos que no ha sido valorada suficientemente y que se acredita con los informes de impacto económico del uso de la bicicleta de montañae en estas comarcas que se adjuntan a las presentes alegaciones (APORTAR INFORMES SI SE QUISIERA).

En segundo lugar, nos encontramos ante un territorio que se nos presenta con una acusada peculiaridad propia en su condición de Parque Nacional “periurbano”, naturaleza más acusada aún dada su tardía fecha de declaración. Y esta singularidad se encuentra expresamente reconocida tanto propia Ley de su creación como en la propia norma estatal reguladora de los Parques Nacionales, leyes ambas en las el legislador, consciente de esta dificultad, ha tenido que excepcionar determinadas limitaciones por razones de interés público. Por no hablar de la “desafectación” de otras zonas ante la absoluta incompatibilidad de las actividades llevadas a cabo en las mismas; por ejemplo, estaciones de esquí alpino o zonas de aprovechamientos madereros. A título ilustrativo, Disposición adicional octava. -Sobrevuelo de aeronaves- en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

De este modo, en la regulación del Decreto del P.R.U.G una de las premisas debería haber sido la propia singularidad que se reconoce tanto en la Ley de creación del Parque del 2013 como en la legislación básica estatal en materia de Parques Nacionales del 2014, circunstancia ésta que entendemos que debería haber sido tenida en cuenta antes de proponer tan restrictiva regulación al uso de la bicicleta de montaña por los caminos y senderos del P.N. Regulación restrictiva que ha convertido al P.R.U.G e una regulación ultra vires de la Ley más que en el instrumento de planificación en que debería consistir todo Plan Rector de Uso y Gestión. En este sentido, con la regulación del Decreto que se nos presenta creemos que se han infringido los límites de adecuación del P.R.U.G a lo establecido en la legislación básica sobre Parques Nacionales y en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales de conformidad con lo prevenido en el art.11 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

En tercer término, y retomando la regulación en el P.O.R.N aprobado mediante Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, en la mencionada norma se permite la circulación de la bicicleta de montaña fuera de las Zonas de Reserva por las pistas, caminos, senderos, vías pecuarias, vías de tránsito y rutas tradicionalmente utilizadas, viales que tienen todos ellos la consideración de infraestructuras. En este sentido, la normativa vigente ni ampara, ni esta parte propugna, la circulación libre por zonas que no tuvieran esta consideración.

Y la matización entendemos que resulta de trascendencia pues, una vez que resulta pacífica su catalogación como infraestructuras, nos remitimos al efectos a lo prevenido en el art. 3.2.c) 2 de la Ley 7/2013, la utilización de estas vías de comunicación preexistentes a la declaración del Parque diseñadas y modeladas por la acción humana en modo alguno podemos compartir que vaya en perjuicio de las finalidades de protección y conservación del Parque siempre y cuando se haga un uso adecuado de las mismas y se atienda a su correcta conservación. En este sentido, esta Administración conoce perfectamente la involucración en general del colectivo de ciclistas de montaña y en particular de esta Asociación en la conservación de estas infraestructuras, voluntad de colaboración que una vez más trasladamos a estos efectos.

Por todas estas circunstancias, creemos que el Proyecto que se nos somete a consideración debería reconsiderar estas y otras alegaciones en el objetivo de volver a alcanzar el deseado nivel de consenso en el uso del Parque en el entendimiento de que no hay mejor medida de protección y de conservación que la de la mutua colaboración de todos los agentes implicados.



SEGUNDA.-SEGUNDA. - VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DEL ART. 14 CE DADAS LAS ARBITRARIAS DIFERENCIAS DE TRATO ENTRE LOS DIFERENTES COLECTIVOS DE USUARIOS, NO RESPONDIENDO ÉSTAS A FINALIDAD OBJETIVA Y LEGÍTIMA ALGUNA Y ADOLECIENDO DE LA MÁSLA MÁS MÍNIMA PROPORCIONALIDAD

Que entrando en el concreto análisis de las específicas de las denominadas como Normas de Uso y Gestión establecidas en el Título IV del Borrador de P.R.U.G., la sorpresa es aún más significativa si cabe pues, si observamos en una primera lectura las diferencias entre lo que en el Borrador se nos presenta como Usos y Actividades permitidas, como Usos y Actividades sujetos a régimen de intervención administrativa y como Usos y Actividades prohibidas o incompatibles, la irracionalidad y arbitrariedad de la propuesta llega a su grado máximo. Y no sólo desde la perspectiva de que lo que se permite en ocasiones se muestra como irreconciliable con el propio objetivo de protección y conservación del Parque, más allá porque el diferente tratamiento dado a unos y otros colectivos conlleva que se vulnere a nuestro juicio la triple dimensión constitucional de la igualdad en cuanto principio, valor y derecho.

En este sentido, el reconocimiento constitucional de la igualdad como “valor superior” en el art. 1 de la CE la convierte en una de las metas y objetivos básicos que nuestro sistema jurídico se propone alcanzar, hasta el punto de que se proyecta con una eficacia trascendente de modo que toda situación de desigualdad resulta incompatible con los valores constitucionales. Junto a la igualdad como valor constitucional, en su segunda dimensión se materializa como principio informador del ordenamiento jurídico en el art. 9.2 CE, “precepto que compromete la acción de los poderes públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad sustancial de los individuos, con independencia de su situación social” -. Y, en este sentido, en cuanto principio jurídico universal reconocido en textos internacionales sobre derechos humanos y un principio fundamental en la Unión Europea, la igualdad se configura finalmente como un derecho subjetivo en el art. 14 CE, texto en que en el que expresamente se señala que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Pues bien, al menos en lo que se refiere al derecho reconocido en el primer inciso del art. 14 de Nuestra Carta Magna que acabamos de mencionar, las regulación que se nos presenta en el Borrador de Decreto no supera el canon de constitucionalidad exigido desde la perspectiva de que establece diferentes tratamientos en lo que se refiere a los Usos y Actividades permitidas y a los sujetos a los Usos y Actividades en régimen de intervención administrativa que aventuran un futuro planteamiento de incosntitucionalidadinconstitucionalidad de la norma.

En este sentido, y remitiéndonos expresamente a la regulación contenida en el artículo 45 del borrador de Decreto-Actividades recreativas y deportivas no autorizadas-, a cuyo texto íntegro nos remitimos por economía procesal, la diferencia de trato entre los diferentes Usos y Actividades que ahí se mencionan llega a un punto de resultar difícilmente conciliadora no sólo con la lógica más elemental en materia de protección y conservación sino, más allá, con la propia regulación del borrador.

En este sentido, y en lo que se refiere, por ejemplo, a una actividad como la micológica, sin duda alguna una la que mayores destrozos ha venido ocasionando en los últimos años en el territorio del Parque Nacional, no sólo desde la perspectiva de la masiva afluencia en relación con la absoluta falta de regulación sino, también, y sobre todo, por haberse convertido en una actividad lucrativa campo abonado para la economía sumergida, sorprende sobremanera que el Borrador del P.R.U.G sea tan permisivo con semejante actividad, que declara incluso como “tradicional”. Regulación permisiva hasta el punto de que, salvo en las Zonas de Reserva las Zonas de Uso Restringido tipo A donde estará prohibida, se establece la siguiente regulación general: a) En las Zonas de Uso Restringido tipo B, se considera aprovechamiento compatible únicamente durante la temporada de otoño. 47 b) En las Zonas de Uso Restringido tipo C o Moderado se considera aprovechamiento compatible durante todo el año. c) Todo lo anterior sin perjuicio de las limitaciones concretas que se puedan imponer por parte de la Administración gestora del parque por motivos de conservación o compatibilidad con otros usos autorizados. Realmente llama la atención que se permita en estos términos tan laxos esta Actividad, en comparación, por ejemplo, con la práctica de bicicleta de montaña si tenemos en cuenta que nuestra actividad se realiza dentro de las pistas, caminos, veredas, senderos y demás viales de acceso por el Parque mientras que la de recolección se realiza campo a través. En este sentido, la propia regulación del P.R.U.G. -Régimen general de visitas-, expresamente previene que, en las Zonas de Uso Restringido, el tránsito se realizará únicamente por los caminos y viales autorizados, salvo regulación expresa en el presente PRUG, máxima ésta que no se va a cumplir para el caso de los recolectores de setas. En este sentido, -Artículo 27.- Zona de Uso Restringido-, literalmente se especifica: “1. Constituida por áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y que pueden ser accesibles para las personas visitantes. 2. En las zonas de uso restringido el acceso público se permite únicamente por los senderos autorizados, estando prohibido, salvo regulación expresa en el presente PRUG, por el resto del territorio.”…

En este sentido, el término de comparación a la hora de constatar la diferencia de tratamiento resulta más que evidente, sobre todo desde la perspectiva de la mera protección y conservación del Parque, resultando absolutamente proporcionadas las tan tremendas restricciones de uso que se imponen al colectivo de ciclismo de montaña en comparación. No existe en estos términos justificación objetiva y razonable a tan extrema actuación.

De mismo modo, y para comprobar el peyorativo trato al colectivo de ciclistas de MTB, si comparamos las restricciones con el colectivo, por ejemplo, de senderistas, el resultado de la comparación pone de nuevo en evidencia que nos encontramos ante una diferencia de trato total y absolutamente injustificada y que no responde a criterio alguno de protección o de conservación.

En este sentido, no resulta comprensible que se permita el acceso a los senderistas por todo tipo de senderos, pistas y caminos por todas las Zonas excepto las de Reserva en unas condiciones en la que su acceso de someter a determinados requisitos de autorización, comunicación o declaración responsable en unos términos que, sin duda, contribuyen a la masificación. No resulta comprensible que para el Ponente del Borrador resulte menos lesivo el acceso de 15 senderistas a un Área de Uso Restringido A, siempre por los viales, pistas, caminos y senderos, que el acceso de un único ciclista por esas mismas pistas, caminos o senderos. Y sólo por poner un ejemplo. Lo mismo para el caso de las Áreas de Uso Restringido B, en las que se propone el tránsito de los senderistas como libre para grupos de hasta 15 personas mientras que el acceso poar un ciclista se encontraría prohibido al no estar el vial en el Anexo III VI . Máxime cuando resulta notorio que una buena parte de los senderistas utilizan sus vehículos privados para llegar a esas zonas de Uso Restringido, en la mayoría de las ocasiones transitado a través de los viales del propio Parque Nacional. Sin contar con el peligro que esta afluencia masiva supone en materia de incendios, por ejemplo.

Por supuesto no estamos en contra del senderismo como actividad en el Parque Nacional; antesantes, al contrario, la práctica totalidad de ciclistas de montaña somos igualmente senderistas. Simplemente queremos poner de manifiesto a este Organismo la arbitraria e injustificada diferencia de trato entre unos y otros colectivos que, con el debido respeto, a nuestro juicio no responde a canon de racionalidad alguna, proponiendo por ello la vuelta a la regulación contenida en el P.O.R.N aprobado Decreto 96/2009, de 18 de noviembre. Entre otras cuestiones, porque como se puede constatar a la luz de los informes científicos que se aportan a las presentes alegaciones, losalegaciones, los estudios científicos acreditan un menor impacto en términos de protección y de conservación en la circulación de una bicicleta de montaña que en la de un senderista. Además, en el apartado e) punto 2 del artículo 45, relativo a las actividades ecuestres, se equipara de forma errónea e injustificada el efecto sobre el medio ambiente de un jinete al de una bicicleta, ya que todos los estudios científicos sobre la materia ponen de manifiesto que impacto ambiental de los caballos es mayor que el de los ciclistas (véase, por ejemplo, Pickering et al. (2010). Más aún, estudios recientes recomiendan senderos multiusos para ciclistas y excursionistas, sin embargo, señalan que se deben evitar los caballos en los mismos senderos (Koemle, 2016). En este sentido, sin embargo, la propuesta de PRUG propone justamente lo contrario, al regular de forma similar y conjunta el ciclismo de montaña y la equitación.



Abundando en el trato discriminatorio de los ciclistas de montaña respecto a otros colectivos, no existe evidencia científica que avale un trato diferencial de ambos en términos de impacto sobre el medio ambiente y particularmente, sobre la conservación del espacio (que son los términos fundamentales que deben regir la regulación de los usos establecida por el PRUG). Entre los impactos atribuibles al ciclismo de montaña se incluyen la degradación del suelo, la vegetación y las molestias a la fauna silvestre (ver, por ejemplo, Pickering, Hill, Newsome y Leung (2010) para una revisión de la literatura para los Estados Unidos y Australia, donde existe una mayor experiencia en la materia). La degradación del suelo y la vegetación puede ser similar entre los excursionistas y ciclistas, como varios estudios han demostrado. Por ejemplo, Thurston y Reader (2001) no informan diferencias significativas entre los impactos de los excursionistas y ciclistas en el suelo y la vegetación en un entorno experimental. Pickering y Barros (2015) y Pickering, Rossi y Barros (2011) señalan que los impactos ecológicos del senderismo y el ciclismo de montaña son similares, mientras que los ciclistas de montaña solo pueden tener un impacto más severo en la vegetación si los niveles de uso aumentan. A este respecto, cabe señalar, por un lado, el número de ciclistas de montaña es muy inferior al número de senderistas en la Sierra de Guadarrama y además, como señala [Lathrop] (2003), que es menos probable que los ciclistas se salgan del camino y, por lo tanto, causen daños al pisotear la vegetación natural, ya que los senderos proporcionan una superficie ideal para los ciclistas de montaña. De hecho, nuestro colectivo defiende la circulación de bicicletas exclusivamente por las pistas, caminos y senderos tradicionalmente usados (es decir, las infraestructuras existentes), pero nunca campo a través, que una práctica que deber ser perseguida y sancionada según corresponda, de darse el caso. En relación con las molestias para sobre la fauna, como señalan Marzano y Dandy (2012), clasifican estos impactos dos grandes categorías: (1) cambio en el comportamiento de vuelo y (2) cambio de hábitat a través del pisoteo y la erosión. En general, la evidencia empírica sugiere que el comportamiento de vuelo de los animales no difiere dramáticamente entre los ciclistas de montaña y los excursionistas (Naylor, Wisdom, y Anthony, 2009; Taylor, y Knight, 2003); y respecto a los efectos sobre el hábitat, como se ha señalado anteriormente, la circulación de los ciclistas de forma exclusiva por las infraestructuras existentes limita su impacto, a diferencia de otros colectivos, como senderistas, escaladores, recolectores de setas o practicantes de los deportes de invierno, que tienen una mayor capacidad de penetración en las zonas naturales y ambientalmente sensibles y, por lo tanto, de generar molestias y afectar a la conservación del espacio. Más aun, esta asociación siempre ha defendido el mantenimiento en buen estado de las pistas, caminos y senderos, precisamente para evitar que los usuarios (ciclistas, senderistas, jinetes…) se tengan que salir de los mismos cuando están obstruidos o en mal estado, lo cual está en la línea de lo recogido en el punto 7 del artículo 20 del PRUG, que expresamente señala que “Se considerará prioritaria la adecuación, actualización y mantenimiento de los equipamientos de uso público existentes”

En línea con lo anterior, la regulación que se propone para ciclismo de montaña se basa simplemente en su prohibición de facto, al considerarse un práctica incompatible fuera de las pistas señaladas en la cartografía del Anexo IV. Sin embargo, esta propuesta de pistas para circular en bicicleta no responde a los criterios de conservación y ni a la zonificación establecida por el propio PRUG (que , insistiendo una vez más, son los parámetros que deben regir la regulación de usos), sino a un criterio arbitrario de anchura mínima superior a 3 m, como ya se señaló en el borrador previo del documento. Esto contraviene los principios básicos del PRUG, que en el punto 9 del artículo 20, relativo a los “Criterios para la gestión del uso público y social”, establece lo siguiente: “En el marco de la gestión del sistema de uso público y social se realizarán estudios de capacidad de carga así como el seguimiento de sus efectos en el medio. De estas conclusiones se podrán derivar revisiones o establecimiento de cupos que garanticen objetivos de conservación y protección del parque.



AsimismoAsimismo, se establecerá la “Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” que estará constituida por aquellos viales que, tras un análisis previo en cuanto a su compatibilización de los valores del parque serán señalizados, mantenidos, publicitados y promocionados por la Administración gestora. Esta red será dinámica, pudiéndose revisar a partir de los resultados del seguimiento del parque.”

Más aun, en línea con lo anterior, la propuesta presentada en el PRUG no recoge los trabajos previos de análisis y revisión de itinerarios que iniciaron IMBA y la dirección del parque nacional durante la fase de participación pública del presente PRUG, que se basaba precisamente en una revisión crítica de todas las pistas, caminos y senderos tradicionalmente usados. Una vez más, es incomprensible esta arbitrariedad y supone un incumplimiento de los acuerdos establecidos previamente con esta Asociación para compatibilizar la práctica del ciclismo de montaña con la conservación del espacio.

Y como una muestra más del trato discriminatorio que se da al ciclismo de montaña respecto a otras actividades, cabe señalar que para el caso del senderismo sí que se establecen formalmente unos criterios para definir los senderos, caminos y vías de tránsito autorizados donde se permitirá esta actividad y las condiciones para su práctica, ya que en el artículo 45, entre otras cosas, se establece que “A partir de la zonificación del parque nacional, el Programa de Uso Público y Social establecerá los senderos, caminos y vías de tránsito autorizados donde se permitirá el senderismo y las condiciones para su práctica. Se especificará su clasificación en función de su uso, importancia, dimensiones, tipo de firme, fragilidad y época del año, tanto del camino como del medio natural que le rodea”. A este respecto, nuestra asociación exige que se apliquen los mismos criterios para la regulación del ciclismo de montaña.

O incluso para el montañismo, se establece la creación de un “Comité Técnico Consultivo sobre escalada formado, al menos, por representantes de la Administración gestora, de la federación deportiva competente en escalada, de las asociaciones o clubes deportivos de escalada y de las asociaciones conservacionistas. El Programa de Uso Público y Social establecerá la composición del citado comité y sus normas de funcionamiento. Este Comité será convocado por la Administración gestora para evaluar la demanda de la actividad de la escalada en el parque nacional”. Esto mismo podría aplicarse al ciclismo de montaña, con el fin de trabaja de forma conjunta para ofrecer más garantías, si cabe, de que es factible una práctica de esta actividad compatible con la conservación del espacio.

En este punto, también es conveniente recordar lo establecido en el punto 2 del apartado A2.6.1. del PORN de la Sierra de Guadarrama, para el uso público, recreativo y deportivo: “La oferta recreativa y deportiva de cada zona del ámbito de ordenación deberá graduarse en función de las características de la demanda y de la capacidad de acogida, eligiendo para ello las áreas de menor fragilidad y fomentando actividades de manera que tengan baja incidencia ambiental, tales como el montañismo, el senderismo, la escalada, el esquí de montaña, las actividades ecuestres de ocio, el ciclismo de montaña… En los casos necesarios, tales zonas se equiparán, consolidarán y controlarán al efecto. Dichas actividades se diversificarán de manera conveniente, para dar servicio a grupos con diferentes intereses”. La propuesta de PRUG no sigue este precepto y trata de forma diferencial y discriminante al ciclismo de montaña respecto al resto de las actividades deportivas tradicionales de la Sierra de Guadarrama.



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