Actualización del análisis de los nuevos marcos normativos relacionados con la primera respuesta y atención a emergencias en el nivel nacional, departamental y municipal”



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    1. Análisis jerárquico normativo relacionado al mandato legal de los operadores de la Primera Respuesta en función a supeditación o superposición 


El marco normativo relacionado con la Primera Respuesta y el Sistema de Comando de incidentes arriba expuesto (ver cuadro de jerarquía normativa), si bien en el marco de la competencia exclusiva todos los niveles tienen la facultad de desarrollar leyes de la misma jerarquía, el nivel central tiene las competencias de definir políticas y coordinar las acciones en materia de riesgos; por lo que las normas legislativas y técnicas que se desarrollen en los otros niveles, deben alinearse a las políticas y coordinación del nivel central. Además, se evidencia, que esta temática a pesar de haber sido desarrollada en diferentes normas con jerarquías distintas, en su aplicación presenta superposiciones, confusiones, repeticiones e imprecisiones en el enfoque (parte determinativa), y en la parte dispositiva de las mismas, específicamente en los procedimientos y las funciones de los actores.


En este sentido, y estando vigente una norma general adecuada al nuevo marco constitucional y orgánico, como es la Ley 602 y su Reglamento, requiere la alineación en el desarrollo y la estandarización de los instrumentos operativos de la primera respuesta y comando de incidentes, bajo los mecanismos autonómicos (convenios intergubernativos, etc.), de manera que se asegure la aplicabilidad de sus normas, con el consiguiente ordenamiento del sector, que evite la abrogación de otras normas por ser contrarias a la misma, de acuerdo a su Disposición Abrogatoria.
Asimismo, se establece que todas aquellas normas emitidas con anterioridad a la nueva Ley 602 y su Reglamento, que sean contrarias a sus disposiciones estarían abrogadas, por lo que requieren de su adecuación a este nuevo marco.

  1. Análisis y Conclusiones:





    1. La Constitución Política del Estado –CPE, incluye oportunas regulaciones sobre materias relacionadas con la Primera Respuesta, como las relativas a:




  • El deber de las bolivianas y bolivianos de prestar ayuda y socorro (Art. 108), la nueva ley y su reglamento incorpora y desarrolla este precepto.

  • El mecanismo de Primera Respuesta para casos graves (Art 137), lo establece la Constitución con la declaratoria de “estado de excepción”, aspecto que ha sido considerado y desarrollado en la ley 602 y su reglamento.

  • Tipos de categorías competenciales (Art. 297), entre las que establece las exclusivas que permiten el tratamiento específico en gestión de riesgos en los diferentes niveles autonómicos, sobre el cual se fundamenta la ley 602, que regula esta materia.

    1. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), mediante competencia residual trata la gestión de riesgos y asigna competencias exclusivas a los cuatro niveles de gobierno, que bajo una visión integral es complementada con la Ley 602, que operativiza la nueva política en esta materia.

    2. La ley 602 y su reglamento, regula la totalidad de actividades en gestión de riesgos, y su alcance comprende y reconoce el marco institucional competencial en todos los niveles del Estado, donde en la fase de atención estaría incluida la Primera Respuesta a emergencias.

    3. En este contexto, la nueva Ley de Gestión de Riesgos, si bien estructura el marco institucional involucrando a todos los actores y tomando en cuenta sus competencias, no llega a establecer la intervención de los actores en la atención de la Primera Respuesta, ni en la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes, y tampoco hace mención a la normativa colateral sectorial existente relacionada con la gestión de riesgos ( Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, SAR, Acción Voluntaria, y otras).

Asimismo, la disposición abrogatoria de la nueva Ley 602, establece que toda normativa contraria a esta Ley, queda abrogada. En este sentido, toda la normativa autonómica y sectorial, requiere de adecuación y actualización, para una correcta y eficiente ejecución de la gestión de riesgos.

    1. Ante la promulgación de la Ley 602 y compatibilizando con la Ley de Bomberos, se identifica que esta última debería limitar su alcance a la atención de la primera respuesta de incidentes, de manera que mediante reglamentación especial a la ley 602, se establezcan las acciones que corresponden a la atención de la primera respuesta a emergencias y desastres.

    2. La forma de ejercicio y de gestión de la primera respuesta debería estar suficientemente detallada en un procedimiento especial y aprobado por un instrumento autonómico (Convenio Intergubernativo), donde las capacidades operativas y de gestión de las distintas instituciones nacionales y subnacionales, en esta normativa de desarrollo, estén adecuadamente vinculadas y sincronizadas, para que la Primera Respuesta sea eficiente y eficaz.

    3. De las entrevistas efectuadas a autoridades en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hay consenso en los siguientes aspectos:

  • Solicitar que se elabore por una parte, una regulación específica que atienda la primera respuesta de incidentes a cargo de la Policía Boliviana y, otra en el marco de la Ley 602, dirigida a la primera respuesta de emergencias y desastres.

  • Adecuar su marco institucional a las disposiciones de la nueva Ley y su Reglamento, para poder aplicarlos de manera integral.

  • Importantes avances en el desarrollo de normativa autonómica vinculada a la gestión de riesgos en ejercicio de sus competencias exclusivas.

  • Demandan que la legislación vigente en su aplicación debe responder a una política pública nacional definida, donde se establezcan claramente las líneas de acción en materia de gestión de riesgo, que mínimamente deben alinearse las demás disposiciones regulatorias (reglamentos, protocolos y otros instrumentos de aplicación operativa).





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