4° Congreso Anual de Economía y de Políticas Públicas 2017 27 y 28 de abril – uia cdmx viernes 28 de abril, Mesa de discusión



Descargar 62.16 Kb.
Fecha de conversión20.02.2018
Tamaño62.16 Kb.





4° Congreso Anual de Economía y de Políticas Públicas 2017

27 y 28 de abril – UIA CDMX
Viernes 28 de abril, Mesa de discusión, ¿Cómo hacer que el gasto público fomente el crecimiento y el desarrollo?

Modera: Manuel Molano (IMCO)



Presentan: Jorge Chávez Presa (ITG Consultoría en Finanzas Públicas), Alberto Díaz Cayeros (Universidad de Stanford), Vicente Fretes Cibils (Banco Interamericano de Desarrollo), Juan Pablo Guerrero (GIFT)
En estas líneas argumentaré que para que el gasto público en México fomente el crecimiento y el desarrollo es indispensable asignar el presupuesto hacia infraestructura, educación y salud, al tiempo que debe mejorar la calidad del gasto en su conjunto y social en particular, para lo cual deben mejorar la transparencia y debe fomentarse la participación pública en el gasto.
Haré primero una consideraciones generales sobre el impacto y calidad del presupuesto en México, con base en un estudio recientemente publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aludiré después a las ventajas de la transparencia presupuestaria y los beneficios de la participación pública para mejorar el impacto del gasto público. De ahí aludiré a los retos que tiene México en materia de transparencia presupuestaria tanto en la información sobre ingresos, como en la de gastos. Finalmente mencionaré las oportunidades que se abren con las nuevas tecnologías tanto para la transparencia como para el involucramiento de la gente en la forma como se gasto su dinero.


  1. Consideraciones generales sobre ingreso y gasto públicos en México


A partir de Panorama de las administraciones pública: América Latina y el Caribe 2017, OCDE y BID
El estudio del BID y la OCDE es muy ilustrativo sobre el impacto de la política presupuestaria en la distribución de la riqueza. Incluye a 13 países de la región de América Latina: Argentina, Brasil, Haití, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos países se comparan con cerca de 30 países estudiados por la OCDE, incluyendo a los de la Unión Europea, pero también Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea y Estados Unidos, entre otros.
La región latinoamericana es la más desigual del mundo, y en ella Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Costa Rica están peor que México, que es el sexto país con mayor desigualdad en América Latina (medida con el coeficiente Gini).
Países como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal son tan desiguales como México, antes de la intervención del gobierno, es decir, antes de considerar el impacto de la política de ingreso y el gasto público. Pero la intervención de los gobiernos europeos, vía impuestos (directos e indirectos) y provisión de bienes y servicios públicos (transferencias directas, subsidios, y gasto en especie), reduce la desigualdad entre 40 y 50 por ciento. En México, la intervención del gobierno la reduce menos del 5 por ciento. Las políticas de ingreso y de gasto son varias veces menos efectivas en México que en esos países. ¿A qué se debe?
La publicación del BID/OCDE compendia un nuevo conjunto de estudios recientes que responden a esta pregunta. Veamos primero las conclusiones del estudio por el lado de los ingresos del gobierno.
El ingreso
Los impuestos han tenido poco impacto para redistribuir el ingreso nacional en México. El impuesto directo al ingreso es progresivo en teoría, pero pocos lo pagan, y muy pronto afecta a los asalariados en la base de la escala salarial. El impuesto sobre la renta personal ha subido significativamente en México y representó más del 7 del PIB en 2016, todavía menos que el 9% en la OECD. El impuesto a la propiedad no tiene impacto alguno en redistribuir riqueza en México (representa en México menos de 0.5% del PIB, frente al 2% en países de la OCDE).
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infoanual/2016/pgf_2016.pdf

Estas diferencias se explican porque el gobierno mexicano todavía no lograr recaudar todo el potencial que los mexicanos con posibilidades de pagar tienen. En 2014, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en México representaron 10.5%, cifra baja comparada con el promedio de los países miembros de la OCDE que alcanzó más de 34% del PIB. Esto se exacerba cuando se consideran los gastos fiscales (ingresos que el estado deja de percibir para generar incentivos o beneficios a ciertos contribuyentes) que son altos y que hacen del sistema de ingresos uno más ineficiente y regresivo. Se calcula que los gastos fiscales representan en México cerca del 3% del PIB (más de la mitad proviene de exenciones del impuesto al consumo, la otra parte de regímenes especiales para gravar el ingreso).1 Para un país que recaudó 18.3%% del PIB en 2016, es una cifra todavía significativa.



Los ingresos por recursos naturales no renovables son significativos en México (4.4% de PIB en 2016), pero no tienen impacto redistributivo directo por el lado de la recaudación. Lo mismo pasa con el ISR de personas morales, aunque la contribución de ambos sea significativa cuando se suma al total de los ingresos. En pocas palabras, los impuestos en México no ayudan mucho a resolver el problema de la desigualdad por la baja carga fiscal, las exenciones y beneficios a los ingresos más altos, la carga impositiva al empleado de bajos salarios, y el peso significativo de los ingresos petroleros, que aunque volátil, no ayuda a la redistribución por el lado del ingreso, ni al esfuerzo de recaudar mejor, y en cambio ha ayudado a cubrir gasto recurrente, siendo que se trata de un ingreso no recurrente que tendría que cubrir inversión pública.2 La participación de los ingresos tributarios en los ingresos totales asciende a 49 por ciento, cifra inferior al promedio en los países de la OCDE (65%). El financiamiento del gasto del sector público federal está descansando en un endeudamiento neto de más del 3 por ciento del PIB desde 2008. La inversión pública del gobierno federal ha sido menor al endeudamiento neto, lo que va en contra de los principios de finanzas públicas.
El gasto
Dado el impacto poco significativo que tiene la política de ingreso en balancear la desigualdad, en México el gobierno hace la diferencia a favor de una mejor distribución del ingreso por el lado del gasto público. Mucho se ha escrito sobre el efecto redistributivo por el lado del gasto: basta con comparar a los Estados Unidos, con un sistema impositivo más progresivo que el europeo, pero al final del ciclo presupuestario más desigual que Europa, que compensa mejor con el gasto social (salud, educación, pensiones).
No obstante, varias razones explican que el gasto público sea más eficaz en los países desarrollados que en México para reducir las desigualdades. Por un lado, el tamaño y composición del presupuesto; dos, una distribución más efectiva para balancear los desequilibrios, incluyendo a subsidios y transferencias, y finalmente una mejor calidad en el gasto público en especie, particularmente salud y educación.
El gasto social en la OCDE representa en promedio 27% del PIB, para México es 13 % (incluyendo pensiones, transferencias directas, educación y salud y otros programas). Brasil (25%), Argentina (27%), Uruguay (22%) y Costa Rica (20%) terminan reduciendo más la desigualdad, con un gasto social proporcionalmente mayor. Pero el tamaño del gasto público no explica todo el impacto redistributivo.
El estudio del BID/OCDE enumera varias causas que explican la ineficacia redistributiva del gasto público en México: la economía informal que deja fuera del sistema de pensiones y seguridad social a tanta gente; los subsidios y las transferencias no siempre llegan a los que más los necesitan, mientras que los grupos de ingresos medios y altos aprovechan esos subsidios, como los precios de la energía, con un alto costo fiscal y económico que no se transparenta plenamente en el presupuesto (implícito en los precios de distribución y en el apoyo fiscal a esas paraestatales). En América Latina, las transferencias condicionales del efectivo y las pensiones no contributivas, clave para reducir la pobreza, benefician en promedio a más de dos personas equivocadas, por cada persona pobre efectivamente alcanzada. Más precisamente, 39% de las transferencias condicionadas de efectivo y 48% de las pensiones no contributivas benefician a poblaciones no pobres. En promedio en América Latina, esas políticas cubren únicamente a poco más de la mitad de los pobres. En México, Prospera cubre cerca de 7 millones de familias, es decir, un poco más de 32 millones de personas.
En México, el gasto en educación y salud es progresivo en su diseño, pero adolece por serias ineficiencias. La mala calidad en los servicios afecta sobre todo a los pobres, pues los sectores medios y altos contratan servicios privados, y deducen sus gastos en salud. Concediendo que, por ejemplo en educación, el financiamiento público es central para la formación básica de los niños, el estado mexicano gasta grandes cantidades en educación profesional y universitaria, subsidiando así nuevamente a los grupos de ingresos medios y altos. En salud pasa algo similar, con una cuasi completa exclusión de los grupos más pobres a los servicios de salud pública.
A pesar de ello, los grupos e menores ingresos son receptores netos de beneficios del sistema fiscal. Cuando el BID considera a las pensiones como un ingreso diferido, Ecuador y México son los países de América Latina con el mayor número de beneficiarios del sistema, con beneficiarios netos a partir del sexto y cuarto decil, respectivamente. Cuando las pensiones contributivas son consideradas como transferencias directas, entonces los grupos hasta el sexto decil son beneficiarios del sistema fiscal en México. Es decir, las pensiones contributivas tienen un efecto redistributivo de riqueza importantes por dos razones: una deducción impositiva al momento de la contribución (con la garantía de una pensión mínima) y el factor redistributivo de un sistema de pensión en donde todos ponen una proporción de su ingreso para el pool de beneficiarios.


http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infoanual/2016/pgf_2016.pdf
Ante dichas deficiencias del sistema fiscal/presupuestario mexicano, ¿Qué puede hacerse?
Primero, sugiere el estudio BID-OCDE, asegurar estabilidad macroeconómica, lo cual obliga a incorporar adecuadamente el cálculo de los riesgos fiscales; segundo, impulsar el crecimiento, a través de favorecer el ahorro interno, para financiar la creación de la infraestructura pública que sostenga en el largo plazo el desarrollo; eliminar las distorsiones por el lado de los ingresos, pero sobre todo, mejorar el gasto social: combate a pobreza, eliminación de subsidios generales o regresivos, mejores escuelas y mejores sistemas de salud… Se dice fácil…
De una forma general, el reto es en extremo complejo: ¿cómo lograr mejorar la eficiencia, al tiempo de estimular la equidad en el sistema presupuestario mexicano?
Para lograrlo, no hay muchas fórmulas: marcos presupuestarios de mediano y largo plazo, que incluyan riesgos fiscales, presupuestos abiertos, pesos y contrapesos institucionales, presupuestos con perspectiva de género, presupuestos basados en resultados con evaluación de impacto, y presupuestos que incluyan la participación pública.



  1. La importancia de la transparencia presupuestaria

Documento de Trabajo (2015), Paolo de Renzio (IBP) y Joachim Wehmer (LSE)



  • 38 investigaciones publicadas son base de la revisión: 23 analizan el impacto de la transparencia presupuestaria y 14 abordan participación en gasto público

  • Autores clasifican los 38 artículos en 4 categorías de impacto:

  1. Macroeconómico

  2. Distribución y provisión de servicios

  3. Gobernanza

  4. Resultados en desarrollo

Resultados macro-fiscales relacionados con más transparencia presupuestaria



  • Menores déficits y control financiero en ciclos electorales (países OECD)

  • Gobiernos con menor carga burocrática (Estados de EUA)

  • Menores márgenes de riesgo (spread) entre países con calificaciones de crédito similares

  • Mejora en condiciones de emisión de bonos de mercados emergentes: mayor demanda y precio de bonos, más inversionistas y plazos más largos en fondos de inversión

  • Se favorece el balance financiero (relación entre deuda total y déficits anuales)

  • Reducción o eliminación de trucos fiscales en ciclos electorales

Impactos del acceso a información y participación pública



  • en distribución de recursos y provisión de servicios

  • Mejoría en distribución de recursos y provisión de servicios

  • Mejor respuesta a preferencias de beneficiarios y electores

  • Oportunidad para grupos marginados de ejercer cierta influencia en decisiones que les afectan

  • Mayor impacto en acciones y políticas sociales que afectan comunidades: salud, infraestructura básica y comunitaria, educación

Nota: ejemplos provienen de Brasil (participativo), India, México, Perú, Uganda y Sudáfrica
Y GIFT ha compilado, en su Guía de principios y prácticas de participación pública, nuevos ejemplos de Filipinas, Croacia, Canadá, México, Kenia, India, Brasil y Corea.


  1. La importancia de la participación pública en particular


Democracy at Work: Moving beyond elections to improve well-being

B.Wampler, M. Touchton, N. Borgues, American Political Science Review # 111, 2017




  • 5,550 municipios brasileños (2006-2013)

  • Gran número de casos demuestran fuerte y positiva relación entre instituciones participativas y bienestar

  • Presencia de instituciones participativas se asocia con reducción de mortalidad infantil

  • Presencia de políticas sociales innovadoras contribuye a mejorar dicho indicador

  • Mayor capacidad institucional de gobierno local también contribuye positivamente a incrementos en bienestar

  • Instituciones participativas, programas sociales y capacidad gubernamental local se refuerzan mutuamente para mejorar bienestar

Más recientemente, nuevos estudios revelan impacto positivo en confianza y en recaudación impositiva.




  1. Los retos para México por el lado del ingreso

Documento para GIFT, Transparency in Mexican Federal Revenues, CIEP, 2015



Los gastos fiscales

El reporte sobre Presupuesto de Gastos Fiscales de la SHCP ha mejorado su calidad muy significativamente en los últimos años3. Ya incluye evaluación costo beneficio y valoración de la incidencia, y se elabora con base en información de primera mano de la Secretaría. Pero la presentación sigue haciendo complejo el análisis longitudinal a lo largo del tiempo ni comparativo, con un bajo valor analítico.


Administración tributaria

No existe información sobre la materia de la administración tributaria, que se refiere a las características específicas de los contribuyentes, a saber, edad, sexo, ingreso, activos, incluyendo bienes inmuebles y financieros, actividades económicas, profesiones, etc. Y las implicaciones de esas características con relación al código fiscal. De una forma general, no sabemos de la relación entre contribuciones individuales y perfil del contribuyente, la opinión del contribuyente frente al SAT, los buzones de quejas, las cuestiones de integridad del sistema, etc. Estos micro datos son necesarios para calcular la eficacia del sistema recaudatorio y su incidencia en el ingreso de los hogares. La información administrativa refiere a la que procesa para fines de análisis la autoridad, sobre el consumo y la riqueza del contribuyente. Luego viene la discusión sobre qué tanta de esta información, anonimizada y como muestra representativa, se publica para análisis independiente. Hoy, dicha información no es pública en México, y es probable que su calidad sea baja, en el SAT.


Participación pública para la política de ingresos

Los sistemas de participación y consulta se han enfocado en el gasto, a pesar de que la captura de la política de ingresos y la equidad en la incidencia tributaria son temas de la mayor importancia para el interés público en México. Apenas recientemente algunas organizaciones sociales, como FUNDAR, CIEP, IMCO, GESOC, México Evalúa, empiezan a poner el dedo en la llaga sobre la necesidad de una discusión abierta y democrática sobre de un sistema tributario más justo. Un estudio reciente en Indonesia muestra que el apoyo popular a favor de una reforma fiscal hacia un sistema más equitativo crece cuando la gente se entera de lo injusto que resulta el sistema actual y dónde se ubica en la distribución de la riqueza nacional. Aquí nuevamente, el vínculo información/participación es clave para lograr la presión hacia un cambio en el sentido correcto.




  1. Los retos por el lado del gasto

México ha avanzado enormemente en materia de transparencia presupuestaria en los últimos 15 años. Ejemplos: portal de transparencia presupuestaria, datos abiertos en programas y presupuesto federal, compras abiertas, ramos descentralizados geo-referenciados, índice de presupuesto abierto, etc. En estos rubros, el liderazgo del cuerpo técnico de la SHCP es innegable. No obstante, hay asignaturas pendientes considerables.


Calidad y eficacia en el gasto público de estados y municipios

Dado el incremento significativo en la recaudación, las transferencias que por Ley se hacen a gobiernos locales que han aumentado significativamente. Cada vez más el gasto federal se tiene que dirigir a esos dos rubros4. El reto allí es enorme, al considerarse que los contrapesos para el control son débilas, tanto los insituticonales como los sociales. Los eco-sistemas de la gobernanza de las finanzas públicas adolecen todavía de graves deficiencias en esos ámbitos y es allí donde aspectos como mayor transparencia y participación deben fortalecerse urgentemente.


Proyecciones macroeconómicas

El crecimiento del gasto en pensiones y programas presupuestarios intensivos en transferencias a la población, no es sostenible en las condiciones actuales. Ese reto obliga a incorporar la evaluación de impactos en los programas y cambios en la forma de gastar que mejoren eficiencia y calidad. Dadas las presiones al alza y prácticamente irreversibles en el corto plazo del gasto en pensiones y del costo financiero de la deuda pública, resulta inaplazable avanzar en ese sentido. El gasto programable enfrenta una gran presión para satisfacer el incremento de la demanda de servicios públicos que resulta del aumento de la población. El mayor costo financiero de la deuda pública proviene del incremento acumulado en el saldo y la depreciación del peso. Como dice Jorge Chávez Presa, estos aspectos, entre otros, obligan a pensar en una reingeniería del gasto.


Riesgos fiscales y pasivos contingentes

El PEF refiere en tres apartados a los riesgos fiscales: “Contingencias Económicas” (MXN 1.01billion pesos en 2016); “Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas” (93.7 mdp), y “Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral” (32.9 millones de pesos en PEF 2016). La suma en el PEF 2016 fue de MXN 1.13 billones de pesos. Dichas previsiones son minúsculas cuando se comparan con las necesidades futuras en los rubros de pensiones o salud pública, según el CIEP. Actualmente, se fondean con contribuciones eventuales, reservas financieras y gasto corriente. Esta última fuente de financiamiento ha crecido mucho en los últimos años y corre el riesgo de generarse en una fuente de presión presupuestaria difícil de manejar.


Las autoridades fiscales reconocen que la presión en los rubros de pensiones, gasto federalizado y salud pública pueden enfrentar pronto un problema de financiamiento, y que la transición demográfica conlleva un riesgo fiscal. Este reconocimiento es positivo. Pero es urgente actuar en consecuencia.
Un segundo avance refiere a la homologación contable entre autoridades fiscales federales y estatales. La comparación entre unidades de medición y estándares es clave para sumar las contingencias y pasivos del país. La deuda impagable –y el daño moral- de un estado en dificultades lo pagaríamos todos y por eso es central la transparencia a partir de unidades comparables. Pero hace falta el esfuerzo de una compilación exhaustiva de los riesgos fiscales para entender a cabalidad el significado y magnitud del problema, involucrar a los interesados en la discusión (a la manera que los jóvenes se han integrado al debate del cambio climático), y generar un calendario público sobre los vencimientos.
¿Si les concierne el futuro de los osos polares, los pingüinos, los corales y las ballenas, por qué no les importa saber que, al paso actual, no habrá dinero que alcance para sus pensiones?
Tan importante como esto resulta hacer un análisis de incidencias, como el que ha hecho el BID/OCDE, para comprender qué tan justo resulta el sistema presupuestario/fiscal mexicano, y para alimentar el debate para una reforma fiscal.
Dicho lo anterior, si la gente no va a entrar a un debate un tanto técnico, la cuestión podría delegarse a un Consejo Fiscal. Organizaciones sociales, ya mencionadas, han hecho al Congreso una propuesta muy seria sobre el particular. La asignatura de delegar en un consejo altamente técnico e independiente, la tarea de alimentar el debate público y parlamentario sobre estos temas, incluyendo las predicciones macroeconómicas, los riesgos fiscales y, como ocurre en los Estados Unidos con la Government Accountability Office, la evaluación de programas sociales. Otros países de la Unión Europea han establecidos instituciones de supervisión compuestas por expertos independientes para generar opiniones alternativas sobre las previsiones macroeconómicas y los cálculos sobre los riesgos y contingencias. En Corea, debates con expertos independientes son televisados. Otros ejemplos incluyen una discusión en el congreso previa y pública sobre las políticas generales de ingreso y gasto, con una subsecuente postura del parlamento, para luego recibir, con base en ese intercambio, el proyecto de presupuesto. Otros países, como Nueva Zelanda, han impulsado una amplia y abierta discusión pública sobre ingresos y gasto público en el largo plazo, y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Nuevamente, se trata de complementar los arreglos institucionales de pesos y contrapesos, con el enorme potencial de la sociedad civil.


  1. Participación pública y oportunidades con las nuevas tecnologías

Volvamos al tema, y al potencial, de la participación pública directa en la forma cómo se gasta el presupuesto. Desde 2011, los miembros de la GIFT –que incluyen como líderes a la SHCP, el Banco Mundial, el FMI, el IBP- han promulgado los Principios de Alto Nivel para la Transparencia Presupuestaria, la Participación y la Rendición de cuentas. Estos principios incluyen dos derechos: el de acceso a la información y el de participación pública en el uso de los recursos públicos.


La gente, ocupada en la lucha cotidiana, pensará: no me quiten el tiempo… Pero imaginen que pueden tomar una foto de un vehículo oficial violando reglas de tránsito; una obra pública que no avanza; un policía que abusa de alguien; un helicóptero oficial en un campo de golf; un servidor público que pide dinero para un trámite oficial… Y lo mandan a un sitio confiable de atención a quejas… O lo publican en redes sociales. Imaginen que los datos agregados sobre el uso de ciertos servicios, sacar un pasaporte, pagar impuestos o buscar información sobre una licencia, concesión o permiso, se sistematiza para mejorar la calidad del mismo. O el desempeño de alumnos a lo largo del año escolar o el uso de información gubernamental publicada en sitios oficiales. Esto cambia las reglas del juego. Tomemos conciencia de ello.
Estamos todos activamente conectados, podemos generar y agregar información, proponer y seguir tendencias, decidir cómo y cuándo nos informamos, a diferencia de hace poco, cuando la gente era informada en forma pasiva y estaba aislada del flujo de información. Dos, estamos en víspera de una era en donde todo estará manejado por máquinas inteligente: transporte, servicios, producción, agricultura.
El Instituto Global McKinsey elaboró a finales del 2016 un estudio sobre un mundo guiado por la analítica sobre la acumulación de datos, la digitalización, la inteligencia artificial y otro insumos cognitivos que influyen de una forma nunca antes vista a la previsión y resolución de problemas. Es un tema de otras mesas y otros congresos. Por ahora, tomemos conciencia del potencial impacto en las finanzas públicas.
Si el cobrador de impuestos es una máquina y la mayoría de las transacciones económicas tiene lugar por medios digitales, la evasión se dificultará. En Kenia, uno de los países más avanzados en la desmonetización, la recaudación ha subido significativamente por ese motivo. En la India, que ha iniciado también un proceso de eliminación de circulante y está impulsando la digitalización de las transacciones económicas, al tiempo que han registrado a 1.3 mil millones de personas con datos biométricos (Aadhaar), se debate la posibilidad de que sea obligatorio identificarse biométricamente como contribuyente (cosa que ya ocurre en México). Ya muchos programas sociales obligan a los beneficiarios a identificarse con esos datos, desde comidas escolares hasta acceso a subsidios en el precio del gas. Ello ha generado mayor cobertura, y mayor integración de poblaciones marginadas al sistema bancario.
No entraremos hoy al debate fundamental sobre los riesgos para la privacidad y la seguridad frente al estado. Ya hay una importante discusión sobre la capacidad del estado de administrar y proteger esos datos. Habrá sin duda quid pro quo, cosas que se pierden o se ganan: en Noruega era posible pedir la información sobre la declaración de impuestos de cualquier persona. Desde que se posibilitó el acceso vía internet, para proteger al indagado, el solicitante debe ahora identificarse, y el sujeto de la solicitud recibe notificación con el nombre del curioso. Reciprocidad en la transparencia. Pero sea por el lado del ingreso, o por el lado del gasto, las finanzas públicas, bien alimentadas por tecnologías de información, podrán facilitar el involucramiento del público, y con ello cambiará significativamente la relación entre el ciudadano y su gobierno.

1 Sobre los Gastos Fiscales, la Secretaría de Hacienda anota: Tasas reducidas al IVA: 1.17% del PIB, referente a alimentos, medicinas, servicio de agua potable doméstico, libros. Exenciones del ISR de personas físicas: 0.75% del PIB, que son principalmente pensiones y jubilaciones. Estímulos Fiscales: 0.28% del PIB, del cual 32% está asociado a estímulos correspondes al crédito equivalente al IEPS del diésel, mientras que los estímulos que introducen cuotas especiales del IEPS de combustibles automotrices en las zonas fronterizas y ajustan la cuota a nivel nacional representa el 31% del monto total de estos gastos. Exenciones en el IVA: 0.26% del PIB, referente a servicios médicos, servicios de enseñanza, vivienda, servicios de transporte público terrestre y espectáculos públicos. Subsidio para el empleo: 0.23% del PIB. Regímenes especiales o sectoriales en el ISR de personas físicas: 0.15% del PIB, que es el régimen de incorporación fiscal, régimen de actividades agrícolas y ganaderas y régimen de pequeños productores del sector agrícola. Deducciones en el ISR: 0.085% del PIB, como honorarios médicos, colegiaturas, intereses por créditos hipotecarios. Deducciones del ISR empresarial: 0.08% del PIB. Diferimiento del ISR Empresarial: 0.07% del PIB. Impuestos especiales: 0.04% del PIB, que exenta la prestación de servicios de telefonía pública y fija rural, así como los servicios de Internet en ciertos casos. Exenciones de ISR empresarial: 0.06% del PIB por Ingresos exentos por intereses que perciben las Entidades Federativas, Municipios, partidos políticos, organismos descentralizados y donatarias. Regímenes especiales en el ISR empresarial: 0.04% del PIB. Facilidades administrativas en el ISR empresarial: 0.02% Diferimientos en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas: 0.005% del PIB. Fuente: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infoanual/2016/pgf_2016.pdf
Fuente: Presupuesto de gastos fiscales 2016. http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infoanual/2016/pgf_2016.pdf

2 Para más detalle sobre el tema, puede consultarse: Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas con base en la ENIGH 2014 presentado en 2016. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188256/IG_2017_ENIGH2014_.pdf

3 http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infoanual/2016/pgf_2016.pdf

4 Hicimos un análisis sobre esto en la exposición de motivos 2017 y considera un estudio que nos hizo Chávez Presa. Está de la página 15 a la 24 http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/docs/exposicion/EM_Capitulo_1.pdf





Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal